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Fiscal Bellver citó a declarar a tripulantes del Buque Santorini por cadena de contagios en la ciudad

Fiscal Bellver

El fiscal federal Norberto Bellver ratificó que ha citado a prestar declaración a los tripulantes del buque Santorini, bajo la imputación de haber iniciado la cadena de contagios de coronavirus en Comodoro Rivadavia.

“Hoy me han notificado que a partir del 4 de este mes se empieza recibir la declaración indagatoria de los tripulantes”, precisó el Fiscal Bellver . En este caso, la toma de declaración es impulsada bajo los alcances del Código 205 del Código Penal, que prevé sanción de 6 meses a 2 años de prisión para quienes vulneren normativas tendientes a preservar la salud pública.

El movimiento de los tripulantes del buque Santorini y su desembarco en Comodoro

Entre el 24 de abril y el 12 de junio, el buque Santorini zarpó a zona de pesca y regresó al puerto de Comodoro Rivadavia en 28 oportunidades. Antes de cada regreso a la terminal marítima, permaneció uno o dos días en la zona de pesca.

Además, entre el 27 y 29 de mayo el armador del buque viajó hacia Puerto Madryn y volvió a Comodoro algunos días después. Es en ese momento cuando tomacontacto con todos los tripulantes, antes de, el 4 de junio, viajar nuevamente a Madryn junto al maquinista, quien ya presentaba síntomas compatibles con covid-19. El 11 de junio, un análisis confirmaría que era positivo para coronavirus.

Entre el 4 y el 11 de junio sólo quedaban 4 tripulantes a bordo del buque amarrado en el muelle comodorense. Según consta en los registros oficiales, en ese momento desembarcaron y se dirigieron hacia distintos puntos de la ciudad.

La investigación preliminar abierta por la Fiscalía Federal a cargo de Bellver apunta a determinar si hubo irregularidades que encuadren en alguna de las tipificaciones delictivas por violación de la cuarentena u otro tipo de irregularidades.

 

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El gabinete económico analizó detalles de las medidas por la pandemia y la situación fiscal

El gabinete económico analizó este miércoles la situación fiscal y la marcha de las medidas implementadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Del encuentro, que se realizó en el Palacio de Hacienda, participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; los ministros de Economía, Martín Guzmán; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

Durante la reunión, Rigo presentó las “proyecciones de la administración fiscal para lo que queda del año”.

Asimismo, se revisaron las medidas Covid-19, con especial énfasis en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la producción (ATP).

Proyecciones

Durante la reunión, el secretario de Hacienda afirmó que las proyecciones de la administración fiscal resultan consistentes para lo que resta del corriente año y son compatibles con el proyecto de Presupuesto 2021.

Según Rigo, el cálculo de recursos previstos seguirá mostrando un sendero de crecimiento moderado y los gastos priorizados son aquellos destinados a la asistencia a sectores vulnerables y a la consolidación de la inversión pública.

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Guzmán: “Buscamos que la sostenibilidad fiscal sea política de Estado”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que el objetivo del Gobierno es que «la sostenibilidad fiscal sea política de Estado”, al disertar en el “Encuentro Iberoamericano con empresarios” de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

El ministro explicó que “definir un sendero de acumulación de reservas va a ser parte del programa con el FMI”.
El ministro explicó que “definir un sendero de acumulación de reservas va a ser parte del programa con el FMI”.

“Tenemos un superávit comercial robusto, no hay pagos de deuda externa por la reestructuración que logramos y tenemos un nivel de reservas suficiente para lidiar con las presiones cambiarias; hay instrumentos para hacerle frente a esta situación”, aseguró Guzmán al exponer sobre las “Perspectivas económicas de la Argentina”.

El ministro explicó que “definir un sendero de acumulación de reservas va a ser parte del programa con el FMI” y ratificó que el mismo “va a ser enviado al Congreso de la Nación e incluirá un sendero fiscal y de recuperación de reservas plurianual”.

De esta forma, resaltó, “no van a ser políticas de gobierno sino de Estado, y van a mostrar el compromiso del Estado con transitar un camino de sostenibilidad fiscal y de las cuentas externas”.

