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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha decidido no autorizar la candidatura de Evo Morales al Senado en las elecciones que se celebrarán del 3 de mayo. El argumento principal es que el expresidente no cumple con el requisito de tener una “residencia permanente” en Cochabamba, la región de Bolivia que pretendía representar. Morales se encuentra exiliado en Argentina, mientras en territorio boliviano sus rivales políticos le siguen múltiples procesos por diversos cargos. El partido del expresidente, el Movimiento al Socialismo (MAS), había anticipado que los jueces electorales inhabilitarían a su líder y también había anunciado que apelaría este fallo ante tribunales internacionales.

La autoridad electoral boliviana, sin embargo, permitirá la candidatura de Luis Arce, el candidato del MAS, para aspirar a la presidencia. De acuerdo con Salvador Romero, presidente del Tribunal Electoral, Arce, exministro de Economía «cumple con todos los requisitos” para postularse. El TSE comunicó su decisión la noche de este jueves, día en que se celebra el carnaval, una fiesta muy importante en Bolivia. Si el MAS se había declarado “en emergencia” anticipando que la resolución le sería adversa, el Comité Cívico Pro Santa Cruz había amenazado con declarar una huelga indefinida si los jueces electorales hubiesen permitido que Morales fuese candidato.

El temor de los sectores contrarios al MAS se debía a la fuerza que mostraba este partido en las encuestas preelectorales donde, según estas, el partido de izquierda podría obtener la mayoría del Senado y, entonces, presidir la Cámara. La posibilidad de que Evo Morales terminase como el presidente del Senado resultaba intolerable para los grupos opositores que estuvieron involucrados en su derrocamiento en noviembre pasado.

Las normas electorales en Bolivia exigen que los candidatos parlamentarios vivan en la circunscripción electoral que les corresponde al menos los dos años previos a las elecciones. Esto inhabilita a los políticos que pese a trabajar en la sede administrativa del país, La Paz, buscan representar a la población del interior del país.

Esta restricción causó varios conflictos políticos en el pasado. En 2015, una diputada fue impedida por esta razón de postularse como alcaldesa de su ciudad natal; posteriormente, ella interpuso un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ganó el derecho a un resarcimiento del Estado boliviano.

Según la resolución del TSE en referencia a Evo Morales, esta institución “se ha enfocado en definir el concepto de ‘residencia permanente’ en materia electoral (…) La residencia permanente se entiende como la suma de tres factores principales. Primero, considera el domicilio o residencia habitual registrada y declarada por el ciudadano en el padrón electoral; luego, ese lugar debe ser donde el candidato desarrolla su ‘proyecto de vida’. Por último, en su aplicación de principio de ‘verdad material’, se requiere una residencia efectiva en ese distrito”.

El presidente del Tribunal Electoral de Bolivia, Salvador Romero, no quiso especificar qué parte de esta definición se aplicaba específicamente a Morales y a los otros candidatos en situación similar, entre ellos el excanciller de este último, Diego Pary, quien pretendía ser senador por Potosí, y Mario Cossío, un político de derecha que estuvo exiliado en Paraguay y, por tanto, no vivió los últimos años en Tarija, su región natal.

Evo Morales había dicho que pretendía ser senador para protegerse de los ataques que sufre y que, según él, son instigados por Estados Unidos. Sin embargo, la Constitución boliviana de 2009 eliminó la inmunidad parlamentaria. Morales está siendo procesado por “sedición y terrorismo” por su supuesta participación en los bloqueos de caminos que siguieron a su renuncia a la presidencia del país. A causa de una denuncia del candidato Carlos Mesa, la Fiscalía también lo está investigado por el supuesto fraude electoral del 20 de octubre pasado. En ambos casos, los procedimientos se siguen en los tribunales ordinarios, sin considerar el derecho que tienen los expresidentes bolivianos a un juicio especial. Mesa y otros candidatos contrarios a Morales celebraron la inhabilitación del expresidente.

