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Puerto Madryn: Dos agentes de la Policía de Chubut y un fiscal se pelearon dentro de una carnicería

El incidente ocurrió dentro de una carnicería en las últimas horas, y las imágenes capturadas de la filmación de las cámaras de seguridad se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El hecho fue protagonizado por el subcomisario Leonardo Paredes, otro policía del que no ha trascendido su identidad, y el fiscal Ismael Cerda.

Si bien hay distintas versiones sobre el origen de la pelea, las cámaras de seguridad del negocio muestran claramente que quien arrojó el primer golpe fue el funcionario judicial, a pesar de que estaba en compañía de un niño de corta edad.

Algunos afirman que Cerdá -quien sería un expolicía- habría compartido funciones con uno de los policías a los que se enfrentó.

Trascendió también a través de las redes sociales que estos policías estarían siendo investigados en una causa por presuntos hechos de corrupción en el cobro de servicios adicionales de vigilancia.

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Héctor Iturrioz no pasó la evaluación de su labor, elevaron sus actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento

Por mayoría, el pleno definió como “insatisfactoria” la evaluación de sus tres años de labor en Comodoro. Le imputan haber dejado vencer los plazos en 15 causas que por eso no llegaron a juicio oral y público. “Disculpen mi asombro pero es increíble que yo esté acá”, ironizó en su descargo.

Tras un arduo debate y de escuchar el descargo del fiscal Héctor Iturrioz, el Consejo de la Magistratura resolvió por mayoría declarar insatisfactoria la evaluación de sus tres años de trabajo y envió al Tribunal de Enjuiciamiento las actuaciones. La elevación al Tribunal fue con 8 votos positivos y 3 en contra; la declaración de su trabajo como “insatisfactorio” fue por 10 votos afirmativos y 1 en contra.

La sesión en Puerto Madryn fue extenuante. El fiscal de Comodoro Rivadavia realizó una amplia defensa de sus actuaciones y deslizó que ya conocía lo que iba a decidirse.

Luego de más de una hora de exposición, el pleno deliberó para determinar el futuro del fiscal. Rafael Luchelli, integrante de la comisión evaluadora, explicó que “una empleada dijo que era un ambiente tóxico de trabajo” aclarando que “acá no se toma testimonio porque ni acusamos ni condenamos. Pretendemos que en un clima de absoluta libertad los empleados se expidan sobre sus jefes”.

Con la elevación al jury de enjuiciamiento, si el procurador general Jorge Miquelarena acusa y toma los dichos de los empleados, “debería llevarlos a declarar y podrá contradecir e interrogar, pero no acá”. Luchelli enfatizó que el Consejo “pretende alcanzar la excelencia en la selección de magistrados y funcionarios; tenemos la obligación de verificar a los 3 años si se comportaron con la excelencia requerida”.

Sobre Iturrioz dijo que “lamentablemente este no es el caso” y planteó que en 15 casos en tres años, se vencieron los plazos procesales sin llegar a juicio. Calificó como “desmesurada” la relación del fiscal con los medios. “La información pública no es para lucimiento personal ni para hacerse propaganda uno mismo”.

Además consideró “crucial” la relación con los empleados. “Lo esencial es el equipo, para eso hay que trabajar y conseguir los mejores funcionarios y empleados pero, sobre todas las cosas, asumir la responsabilidad propia. Iturrioz acá y en su descargo echo la culpa afuera, a los jueces porque les acortaban los plazos o les echó la culpa a los empleados pero nunca asumió su culpa y no es una cuestión menor. Esa es la actitud que observo en Iturrioz. No es eficaz en la labor y no reúne en nivel de excelencia que estamos requiriendo”.

La defensa de Iturrioz duró una hora ante el pleno. Cuestionó las conclusiones de la Comisión Evaluadora y advirtió que “vengo a dar la cara y a mencionar un montón de detalles que parecen menores pero fueron omitidos de plano en la evaluación”.

El fiscal comodorense aseguró que “la evaluación me dejó muchísimas dudas, me causó dolor y desazón porque se entrevistó a personas que nunca trabajaron conmigo, a gente del sindicato que no sé qué injerencia tienen en mi desempeño, se incluyeron términos en el dictamen como ´ambiente tóxico´ que ningún testigo dijo”.

Con un pormenorizado relato de su historia en la Fiscalía de Comodoro, Iturrioz planteó sus dificultades para disponer de personal suficiente. También las dificultades con los empleados, que habrían incidido en su trabajo, más la cantidad de causas que tramita.