En esta línea, Guzmán hizo hincapié en que “hay una alineación de visiones con el organismo respecto a que la estabilidad requiere una recuperación de la economía”, y afirmó que “esperamos tener un programa que ayude a restaurar la estabilidad económica y el crecimiento”.

Con respecto al Presupuesto 2021, afirmó que “la Argentina necesita transitar el camino de la sostenibilidad fiscal y tener las cuentas en orden, pero a una velocidad que permita que el país se recupere y sostenga esa recuperación”.

Asimismo, señaló que “el Presupuesto muestra principalmente una redefinición de los rubros del gasto, privilegiando aquellos que fomentan la recuperación y el crecimiento económico como el gasto de capital, salud, educación e innovación y desarrollo”.

Participantes

En el encuentro virtual estuvieron presentes, la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena; el embajador de Argentina en los EEUU, Jorge Argüello; el secretario general OEI, Mariano Jabonero; el consejo rector IIEYP-OEI, Miguel Hakim; el director de Celulosa Argentina, José Urtubey; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; el presidente de Pan American Energy, Alejandro Bulgheroni; el CEO del Grupo Los Grobo, Gustavo Grobocopatel; el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; y el presidente de Cabrales, Martin Cabrales.

También participaron la jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace, y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Rodrigo Ruete; el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo de la Presidencia de la Nación, Christian Asinelli; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker; entre otros.

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Disponen la formación de causa de enjuiciamiento contra el fiscal de Comodoro Rivadavia, Héctor Iturrioz

Iturrioz

El Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut resolvió por unanimidad disponer la formación de causa de enjuiciamiento contra el fiscal de Comodoro Rivadavia, Héctor Iturrioz.

El organismo extra poder está integrado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, los diputados provinciales Roddy Ingram y Mónica Saso, y los abogados de la matrícula, Juan Gutiérrez Hauri y José Eduardo Pinsker, actuando como secretario José Maidana.

La causa a prueba queda abierta por 90 días a fin de que las partes examinen las actuaciones y ofrezcan la prueba que producirán en el debate.

El tribunal resolvió en concordancia con el dictamen presentado por el Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena, quien tras evaluar las pruebas presentadas por el Consejo de la Magistratura, afirmó que corresponde habilitar la vía del enjuiciamiento.

El Consejo de la Magistratura evaluó la performance de Iturrioz como fiscal de Comodoro Rivadavia al cumplirse los primeros tres años de su gestión y declaró insatisfactorio su desempeño y aptitudes personales, y por mayoría, resolvió remitir los antecedentes al Tribunal de Enjuiciamiento para que resuelva su situación.

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Denuncian al ministro de Seguridad y al jefe de Policía por “abuso de poder” y el denunciante desconfía del fiscal

Cree que es amigo de uno de los denunciados y que está del lado de él. Sospecha que no va a investigar y por eso, según reveló, pidió que se separe del proceso judicial. Esto ocurrió en Comodoro Rivadavia en las últimas horas y quien ha hecho la presentación con intenciones de llevar a juicio al ministro y al jefe de Policía se llama Juan Mansilla y es de la Asociación Civil por los Derechos Constitucionales y el Respeto al Ciudadano.

Mansilla sostiene que ya no se pueden aguantar más los atropellos de quienes desde un cargo público se creen jueces y con licencia para hacer cualquier cosa en desmedro del ciudadano chubutense. Él al dialogar con este portal de noticias los trató de “cuatro de copas”.

“Este fiscal trabaja con el Gobierno, evidentemente”, dijo haciendo referencia al fiscal Héctor Iturrioz ante quien pretendió ampliar la denuncia pero terminó yéndose sin hacerlo y muy enojado.

“Me presenté por una invitación que me hizo el fiscal Iturrioz, del cual ya me habían dicho que era amigo” del funcionario público denunciado, y que “estaba entongado con el Gobierno”, señaló.

“Le dije que quería ampliar la denuncia y salió con que no entendía (lo que decía) el escrito y le expliqué que lo había hecho una abogada que trabaja conmigo al que pretendió desacreditar”, contó Mansilla reseñando momentos de ese desafortunado encuentro con el fiscal que tuvo en las últimas horas.