La primera encuesta de intención de voto que se realizó después de la inscripción oficial de candidatos mostraba al MAS como la primera fuerza política del país, con 31%, seguido por Mesa, con 17 % y la presidenta interina Jeanine Añez, con 16%. El exdirigente cívico Luis Fernando Camacho aparecía en cuarto lugar, con 9%. Estos resultados sumieron en la preocupación a los sectores derechistas de la política boliviana. Camacho dijo que, en estas circunstancias, existía el riesgo de que “el MAS vuelva”, por lo que debía organizarse un frente único de todos los grupos que se le oponen. Sugirió que él podría renunciar a sus pretensiones presidenciales, con la condición de que también lo hicieran los demás. Hasta ahora, ninguno de los otros partidos ha respondido formalmente a Camacho y todos han ratificado que seguirán en carrera.

El caso contra el expresidente Rafael Correa y otras 20 personas podría extenderse hasta finales de 2020 y se centra en supuestos millonarios sobornos que habrían recibido las personas mencionadas, entre las que además del exmandatario resaltan el ex vicepresidente  Glas, el secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera y la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.

La Fiscalía acusa al exmandatario de dirigir su partido político, Alianza País, como una organización criminal, debido a que, presuntamente, habría canalizado grandes sumas de dinero en pagos de empresas privadas para financiar ilegalmente su campaña electoral.

La audiencia de juzgamiento por el delito de cohecho dentro del caso «Sobornos 2012-2016» comenzó formalmente este 10 de febrero en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y en sus primeros 90 minutos participaron con sus alegatos de apertura la fiscal general Diana Salazar; el procurador Íñigo Salvador y los abogados de cinco procesados: Bolívar Sánchez, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Pamela Martínez y Laura Terán.

La Fiscalía anunció que probará que existió una organización criminal encabezada por el entonces presidente, en la que operaron empleados gubernamentales de diferentes jerarquías, una acusación que el expresidente ha negado reiteradas veces.

Rafael Correa: esta es una «acusación cantinflesca»

Correa ha reiterado que quieren bloquearle sus posibilidades electorales, que es víctima de «persecución política» y que la serie de indagaciones judiciales en su contra demuestran la «desesperación» de sus opositores.

«Para que haya corrupción es obvio que alguien debió enriquecerse. No somos nosotros los que tenemos las cuentas ‘offshore’, empresas en paraísos fiscales, es el Gobierno encubierto por fiscal, el resto de autoridades de Estado, la prensa», respondió con ataque el expresidente en un video publicado el pasado 5 de febrero.

El exmandatario ha calificado el proceso en su contra como una «gran payasada» y de «acusación cantinflesca» pues a su juicio no hay bases jurídicas para juzgarlo.

«¿Creen que Moreno que fue vicepresidente no se iba a dar cuenta de (la existencia de) una organización criminal liderada por el propio presidente de la República?», increpó a sus seguidores en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Los abogados del exmandatario plantearon un recurso de recusación porque consideran que los jueces que llevan adelante el juicio no son competentes y consideraron por lo tanto que la audiencia debería ser suspendida.

El principal defensor legal de Correa, Fausto Jarrín, indicó a los medios que ejercería «todos los derechos» como «por ejemplo dudar de la imparcialidad de un tribunal».

El avance de los procesos definirán si Correa puede ser o no candidato a legislador 

Por su parte, Correa no puede aspirar a una nueva reelección por una enmienda aprobada en el referendo de febrero de 2018 que fija límites de plazos presidenciales, pero sí podría postularse para legislador en las elecciones nacionales de febrero de 2021, lo que le daría fuero parlamentario para no ser enjuiciado. Pero si existe una sentencia ejecutoriada antes del 20 de noviembre, el expresidente no podrá aspirar a ningún cargo de elección popular.

El analista Santiago Basabe, profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dice que Correa cuenta aún con mucha aceptación en los ecuatorianos: «Diez años no son poco. Hay mucha gente que le guarda respaldo (…) La gente ya está diciendo: ‘con Correa estábamos mejor'».

Aunque el expresidente viajó a Bélgica poco después de dejar el poder, su influencia sigue latente en la esfera política ecuatoriana. Correa, que critica duramente al actual presidente Lenín Moreno, su exaliado y ex vicepresidente a quien acusa de haber traicionado los postulados del movimiento Alianza País, repite con insistencia que «recuperaremos la patria».