“Si un compañero no podía ir, yo iba…soy tan tonto que eso no cambió”. El fiscal sostuvo que pese a integrar la Unidad Anticorrupción, le asignaron más casos, inclusive un homicidio. “Mis compañeros en la Unidad no hacen turnos porque eso está en la oficina, yo terminó ahora una guardia. No hacen otras causas y yo ya tengo dos homicidios porque me pidió mi jefe. ´¿Qué hace el vago de Iturrioz, al que se le vencen las causas? Dame el homicidio´”, ironizó el fiscal. “Que un tipo tenga que trabajar más que otro no tiene valor, que tenga causas más complejas no tiene ningún valor. Es increíble que yo este acá, disculpen mi asombro”.

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El fiscal Carlos Stornelli exigió que Julio De Vido y Roberto Baratta irán a juicio oral por la compra de gas licuado

El fiscal formuló la acusación final contra los ex funcionarios, el ex titular de Enarsa Ezequiel Espinosa, el asesor José Roberto Dromi y su hijo.

El fiscal Carlos Stornelli presentó ante el juez Claudio Bonadio el requerimiento de elevación a juicio oral contra Julio De Vido, Roberto Baratta, Roberto Dromi, su hijo Roberto Nicolás Dromi y Exequiel Espinosa. Todos se encuentran procesados por defraudación al Estado a través de la compra de buques de gas natural licuado. Es una investigación vinculada a los cuadernos de las coimas, cuyo expediente principal ya fue elevado a juicio.

En este expediente, la Sala I de la Cámara Federal porteña había revocado el procesamiento contra Cristina Kirchner, por eso no es parte del pedido de elevación a juicio de Stornelli. En el requerimiento, de 115 páginas, se pidió que De Vido, Baratta, los Dromi y Espinosa vayan a juicio por estas operaciones bajo la calificación de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. 

Además, la Cámara Federal consideró que «a diferencia de las numerosas pruebas colectadas» en la causa cuadernos, «que dieron cuenta de las numerosas entregas de dinero a funcionarios públicos protagonizadas por distintos empresarios que tenían contratos con el Estado»,en esta investigación «no reflejan la existencia de tales pagos ilícitosy en consecuencia, tampoco permiten sustentar, por el momento, que la compra de GNL haya formado parte de los rubros que nutrían la matriz recaudatoria instaurada desde el Gobierno».

Por ello, los acusados no irán a juicio oral por cohecho. El requerimiento del fiscal, al que accedió Clarín, dio por corroborado que De Vido y Baratta «violaron e incumplieron los deberes de los cargos que detentaban en contrataciones para la adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) llevadas a cabo en el marco del programa gubernamental citado (PET), defraudando así los bienes e intereses que le fueron confiados y cuyo manejo, administración y cuidado se hallaban a su cargo».

Bajo esta misma línea de acusación, Stornelli indicó que las irregularidades se materializaron al menos en seis contratacionesllevadas a cabo para la importación de GNL, «en el marco del Programa de Energía Total, instrumentadas a través de la empresa ENARSA, la que a su vez, delegó en la empresa YPF S.A. la gestión, adjudicación y pago de los cargamentos de GNL que fueron adquiridos a la empresa Repsol Comercializadora de Gas SA y entregados en el Puerto de Bahía Blanca», en 2008.

Asimismo, se incluyó como parte de la maniobra la contratación del 12 de diciembre de 2008 por parte de ENARSA de las firmas Dysan y Diligentia SA, «las que intervinieron como intermediarios en las operaciones de GNL, entre ENARSA y Gas Natural Aprovisionamientos SDG SA, Gas Natural Fenosa y Morgan Stanley, para la provisión de cinco cargamentos de GNL, operaciones todas ellas realizadas sin apego a las normas de contratación públicas vigentes», sostuvo Stornelli.

Respecto a Exequiel Espinosa, ex Presidente de ENARSA e integrante del Directorio de tal empresa, el fiscal dijo que fue parte en la «ejecución de la maniobra defraudatoria descripta, prestando una colaboración sin la cual no habría podido cometerse, teniendo en consideración que era quien dirigía en ese entonces la estructura societaria de ENARSA», que era la encargada de contratar, por sí o a través de terceros, la provisión de servicios, bienes y obras, para garantizar el cumplimiento del Programa de Energía Total (PET), adquirir por sí, o a través de terceros, GNL y otros combustibles.

