El oficialismo impulsa la ley que marca un antes y un después en la justicia para menores. Habrá penas de hasta 15 años de prisión y un fondo de más de $23 mil millones para aplicarla. La oposición advierte que no hay evidencia de que bajar la edad reduzca el delito y señala a Brasil como ejemplo del fracaso de la mano dura.
La semana que viene será histórica para la justicia argentina. El jueves, el Senado votará el proyecto de Régimen Penal Juvenil que ya tiene media sanción de Diputados, junto con la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, diseñó una sesión exprés para convertir en ley una de las normas más esperadas por el oficialismo.
El elemento más marketinero de la reforma es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Pero detrás de ese número se esconde un cambio profundo en la forma en que el Estado trata a los menores que delinquen. Según Noticias Argentinas.
Los ejes centrales: penas, sanciones y resocialización
El proyecto, que reemplaza una ley de la última dictadura, propone un abanico de sanciones alternativas a la prisión, pero también establece penas duras para los casos más graves. Los puntos clave son:
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Edad de imputabilidad: 14 años.
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Pena máxima: 15 años de prisión (queda excluida la reclusión perpetua).
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Delitos leves (penas menores a 3 años): se priorizan sanciones educativas y sociales, sin prisión.
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Delitos graves sin muerte o lesiones graves (penas de 3 a 10 años): también se prioriza un enfoque socioeducativo.
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Separación de adultos: los menores no podrán compartir lugares de reclusión con mayores de edad.
La idea, según el oficialismo, es que los menores «comprendan la naturaleza de sus actos» y asuman las consecuencias. «El que las hace, las paga», es el lema que resume el espíritu de la ley.
El financiamiento: la clave que destrabó el acuerdo
Uno de los puntos más resistidos del proyecto original era la falta de financiamiento garantizado. Los dialoguistas exigieron que no quedara librado a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete. El resultado: se asignaron más de $20.000 millones para la Defensoría General y más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia.
Sin ese dinero, la ley corría el riesgo de ser letra muerta. Con los fondos asegurados, el oficialismo se aseguró los votos necesarios para su sanción.
La postura del Gobierno: «Delito de adulto, pena de adulto»
Para el oficialismo, la ley es una respuesta directa a la demanda social de seguridad. Bullrich lo resumió en una frase: «Delito de un adulto, pena de adulto» . La idea es que los menores sean conscientes de las consecuencias de sus actos y que el Estado no los trate como víctimas, sino como responsables.
El presidente Javier Milei también respalda la iniciativa con su consigna de que «el que las hace, las paga». La narrativa oficial apuesta a elevar los costos del delito como forma de disuasión.
La oposición: «Bajar la edad no baja el delito»
Del otro lado, la oposición más dura advierte que no hay evidencia de que bajar la edad de imputabilidad reduzca los índices de criminalidad. Señalan el caso de Brasil, donde la edad de imputabilidad es de 12 años y la tasa de homicidios trepó a 23,1 cada 100 mil habitantes, una de las más altas de la región.
En cambio, Argentina, con imputabilidad a los 16 años, tiene una tasa de 4,2 homicidios cada 100 mil habitantes, la más baja de Latinoamérica.
Para la oposición, el problema de la criminalidad juvenil es estructural. Responde a una matriz histórica de exclusión social que deja a miles de jóvenes sin oportunidades. «No hay mano dura que frene la desesperación», advierten.
Argentina y Cuba: los únicos sin régimen penal juvenil
Hasta ahora, Argentina era, junto a Cuba, el único país del continente sin un régimen penal juvenil específico. La nueva ley busca llenar ese vacío, pero el debate sobre su efectividad recién comienza.
Lo que está claro es que, a partir del jueves, la justicia para menores en Argentina dará un giro de 180 grados. Con penas más duras, más recursos y una edad de imputabilidad más baja, el país se sube a la ola de mano dura que ya recorre la región. La pregunta es si servirá para bajar el delito o si, como advierte la oposición, solo llenará las cárceles de pibes sin futuro.