El final de su mandato fue acompañado por pocos movimientos en contra del ex presidente Mauricio Macri en los politizados tribunales federales. Por el momento, las causas que ya tiene en su contra se cocinan a fuego lento. Con suerte, moderado.

Aún así se esperan novedades en algunos de los principales frentes judiciales contra Macri y algunos de sus ex ministros, aliados y funcionarios clave.

La obra pública, los conflictos de intereses y el presunto encubrimiento de los mismos, y los negocios entre el Estado y la familia de Macri son los ejes de los expedientes más avanzados contra el ex presidente, confirmaron las fuentes judiciales de los casos que serán mencionados.

Los últimos días de 2019, el juez Claudio Bonadio sobreseyó sin indagar al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich; al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; al funcionario Franco Moccia (ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad) y a dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA) en la causa en la que se investigaba el supuesto direccionamiento de la licitación del Paseo del Bajo.

Este semana, el fallo de Bonadio será apelado por la fiscal Alejandra Mángano y el fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

En el caso Autopistas, el juez Rodolfo Canicoba Corral, investiga el rol de al menos cuatro funcionarios en la renegociación de los contratos de Abertis por los accesos Norte y Oeste y el reconocimiento de supuestas deudas del Estado con la compañía ex socia de los Macri por un total de US$ 747 millones. El foco está puesto en Dietrich; el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel; el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías; y el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

Los primeros tres están siendo investigados porque intervinieron de manera directa. Indagan en el cuarto porque el juez sospecha que se corrió tras haber advertido irregularidades. Se esperan citaciones a indagatorias.

En el caso Correo Argentino, el juez Ariel Lijo tiene pendiente decidir si procesa o no al ex ministro Oscar Aguad; a su segundo Juan Manuel Mocoroa; y al director y abogado de la compañía de la familia Macri. Su decisión dependería de los resultados de un informe contable encargado a la Corte Suprema.

En el fuero Comercial, Correo Argentino tendrá otro capítulo. En 2019, quedó pendiente que la empresa y el Ejecutivo llegaran a un acuerdo para el pago de la deuda de la compañía con el Estado y la posibilidad de que se apruebe el salvataje de la firma.

La causa por los parques eólicos es otro de los frentes penales para Sideco, la empresa emblema de la ex familia presidencial. Marcelo Martínez de Giorgi ordenó medidas de prueba en torno al accionar del ex ministro de Energía Juan José Aranguren para intentar determinar si su área favoreció o no a los Macri en el negocio de las energías renovables.

Los investigados en todos estos casos siempre negaron las acusaciones.

Paseo del Bajo: apelan los sobreseimientos

Los sobreseimientos por el caso del Paseo del Bajo fueron una de las buenas noticias de Comodoro Py para Macri a fines de diciembre. La apelación se concretará en los próximos días y el fiscal general de la Cámara Federal porteña será quien decida si el recurso de los fiscales Mángano y Rodríguez ingresa a la Cámara Federal para su tratamiento.

El proyecto del Paseo del Bajo fue realizado por el Ministerio de Transporte de la Nación, pero la licitación estuvo a cargo del gobierno porteño. Era uno de los frentes judiciales aún en pie contra Cambiemos en diciembre último. El 27, Bonadio sobreseyó a los cinco imputados sin indagarlos.

Las denuncias sostienen que las autoridades alteraron las reglas establecidas en el pliego de la licitación para poder favorecer a Iecsa y así la empresa del primo de Macri se quedó con el tramo más caro de la obra.

El funcionario fue detenido de forma preventiva el jueves pasado, acusado de corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero en el marco de la Operación Lava Jato.

En una decisión que promete ser parte de una larga pulseada judicial, un juez de apelaciones de Río de Janeiro determinó este lunes la liberación del expresidente Michel Temer , que fue detenido de forma preventiva el jueves pasado, acusado de corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero en el marco de la Operación Lava Jato.