Las acusaciones contra José  Roberto Dromi (Director Ejecutivo y apoderado de Diligentia) y Roberto Nicolás Dromi (Presidente de Dysan)-, son comopartícipes necesarios «en la maniobra defraudatoria, interviniendo en las sindicadas compras de GNL a las firmas Morgan Stanley, Gas Natural Aprovisionamientos SDG, y Gas Natural Fenosa, como intermediarios de ENARSA y esas empresas proveedoras».

Para el fiscal, fueron responsables de «incidir en el precio abonado por los cargamentos de GNL, y que en razón de ello, se menoscabó el patrimonio perteneciente a la administración pública al generarse mayores costos en las operaciones, en virtud del pago efectuado en concepto decomisiones abonadas por parte de ENARSA a las firmas Diligentia SA y Dysan SA«.

La finalidad de toda la operación, indica el requerimiento del fiscal, «era producir un lucro indebido para los terceros intervinientes, lo que generó un claro perjuicio a las arcas del Estado Nacional, que se vio reflejada en la compra de seis embarques de GNL a Repsol Comercializadora de Gas SA por un total de267.935.139 dólares».

También, se tuvo en cuenta «el pago de las comisiones a favor de YPF SA, en orden a tales operatorias que ascendían al 0,5% por gestión, y por otro, en la contratación para la intermediación de operaciones comerciales de las firmas Diligentia y Dysan, por un total de 6.260.000 dólares, importe que se compone de las comisiones percibidas por Roberto y José Dromi». 

Este miércoles, el fiscal Stornelli -investigado en el juzgado de Dolores a cargo del juez Alejo Ramos Padilla en la causa por asociación ilícita iniciada contra Marcelo D’Alessio- informó a través de su abogado que como el expediente de los cuadernos de las coimas casi en su totalidad estaba elevado a juicio, iba a presentarse a declarar, después de que fuera declarado en rebeldía. Para cumplir ese plan, restaba la elevación del caso GNL -firmada este viernes- y dos más que serán remitidas a Bonadio la próxima semana, informó Clarín.

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Advirtieron que el balance fiscal choca con el proceso de desinflación

La consultora Ecolatina señaló que el próximo gobierno deberá enfrentar el dilema de validar fuertes aumentos tarifarios o bien incrementar el gasto en los subsidios económicos. De continuar el aumento tarifario, la inflación se ubicaría en la zona de 4% mensual durante los primeros meses del 2020, remarcó.

De cara a 2020, y ante la necesidad de encarar una reducción del gasto público para sanear la macroeconomía, la consultora Ecolatina advirtió hoy en un informe que el Gobierno entrante contará con pocos grados de libertad para elegir su política fiscal ya que un balance de la misma, «choca con el proceso de desinflación».

“Con los mercados privados de crédito cerrados, una negociación con el Fondo Monetario Internacional pendiente y una baja demanda de pesos, difícilmente podrá recurrir al endeudamiento y la emisión para relajar su restricción de presupuesto. En consecuencia, deberá achicar nuevamente el déficit”, señaló la consultora.

En ese sentido, destacó que si bien creen que se utilizará el aumento de ingresos para achicar el rojo operativo, como por ejemplo mediante una suba de las retenciones o un incremento en el impuesto a los bienes personales (representa apenas 0,4% de la recaudación tributaria nacional), “no será suficiente”.

Afirmó que resultará también necesario atender la dinámica de algunos gastos para que su evolución no se convierta en un peso que el Estado no pueda afrontar.

«Considerando que las erogaciones en jubilaciones, asignaciones y pensiones son inflexibles -estas partidas se actualizan automáticamente por inflación siempre que no se realice un cambio en la fórmula de cálculo de movilidad- y que la obra pública ya se encuentra en niveles muy bajos -pasó de 2% del PBI en 2016 a la mitad en 2019-, los subsidios económicos, que actualmente representan en torno a 2% del PBI, surgen como una variable clave para el rumbo de las finanzas públicas”, señaló.

Y detalló que dos de cada tres pesos que salen por esta partida corresponden a subsidios energéticos, que pagan parte del costo de generación, transporte y distribución de electricidad y de la extracción e importación de gas.

“Por este motivo, la decisión que se tome sobre este gasto no será neutral en términos de precios. Además, una política que impulse la inflación evitaría que se incremente el gasto en jubilaciones y asignaciones, ya que una desaceleración de los precios impulsaría el peso de las prestaciones sociales. El problema entonces, es que la consolidación fiscal y el ataque a la inflación son objetivos contrapuestos”, insistió Ecolatina.

