El Gobierno estadounidense sostiene que la inestabilidad política en Venezuela impide reabrir casos de deportación de migrantes expulsados durante la administración de Trump
El Gobierno de Estados Unidos argumentó ante la Justicia que el escenario político en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, hace inviable reabrir los casos de deportación de migrantes venezolanos expulsados durante la administración de Donald Trump. Según la postura oficial, no existen hoy garantías prácticas ni legales para permitir instancias de apelación.
La postura del Gobierno estadounidense ante la Justicia
En una presentación judicial reciente, funcionarios del Departamento de Justicia señalaron que la inestabilidad institucional en Venezuela imposibilita cumplir con el fallo que ordena revisar la legalidad de las deportaciones de un grupo de migrantes. El planteo se realizó en el marco de una causa que involucra a unas 137 personas expulsadas en marzo pasado.
De acuerdo con el escrito, realizar audiencias por videoconferencia desde Venezuela “presentaría obstáculos legales y prácticos insuperables”, además de interferir con negociaciones diplomáticas en curso con el gobierno que sucedió a Maduro.
Riesgos diplomáticos y advertencias del Departamento de Estado
En una declaración adjunta, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que insistir con la revisión de los casos podría generar “daños materiales a los intereses de política exterior de Estados Unidos”. Según explicó, Washington mantiene un delicado proceso de diálogo con sectores del nuevo poder político venezolano, encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.
Rubio sostuvo que cualquier acción judicial que implique un contacto directo con autoridades venezolanas podría afectar seriamente esos esfuerzos diplomáticos.
El origen del conflicto judicial
Los migrantes venezolanos fueron deportados sin previo aviso ni posibilidad de defensa, bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Trump justificó la medida al sostener que los expulsados integraban la banda criminal Tren de Aragua.
Inicialmente, los hombres fueron enviados a una prisión en El Salvador y luego trasladados a Venezuela, donde finalmente quedaron en libertad. El juez federal James Boasberg determinó en diciembre que el procedimiento utilizado por el Gobierno fue constitucionalmente insuficiente y ordenó buscar un mecanismo para permitir impugnaciones retroactivas.
Un escenario que sigue abierto
El Departamento de Justicia anticipó que apelará cualquier orden que obligue a avanzar con las revisiones. Además, remarcó que las restricciones de viaje y la falta de acceso a representación legal en Venezuela agravan el cuadro de imposibilidad operativa.
Según Perfil, el caso continúa generando tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo estadounidense, en un contexto regional marcado por la incertidumbre política venezolana.
Mientras la Justicia insiste en garantizar el debido proceso, el Gobierno de Estados Unidos sostiene que la coyuntura política y diplomática en Venezuela impide avanzar. El debate, lejos de cerrarse, anticipa una nueva disputa legal con impacto directo en la política migratoria.
