Debate en el Congreso: expertos avalan bajar la edad de imputabilidad.
El Gobierno de Javier Milei aceleró el tratamiento legislativo de la Reforma del Régimen Penal Juvenil, enviando el proyecto al Congreso con la intención de debatir el texto de manera inminente. La propuesta central busca reducir la edad de punibilidad a los 13 años para delitos graves, una medida que ha generado un intenso debate técnico entre especialistas del derecho. Mientras las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto ya están integradas por el oficialismo, el consenso político parece inclinarse hacia fijar el límite en los 14 años para asegurar su aprobación.
La iniciativa surge en un contexto de creciente demanda social por mayor seguridad y el fin de la denominada «puerta giratoria». Según Crónica, destacados abogados penalistas consideran que este cambio es fundamental para «combatir la fiebre de la enfermedad que es la delincuencia». Los expertos argumentan que el sistema actual, regido por una normativa de 1980, ha quedado obsoleto frente a la realidad criminal actual, donde los menores son utilizados frecuentemente por organizaciones delictivas debido a su falta de responsabilidad penal.
Límites tempranos para evitar la «resocialización tardía»
El abogado especialista y exjuez Alfredo Drocchi sostiene que el ordenamiento jurídico ya reconoce la capacidad de discernimiento en niños mayores de 10 años. Según el experto, «los niños a partir de esa edad saben lo que está mal», y advierte que esperar hasta los 16 años para intervenir judicialmente permite que el menor naturalice conductas criminales.
Drocchi afirma que el Estado debe actuar con medidas administrativas desde los 10 años y aplicar la Ley Penal a los 12 o 13 ante delitos graves. «Es necesario poner límites al comienzo de su entendimiento para que no se convierta en delincuente», subrayó, enfatizando que la reforma busca cuidar tanto a la sociedad como al propio infante de un camino sin retorno en la marginalidad.
Factores que impulsan la aprobación de la reforma en 2026
A diferencia de intentos fallidos en décadas anteriores, el actual escenario político presenta una confluencia de factores que facilitarían la sanción de la ley. El abogado penalista Martín Francolino identifica una mayoría relativa consolidada en ambas cámaras tras las elecciones intermedias, sumada a una opinión pública fuertemente influenciada por casos recientes de alto impacto mediático.
La «tolerancia cero» ha ganado terreno frente a la percepción de impunidad. Francolino señala que la propuesta de bajar la edad a los 14 años —un punto medio entre los 13 del oficialismo y los 16 actuales— reduce las resistencias de los sectores moderados. Además, Argentina se alinearía con tendencias regionales observadas en países como Brasil o México, donde los regímenes juveniles son más estrictos ante crímenes de sangre.
Los puntos clave del nuevo Régimen Penal Juvenil
El texto que llegará al recinto contempla un sistema diferenciado del de los adultos, pero con herramientas firmes para la justicia:
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Penas máximas: Podrían alcanzar hasta los 20 años de prisión para casos extremos.
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Delitos incluidos: Homicidios, robos con violencia, abusos sexuales y secuestros.
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Medidas para menores de 15 años: El juez podrá disponer la privación de la libertad en establecimientos especializados si el caso lo amerita.
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Resocialización: Para delitos menores se priorizarán las tareas comunitarias y la reparación del daño.
Con el inicio del debate previsto para este miércoles 11 de febrero, el país se encamina a una reforma histórica que busca redefinir la responsabilidad de los adolescentes ante la ley. El desafío será equilibrar la necesidad de justicia con los tratados internacionales de derechos del niño, en un sistema que hoy se percibe como insuficiente para frenar la violencia juvenil.