El dilema del próximo gobierno

Para la consultora, una de las características de la gestión de Cambiemos fue el esfuerzo por una paulatina eliminación del atraso tarifario. En su informe sostuvo que en los últimos cuatro años, tuvo lugar una importante recomposición del precio relativo de los servicios públicos, que crecieron por encima de la inflación y pasaron a representar una mayor porción de los gastos de las familias.

No obstante, indicó que a pesar de esta dinámica, al haberse dolarizado los contratos con las empresas proveedoras de tales servicios, “el salto en el tipo de cambio implica que el Estado siga aumentando las tarifas o continúe haciéndose cargo de una parte significativa del costo de la energía”.

Afirmó que tras el ajuste del primer semestre del año, el gobierno suspendió la actualización tarifaria en la segunda mitad de 2019 con el afán de pronunciar la desaceleración de la inflación en la previa electoral y que por este motivo, se incrementó la brecha cubierta por Hacienda.

A modo de ejemplo, tras el reciente salto cambiario, los costos medios de generación eléctrica saltaron 35%, en tanto que el precio afrontado por los consumidores permaneció sin modificaciones.

En ese sentido, destacó: “Siguiendo el cronograma de aumentos vigente -que pauta una suba por semestre-, el próximo gobierno tendrá que enfrentar el dilema de validar fuertes aumentos tarifarios -correspondientes a este semestre y al próximo-, o bien incrementar el gasto en los subsidios económicos”.

Remarcó que bajo el primer escenario, se encarecerían las tarifas a pagar por los hogares y los costos de producción de algunos otros bienes y servicios, ya que algunos usuarios no residenciales también fueron alcanzados por el congelamiento (Esto ubicará la inflación a la zona de 4% mensual durante los primeros meses del 2020, incluso en un contexto de estabilidad cambiaria).

Y añadió que en caso contrario, “sostener el congelamiento implica reiniciar una dinámica de atraso tarifario -financiado con emisión- lejos de las elecciones legislativas de 2021”.

Sin embargo, sostuvo que la decisión final también dependerá de factores ajenos a la voluntad del gobierno entrante. Por caso, la aparición de financiamiento externo -por ejemplo, a través de China- o un reencauzamiento de las relaciones con el FMI podrían permitir una política fiscal algo más laxa en lo inmediato, consideró.

En tanto, concluyó al afirmar que “la formalización de un acuerdo precios-salarios que involucre a los empresarios y a los sindicatos podría modificar la dinámica inflacionaria en general y tarifaria en particular durante los primeros meses de la gestión”, reseñó Ámbito.

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Tras cinco años de haber jurado como fiscal no se conoce la evaluación del desempeño de Iturrioz

El fiscal general Héctor Iturrioz, quien será sometido a un jury de enjuiciamiento que puede derivar en su destitución, juró hace poco más de cinco años en el cargo y hasta el momento se desconoce si su desempeño fue evaluado de manera satisfactoria en el examen obligatorio que debió afrontar a los tres años de haber asumido.

Sí se sabe que en ese tiempo participó en doce juicios, de los cuales solo obtuvo sentencia favorable en tres porque en la instancia siguiente le revocaron nueve fallos. Y antes de la notoriedad que cobró durante los últimos meses por integrar el equipo del Ministerio Público en casos como «Embrujo» y «Revelación» en las que se investiga corrupción política, tuvo que vindicarse ya que tenía a su cargo una causa en la que investigó a un subcomisario de policía por supuesta protección de delincuentes, pero no presentó la acusación dentro de los plazos que determinaba la ley. Así el imputado terminó sobreseído.

En una decisión adoptada por mayoría durante la sesión que celebró el jueves en Comodoro Rivadavia, el Consejo de la Magistratura entendió que corresponde someter al fiscal Héctor Iturrioz a un jury de enjuiciamiento. Es por la detención, en septiembre de 2018, del entonces ministro de Familia de Chubut, Martín Bortagaray, en el marco de la causa “Revelación”, pese a los fueros que tenía el funcionario provincial.

Sin embargo, antes de esa situación, Iturrioz ya se había visto envuelto en una controversia. Juró como fiscal general el 5 de agosto de 2014 en Comodoro Rivadavia y a los nueve días de haber tomado el puesto le asignaron la causa que tenía como sospechoso a un exjefe policial de la Seccional Quinta, sobre quien surgieron indicios de una presunta protección a por lo menos un delincuente conocido del barrio 30 de Octubre.