Más adelante, sospechando quizás que no va a pasar nada con su denuncia indicó que le dijo al fiscal Iturrioz: “Cuando alguien no quiere investigar pueden pasar dos cosas, esta entongado o es un cagón y le pedí que me explicara dónde lo encuadraba: se rió”.

Muy enojado con Iturrioz, por la actitud intimidatoria que dice que tuvo él y un secretario al pretender filmarlo mientras hacía la denuncia, Juan Mansilla recordó que tiempo atrás denunció también a un juez que terminó yéndose de la Justicia. “Esta gente está acostumbrada a atemorizar y conmigo no lo van a lograr; yo pertenezco a una asociación, que es la Asociación Civil por los Derechos Constitucionales y el Respeto al Ciudadano y vamos a hacer la persecución hasta donde tengamos que hacerla”, prometió.

“Yo le pedí abiertamente (al fiscal Iturrioz) que se apartara de la causa”, añadió, “y que si no va a investigar que no investigue, a mí no me importa. Ya estamos acostumbrados a que estos funcionarios se ganen el sueldo sin trabajar”, se quejó Mansilla.

“Hasta cuándo vamos a aceptar el abuso de poder de este ´cuatro de copas´ y de los que están en la Jefatura de Policía, del “Tero” Gómez y su relación con el narcotráfico. ¿Hasta cuándo vamos a admitirlo?”, preguntó muy indignado.

Finalmente dijo que esta gente está cansando a la ciudadanía y que eso podría llevar a que saliera a la calle, pero en un estado de derecho no podemos terminar rompiéndonos la cabeza entre los ciudadanos comunes”, sostuvo, “o pegándole al policía que está cumpliendo con sus funciones. Yo echaría a todos estos policías por no defender su salario, por no defender el pan de sus hijos o a su familia porque ellos no están cobrando y les están cubriendo las espaldas a estos nabos que son unos ´cuatro de copas´ a los que me voy a llevar puesto pero con la Ley en la mano”, aseguró.

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Ante el peligro de fuga, la fiscal que acusó a Juan Ale pide que vaya preso

Ante el peligro

La fiscal de Puerto María Alejandra Hernández, quien sostuvo la acusación contra el ex jefe de la policía del Chubut Juan Luis Ale, reclamó públicamente que se designe un juez para analizar el pedido que ellos quieren formular procurando que el sentenciado a 8 años de prisión vaya efectivamente a la cárcel ante el peligro de fuga.

Hernández recordó que a ellos les hubiera gustado discutir este tema en la audiencia de cesura, cosa que no pudieron hacer porque no se presentó ni el abogado defensor de Ale, ni tampoco el condenado.

«Todos los días pregunto cuándo van a designar un magistrado» expuso Hernández.

La integrante del ministerio público fiscal interpretó que el abogado defensor de Ale apelará la sentencia judicial, pero eso no impide que vaya a prisión, como pasaría con cualquier otro judiciable bajo el mismo cargo, es decir culpable de abuso sexual agravado por el vínculo a menores en modalidad reiterada.

En cuanto a la sentencia de 8 años, la fiscal consideró que «esperábamos más» aunque por ahora no apelará la decisión judicial frente a la pena que ellos reclamaron de 14 años.

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Enrique Maglione habló sobre la difícil realidad que enfrenta el fiscal Iturrioz

El presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, en diálogo con Crónica se refirió a la situación del fiscal Héctor Iturrioz y planteó que, en breve deberán dar inicio los dos juicios políticos que fueron pedidos para el magistrado de Comodoro. Maglione puso el foco de análisis en el accionar del funcionario al momento de detener al exministro de Familia de la provincia, Martín Bortagaray, y señaló que, al ser un técnico del derecho, Iturrioz debió haber sabido que la detención del exfuncionario provincial traería consecuencias aparejadas.

