La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut recurrió a la Corte Suprema para frenar la reforma que suprime inmunidades y convoca a un referéndum.
La Asociación Civil de la Magistratura y el Funcionariado Judicial de la Provincia del Chubut (AMFJPCH) presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la resolución del Superior Tribunal de Justicia provincial que rechazó, de manera “in limine”, la recusación de todos sus miembros en la causa que cuestiona la Ley V-201.
Según EQS NOTAS, la entidad considera que esa norma, sancionada el 27 de febrero y promulgada el 28 de marzo de 2025, vulnera la forma republicana de gobierno y atenta contra la independencia judicial.
Una ley que divide a la política y la Justicia
La Ley V-201 propone la eliminación de las inmunidades de arresto y de ejecución de sentencia para funcionarios provinciales, municipales y sindicales, y convoca a un referéndum popular para el 26 de octubre de 2026. El Poder Ejecutivo defendió la medida como un avance contra los “privilegios”, pero la Asociación de Magistrados sostiene que se trata de garantías institucionales necesarias para el equilibrio de poderes.
El recurso firmado por los abogados Marco Rojas Castro y José Raúl Heredia cuestiona que el Superior Tribunal no apartara a sus integrantes ni designara conjueces, a pesar de que la ley impacta en las prerrogativas del Poder Judicial.
La AMFJPCH alega un “temor fundado de parcialidad” debido a declaraciones públicas del gobernador Ignacio Torres y del vicegobernador Gustavo Menna, que criticaron la acción judicial y defendieron la reforma.
Antecedentes del conflicto
Tras la promulgación de la norma, la AMFJPCH presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad, argumentando que la supresión de las inmunidades no es un recorte de beneficios personales, sino un golpe a la estructura republicana. El Superior Tribunal rechazó los planteos de recusación y mantuvo su intervención, lo que profundizó la tensión institucional.
Incluso, la AMFJPCH denunció penalmente a jueces del tribunal y promovió un juicio político contra su presidente, Javier Raidan, por supuestas irregularidades administrativas y salariales.
Lo que deberá resolver la Corte Suprema
En su presentación, la entidad solicita que se suspenda el decreto provincial 718/25 que llama a referéndum, argumentando que “no debe someterse a aprobación o desaprobación del pueblo, una reforma inconstitucional” y que el control judicial debe ejercerse antes de la consulta popular.
Ahora, el máximo tribunal del país deberá decidir si admite el recurso y si concede la medida cautelar solicitada.