Esa situación fue advertida por funcionarios de Fiscalía de acotada experiencia y de fuerte convicción con la persecución penal, quienes incluso fueron felicitados públicamente por el procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, aunque la investigación la condujo el fiscal general.

El 9 de noviembre de 2015, después de un año de reunir pruebas, Iturrioz imputó al subcomisario en cuestión por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con privación ilegítima de la libertad y le otorgaron tres meses para investigar. Pero presentó la acusación 55 días después de los tres meses que tenía para hacerlo, por lo que el sospechoso de tamaño delito fue sobreseído en abril de 2016.

La respuesta al interrogante sobre si el fiscal incurrió en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público solo la conoce quien fue designado para investigarlo. Es que tras tomar estado público la noticia dada a conocer por El Patagónico en enero de 2017, Iturrioz se vindicó, es decir se autodenunció, obligando a quien estaba a cargo de la Fiscalía de Comodoro Rivadavia durante la feria de verano a remitir la autodenuncia a la Procuración General, desde donde se habría designado a un fiscal de otra jurisdicción para que lo investigue.

¿SATISFACTORIO O INSATISFACTORIO?

El 3 agosto de 2017 el Consejo de la Magistratura designó a los consejeros que se encargarían de evaluar el desempeño de Iturrioz en sus primeros tres años como fiscal.

En ese lapso ya había sumado varios antecedentes en su contra, el más grave fue el vencimiento de la causa contra el subcomisario, pero además ya se tenían los resultados de los doce juicios en los que había participado hasta entonces, de los cuales obtuvo apenas tres fallos a su favor porque en la impugnación ordinaria presentadas por los defensores ante la Cámara Penal, se le revocaron otras nueve sentencias, así lo informó el Patagonico.

A todo esto, la Procuración General resolvió convocarlo a integrar el equipo de fiscales encargados de investigar las causas de corrupción a nivel provincial y en una de ellas, conocida como “Revelación”, pidió la detención de un ministro que contaba con fueros. Por ese error fue denunciado junto a su colega Marcos Napoli y al juez, Jorge Piñeda, quienes reconocieron su equivocación, mientras que en el caso de Iturrizo se dispuso el jury de enjuiciamiento.

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La fiscal solicitó investigar un nuevo imputado por el homicidio de Daniel Sánchez en Comodoro

Esta miércoles por la mañana se llevó adelante una nueva audiencia por el crimen de Daniel Sánchez, ocurrido el 2 de julio de 2016. Allí la fiscal solicitó la apertura de investigación contra Roberto Álvarez, un nuevo imputado.

Este miércoles a la mañana se realizó una nueva audiencia de apertura de investigación para Roberto Álvarez, el nuevo imputado por el homicidio de Daniel Santiago Sánchez, ocurrido el 2 de julio de 2016 en Comodoro.

El fiscal solicitó la apertura de investigación en su contra bajo la calificación provisoria de “homicidio simple”, en calidad de “partícipe necesario” y solicitó el plazo de un mes de investigación.

La defensa no cuestionó la apertura y se dispuso realizar una rueda de reconocimiento de personas para el próximo lunes 30 de septiembre. La causa ya tiene como imputado a Darío Alexis Saldivia, con la causa elevada a juicio.

La audiencia de esta mañana fue presidida por la jueza penal, Daniela Arcuri, por el Ministerio Público Fiscal se hicieron presentes Adrián Cabral, fiscal general y Patricia Rivas, funcionaria de fiscalía; también se encontraba en la sala la madre de la víctima; en tanto que la defensa de Álvarez fue ejercida por María de los Ángeles Garro, defensora pública.

EL HECHO

Daniel «Ganso» Sánchez tenía 25 años y trabajaba. La noche del 2 de julio de 2016 había salido a bailar, pero la gente con la que regresaba al barrio Máximo Abásolo lo abandonó en la avenida Rivadavia, aduciendo que estaba borracho.

Con él se encontraba Mauricio Mansilla, quien alcanzó a escribirle un mensaje a los que siguieron en el auto para avisarles que los estaban corriendo, aunque él logró escapar y salvó su vida.

«Ganso» fue abordado por al menos tres hombres sobre la avenida Alsina, a la altura del pasaje Venter y producto de las graves heridas en la cabeza falleció dos horas después en el Hospital Regional.

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Causa “El Embrujo”: la Fiscalía comprobó que hubo “administración fraudulenta”

«Todos actuaron de manera consciente y con conocimiento de lo que estaban haciendo”, dijo el fiscal Omar Rodriguez este martes por la mañana, durante la presentación de alegatos en la Oficina Judicial de Rawson.

