Ecuador narcotráfico en política. Hay solo dos cosas que unen hoy a los ecuatorianos: la pasión por la Tri, la selección de fútbol que está a un paso de clasificar al Mundial 2026, y el creciente temor por la inseguridad.
En Ecuador se produce hoy una muerte violenta por hora. La penetración del narcotráfico y el crimen organizado cambió la vida de los casi 18 millones de ecuatorianos, en especial en el violento corredor costero y el puerto de Guayaquil y sus alrededores. Las matanzas, tiroteos, asesinatos, extorsiones, motines carcelarios, secuestros y amenazas se convirtieron en una rutina desoladora. El país tiene hoy la tasa de crímenes por 100.000 habitantes más elevada de la región: 38,8, según la organización estadounidense Insight Crime. En algunas zonas supera los 100.
En comparación, la Argentina tiene un índice de 3,8. En su peor momento, en 2022, Rosario tocó más de 22, aunque las cifras oficiales indican una baja sustancial desde entonces hasta situarse en poco más de 6.
Pero hay una línea roja que el narco y las bandas criminales cruzaron hace tiempo en Ecuador: la irrupción en la política y en especial en el financiamiento de las campañas electorales, como la que acaba de concluir con la reelección del presidente centroderechista Daniel Noboa en el balotaje del domingo 13 de abril.
Hoy, los grupos delincuenciales no solo dominan un vasto territorio, sino también gozan del control de municipios en “zonas calientes” y hay fuertes sospechas de la penetración en la política provincial y nacional. Los nombres de las bandas son conocidos: Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones… Luchan entre sí por el control del territorio y reciben el apoyo de carteles mexicanos, colombianos y hasta de la mafia calabresa (N´drangheta) y de los Balcanes.
“Hoy tienes todos los elementos presentes en la campaña (electoral reciente) ante la inacción del Estado. Avanza el financiamiento narco. El país vive una situación de narco política activa que la vamos a ver más en 2027″, en las próximas elecciones de medio término, dijo el analista Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y contacto de Transparencia Internacional en Ecuador, en una charla en Quito.
Todos en Ecuador coinciden en cuándo “se jodió” el país, pero no en el “por qué”. En el imaginario colectivo, la línea temporal se sitúa en la salida del expresidente Rafael Correa, hoy exiliado en Bruselas tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción, en 2017, después de una década en el poder.
El correísmo, el gran derrotado de las recientes elecciones, responsabiliza a los gobiernos “liberales” que le siguieron. Pero desde la derecha afirman que simplemente con la salida de Correa cayeron los “acuerdos” con el crimen organizado. Incluso, algunos referentes y analistas, en distintas conversaciones “en off” con TN, sostuvieron que la Revolución Ciudadana de Correa dio la orden de provocar revueltas en las cárceles y expandir la violencia para hostigar a las administraciones de Lenin Moreno (2017-21), Guillermo Lasso (2021-23) y Daniel Noboa, que acaba de ser reelecto para un nuevo período hasta 2029.
Noboa le declaró la guerra al narco y el crimen organizado, sacó el ejército a las calles y proclamó el estado de conmoción y excepción en gran parte del territorio nacional. Incluso, antes de ser reelecto con más del 55% de los votos ante su rival correísta, Luisa González, le pidió ayuda a Donald Trump y contactó al polémico empresario y exmilitar estadounidense Erik Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, ahora llamada Academi, para sumarlo al plan de seguridad. La empresa tuvo varias denuncias de violaciones a los derechos humanos en Irak.
Pero el fenómeno de la narcopolítica comenzó a gestarse mucho antes de la salida de Correa del poder, hace más de una década. Para Alarcón, el narcotráfico y el crimen organizado vienen penetrando las campañas electorales desde 2013, cuando aún gobernaba la izquierda.
“Ese año detectamos la presencia del narcotráfico y el crimen organizado financiando cierto tipo de campañas. Eran aportes pequeños que generaron un vínculo. Pero nos contestaron que era un fenómeno leve y estaba bajo control”, contó.
En las elecciones secundarias de dos años después, esa participación “fue mucho más importante para controlar gobiernos locales. Hemos detectado aportes de redes de corrupción”, dijo Alarcón. Entonces la respuesta de las autoridades fue similar.
En los comicios generales de 2017, prosiguió el representante de Transparencia Internacional en el país, “ya detectamos no solo financiamiento, sino presencia en listas. Hubo abogados de narcos como candidatos y nuevos caciques locales (involucrados en el crimen organizado) encabezando listas”, indicó.
En 2019, en las elecciones seccionales, siempre según Alarcón, la situación se agravó. “A nivel local, las organizaciones narcos y del crimen organizado ya tenían estructura propia en poderes locales”, detalló. La respuesta oficial no cambió.
La penetración de estos grupos delincuenciales siguió avanzando dos años después. “En 2021, en las presidenciales, se denunció el financiamiento anómalo de la campaña de Andrés Araúz (candidato correísta a la presidencia). Identificamos a ciertos elementos activos en redes de narcos que fueron electos”, dijo.
Según señaló, poco después hubo dos candidatos procesados por la justicia por supuestos vínculos con bandas criminales.
Pero en la práctica poco cambió. En las elecciones seccionales de 2023, afirmó Alarcón, hubo “candidatos narcos haciendo transmisiones en Facebook Live”. En las imágenes, según precisó, se los veía “entregando fajos de billetes a la gente. Varios alcaldes llegaron (al poder municipal) gracias a este modus operandi”, señaló.
“Hoy tienes todos los elementos presentes en la campaña (electoral reciente) ante la inacción del Estado. Avanza el financiamiento narco. El país vive una situación de narco política activa que la vamos a ver más en 2027″, en las próximas elecciones de medio tiempo, aseguró.
Para Alarcón, el narcotráfico y el crimen organizado se nutren del abandono del Estado en las zonas más postergadas y “calientes” del país.
“En algunos lugares le dan licencia total ante la ausencia del Estado. La gente le agradece al narco las obras públicas en zonas de Esmeralda, en la frontera con Colombia, en Sucumbíos y Orellana. Están muy contentos. El narco genera una fuente de ingresos. Mucha gente dice: ´es eso o nos morimos de hambre´”, comentó.
Ese escenario genera una dependencia total entre la ciudadanía y el crimen organizado en zonas violentas del país. “Hay gente que paga contenta la vacuna (impuesto obligatorio) porque el narco les da seguridad”, señaló. Según publica TN.
Según el experto, Ecuador vive hoy “una ficción de guerra”. Noboa asegura que en 2024 bajó en forma significativa el índice de asesinatos. Pero “el primer trimestre de 2025 fue el período más violento desde la recuperación democrática. Se registra una muerte violenta por hora. Estamos superando a México y Honduras. Antes (durante el correísmo) convivíamos pacíficamente con el narco y eso nos daba una falsa sensación de seguridad”, concluyó Alarcón.