El fiscal Héctor Iturrioz, cuestionado en el último tiempo, tiene dos pedidos de juicio político. Uno de ellos es por la detención del extitular de la cartera de Familia a nivel provincial, Martín Bortagaray. El otro es por su desempeño como magistrado a lo largo de los tres primeros años de función. El titular del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, habló sobre los pedidos de juicio político para el magistrado de la ciudad petrolera y trazó un análisis profundo al respecto.

En primer término, el abogado recordó que para los cargos de magistrados, luego de transcurridos tres años de haber comenzado en la función, todos son sometidos a un proceso de evaluación, para determinar si el desempeño fue o no satisfactorio. “Si la evaluación es aprobada, de ahí en adelante, si el magistrado en cuestión no incumple con su tarea en ningún sentido, el cargo se transforma en vitalicio.

Todos los cargos que comprenden jueces, fiscales y defensores tienen esta modalidad. La evaluación es algo que se hace una sola vez, pero obviamente, en el medio puede pasar algo y, independientemente de haber tenido una buena evaluación antes, la persona puede ser removida.

Mientras dure la buena conducta, el hombre o mujer en el cargo se puede jubilar en esa función, o por lo menos en el sistema. Pero si incurre en alguna de las causales de mal desempeño, se puede iniciar un sumario administrativo”, explicó.
Si el escenario de mal desempeño ocurriera, se inicia el sumario administrativo en el Consejo de la Magistratura y el organismo determina si corresponde o no la máxima pena, que sería la destitución.

“Se transfieren todas las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento y se lleva a cabo un juicio constitucional con todas las garantías necesarias. La persona puede ser destituida o absuelta, porque puede demostrar que no incurrió en ninguna irregularidad, en ningún incumplimiento de funciones. También puede caber una inhabilitación para cargos públicos, dependiendo de la gravedad del caso”, agregó Enrique Maglione.

Causales diversas para el segundo jury

Por último, el titular del Consejo de la Magistratura se refirió a las causales del segundo pedido de juicio político en contra del fiscal Iturrioz y planteó que debido a una serie de causas que nunca terminaron de resolverse en Comodoro, sumado a una serie de denuncias en contra del magistrado, se decidió avanzar con un segundo jury.

“En el segundo pedido de juicio político contra Iturrioz hay causales diversas. Hubo una serie de denuncias de procesos que no llegaban a buen puerto por falta de investigación.

Esto derivó en causas resonantes en Comodoro Rivadavia. En esto no hubo ningún tipo de subjetividad, porque todo lo planteado fue demostrado. Además, hubo una comisión integrada por cuatro miembros, cada uno representando los estamentos del Consejo.

Uno para los empleados judiciales, otro para los funcionarios, uno para los abogados y un consejero popular. A Iturrioz se le dio la posibilidad de que se defendiera, él habló en el Consejo antes de que nosotros emitiéramos la votación. Se otorgaron todas las garantías habidas y por haber. No hubo una cuestión subjetiva contra el fiscal”, señaló Enrique Maglione.

En esta línea el funcionario planteó, respecto a las fallas del fiscal de Comodoro, que al día de hoy tiene dudas sobre si fueron mayúsculas o mayores que las de otros, pero sí resaltó que en su momento, sí se determinó que así fue, esto tuvo motivos válidos. “Nosotros no tenemos algo en contra de Iturrioz. En su momento, él dijo a los medios de comunicación que había una suerte de persecución del Consejo de la Magistratura hacia su persona.

Seguramente debe haber dicho esto por alguna cuestión particular que le ocurría en ese momento. Lo conozco poco y sé que es una persona algo impulsiva, pero más allá de esto tengo que decir que no existe ningún tipo de animadversión contra su persona. Además, no somos nosotros los que hacemos la denuncia, nosotros solo actuamos de oficio”.

Concurso para cubrir dos cargos de jueces en Comodoro

Por último, el presidente del Consejo de la Magistratura se refirió a un concurso para cubrir dos cargos para jueces en la ciudad petrolera.

“La semana próxima vamos a tener una sesión para efectuar un llamado a concurso que quedó cerrado desde el año pasado y que quedó pendiente por el tema de la pandemia, para cubrir dos cargos de jueces en la ciudad de Comodoro Rivadavia, uno para juez civil en el Juzgado Civil número tres y otro para el Juzgado Laboral número tres.