El fiscal Omar Rodriguez fue el encargado de describir la forma en que en el juicio quedó probada la administración fraudulenta. Dio cuenta en el inicio respecto de la conformación de las dos empresas creadas para realizar trabajos realizados con obras públicas, entre ellas la reparación de las viviendas oficiales. En este sentido se refirió a la participación de Cristian Gisande, Rubén Reinoso y Giuliana Mc Leod.

“Violaron el deber de lealtad y con el lucro indebido afectaron el bien común”, dijo en su introducción para luego destacar como “muy importante el papel de “Tato” Ramón simulando con su empresa Concretando una falsa competencia en los precios”.

Posteriormente exhibió expedientes iguales que fueron armados para reparar distintas viviendas oficiales. “Se armaron todos los expedientes juntos, los tenía en su poder Correa y los iban sacando en función de las necesidades”, dijo Rodriguez. La exhibición se reforzó con los mensajes de texto entre algunos imputados donde se iban tomando las decisiones “para la trama ilegal investigada”. Los mensajes involucran a “Tato” Ramón, Gisande y Diego Luters.

“Todos actuaron de manera consciente y con conocimiento de lo que estaban haciendo”, dijo Rodriguez. Cuando se refirió a Rubén Reinoso, hizo alusión a los dichos de “del testigo Tardugno y el comisario Cerda” además de las gestiones que realizó en la Municipalidad de Rawson para la empresa Dual Core con conocimiento de que pertenecía a Diego Correa.

Concluyó que son todos coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, Daniela Souza como partícipe necesario, mientras que para Domingo Correa –en este delito- pidieron la absolución por el beneficio de la duda, informó ADN SUR.

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Sesión: Ingresó la cuenta de la labor fiscal 2018

Se trata de uno de los proyectos que lleva audiencia pública y doble lectura. Será evaluado en plenario pero ya se esgrimieron las primeras apreciaciones en hora de preferencia, en referencia a la ausencia de objeciones por parte del Tribunal de Cuentas.

Presidida por Maximiliano Sampaoli, con la presencia de nueve concejales y la ausencia justificada de Guillermo Almirón, Pablo Martínez y Norma Contreras, se realizó la primea sesión de septiembre. Entre los proyectos importantes, ingresó la cuenta del Ejercicio Fiscal 2018, que será evaluado en plenario para su tratamiento en primera lectura. Cabe recordar que este proyecto lleva audiencia pública y doble lectura.

Por otro lado, Ingresó sobre tablas y pasó a comisión un convenio entre SCPL y Municipalidad para la realización de una obra eléctrica de media y baja tensión en las inmediaciones del cerro Arenales sobre la picada del acueducto. Con este convenio, la Cooperativa se compromete a realizar la obra por un monto de 6.439.921 pesos. El plazo de ejecución de la obra es de 60 días. Será analizado en los próximos días porque llegó a última hora.

También ingresó un pedido de aumento por parte de la SCPL en referencia a la tarifa de los servicios de agua y saneamiento que será analizado en plenario.

“Es muy malo que se haga política de campaña con la justicia”

Con el ingreso de la evaluación de la Cuenta 2018, en donde el Tribunal de Cuentas no presenta objeciones, varios fueron los concejales que criticaron el uso mediático de los últimos días en referencia a los gastos por la emergencia.

Desde el bloque Cambiemos, José Gaspar advirtió que, evaluando la cuenta del Ejercicio 2018, “quería ver cómo había sido el voto de los vocales del Tribunal de Cuentas Municipal y si hubo alguna referencia a la emergencia”, comenzó para luego describir cada caso. “El vocal Miguel Hernández es el único que hizo referencia a los expedientes del temporal, de cuáles se aprobaron y cuales no que son los que no se pagaron. Y no tiene objeciones; Carlos Relly acompaña; y en el voto del  vocal Gastón Acevedo, que es negativo,  habla de los ´legítimo abono´ pero no hay referencia a la emergencia”.

En este marco, esgrime que “si esta es la actuación del Tribunal de Cuentas, en ningún caso veo que el TCM no apruebe el Ejercicio 2018. El voto no positivo de Acevedo es por el legítimo abono”.