La decisión partió del magistrado Antonio Iván Athié, del Tribunal Regional Federal de la 2ª región (TRF-2), que estaba a cargo del recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Temer pocas horas después de su arresto. El TRF-2 había anunciado el viernes último que la corte recién evaluaría el pedido del exmandatario (2016-2018) el próximo miércoles, cuando todos los jueces el tribunal estuvieran presentes para que fuera un fallo colegiado, pero Athié se adelantó a esa instancia.

Se espera ahora que los fiscales del Ministerio Público Federal interpongan nuevas acciones para que Temer sea mantenido encarcelado en la Superintendencia de la Policía Federal en Río de Janeiro.

De 78 años y uno de los líderes del conservador Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Temer había sido detenido en San Pablo junto a otras nueve personas sospechosas de formar parte de una «organización criminal» que según los fiscales movilizó 1800 millones de reales (US$ 474 millones) en los últimos años al obtener sobornos de empresarios que buscaban garantizarse obras públicas y al desviar fondos públicos hacia ellos y su partido. La acusación principal contra Temer está relacionada con la presunta recepción de una coima de millón de reales (US$ 263.000) a cambio de garantizarle a la compañía Engevix un contrato en la construcción de la usina nuclear Angra 3, en el estado de Río de Janeiro.

Como parte de un acuerdo de delación premiada con la Justicia, uno de los socios de Engevix, José Antunes Sobrinho, reconoció que había pagado tal soborno. El exoperador del MDB Lucio Funaro también admitió haber participado en las negociaciones para ese pago ilícito.

Entre los arrestados la semana pasada con Temer se incluía su exministro de Minas y Energía Wellington Moreira Franco, exjefe de la Secretaría General de la Presidencia y exgobernador del estado de Río de Janeiro. Según confirmó el TRF-2, la decisión del juez Athié beneficiaría igualmente a Moreira Franco y a otras cinco personas.

Las detenciones provocaron una fuerte turbulencia en el mundo político brasileño y generaron malestar en el Congreso, donde el MDB tiene gran influencia en las negociaciones con los otros partidos. El presidente Jair Bolsonaro, quien siempre mantuvo una distancia con Temer, apuntó que si arresto se debía a los oscuros arreglos políticos que su antecesor llevó adelante para asegurarse la gobernabilidad. Sus declaraciones cayeron muy mal en el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (Demócratas, DEM), yerno de Moreira Franco, que era considerado uno de los principales defensores en el Parlamento del ambicioso proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno de Bolsonaro.

Desde entonces, Maia ha criticado con dureza la gestión de Bolsonaro -dijo que debería prestar más atención a la construcción de una base legislativa que a sus redes sociales- y amenazó con dejar la articulación parlamentaria a favor de la propuesta oficialista para la alteración del sistema de jubilaciones y pensiones. La reforma previsional es vista por los mercados como fundamental para frenar el creciente déficit en Brasil y para que la economía vuelva a crecer con fuerza.

Debido a la nueva incertidumbre política, la semana pasada la Bolsa de San Pablo se desplomó y el dólar, que había estado cayendo en su relación con el real, aumentó su cotización.

 

LaNación

Ocupó el cargo de mandatario de EEUU entre 1989 y 1993. Falleció a los 94 años, según informó en un comunicado su hijo y también expresidente, George W. Bush.

El expresidente de EE.UU. George H.W. Bush (1989-1993) murió a los 94 años, según informó en un comunicado su hijo y también expresidente, George W. Bush (2001-2009).

«Jeb, Neil, Marvin, Doro y yo anunciamos con tristeza que después de 94 años extraordinarios, nuestro querido padre ha muerto», dijo en el comunicado.

Bush murió ocho meses después de que lo hiciera su esposa, la ex primera dama Barbara Bush, con la que estuvo casado 73 años, informó EFE.

George H.W. Bush fue piloto de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, congresista, embajador en la ONU, director de la CIA, vicepresidente de Ronald Reagan entre 1981 y 1989 y puso fin a una carrera política de cuatro décadas como presidente.