El concurso va a ser los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18. Por otro lado, hemos hecho un llamado a concurso para cubrir treinta y tres cargos en el Poder Judicial. Se van a ir fijando las fechas a la brevedad”, concluyó.

El fiscal cometió “una falta en su función, un error inexcusable del derecho”

Maglione ahondó en las causales de los juicios políticos pedidos para el fiscal Iturrioz y resaltó que, de cierto modo, el funcionario incumplió con sus funciones cuando detuvo al exministro Bortagaray. “Él tendría que haberle pedido al gobernador que le saque los fueros al ministro, para luego recién detenerlo”, señaló.

Como dato a destacar, hay que decir que el organismo que tomó la decisión de efectivizar los pedidos de juicio político fue el Consejo de la Magistratura. En tanto, la denuncia por la detención del ministro Bortagaray fue hecha por un particular.

Posterior a esto, la institución presidida por Enrique Maglione conformó una Comisión de Admisibilidad, compuesta por cuatro consejeros.

Esos cuatro consejeros determinaron que la denuncia era viable. “Se hizo un sumario administrativo, en este caso a tres magistrados. El pleno del Consejo aprobó el dictamen del sumariante, que fue Luis Torrijos -vicepresidente del Consejo de la Magistratura-.

Además, la Comisión de Evaluación, también compuesta por cuatro consejeros, le hizo una evaluación a Iturrioz y dio negativa, es decir que no fue satisfactorio su desempeño en estos tres años”, explicó el titular del Consejo de la Magistratura.

Arbitrariedad en la causa de Bortagaray

Respecto a la causa del exministro Martín Bortagaray, que fue detenido cuando todavía tenía fueros, el presidente del Consejo de la Magistratura planteó que “se determinó que hubo una arbitrariedad por parte del fiscal Iturrioz. No hay ningún tipo de animosidad en contra de él, pero los hechos fueron así.

Esto es algo que lo determinó el sumariante, me refiero a la arbitrariedad. Esto constituye una falta en su función, un error inexcusable del derecho, el haber pedido y llevado adelante la detención de un ministro que tenía fueros constitucionales, él debió haber sabido que no podía hacer eso. Tendría que haberle pedido al gobernador que le saque los fueros al ministro, para luego recién detenerlo”.

Además, el funcionario hizo hincapié en la “espectacularidad” que tuvo la causa. “En su momento, cuando yo emití mi voto, dije que debían ser tres los magistrados remitidos al Tribunal de Enjuiciamiento.

Los fiscales son el control de la legalidad, y los jueces el control de la constitucionalidad, por lo tanto ellos no pueden desconocer la ley, el derecho. Lo puede desconocer cualquier persona de la calle, pero no un magistrado, porque se presume que conocen el derecho. Eso para nosotros fue una falta grave, por eso se derivó en los juicios políticos”.

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Exigen la destitución del fiscal Nápoli ante el Consejo de la Magistratura

El vecino de Rawson y periodista Luis Dupuy, presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia pidiendo la destitución del fiscal Marcos Nápoli, por las causales de mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho, por su actuación en la causa “Revelación” donde se investiga la presunta existencia de una asociación ilícita entre un grupo de funcionarios y empresarios de la construcción para el presunto financiamiento de una caja política con fondos provenientes de retornos de la obra pública, durante los años 2016 y 2017.

La denuncia de Dupuy, en la que reprocha a Nápoli, la decisión de haber avanzado en la suspensión de juicio a prueba con más de 25 empresarios que no irán a juicio a cambio de hacer obras a modo de reparación económica al estado, y por otra parte, por haber accedido a un acuerdo con los abogados de los ex funcionarios Pablo Oca y Gonzalo Carpintero, quien aceptaron su culpabilidad a cambio de no ir a un juicio oral y de que les sea bajada la pena, que en este caso deviene excarcelable.

