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El fuerte rechazo de todo el arco político opositor le interesó poco; en cambio el repudio público de ministras del gobierno provincial y de diputadas del oficialismo le hicieron saber que su puesto peligra de verdad. El fiscal jefe Santiago Terán empezó a buscar una salida lo más decorosa posible a su cargo.

La licencia que solicitó el viernes fue el primer paso para descomprimir. Terán necesita llegar a abril de 2021, cuando estará en condiciones de jubilarse. Salvo que lo destituyan antes.

Este lunes, la comisión especial del Jurado de Enjuiciamiento fijará la fecha de su primera reunión. Tienen 30 días corridos para solicitar la apertura del jury. Sería muy raro que no lo hagan.

Terán cosechó un amplio repudio tanto de funcionarias y referentes del más amplio espectro político como de los colegios de Abogados de Cutral Co y de otras jurisdicciones de la provincia de Neuquén.

El fiscal provocó una ola de rechazo por sus cuestionables declaraciones al instar a las mujeres víctimas de violencia de género a armarse en defensa propia.

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??❌ FUERTE RECHAZO AL FISCAL NEUQUINO POR SUS DICHOS A LA CONDUCTORA DE C5N LUCILA TRUJILLOPeriodistas y personalidades de la política rechazaron los dichos violentos del fiscal de Cutral Có, Santiago Terán, durante una entrevista con la conductora Lucila Trujillo.? C5N#CholilaOnline

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Jueves, 6 de agosto de 2020

Uno de los documentos de repudio fue emitido por un grupo de “mujeres de la sociedad neuquina”, quienes calificaron de “irresponsables” los dichos de Terán.

Las mujeres expresaron el “más enérgico rechazo” a lo manifestado por Terán. Indicaron que el funcionario judicial desconoce las convenciones internacionales, la Constitución nacional y la provincial. Por lo que consideran “inadmisible” que, un funcionario judicial aduzca esos argumentos. Además, consideraron imperiosa la obligatoriedad para que todos y todas asistan a las capacitaciones de la Ley Micaela. Aquí es “donde queda clara la necesidad de un fuerte cambio cultural deconstruyendo el modelo patriarcal”, manifestaron.

LAS FRASES QUE LO COMPROMETEN

Así fue el cruce de Terán con la periodista Lucila Trujillo:

“Contéstame por sí o por no… vos tenés que decidir: tu vida o la vida de él, elegí, vas al cementerio o lo matas”.

“Te pido que seas sincera con vos misma… lo matas o te mata”. “Pero elegí, es muy cortita, vos me presionas a mí de una manera absolutamente fuera de lugar”.

“Ustedes son muy toritos para gritarle a cualquiera… conmigo no te la vas a hacer de torita”.

El fiscal general José Gerez afirmó que Terán “ejerció directamente violencia psicológica y violencia institucional contra la periodista”.

El modo de dirigirse e interactuar “fue violento y misógino”.

Tras varias semanas de proceso judicial, y haber sido encontrado penalmente responsable de abuso sexual calificado por el vínculo, Fiscalía aseguró que pedirá una «pena severa» para el hombre que violó a su hija de 2 años.

Este miércoles se realizará la cesura de pena, en la que el fiscal Daniel Báez pedirá una pena alta, considerando que «se trata de un hecho aberrante, grave, difícil de entender»

Relató que el hombre violó a su propia hija cuando ésta tenía sólo dos años, y ahora tiene cuatro.»Son víctimas sin voz», expresó, mencionando que la pequeña no pudo declarar en Cámara Gesell el abuso que sufrió.

«Este miércoles se va a producir la cesura de pena», señaló el fiscal, y mencionó que para este tipo de delitos se prevé entre 10 a 20 años de prisión, adelantando que Fiscalía «va a solicitar una pena severa».

