El Gobierno nacional resolvió suspender de manera general la contratación de nuevos empleados en la administración pública.
La medida fue oficializada mediante el decreto 934/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de reestructuración del Estado impulsado por la gestión de Javier Milei para ordenar el gasto y controlar la dotación de personal.
Alcance del decreto y tipos de contratos alcanzados
La normativa establece que quedan anuladas las incorporaciones de personal a plantas transitorias y las contrataciones temporales, ya sean por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial o de carácter eventual. La decisión alcanza a organismos y entidades del sector público nacional bajo control estatal.
Según la C5N, el decreto dispone que “el personal de las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y c), de la Ley N° 24.156 no podrá ser designado ni contratado bajo ninguna modalidad”, reforzando el carácter restrictivo de la medida.
Servicios profesionales y designaciones transitorias
La suspensión también incluye los contratos por prestación de servicios de profesionales autónomos, las designaciones transitorias en planta permanente y cualquier otra forma de incorporación de personal, exista o no relación de dependencia. Con esto, el Gobierno busca unificar criterios y evitar nuevas incorporaciones por vías alternativas.
Excepciones para áreas estratégicas
El decreto contempla excepciones puntuales para sectores considerados estratégicos. Quedan exceptuadas las contrataciones vinculadas a la educación universitaria, el Servicio Penitenciario Federal, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como el personal de hospitales, centros de salud e institutos de investigación y producción. También se incluyen las tareas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el cuerpo de guardaparques nacionales.
Mecanismo de reemplazo a partir de 2026
La norma incorpora un esquema de reemplazo controlado. Desde 2026, cada organismo podrá incorporar un trabajador por cada dos bajas registradas, siempre que estas no se originen en retiros voluntarios ni acuerdos de desvinculación. Además, se prevé la posibilidad de autorizar, de manera excepcional y con aval de la Secretaría de Hacienda, la incorporación de dos empleados para reemplazar a uno.
Ordenamiento del Estado y control del gasto
La decisión se inscribe dentro de la política de desregulación y transformación del Estado, con el objetivo de supervisar la estructura del empleo público y reducir el impacto del gasto en personal. El Gobierno sostiene que el control de las contrataciones es clave para avanzar en el equilibrio fiscal y la reorganización administrativa.