A continuación, los pasajes más salientes de la denuncia contra el fiscal. Allí se expresa al consejo de la Magistratura “el que suscribe Luis Dupuy de Rawson me dirijo a uds. con el fin de formalizar la denuncia contra el fiscal Marcos Nápoli de la Circunscripción Judicial de Trelew ‘por las causales de mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho, solicitando se instruya el sumario correspondiente y oportunamente se disponga su enjuiciamiento, ello sobre la base de las consideraciones que expongo”.

Se añade que “a lo largo de su desempeño en tamañas actuaciones judiciales, ha incurrido -de manera reiterada- en infracciones a la legislación vigente que, desde luego, no pueden calificarse de meras omisiones y/o yerros en la aplicación del derecho, sino por el contrario, en una clara conducta abusiva a su desaprensivo ejercicio funcional”.

Sostiene Dupuy que “conforme mi parecer, incurrió el denunciado en una severa infracción a su desempeño, en oportunidad en que acordara con el empresariado afectado a la causa, la aplicación del Instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba, circunstancia procesal que puede ser valorada excepcionalmente a favor del criterio adoptado pero que -en modo alguno- hubo de alcanzar su tratamiento y aplicación en un asunto de tamaña envergadura institucional. Lo mismo pasó con la detención del funcionario del Poder Ejecutivo que ostentaba la protección constitucional de inmunidad de arresto, por su calidad de Secretario de Gobierno con rango ministerial”.

JUICIO ABREVIADO

Luego señala la denuncia que ahora “avanza el denunciado (Nápoli) en un acuerdo celebrado con dos de los sujetos acusados en el proceso por los delitos de asociación ilícita y enriquecimiento ilícito mediante la aplicación del juicio abreviado”. A lo que se manifiesta que “los hechos descriptos exceden con creces las facultades potestativas del funcionario, ingresando en el terreno de la discrecionalidad, contrariando por añadidura el marco legal de aplicación y reuniendo para el caso los elementos constitutivos de las causales que se le atribuyen”.

“La causal alusiva a la denuncia se halla en proceso de gestación en orden a su suerte, habiendo el denunciado presentado en el expediente judicial un acuerdo de juicio abreviado, celebrado con dos de los ex funcionarios imputados”, dice otro tramo del texto, al tiempo que afirma que “el funcionario decidió transgredir la expresa prohibición legal por hallarse ‘solo’ en la contienda judicial, según manifiesta, dejando en evidencia palmaria su irresponsabilidad funcional, de carácter inexcusable, toda vez que ostenta la titularidad de la acción penal y por ende le compete sin excusas la elevada misión de llevar adelante el proceso”.

Para Dupuy, Nápoli “decide acordar una reducción sustancial de la pena de prisión, garantizando la libertad de los encartados y estableciendo respecto de Carpintero, una multa a través de la entrega de los bienes que ya están afectados al proceso. En el caso de Oca, el acuerdo no tiene sanción económica alguna”. Y añade que “si nos ajustáramos a la interpretación arbitraria y desaprensiva del denunciado, pues frente a la inexistencia del tribunal  escabinado, no habría juicio posible para el juzgamiento de tamañas conductas”.

MAL DESEMPEÑO

Concluye la denuncia que “el mal desempeño atribuido al funcionario consiste en el incumplimiento con las obligaciones a su cargo, en orden al riguroso acatamiento de la legislación vigente que en el caso denunciado ha sido desoído. El desconocimiento inexcusable del derecho deviene implícito en su conducta omisiva, arbitraria y discrecionalmente expresada en su accionar”.

“Este Consejo sabrá apreciar con profundidad el verdadero alcance de las infracciones denunciadas y su congruencia con las causales consagradas en la Constitución Provincial y en el Reglamento de la Casa, a los fines del enjuiciamiento del denunciado”, agrega en el final, para terminar aludiendo a la prueba; “los efectos probatorios de los hechos denunciados, adjunto documentación que obra en original de la causa judicial, solicitando se requieran copias certificadas de las actuaciones aludidas. Lo propio solicito respecto de las publicaciones periodísticas”, señaló ADN SUR.