??️? || PEDIRÁN PENA MÁXIMA PARA EL HOMBRE QUE VIOLÓ A SU HIJA DE DOS AÑOSVioló a su hija de dos años, fue declarado…

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Miércoles, 5 de agosto de 2020

Guido Otranto vuelve a ser noticia, esta vez porque será quien juzgará a un dirigente gremial docente acusado de entorpecer el tránsito en Comodoro Rivadavia mientras reclamaba que el Gobierno provincial les pagara a los empleados estatales el salario en tiempo y forma.

Agosto de 2017. Hasta ese mes el nombre de Guido Otranto solo era conocido públicamente en Esquel y alrededores. Se trata del primer juez federal de esa ciudad, donde asumió en 2013 pese a que el cargo fue creado seis años antes. Sucesivos imponderables postergaron su asunción, a la que asistió el gobernador Martín Buzzi.

El gobierno de Mauricio Macri estaba en ese momento en la cúspide de su aceptación y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pregonaba a diario la política de la mano dura para con quienes cortan rutas, se rebelan a designios de los poderosos y no aceptan dejar tierras que les pertenecen desde tiempos ancestrales. La rebeldía del pueblo mapuche enfrentando al grupo Benetton produjo un enfrentamiento que terminó en la Justicia.

Santiago Andrés Maldonado (28 años) desapareció en circunstancias más que claras para quienes acepten ver los videos de la represión que ejerció personal de Gendarmería sobre una decena de manifestantes que exigía la restitución de sus tierras. Entre ellos estaba el joven artesano, oriundo de la localidad bonaerense de 25 de Mayo.

Bailando con Patricia

Un mes y medio más tarde a Otranto lo empiezan a conocer en todo el país, y la mayoría ya desconfía de su imparcialidad. El 22 de septiembre la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia lo separa de la investigación.

Para los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman «la decisión fue con fundamento en el alegado temor de parcialidad evidenciado por la familia de Santiago Maldonado».

La familia del joven artesano, visto con vida por última vez el 1° de agosto, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fueron los que impulsaron las recusaciones contra Otranto, argumentando «imparcialidad, prejuzgamiento y enemistad manifiesta».

El mismo fiscal, el mismo juez

El fiscal ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, fue quien había pedido el apartamiento de Otranto al pronunciarse a favor del pedido de recusación del CELS.

Según Bellver, Otranto prejuzgó con su opinión sobre el caso en declaraciones periodísticas y eso lo inhabilitaba a continuar al frente de la causa. Es que el juez suscribía la teoría oficial de que la desaparición del artesano no estaba vinculada con ninguna fuerza de seguridad y que tal vez se hubiera ido del país o bien que murió ahogado al arrojarse solo al río Chubut.

Curiosamente, es ahora el mismo fiscal Bellver quien elevó a juicio la causa contra el secretario general de ATECh Zona Sur, Daniel Murphy, procesado por un corte de ruta en el marco del reclamos salariales de los empleados públicos chubutenses.

El juez que juzgará a Murphy es Otranto, porque la comodorense Eva Parcio viuda de Seleme ya emitió opinión al elevarla a juicio. La otra opción posible era alguno de los jueces de Rawson, Hugo Sastre o Gustavo Lleral, quien luego quedó a cargo de la causa Maldonado aunque su conclusión mereció serios reproches.

Según dijo Bellver en una radio comodorense, Otranto es el indicado para juzgar a Murphy porque desconoce los pormenores de la acusación y puede garantizar imparcialidad. ¿Será justicia?

«Criminalizar la protesta»

El dirigente docente Daniel Murphy expresó que «sería muy grave que esto avance a juicio, esto es un intento más de criminalizar la protesta».

Agregó que «Si pretenden amedrentarnos con estas cosas, quiero decir que no lo lograrán. Quieren castigar nuestro atrevimiento a reclamar cosas que nos corresponden. Sería muy grave que por una caravana se avance en un juicio».

Luego relató que «en el 2018 hicimos una caravana y un acto en Cerro Dragón en medio de una lucha sindical junto a otros sectores. Por eso iniciaron una causa federal que ahora quieren elevar a juicio».