El presidente que invadió Irak pero sucumbió a la recesión económica

El ex presidente estadounidense George H. W. Bush será recordado por liderar la Guerra del Golfo contra Irak en 1991 y por acordar con la ex Unión Soviética la reducción de armas estratégicas, aunque también por una recesión económica que frustró su reelección.

Bush atacó a las fuerzas de Saddam Hussein, quien había invadido el vecino Kuwait, tras reunir una coalición de 34 países occidentales -entre ellos Argentina- y árabes, que fue autorizada a actuar por las Naciones Unidas.

Hussein denominó a esa contienda la «Madre de todas las Batallas», mientras que la operación liderada por Washington se llamó «Tormenta del Desierto».

Poco después de la invasión el 2 de agosto de 1990, la ONU aplicó sanciones económicas contra Bagdad, mientras que la operación para reconquistar Kuwait se inició recién en enero de 1991.

En poco más de cuatro días, las fuerzas de Hussein se rindieron y Bush ganó fama internacional.

En 1991, el ex presidente norteamericano se reunió con el líder soviético Mijail Gorbachov, con quien firmó un acuerdo de reducción de armas estratégicas, que entró en vigor en 1994.

El acuerdo, llamado Start 1 (Strategic Arms Reduction Treaty) había sido propuesto por el presidente Ronald Reagan, con el fin de autolimitar el número de misiles nucleares que poseía cada superpotencia.

Bajo el gobierno de Richard Nixon, Bush ocupó distintos cargos políticos en el servicio diplomático.

Fue embajador en la ONU entre 1971 y 1972 y representante en Beijing luego de que se normalizaran las relaciones entre China y Estados Unidos.

También cumplió un rol estelar dentro del Partido Republicano, ya que llegó a presidir su Comité Nacional entre 1973 y 1974. Gracias a ello fue promovido a director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entre 1976 y 1977.

Entre 1981 y 1989, Bush fue vicepresidente del gobierno de Ronlad Reagan y, tras la retirada del político republicano, ganó las elecciones y se convirtió en el cuadragésimo primer presidente de Estados Unidos.

El 20 de diciembre 1989, ordenó invadir Panamá par capturar al general Manuel Antonio Noriega, gobernante de facto de ese país, acusado de tráfico de drogas por la justicia estadounidense.

Bush afrontó el periodo posterior a la desaparición de la ex Unión Soviética en 1991, que constituyó el fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín (1989) la reunificación de Alemania y la desintegración de Yugoslavia.

También puso en marcha un proceso de paz entre israelíes y palestinos y sus vecinos árabes, pero la crisis económica y la falta de un carisma personal le hicieron perder las elecciones de 1992 frente al candidato demócrata Bill Clinton.

Era considerado mucho más moderado que Reagan, y que su hijo y dos veces presidente George W. Bush, quien después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 ordenó la invasión de Afganistán e Irán, con el pretexto de que en ese país se encontraban armas de destrucción masiva que jamás fueron encontradas.

Había nacido el 12 de junio de 1924 en el seno de una familia de Milton, Massachusetts. Pero se crió en Greenwich, Connecticut.

Bush estudió economía en la Universidad de Yale y luego se convirtió en aviador naval en la Segunda Guerra Mundial, luego de alistarse en la marina tras el ataque japonés a Pearl Harbour.

Luego se mudó con su familia a Texas y se convirtió en millonario a los 40 años como empresario de la industria petrolera.

En julio de 2015 se rompió una vértebra del cuello en una caída y en 2012 se vio obligado a pasar las vacaciones navideñas en el hospital metodista de Houston, afectado por una bronquitis y una infección viral por la que estuvo internado durante un mes y medio.

George Herbert Walker Bush estaba casado con Bárbara Pierce desde hace más de setenta años.

El ex mandatario norteamericano tuvo seis hijos, entre ellos Jeb Bush, ex gobernador de Florida.

En los últimos años de su vida, el ex mandatario apoyó la candidatura presidencial de su hijo Jeb, pero luego de que éste fuera eliminado en las primarias republicanas, le dio la espalda al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, cuando el magnate ganó las elecciones del 8 de noviembre, lo felicitó por Twitter.

Fuente: El Chubut