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Fiscal Rodríguez: la causa «Ñoquis calientes» es un «delito complejo»

Fiscal Rodríguez:

El Fiscal Omar Rodriguez, se refirió a la decisión de la jueza de garantías Ivana González quien dejó abierta la investigación en la causa “Ñoquis calientes” y a la vez la consideró como causa compleja “La jueza rechazó la nulidad de la investigación pedida por la defensa y dio lugar a lo que dije yo que esta causa es un delito complejo por las causas que hay en el marco de esta investigación”.

“Se llevará adelante bajo el paraguas de procedimiento complejo, no significa que este un año y medio investigando, llegado el caso yo plantearía la acusación de todos o no, depende de las evidencias”, manifestó el fiscal.

Al ser consultado respecto a las evidencias recabadas al momento dijo
“Tiene una entidad fuerte, gracias a los testigos quienes decían que los obligaban a depositar la mitad del sueldo, y esto está corroborado a través de las transferencias bancarias a la cuenta de la niñera y posteriormente a la cuenta de Otarola”.

“Otarola engañó para poder cobrar fondos del Estado en beneficio propio, lo hacia a través de personas que no trabajaban y a través de delitos de concusión”, manifestó Rodriguez.

Respecto a la figura del gobernador en esta defraudación a la administración pública, el fiscal concluyó diciendo «él no puede salir a controlar a cada unos de los asesores que van a acompañar a un ministro, es casi imposible, uno firma y autoriza desde la confianza”.

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Mañana se sabrá si se abre la investigación por la causa “Ñoquis Calientes”

ñoquis calientes

Mañana jueves a las 14 horas se conocerá si la jueza Ivana Gonzalez abre la investigación por la causa “ñoquis calientes”, a la vez que se conocieron detalles de la maniobra investigada y que fue descrita por el fiscal general Omar Rodríguez junto a Lucas Kolsch. Entre ellos que entre los años 2016 y 2020, ingresaron a la cuenta de Cecilia Torres Otarola algo más de un millón y medio de pesos.

La causa «ñoquis calientes» tiene a 13 personas imputadas, entre ellas a Otarola, ex diputada provincial y ministra de familia.

Algunos de los defensores se opusieron a la apertura de la investigación y en general estuvieron en contra de la postura de los fiscales de que la causa sea considerada compleja lo que permitiría extender el plazo de investigación. Estos dos y otros aspectos de la causa «ñoquis calientes», deberán ser resueltos por la jueza de garantías Ivana González.

La causa «ñoquis calientes» está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. Además de Otarola, fueron llevados a proceso Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.

Calificaciones legales

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal, además de incumplimiento de los deberes del funcionario público a su vez concurriendo materialmente, entre ellos, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos, pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Los defensores y sus asistidos

El conocido abogado penalista Fabián Gabalachis defiende a Torres Otarola y a otros cinco imputados. No se opuso a la apertura de la investigación aunque sí rechazó que la causa «ñoquis calientes» sea considerada compleja, al igual que el resto de los defensores.

El defensor oficial Carlos Pericich defiende a Mara Rodera, su colega Omar López defiende a Patricia Claudina Antonio. El defensor oficial Damian Dantonio defiende a Alberto Gilardino, el abogado particular Jorge Rubiolo asiste a Pamela Matamala y Facundo Andrés Jodré, mientas que Zulma Manyauik asiste a Marcelo Neira, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Retro Trelles y el penalista Fabian Gabalachis a Cecilia Torres Otarola, Jaquelina Rodera, Facundo Solari Rodera, Silvana Adriana Cañumil y Branco Rodera Neira.

La reanudación de la audiencia fue confirmada por la Oficina Judicial de Rawson, lugar donde el martes pasado que se inició el debate y que solo pudo ser ocupada por empleados, fiscales y trabajadores de prensa, por cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios.

Niñera y empleada

Según la imputación en la causa «ñoquis calientes» , Torres Otarola antes de asumir como diputada provincial en diciembre de 2015 era dueña del comercio “5mentarios” en Esquel. Desde 2014 y hasta su asunción empleó a Cañumil. Pero ya como diputada la hizo ingresar a Legislatura como empleada administrativa y luego asistente de bloque, hasta diciembre de 2019. Cañumil figuraba en los papeles trabajando en el parlamento. En realidad era niñera de los hijos menores de la diputada. Vivía en la casa de Otarola en Esquel, según la investigación previa realizada por los fiscales.