«Estaremos rechazando y repudiando esta decisión de la Justicia. Las cosas que el Gobierno hace para nosotros es un delito y cada vez que reaccionamos a esto, recibimos un ataque», dijo en diálogo con FM La Petrolera.

Asimismo, aclaró que «los ciudadanos comunes necesitamos que actúen contra los incumplimientos gubernamentales».

«Si pretenden amedrentarnos con estas cosas, quiero decir que no lo lograrán. Evidentemente la Justicia Federal no tiene mejor cosa que hacer que castigar nuestro atrevimiento a reclamar cosas que nos corresponden», indicó.

Sergio Mammarelli fue contactado por el fiscal Héctor Iturrioz en la localidad de Carpintería, en la provincia de San Luis, donde está radicado actualmente.

Luego de un intercambio telefónico se programó la entrevista formal el próximo jueves a las 9, a través de videoconferencia.

Allí, el exministro Coordinador de Mariano Arcioni deberá explayarse sobre la mención que hizo a los “sobresueldos” en el programa Nos Sobran Los Motivos que se emite por la 100.1.

“El Gobierno provincial es un gobierno sin plan y sin rumbo. Hoy vamos a renegociar una deuda a tasas que desconocemos porque estamos en un default virtual. Se habla de sueldos bajos porque el sobresueldo lo hacen robando. Investiguen las causas de corrupción que hay en la Provincia», expresó Mammarelli el 13 de julio, recuerda MilPatagonias.

Rápidamente se inició un legajo de investigación de oficio y de allí podría surgir claramente la figura de peculado, es decir que se apropian de bienes del Estado para sí. Esos serían los fundamentos para abrir la investigación en caso de que el exfuncionario ratifique sus dichos.

A Sergio Mammarelli se le preguntará si ratifica o rectifica sus dichos. «Según su declaración, se abrirá una investigación formal o no», señaló el fiscal.

El penalista Fabián Gabalachis será el defensor de la exministro de Familia Cecilia Torres Otarola y de otras tres imputadas por la Causa Ñoquis Calientes: Jaquelina Rodera, Silvana Cañumil y Pamela Matamala. La audiencia de apertura de investigación será el 11 de agosto a las 10 en la Oficina Judicial de Rawson. La jueza será Ivana González.

El abogado reveló que al hablar del caso, Otarola “me dio explicaciones en función de los comentarios que escuchó del fiscal Omar Rodríguez y está completamente convencida de que todo esto es un error y que interpretaron mal la normativa de la administración pública”. Sin embargo, Gabalachis advirtió que “antes de escuchar y analizar lo que me manifestó, quiero tener un conocimiento acabado de la imputación”.

-¿Quiere hablar?

-Ella quiere hablar pero ante las declaraciones del Ministerio Público Fiscal quiere salir a contestar pero le aconsejé que no lo haga y que el ámbito para declarar eventualmente es en la justicia y no en los medios.

En cambio, las otras tres acusadas “son más pasivas, la que más siente la necesidad de explicar públicamente es ella”. En este sentido, “analizaremos lo que suceda en la apertura porque si fuera por ella, no tengo ninguna duda de que quiere declarar, pero tengo que analizar cuáles son los elementos de prueba y le aconsejaré”.

“No la noté con un alto grado de preocupación, más que nada la noté con un alto grado de querer tratar de explicar, de salir a contrarrestar lo que dice el MPF”, agregó. “Se parece a la ansiedad, pero tampoco está desesperada”.

Parte de la audiencia de la Causa Ñoquis Calientes será por videoconferencia ya que hay imputados en Capital Federal. “Una declaración de ese tipo donde puede haber preguntas de Fiscalía sería interesante que sea presencial y cara a cara, así que seguramente será un poco más adelante”, consideró. Gabalachis no ve problemas en las audiencias virtuales para, por ejemplo, notificar imputaciones. “Pero para ejercer la defensa con interrogatorios a testigos lo noto muy complicado. No funciona con la efectividad de lo presencial, para advertir rasgos y tiempos”.