En este sentido, el concejal repudió que “es muy malo que se judicialice la política, y es muy malo que se haga política de campaña con algo que no ha tenido ninguna actuación del Tribunal de Cuentas en contra de lo que se ha venido haciendo. Es muy malo que se haga campaña con esto, algunos hasta siendo querellantes por afuera. Y muy malo cuando desde un partido político se pone un manto de duda cuando uno de sus candidatos es integrante del Tribunal de Cuentas Municipal. Se sale mucho por los medios, se hace política barata con este tipo de cosas. El Tribunal no cuestiona en ningún momento ningún expediente que se haya pagado”, sentenció.

La alocución fue apoyada por el resto de los bloques presentes. Desde el PJ, Mario Soto advirtió que “nos llama la atención que lamentablemente se quiera hacer política con algo que le hizo mucho daño a la comunidad de comodoro. Vamos a analizar este Ejercicio 2018 en plenario y luego nos expresaremos al respecto”. El concejal de Chubut Somos Todos, Gustavo Córdoba, coincidió con sus pares en que “hacer política tan barata con lo que sucedió hace dos años en la peor tragedia de Comodoro es muy bajo. Hay vecinos que no pudieron volver a sus casas”. Incluso también Cristina Cejas argumentó que “si la ciudad pide un cambio, los cambios no se hacen de esta manera. Se hacen trabajando con la verdad y ayudando, no defenestrando a los demás. Eso no es de buena política”

La crisis provincial

La edil de Cambiemos se refirió también al conflicto provincial. “Pasó el día del maestro y todavía tenemos a los docentes en la calle reclamando derechos, cobrar su sueldo en tiempo y forma. Creo que este gobierno no tiene que ser tan indiferente. Se prometieron en cosas que no se podían cumplir para ganar una elección. Nación ha enviado fondos y esperemos que ahora los maestros puedan cobrar en tiempo y forma y que los chicos vuelvan a las escuelas. Nuestros chicos tienen que estar en las aulas aprendiendo”.

En la misma línea, Soto reconoció que “lo de la marcha del otro día manifestó la voluntad de la comunidad de acompañar a los docentes y encontrar una salida a este conflicto. Tiene que existir una respuesta del señor gobernador, bajar de la soberbia y ofrecer una propuesta para llegar a un consenso que permita que los docentes tengan su salario en tiempo y forma y que vuelvan a clases. Y si se logra un salvataje económico que sea sin presiones políticas”.  

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Dujovne reconoció que el déficit fiscal podría llegar al 0,5%

El ministro anunció el sobrecumplimiento del primer trimestre, pero mencionó la posibilidad de usar los ajustadores del FMI para lo que resta del año.

Luego del lanzamiento del Mini Plan Primavera que el mercado cuestionó duramente por sus inconsistencias fiscales, Dujovne mencionó por primera vez la posibilidad de que el déficit primario llegue al 0,5%.

“Se mantiene la meta anual de equilibrio primario, pero los ajustadores del FMI permiten ir hasta un déficit del 0,5%”, reconoció el ministro ante la consulta de la prensa en su clásica conferencia trimestral. Es que, llamativamente, Hacienda incluyó en el gráfico que suelen presentar una filmina que diferenciaba la “meta pura” de la “meta con ajustadores”, es decir, los gastos extraordinarios que el Fondo autoriza sin llegar a un incumplimiento del acuerdo.

No obstante, para el funcionario eso no se debe al costo de las medidas anunciadas el miércoles pasado, ya que el mismo sería compensado por un revalúo impositivo y el desembolso del 20% que tienen que efectuar las empresas no pymes para ingresar en el plan de pagos presentado por AFIP.

Según el ministro, el mayor problema es el flojo desempeño que viene teniendo la recaudación impositiva, cosa que también advirtió el FMI en su último Staff Report, donde pidió “medidas urgentes”.

“Donde podemos trabajamos para compensar la menor recaudación, por eso la baja del gasto es más marcada de la que preveíamos”, subrayó Dujovne en referencia a la caída récord del 13,8% en el gasto real del primer trimestre del año.

En su opinión, esta menor recaudación se produjo a raíz de que “los derechos de exportación vinieron por debajo de lo esperado”, cuestión que prevé revertir en base a una “muy buena cosecha” que estima que se refleje en los indicadores fiscales del tercer trimestre.

En consecuencia, consideró que el histórico nivel del riesgo país no se relaciona al ruido en el plano fiscal que generaron estas medidas, sino a la incertidumbre electoral. “Los mercados no nos están pidiendo cambios en la política económica. La incertidumbre que tienen es respecto a las propuestas que tiene la oposición. Las nuestras están claras”, destacó.

