Ocho grupos empresarios competirán por el control de las represas del Comahue, un activo clave que aporta el 15% de la energía eléctrica del país
El Gobierno nacional ingresó en la fase decisiva del plan para privatizar las cuatro represas del Comahue —Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila—, al aprobar la primera etapa del Concurso Público Nacional e Internacional que habilita la precalificación de oferentes y la apertura de las ofertas económicas.
Según Perfil, el Ministerio de Economía formalizó el avance mediante la Resolución 1910/2025, que fija para el 28 de noviembre a las 10 la instancia en la que se conocerán las propuestas a través de la plataforma CONTRAT.AR.
Las represas y su peso estratégico en la matriz energética
Las hidroeléctricas del Comahue representan el 15% de la generación eléctrica nacional, lo que convierte este proceso en una pieza estratégica para la política energética del Gobierno. La decisión llega una semana después de que se adjudicaran las primeras concesiones viales, en el marco de un programa más amplio de privatizaciones.
De los nueve grupos presentados inicialmente, ocho fueron precalificados, mientras que la propuesta de IPS Renewal S.A. quedó fuera por incumplir requisitos técnicos del pliego.
Quiénes son los grupos que competirán
El Ministerio de Economía habilitó a los actuales operadores —Enel, AES Argentina, Central Puerto y Orazul—, además de otros grupos de peso como Pampa Energía, vinculada a la familia Mindlin; Central Costanera, asociada a los socios de Central Puerto; y un consorcio conformado por Hidroeléctrica Futaleufú (Aluar), la provincia de Chubut y Genneia.
También participan actores sin experiencia previa en la gestión de grandes represas: Edison Inversiones (familias Neuss, Cherñajovsky y Galli) y Inverlat, dueños de Havanna y en expansión dentro del sector energético.
Un proceso basado en un amplio marco legal
La resolución firmada por el ministro Luis Caputo se apoya en un complejo entramado legal integrado por las leyes 15.336, 23.696 y 27.742, además de decretos como el 718/2024, 286/2025 y 590/2025, que establecieron la reversión, reorganización societaria y posterior privatización de las represas.
Las concesiones originales datan de 1993. Para la etapa de transición, ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) conformaron las sociedades operadoras con una participación del 98% y 2%, respectivamente, antes de abrir el camino hacia la venta.
La Ley 27.742 habilitó la privatización total o parcial de ambas compañías, mientras que los decretos posteriores permitieron avanzar con la transferencia de activos estratégicos al sector privado.
En agosto de 2025, la Resolución 1200 lanzó oficialmente el concurso, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y conformó una Comisión Evaluadora. Más tarde, nuevas resoluciones ajustaron fechas, exigencias y aspectos formales del llamado.
Qué espera el Gobierno y las próximas privatizaciones
El Ejecutivo proyecta recaudar entre US$ 500 y US$ 700 millones por la venta del 100% de las sociedades concesionarias. Actualmente, la explotación de los complejos genera alrededor de US$ 50 millones anuales, por lo que el traspaso al sector privado busca mejorar eficiencia y capacidad de inversión.
Mientras se define la situación de las represas del Comahue, el Gobierno ya inició los pasos para privatizar otras siete centrales hidroeléctricas cuyos contratos vencen entre noviembre de 2025 y julio de 2026: Futaleufú, Cabra Corral, El Tunal, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo.
El proceso de privatización de las represas del Comahue avanza con una fuerte competencia entre actores tradicionales y nuevos inversores. El Gobierno apuesta a cerrar uno de los capítulos más relevantes de su programa energético en un contexto de reconfiguración del mercado y creciente interés del sector privado en los activos hidroeléctricos.