“Otarola es una persona acostumbrada a la función pública que tiene una exposición, y es en ese sentido que siente la necesidad de hablar, pero no siempre las cosas dentro de la administración pública funcionan de modo similar a una causa judicial, y por eso le digo que sea más prudente por eso.

El defensor dijo que la exministro “admite las contrataciones” que realizó. Y de lo que sabe hasta ahora de la Causa Ñoquis Calientes, “mi primera impresión es que hay una suerte de desorganización en la administración pública en general, y que lo que tendremos que analizar es si esa desorganización constituye delito. Debe haber otros estamentos del Estado con situaciones similares, y si los hay parece injusto que todos los cañones apunten a ella. Pero hay que avanzar con la prueba”.

Sentimiento

-¿Sostiene que en estas causas arranca con cancha inclinada?

-Estamos en una época que todo aquello que implique defensa de funcionarios públicos en materia de defraudaciones al Estado implica necesariamente jugar con la cancha inclinada. Es el sentimiento general de la sociedad en este momento, una suerte de desmanejo de parte de los funcionarios. Es el rol que me toca ejercer de la manera más efectiva posible.

Esto es lo que se puede colegir de las declaraciones que hizo fiscal Marcos Nápoli después de haberle ido a tomar declaración al ministro más cuestionado y polémico del Gobierno del Chubut, Federico Massoni, a raíz de lo que dijo esta semana públicamente; sobre que había “transas” (vendedores de droga) en Trelew “protegidos por funcionarios judiciales, legislativos y del Ejecutivo”.

Cuando toda la comunidad que está preocupada como siempre por el avance del flagelo de la droga esperaba con ansias de que Massoni denunciara con nombre y apellido a aquellos que protegen a los narcos, el ministro de Seguridad –como ya lo ha hecho en otras ocasiones—no dio datos precisos, habló de generalidades y de personas incluso que ya han estado involucradas en delitos y que han sido condenadas por eso.

O sea, Massoni, cuando diga algo (no se olvide que usted es funcionario, debe tener pruebas para después respaldarlo. No puede usted jugar con un tema tan sensible, serio, preocupante como lo es el narcotráfico. Hoy cualquiera dice cualquier cosa pero después debe respaldar con pruebas sus dichos. Y eso usted lo sabe acabadamente porque es abogado.

El fiscal Nápoli habló con la prensa después de recibirle declaración a Massoni y en esas expresiones clarificó: “El ministro ratificó sus dichos y los amplió. No dio nombres exactos de personas que estén actualmente en funciones, si de personas que han estado involucradas en hechos delictuales y que han sido condenadas”, indicó el fiscal.

“La situación tiene que ver con saber si realmente hay personas que tienen a su cargo la responsabilidad pública de dirigir acciones direccionadas a combatir este flagelo, que estarían encubriendo este caso o estarían dando cobertura”, agregó Nápoli.

El Código Penal castiga la falsa denuncia en un ciudadano común y también sanciona a los funcionarios que dicen algo en público o a través de los medios de prensa y después no pueden respaldarlo ante la Justicia.

Massoni… sigue “vendiendo humo”

Este miércoles el fiscal Omar Rodríguez presentó el pedido de apertura de investigación en esta causa que tiene 13 imputados por 13 hechos diferentes: 10 imputados por defraudación al Estado y tres imputados por concusión. Una de las imputadas, Silvana Cañumil, la niñera de Torres Otarola, sería la encargada de recaudar «el diezmo» que la ex diputada le cobraba a las personas a quienes había hecho ingresar a la administración pública, y luego transferirle el dinero. En cuatro años, Cañumil le transfirió a Otarola más de un millón y medio de pesos.

En la causa, se imputa a Cecilia Torres Otarola en carácter de autora de defraudación al Estado y de concusión, y a otras 12 personas consideradas «partícipes necesarios» e imputados de diversos delitos. Ellos son Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles -todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, Silvana Adriana Cañumil con domicilio en Rawson, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, estos últimos con domicilio en Trelew.

