Desalojo Cerro Ventana Cuesta. Las sentencias en segunda instancia ratificaron las condenas. Los ocupantes han agotado las instancias legales para evitar la expulsión.
Los plazos para el retiro voluntario vencen en marzo. Si no se retiran, la Justicia ordenará la intervención del ministerio de Seguridad.
La comunidad Buenuleo ocupó ilegalmente 92 hectáreas en el cerro Ventana. Cinco integrantes recibieron penas de hasta 18 meses de prisión en suspenso.
El terreno pertenece a Emilio Friedrich, quien logró probar su posesión legal. Los mapuches no pudieron demostrar derechos sobre la propiedad.
La comunidad Quemquemtreu tomó tierras en Cuesta del Ternero. Tres miembros fueron condenados por la usurpación y deberán desalojar.
Las apelaciones no lograron revertir los fallos. El Tribunal de Impugnación provincial ratificó las condenas.
La Procuración Fiscal aseguró que no es necesario esperar más instancias. El desalojo puede ejecutarse sin más dilaciones.
Buenuleo fue notificado formalmente de su obligación de retirarse. Tienen 15 días hábiles para hacerlo de manera voluntaria.
Quemquemtreu aún no confirmó la recepción de la notificación. El plazo estimado para su retiro es de 10 días. Los integrantes de Quemquemtreu planean un «trawun». Buscan definir estrategias para resistir la orden de desalojo.
Buenuleo ya anticipó que no se retirará pacíficamente. Anunciaron su intención de permanecer en el lugar pese a la orden judicial.
Andrea Reile, abogada de Quemquemtreu, afirmó que el proceso no será inmediato. Deben intervenir organismos estatales antes de ejecutar el operativo.
La notificación debe llegar a todos los ocupantes. La Justicia quiere evitar excusas para continuar con la toma ilegal. La defensa de los ocupantes busca dilatar el proceso, publicó #LA17. Pretenden apelar ante el Superior Tribunal de Justicia pese a los fallos en contra.
Quemquemtreu reclama el derecho a 10 hectáreas. El litigio involucra terrenos fiscales y un permisionario privado.
El gobierno provincial nunca los reconoció como propietarios legítimos. La querella fue impulsada por el dueño de explotaciones forestales en la zona.
La defensa intenta minimizar la ocupación. Dicen que solo usurpan 10 hectáreas, pero el conflicto afecta a 2.500.
Intentaron negociar con las autoridades sin éxito. Los ocupantes exigen concesiones sin aceptar la propiedad legítima de los terrenos.
El desalojo de Mascardi en 2023 es el antecedente más cercano. El gobierno nacional intervino y desalojó a una comunidad mapuche en esa región.
La abogada de los ocupantes criticó el operativo en Mascardi. Sostiene que hubo un «despliegue desmesurado», pero la Justicia lo consideró necesario.
El desalojo aún no tiene fecha confirmada. Dependerá de la coordinación entre el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad.
El conflicto genera tensiones en la región. Propietarios y vecinos exigen que se cumplan las sentencias sin demoras. El sector privado reclama seguridad jurídica. Los tomadores ilegales deben ser desalojados para respetar la ley.
Las autoridades buscan evitar violencia en el operativo. Se pretende actuar con firmeza, pero respetando protocolos de seguridad.
El desalojo es inminente y la resistencia de los ocupantes no cambiará el fallo. Las tierras deben ser devueltas a sus dueños legales.
