Este es el alias del delincuente Alexis Gutiérrez el sindicalista del SUPA que apañaba en la estiba al empresario violador de niños que fuera condenado y encarcelado en diciembre de 2022.

Gutiérrez ahora es noticia por el mayor mecanismo de corrupción que se haya conocido en la historia de la industria pesquera extorsionando y amenazando empresarios lo que trajo aparejado que la provincia pierda cientos de millones de dólares por los paros donde utilizaban trabajadores para darle un marco de legalidad a su actividad delictual.

Según la fiscal Gómez, el sindicalista Gutiérrez en una reunión habría exigido que cada empresa le pagara a él, a Vera y a Villarroel $ 2.400.000 por día, bajo amenaza de paralizar el puerto, impidiendo las descargas. La reunión terminó con la negativa de cada empresario a cualquier dinero fuera del convenio.

Tras el encuentro, Suárez llamó al representante de RV SA, Raúl Matías Cereseto, y le avisó de las amenazas. Cereseto se negó y el 24 de agosto de 2023, Gutiérrez lo amenazó: “No sabes con quiénes te estás metiendo, de dónde venimos y cuánta gente somos. Si pones la plata no van a tener problemas. Si no la ponen, te cuento lo que va a pasar, te vamos arruinar el negocio, y te vamos hacer boleta a vos y a tu familia, ustedes eligen”.

El 25 de agosto la cúpula sindical ordenó no enviar trabajadores a las estibas en Puerto de Rawson para quienes se habían negado a pagar: RV SA; Scarico y Suarmo. La Subsecretaria de Trabajo dictó una conciliación obligatoria. Estas empresas se vieron económicamente perjudicadas para operar en el puerto.

IMPUTACIÓN OFICIAL

De acuerdo a la imputación oficial, Fiscalía detectó que el 1º de septiembre de 2023 transferencias bancarias desde la cuenta del Banco de la Nación Argentina de RV SA a las cuentas del Banco Credicoop de Gutiérrez; del Banco Nación de Vera, y del Banco BBVA de Villarroel, por $ 813.990. Las transferencias se repitieron el 4 de octubre por el mismo importe.

Así el trío intimidó a Cereseto obligándolo a pagar, creándole un perjuicio económico y obteniendo a un beneficio económico ilegal.

LAS AMENAZAS SE REPETÍAN

Otro episodio ocurrió también tras la cumbre de Trelew del 18 de agosto. Gutiérrez llamó a Suárez con la misma amenaza. La pesquisa bancaria de Fiscalía reveló transferencias el 31 de agosto de 2023 de la cuenta de la empresa del Banco Nación a las cuentas de Gutiérrez, Vera y Villarroel por $ 813.990 cada una.

El tercer hecho que se investiga también data luego de la reunión de Trelew. Sergio Pantano, socio con Jaroslavsky en Scarico SRL y Don Gerónimo SRL, estaba en el muelle del Puerto de Rawson cuando apareció Villarroel. Según la imputación, le dijo que si no iban al SUPA en Madryn, y no pagaban, “la íbamos a pasar mal”.

Pantano se lo comunicó a su socio. En principio no cedieron pero ante la desesperación de que el SUPA no le mandara personal para descargar los barcos, Jaroslavsky se reunió con Gutiérrez en la Cooperativa de Trabajo Fresco Estibajes Limitada, en el barrio 140 viviendas de Madryn. El líder gremial le exigió “que le pague a él como si fuera el mejor estibador, o sea 2 millones por quincena”. El empresario le dijo que esos montos eran imposibles. Gutiérrez replicó: “Si quiere seguir trabajando tiene que pagar; si no, que no se haga problema que hay varias empresas que quieren descargar”. Jaroslavky se vio obligado a ceder.

Se detectaron transferencias de las cuentas de Scarico y Don Gerónimo a la cuenta de Gutiérrez los días 30 de agosto por $ 271.330; el 7 de septiembre por $ 300.000; otros $ 400 mil el 22 de septiembre y el 3 de octubre, $ 271.330. El 30 de agosto y el 3 de octubre hubo dos pagos a la cuenta de Vera, en ambos casos por $ 271.330. En las mismas fechas, también dos transferencias para Villarroel por $ 271.330.

QUÉ DIJO LA FISCAL

De acuerdo a la fiscal, estos paros injustificados generaban un grave perjuicio económico e incumplimiento en las obligaciones comerciales asumidas con terceros. Y por temor por su integridad física y de su familia, los empresarios se vieron obligados a pagar. Fueron intimidados y les generaron un daño económico, mientras los sindicalistas obtenían un beneficio económico.
Esta semana se revisará la prisión domiciliaria de Gutiérrez, Vera, Villarroel, Inalef y Zambrano que no solamente habrían violado la medida sino que habrían continuado con las actividades ilícitas.