Según el relato del fiscal, Cecilia Torres Otarola antes de asumir en el cargo de diputada provincial en diciembre del año 2015 poseía un comercio denominado 5mentarios, el cual se encontraba ubicado en la ciudad de Esquel. A partir del año 2014, hasta su asunción como diputada, empleo en dicho comercio a Silvana Adriana Cañumil. Posteriormente, ya como diputada provincial, gestionó y logró el ingreso a la casa de las leyes, en el cargo de empleada administrativa de tercera, y luego en el cargo de asistente de Bloque, hasta el 12 de Diciembre del año 2019. Si bien Cañumil, figuraba en los papeles prestando funciones en la Legislatura provincial, en los hechos cumplía funciones de niñera a cargo de los hijos menores de edad de la diputada. Cabe destacar, que Cañumil, vivía en la casa de la diputada, en la ciudad de Esquel, y de esa forma cumplía con las funciones delegadas que precisamente era de cuidar a los hijos de Otarola.

Por otra parte, el fiscal detalla que en oportunidad del ejercicio como diputada provincial, Cecilia Torres Otarola, gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura Provincial, de Jaquelina Rodera, actual Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y Familia, -con quien la unía un estrecho vínculo de amistad- y el esposo de ésta última, Marcelo Neira, actual Director de Políticas Sociales. Asimismo, gestionó un contrato de Locación de Obra, respecto del hijo de los nombrados, Branco Rodero Neira, para que cumpliera funciones en la Legislatura Provincial.

Rodríguez expuso también que Otarola gestionó la incorporación de distintas personas a trabajar bajo su órbita en la Legislatura Provincial. Fue así que en el año 2017 ingresó a prestar servicios Alexis Ganga, luego Erica Paludi, y Martín Sandoval. A las tres personas mencionadas la diputada Otarola obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Para ello, dichas personas al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Silvana Cañumil, quien era la que encargada de llevar a cabo la recaudación. La operación aludida se hacía por medio de transferencias bancarias. Cañumil una vez que se hacía del dinero lo giraba a las cuentas de Torres Otarola, que poseía en el Banco de la Provincia de Chubut, y Banco de la Nación Argentina.

Este modus operandi, va a sufrir cierta modificación al momento que Otarola dejó el cargo de Diputada Provincial, para pasar a ocupar un cargo en el Ejecutivo Provincial, como Ministra de Desarrollo Social y Familia. A partir de ese momento, diciembre del año 2019, la nombrada va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como lo son la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar ningún tipo de contraprestación. Dicho grupo se puede diferenciar de otro, que ocupan cargos que no tienen vinculo estrecho con Otarola, y de alguna manera servía para nutrir los intereses espurios de la nombrada.

Fue así, que ya en el cargo de Ministra, gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, amiga personal, designada en el cargo de Subsecretaria de Desarrollo Social, el esposo de ésta, Marcelo Neira, en el cargo de Director de Políticas Sociales, Mara Rodera, hermana de Jaquelina, en el cargo de Directora de Control de Auditoría y compras, Facundo Solari Rodera, sobrino de la Subsecretaria, en el cargo de Director General, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- en el cargo de Secretario de la Ministro, Silvana Cañumil, ocupa un cargo con rango de Subsecretaria, Carlos Antonio Cundari, Secretario Privado de Jaquelina Rodera, Miguel Reto, en el cargo de Director General.

