Licitación radares Río Negro. El contrato con la anterior concesionaria venció hace un mes. Desde entonces, los radares de seis puntos estratégicos de Río Negro permanecen apagados.
El Ministerio de Seguridad y Justicia prepara la licitación para reactivar los dispositivos. El ministro Daniel Jara confirmó que los pliegos estarían listos en pocos días.
Los radares están ubicados en accesos clave sobre rutas nacionales. Su función es controlar el exceso de velocidad en zonas urbanas de alto tránsito.
Las cámaras dejaron de funcionar tras la caducidad del contrato con Cecaitra. Esa empresa operó los cinemómetros desde enero de 2020 hasta mediados de 2024.
La nueva concesión abarcará la captura y digitalización de infracciones. También incluirá el procesamiento de las multas emitidas en los seis puntos.
Los infractores recibirán la notificación y su caso pasará al Juzgado de Faltas correspondiente. Desde allí se realiza el cobro de las sanciones.
El modelo de concesión genera críticas. La empresa operadora suele recibir un porcentaje de las multas, lo que genera sospechas sobre la finalidad recaudatoria del sistema.
En la licitación de 2019, la concesionaria retenía el 48% de lo recaudado. Se desconoce si ese porcentaje se mantendrá en el nuevo contrato.
Mientras avanza la licitación, algunos municipios han obtenido habilitaciones provisorias. Esto les permite operar sus propios radares sin depender de la concesión provincial.
Darwin es el último municipio habilitado. Su radar funcionaba sin autorización y había sido cuestionado por la Defensoría del Pueblo.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial otorgó la habilitación el 4 de febrero. La comuna tiene 45 días hábiles para completar los requisitos exigidos.
Otros municipios ya cuentan con radares habilitados. Entre ellos, Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi, Contralmirante Cordero y General Conesa.
El control del tránsito se encuentra en debate. Algunos sostienen que los radares son herramientas clave para la seguridad vial, publicó #LA17.
Otros denuncian que se han convertido en una herramienta meramente recaudatoria. La falta de señalización y las multas excesivas generan malestar entre los conductores.
El apagado de los radares dejó en evidencia la falta de un plan alternativo. Desde que dejaron de funcionar, los accidentes en los accesos urbanos han aumentado.
Los críticos del sistema piden un modelo de control más transparente. Aseguran que el cobro de multas no debe estar vinculado a empresas privadas.
La licitación avanza sin mayores detalles sobre las condiciones del contrato. No se informó qué porcentaje de recaudación recibiría la concesionaria.
La falta de información sobre el proceso preocupa a sectores políticos y organizaciones civiles. Reclaman mayor claridad en los criterios de adjudicación.
El gobierno provincial defiende la concesión como una solución efectiva. Aseguran que permitirá restablecer el control del tránsito en los accesos estratégicos.
Sin embargo, la falta de fiscalización durante este período ha generado cuestionamientos. También crece la sospecha de que se prioriza la recaudación sobre la seguridad.
El debate se mantiene abierto. ¿Los radares volverán a funcionar con transparencia o serán solo una caja de recaudación para el Estado y privados?