Como legisladora, Otarola también gestionó el ingreso a Legislatura de Rodera, actual subsecretaria del Ministerio. “Las unía un estrecho vínculo de amistad”, dice la acusación. También ingresó el esposo de Rodera, Marcelo Neira, actual director de Políticas Sociales. Y logró un contrato en Legislatura para el hijo de ambos, Branco Rodero Neira.

Según el fiscal, gracias a Otarola también ingresaron a la casa de las leyes en 2017 Alexis Ganga, Erica Paludi, y Martín Sandoval. Los obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Al cobrar “debían entregar un porcentaje elevado a Cañumil, encargada de la recaudación”. Eran transferencias bancarias. Cañumil giraba la plata a las cuentas de Torres Otalora en el Banco Chubut y Banco Nación.

Mismo modus operandi

Este modus operandi, según la fiscalía, habría cambiado cuando asume como ministra. “En diciembre de 2019 va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar contraprestación”. Dicho grupo se diferencia de otro, que ocupan cargos sin vínculo estrecho con Otarola,y “servía para nutrir sus intereses espurios”.

Logró el nombramiento de Rodera como subsecretaria de Desarrollo Social, y de su su hermana Mara Rodera como directora de Control de Auditoría y compras; Facundo Rodera, sobrino de la subsecretaria, fue como director general, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- secretario de la ministro; Cañumil fue subsecretaria; Carlos Cundari, secretario privado de Jaquelina y Miguel Reto, director general.

Según el fiscal, “surge clara la relación de Otarola con los Rodera-Neira. Su gestión para que puedan ocupar cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada”.

En el caso de Cundari, fue socio de Marcelo Neira en 1998, en Telemec SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Y en 2005 en Industria Carma SRL. “Surge con claridad que la designación en el cargo de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Neira”. La designación de Reto también es por una relación preexistente con los Rodera-Neira.

En 2010 Jaquelina y Mara Lorena Rodera constituyen la sociedad Devorebuenosayres Com SRL, para explotar un hostel y residencia estudiantil en Guatemala 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez advirtió que el domicilio fiscal de Reto es el mismo. “Esto explica su designación como director, por su vinculación con los Rodera”.

Todos tienen domicilio en Buenos Aires. La única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, en el domicilio de Torres Otarola, Costamagna 79, Playa Unión.

Transferencias

En el otro grupo de la planta política nombrada por la exministro se menciona a Pamela Matamala, directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada. Facundo Jofré es director general, oriundo de Dolavon y con vínculos con Matamala. El 7 de mayo Jofré realiza una transferencia de $ 75.000 a Matamala. Y ésta transfiere a la cuenta de Cañumil en el Banco Chubut los días 24 de abril por $ 87,816 y el 7 de mayo por $ 84.216.

Por su parte Cañumil le transfiere a Otarola el 27 de abril por $ 100.000. Y el 4 de mayo, otra transferencia a la cuenta sueldo de Otarola por $ 78.656,82. El 8 de junio, Cañumil le transfiere $ 50.000 a Jaquelina Rodera y el 8 de junio, nuevamente a Otarola al Banco Nación por $ 100.000.

El 10 de mayo de 2019, Cañumil transfiere a Marcelo Macayo $ 21.467,63 para pagar cuotas de un Instituto de Inglés, deuda que tenía Otarola. También hay transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela -pareja de Cañumil-, y Otarola En febrero y marzo la exministro le transfiere a Valenzuela $ 10.000 y $ 15.000. Entre 2016 y 2020, Cañumil le realizó transferencias a Otarola por más de $ 1.500.000. Por su parte, el 3 de junio Reto extrae $ 50.000 en efectivo y se lo deposita a Cañumil.

Acción coordinada

“Está claro que todos actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que da el poder estatal. Otarola no tuvo ningún inconveniente para engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada”, dice la acusación. “La exministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizó aportes necesarios; los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así la maniobra estafatoria”.

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