Según la Fiscalía, de los distintos elementos analizados hasta el momento surge clara la relación de Torres Otarola con los Rodera-Neira. Justamente la gestión de la nombrada para que puedan ocupar distintos cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada. Pero además de los nombrados también, se encargó de gestionar la designación de Carlos Antonio Cundari. El nombrado fue socio de Marcelo Neira en varias sociedades. En el año 1998, Marcelo Neira, y Antonio Cundari, entre otros, eran socios en una sociedad denominada TELEMEC SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Por otra parte, en el año 2005 los nombrados constituyeron una Sociedad cuya razón social se denominaba INDUSTRIA CARMA SRL, surgiendo con claridad que la designación en el cargo respecto de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Marcelo Neira. Por otro lado, la designación en el cargo de Director de Miguel Reto, también está vinculada a una relación preexistente con los Rodera-Neira.

En el año 2010 Jaquelina Rodera, y Mara Lorena Rodera, constituyen una sociedad denominada, Devorebuenosayres Com SRL, cuyo objeto era la explotación de un hostel y residencia estudiantil, fijando el domicilio de la sede Social en Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Al consultar el NOSIS, sitio que registra en otras cosas información de antecedentes comerciales, surge que el domicilio fiscal de Miguel Reto, cuyo nombre completo es Reto Trelles Miguel Angel, es precisamente Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires, coincidente con el domicilio de la Sociedad aludida en el párrafo anterior, lo que explica su designación como Director en el Ministerio de Otarola, por su vinculación con los Rodera.

Ahora bien, a esta altura, no podemos dejar de mencionar, que como común denominador es que las personas de Jaquelina Rodera, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Marcelo Neira, Antonio Cundari, Miguel Reto, tiene domicilio en Buenos Aires. De los nombrados la única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, y lo hace en el domicilio de Cecilia Torres Otarola, sito en Costamagna 79, Playa Unión. En el otro grupo de la planta política nombrada por Cecilia Torres Otarola, debemos mencionar a Pamela Matamala, Directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada de la Ministro.

Por su parte, Facundo Andrés Jofre, ocupa el cargo de Director General, es oriundo de la ciudad de Dolavon y tendría vínculos con la nombrada Matamala. Según los registros bancarios, el nombrado el día 7 de mayo de 2020, realiza una transferencia dineraria de 75.000 $ a Pamela Matamala. A su vez, según los informes remitidos del Banco de Chubut, Pamela Matamala, le realizó transferencias bancarias a la cuenta de Silvana Cañumil, que posee en el mencionado banco, los días 24 de abril de este año por un monto de 87,816 $, y el día 7 de mayo de 2020, por un monto de 84.216 $.

Por su parte Cañumil Silvana le hace una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, el día 27 de abril de 2020, por un monto de 100.000 $. Asimismo, con fecha 4 de mayo de 2020 la nombrada Cañumil le hace una transferencia a Torres Otarola, a la cuenta sueldo de la última nombrada, un monto de 78.656,82 $. Además, el día 8 de junio de 2020, Cañumil le efectúa una transferencia bancaria a Jaquelina Rodera por un monto de 50.000 $, y nuevamente a Torres Otarola, a la cuenta del banco Nación por un monto de 100.000 $ el día 8 de junio de 2020.

En esta misma dirección Silvana Cañumil, en fecha 10 de mayo de 2019, efectuó transferencias bancarias a la persona de Macayo Marcelo, por un monto de 21.467, 63 $, en concepto de pago de cuotas el Instituto de Ingles de una obligación que tenía Cecilia Torres Otarola con el instituto aludido. También hay que poner de resalto las transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela, -pareja de Silvana Cañumil-, y Cecilia Torres Otarola En febrero y marzo Otarola transfiere a Valenzuela montos de 10.000 y 15.000 pesos respectivamente.

A esta altura, cabe destacar que en el período comprendido entre los años 2016 y 2020, Silvana Cañumil le realizó transferencias bancarias a Cecilia Torres Otarola, por un monto superior aproximadamente al al millón quinientos mil pesos (1.500.000 $).

Por su parte, Miguel Reto el día 3/6/20, realiza una extracción de 50.000 en efectivo, para luego hacerle un depósito por ese monto a Silvana Cañumil, en la misma fecha.