El problema es que más allá de los positivos indicadores que presentó en relación al período enero-marzo, los propios números de Hacienda no respaldan la postura de Dujovne.

Según esta cartera, para alcanzar el déficit cero los ingresos deberían estar creciendo a un ritmo del 42% -cuando en el último mes lo hicieron a un 33%-, mientras que la diferencia con los gastos tendría que ser de unos 14 puntos porcentuales más que lo registrado en marzo.

Resultado primer trimestre

Concretamente, para el período enero-marzo del 2019, Hacienda informó un superávit primario de $10.347 millones que representan el 0,1% del PBI. Se trata de la primera vez en siete años que los primeros tres meses evitan el rojo fiscal, cosa que fue celebrada con gran entusiasmo por las autoridades.

Al mismo tiempo, dado que durante este período no se utilizaron los $8.312 millones que permitía el FMI en concepto de ajustadores sociales, el sobrecumplimiento de la meta con ajustadores fue de $12.659 millones.

En Hacienda enfatizaron que la mejora se dio principalmente por el recorte de gastos, donde se vio un fuerte ajuste en las prestaciones sociales y gastos de capital, al avanzar solamente un 29,7% y 27,1%, respectivamente.

Como contrapartida, el costado negativo se vio en un nuevo salto de los intereses de la deuda que totalizaron los $125.129 millones. Así, marcan un alza interanual del 106,7% y representan el 0,6% del PBI, cuando hace doce meses la proporción era del 0,4%.

 

ElComodorense

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Un fiscal se opuso a que Cristina Kirchner viaje a Cuba a fin de mes

Sostuvo que la fecha es muy cercana con el inicio del juicio oral por las irregularidades en la obra pública y que debe asegurarse su presencia.

El fiscal federal Diego Luciani dictaminó hoy en contra del pedido de la ex presidenta de la Nación y actual senadora Cristina Kirchner de viajar a Cuba del próximo 20 al 30 de abril para visitar a su viaje Florencia, quien se encuentra en ese país realizando un tratamiento médico.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Luciani señaló que la fecha de viaje es muy próxima al inicio del juicio oral y público por las irregularidades en la obra pública -el 21 de mayo- y que debe asegurar la presencia de la ex presidenta para ese momento. Así, dictaminó porque el pedido de la defensa de Cristina Kirchner sea rechazado. Ahora debe resolver el Tribunal Oral Federal 2.

La ex mandataria pidió esta semana autorización para ir a Cuba. Lo hizo ante el juez federal Claudio Bonadio y los Tribunales Orales Federales 2, 5 y 8, que tienen algunos de las causas en las que está elevada a juicio oral.

Cristina Kirchner ya viajó a Cuba. Fue el 14 de marzo cuando dio a conocer que su hija estaba haciendo un tratamiento en ese país. Regresó el 22 de marzo e informó que Florencia padece estrés postraumático y un linfedema ligero en sus piernas.

Florencia sigue en Cuba y Cristina Kirchner quiere ir a verla nuevamente. Pero el fiscal Luciani entendió que ese viaje puede obstaculizar el juicio de la obra pública. Sostuvo que debe asegurar la presencia de la ex mandataria en el inicio del juicio y que el viaje es un riesgo. Agregó que no se puede descartar que ya en Cuba pida una prórroga a su permanencia allí. Sobre el juicio, Luciani destacó que los hechos que se juzgan son graves.

El fiscal también señaló que entiende la preocupación por las referencias a los problemas de salud de Florencia Kirchner que se informaron son genéricos y sin especificaciones.

Además, el fiscal resaltó que la misma postura tomó frente a otros casos como el de la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, el ex jefe de la Casa de la Moneda durante el menemismo Armando Gostanián, la venta del predio del astillero Tandanor, entre otros.

El mes pasado, Luciani había dado el aval a que la ex mandataria viaje a Cuba porque restaba más de dos meses para el comienzo del juicio oral.

La opinión de la Fiscalía no es vinculante y ahora debe resolver el Tribunal Oral Federal 2, integrado para este caso por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

La opinión de otros fiscales

En tanto, Diego Velasco -fiscal del caso «Los Sauces»- si avaló la partida de la ex mandataria a Cuba. Ya lo había hecho en marzo pasado en su primer viaje. Resta el dictamen de Marcelo Colombo, fiscal del caso «Hotesur». Luego también deberán opinar los jueces de esos tribunales.

Con una sola negativa de parte de un tribunal alcanzará para que la ex mandataria no pueda viajar.

 

Infobae

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