Causa seguros: procesan a un exfuncionario y a empresas del rubro.
El escenario judicial que rodea al expresidente Alberto Fernández sumó un capítulo determinante este martes. El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de varias compañías aseguradoras y de un excolaborador estrecho del mandatario, en el marco de la investigación por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. La resolución pone el foco en la falta de controles internos de las firmas privadas y en el rol de intermediación que habrían cumplido funcionarios clave para beneficiar a brokers amigos del poder durante la vigencia del decreto 823/2021.
La medida alcanza a figuras que operaban en el núcleo de la intimidad presidencial. Según Noticias Argentinas, el magistrado procesó a Hugo Rodríguez, quien fuera administrador general de la Residencia Presidencial de Olivos, acusado de haber facilitado encuentros furtivos entre el broker Héctor Martínez Sosa y el entonces presidente. Para la justicia, Rodríguez no solo actuó como nexo logístico, sino que lo hizo con pleno conocimiento del conflicto de intereses y del plan que se estaba ejecutando, permitiendo ingresos a la quinta sin dejar registro oficial.
El rol de Hugo Rodríguez y los encuentros en Olivos
La investigación de Casanello sostiene que Rodríguez colaboró activamente con el aprovechamiento de los vínculos personales entre Fernández y Martínez Sosa. El fallo menciona pruebas documentales de gran peso, como una fotografía del 7 de agosto de 2020 que certifica la cercanía entre el empresario y el exmandatario. Asimismo, se detectaron gestiones realizadas entre febrero y marzo de 2022 para influir en la cúpula de Nación Seguros S.A., específicamente para garantizar la continuidad de directivos afines a la maniobra.
Debido a estas acciones, el exadministrador de Olivos quedó procesado por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juez ordenó un embargo millonario sobre sus bienes, ascendiendo a la cifra de $787.997.801,56. La resolución remarca que el exfuncionario «sabía del conflicto de interés y colaboró con su aprovechamiento», facilitando un esquema que benefició indebidamente a privados en detrimento del Estado.
Responsabilidad empresarial y embargos millonarios
El fallo de Casanello marca un hito al avanzar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entre las empresas procesadas destaca Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A., la cual habría percibido comisiones superiores a los $416 millones. Sin embargo, el impacto económico más grande se observa en San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, cuyos beneficios atribuidos en el esquema investigado superan los $2.022 millones. También resultaron señaladas las firmas Bachellier S.A. y San Germán Seguros S.A.
El magistrado fue contundente al señalar que estas compañías no implementaron programas de integridad ni mecanismos de control que detectaran o frenaran las conductas ilícitas. Por el contrario, la justicia considera que hubo una tolerancia institucional hacia maniobras destinadas a captar fondos públicos a través de la intermediación forzada de seguros. La causa, que cuenta con el impulso del fiscal Carlos Rívolo, continúa recolectando pruebas sobre el perjuicio total ocasionado al erario público.