Párrafo aparte, merece ser contada la situación de M.N.F., quien figura ocupando un cargo de Directora en el Ministerio aludido. Se trata de la hija de la Señora Sandra Jaramillo quien prestó servicios de empleada domestica en la casa de Otarola, desde mediados del año 2019 hasta enero de este año. En lo que aquí interesa, Cecilia Torres Otarola, ya en el cargo de Ministra le ofreció incorporar a la hija de Jaramillo al organismo a su cargo. Para ello le pidió que le mande foto por wasap del DNI de su hija. Dicha situación se concretó, y la nombrada fue designada en el cargo más arriba mencionado. M.N.F., solamente concurrió al lugar de trabajo un par de días, y no fue más. Dos circunstancias fueron las que determinaron dicha situación. La primera es que M.N.F., se tuvo que presentar en donde funcionaban las oficinas de CORFO, que en ese momento se vivía un clima de tensión. Y, en segundo lugar, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Torres Otarola, significó que la primera le dijera a su hija que no concurriera más a trabajar al Ministerio.

En todo este contexto, debemos destacar una situación relatada por la testigo. Es que, al momento de que Torres Otarola le ofrece el cargo para su hija, la misma le habría referido que cumpliría funciones de secretaria privada de la funcionaria, y que el sueldo sería de 20.000 $, sin tener conocimiento la deponente que los haberes correspondientes al cargo que fuera designada su hija eran de 43.558 $. Situación que pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario, por parte de la funcionaria.

Lo dicho cobra fuerza, al analizar la documentación respecto de la cuenta sueldo de M.N.F., del cual se desprende que no hubo ningún tipo de movimiento del dinero, los cuales permanecen intacto en su cuenta sueldo. Tanto la hija como la madre desconocían que existían pagos de haberes por el cargo que ocupaba, que dicho sea de paso prácticamente no concurrió.

Siguiendo con el relato de los hechos, también debemos mencionar la situación de Antonio Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La Motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020, le efectuó transferencias bancarias al cuil 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de 187.200 $, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis ensayada.

Está claro que todos los nombrados actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que le da el poder estatal. En ese contexto Torres Otarola no tuvo ningún inconveniente, para lograr engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada. La ex ministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizaron aportes necesarios para lograr su consumación. Los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían ningún tipo de contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así, la maniobra estafatoria.

Ya con el dinero a disposición en sus respectivas cuentas sueldo, los cómplices, no en todos los casos retornaban parte del mismo a manos de Otarola, generalmente a través de transferencias o depósitos bancarios, dirigidos a su persona de confianza Silvana Cañumil, en algunas ocasiones a Pamela Matamala, circunstancia ésta, que robustece el contenido de la conducta final emprendida, que no era otra que hacerse de manera ilegal de fondos públicos.

Calificaciones legales

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública, art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión art. 266, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes del funcionario público, art. 248, art. 54, y a su vez concurriendo materialmente entre ellos, art. 55, y 45 del código penal, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de partícipes necesarios, -1 hecho-, art. 45 del código penal. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Medida Cautelar

Asimismo se solicita una medida cautelar sobre los bienes de Torres Otarola, a los fines de las eventuales reparaciones que en el futuro podrían tener lugar, en función de la extensión del daño ocasionado que se vislumbra prima facie, y en la inteligencia que surge como una medida razonable y proporcional a los hechos atribuibles.

Es sobre los presuntos dichos que emitió el Ministro de Seguridad del Chubut sobre presuntas protecciones en la actividad del «narcomenudeo» por parte de funcionarios judiciales, legislativos y del Ejecutivo.

La Fiscal de turno de la ciudad de Trelew llamaría a declarar «de forma urgente» al ministro de Seguridad, Federico Massoni, por la frase que emitió esta mañana y que habla sobre presuntas protecciones a vendedores de droga, por parte de «funcionarios judiciales, legislativos y del Ejecutivo», informó El Chubut.

El magistrado consideró que el pedido para apartar del caso a la hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, no tenía fundamentos suficientes, por lo que decidió rechazar el planteo, según informaron los medios locales.

El rol de la fiscal Mercado generó controversias desde el inicio de la causa e incluso Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que, entre otras cuestiones, reclamó que no participe de la instrucción por su parentesco con la mandataria provincial y la ex jefa de Estado.

Por su parte, el abogado Carlos Muriete, que representa a la familia Zaeta, había solicitado formalmente que fuera apartada de la causa al coincidir con la oposición en que no es prudente que una familiar directa de la ex Presidenta forme parte del expediente teniendo en cuenta los antecedentes de Gutiérrez, que fue secretario de CFK y habló como arrepentido en la causa de los cuadernos, señaló Infobae.

La investigadora es hija de Alicia Kirchner y del fallecido dirigente político Armando “Bombón” Mercado. Por lo tanto, Cristina Kirchner es su tía y el diputado Máximo Kirchner, su primo.

La abogada, que siempre ha mantenido un perfil muy bajo, es fiscal de El Calafate desde hace más de 10 años. Fue nombrada durante el gobierno de Sergio Acevedo, quien había sido vice durante la gobernación de Néstor Kirchner.

En 2008 investigó una venta de terrenos en El Calafate a un precio fiscal de 7,5 pesos el metro cuadrado, que un año antes había hecho el entonces intendente Néstor Méndez a distintos funcionarios políticos, entre ellos Néstor Kirchner. Por el parentesco con los investigados, la oposición pidió el apartamiento de la causa de Mercado, pero el juez del caso lo rechazó. Es el mismo magistrado que hoy investiga el homicidio de Gutiérrez.

Tanto su esposo, Patricio Pereyra Arandía, como su hermana Romina Mercado, están procesados y elevados a juicio oral en la causa “Hotesur” junto a Cristina Kirchner, Máximo y Florencia. Romina era la presidente de “Hotesur” y Arandía integraba el directorio de la empresa, que manejaba los negocios hoteleros de los Kirchner.

Al mismo tiempo, la hermana también está procesada y elevada a juicio junto a Cristina, Máximo y Florencia en otra causa: “Los Sauces”. Ese era el nombre la compañía de la familia Kirchner que alquilaba propiedades. Las acusaciones que pesan en su contra son por lavado de dinero y asociación ilícita. Las causas están unificadas en el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py y todavía no tienen fecha de inicio de juicio.

Además de Zaeta, el caso por la muerte de Gutiérrez tiene otros tres imputados. La familia de la víctima cree que hubo un móvil económico detrás del hecho, vinculado a un negocio local que había realizado recientemente el ex funcionario.

En diálogo con la prensa, el fiscal jefe de la unidad especial de Investigación de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez. quien también instruyó las causas “Embrujo” y “Revelación” señaló que la presentación que involucra a la exministra de Desarrollo Humano y Familia de la provincia del Chubut, Cecilia Torres Otarola, se hará entre esta semana y la que viene.

El alejamiento del cargo de la exfuncionaria “no representa ninguna modificación para la investigación que se lleva adelante” y por la que además hay 8 personas más comprometidas.

Torres Otarola, protagonizó un escándalo en el despacho del gobernador Mariano Arcioni el pasado martes 30 de junio, luego de ser informada por el entonces secretario General de Gobierno, Andrés Meiszner, de que debía presentar la renuncia a partir de la investigación por presuntos hechos de corrupción de la que era objeto.

Esa jornada terminó con la ratificación de la ministra y la renuncia de Meiszner, quien se sintió desautorizado. Al otro día también Torres Otarola dejaría el puesto que ocupaba desde el 10 de diciembre, cuando asumió tras concluir su mandato como diputada provincial.

Sobre la exfuncionaria pesa una denuncia de malversación de fondos públicos por haber designado personal en la función pública que no cumpliría contraprestaciones. Se conocen al menos dos casos: la mamá de un abogado involucrado en hechos de corrupción, y un ciudadano peruano que residiría en Buenos Aires.