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En una ceremonia desarrollada en el hall de la oficina Trelew del Ministerio Público Fiscal asumió como nuevo fiscal general el doctor Enrique Gabriel Kaltenmeier en circunstancias especiales por la conocida situación, sin presencia de público, familiares y compañeros de trabajo.

El Juramento de ley se efectuó ante la fiscal general jefa Silvia Pereira y la presencia de una de las empleadas. El flamante fiscal general venía cumpliendo funciones como funcionario de fiscalía y reemplaza a María Tolomei, quien pasó a desempeñarse como Jueza penal. Su nominación se dio tras el respectivo concurso y por resolución 1977/20 del consejo de la magistratura.

El fiscal general Alex Williams denunció que no cuentan con los elementos para llevar adelante juicios de gran envergadura en Chubut, como el de la “emergencia climática” de Comodoro y la Causa Revelación.

En comunicación con Cadena Tiempo, el fiscal general Alex Williams manifestó que debido a la falta de recursos, corren “serios riesgos” el desarrollo de los juicios pendientes en la provincia: “No tenemos vehículos oficiales para movilizarnos”, explicó.

El fiscal entiende que los recursos que llegan a la Corte Suprema “son contados con la mano” a nivel país: “Existen juicios de mucho volumen, que requieren de mucha estructura y logística, y hoy no se vislumbra la posibilidad de contar con los elementos para llevarlos adelante, como el de la emergencia climática de Comodoro y la Causa Revelación”, aclaró.

“Si hoy tuviera que trasladarme a una audiencia a Rawson en un vehículo oficial no podría hacerlo porque no tenemos combustible para los vehículos”, ejemplificó Williams.

La fiscal Verónica Zamboni, a cargo de la investigación por la muerte de Fernando Báez Sosa, se reunió con los padres del joven asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell, y con el abogado de la familia Fernando Burlando.

«(Fue una) muy buena reunión. Se explicó las decisiones de la Fiscalía, se coordinó con el abogado las acciones, se escuchó y están muy conformes con el trabajo de la Fiscalía», dijo el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, al ser consultado por el encuentro.

«Ahora falta esperar las resoluciones del juzgado en cuanto a la ampliación de la prisión preventiva por las nuevas calificaciones, falta resolver el incidente de recusación y la Cámara tiene que resolver la apelación de la prisión preventiva. Se esperan pericias y tareas que tienen que realizar la DDI», agregó Escoda.

En este sentido, la madre de Báez Sosa, el joven asesinado el pasado 18 de enero, se mostró este viernes «conforme con lo que se hizo hasta el momento» en la investigación.

En horas del mediodía, los padres de Fernando se reunieron a almorzar con la adolescente que era novia de su hijo: «Fuimos a la casa de Julieta y nos entregó cosas que nos habían dejado muchas personas», contó Graciela, la madre.

En cuanto a la investigación, la mujer se mostró conforme: «Hasta el momento están bien encaminados. Creemos que se va a hacer Justicia por mi hijo. Y espero que (los rugbiers) sean condenados, que es lo que se merecen».

La madre se expresó en estos términos antes del encuentro con la fiscal Zamboni, que informó personalmente a la familia sobre los avances en la investigación y las expectativas a futuro, a poco más de un mes del homicidio ocurrido en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell.

En tanto, se supo que la Fiscalía solicitó a la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Villa Gesell que estudie las imágenes de los videos que figuran en el expediente para confirmar si aparece «Pipo», el sospechoso número 11, al tiempo que pidió determinar su identidad.

Los abogados de la familia de Báez Sosa, Burlando y Fabián Améndola, ya expresaron sus sospechas: creen que estuvo en la escena del crimen en la noche de la brutal golpiza.

Por otra parte, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, los dos rugbiers acusados de ser partícipes necesarios en el crimen de Fernando Báez Sosa y que permanecen en libertad, fueron notificados este jueves de la nueva calificación de la causa y decidieron no declarar ante Zamboni.

En la nueva acusación, la fiscal los imputa también por el delito de lesiones leves contra cinco amigos del joven asesinado, que fueron agredidos por varios de los acusados al mismo tiempo que era cometido el crimen de Fernando.

Tanto Guarino como Milanesi habían sido liberados el pasado 10 de febrero después de que el juez de Garantías David Mancinelli hiciera lugar a la solicitud de la fiscal.

En tanto, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Enzo Comelli son considerados coautores del homicidio.

El discurso se repitió. Primero fueron Máximo Thomsen y Ciro Pertossi. Después llegó el turno de Blas Cinalli y Enzo Comelli. De a uno, los acusados de matar a Fernando Báez Sosa le apuntaron a la fiscal de la causa, Verónica Zamboni: «Nos mentiste» y «Mientras seas fiscal no voy a hablar del caso» dijeron entre otras cosas en la ampliación de la declaración indagatoria.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales. Los sospechosos insistieron en que no fueron informados por qué los indagaban. La defensa de los acusados, llevada adelante por el abogado Hugo Tomei, adelantó que presentará más pedidos de nulidades.

Es decir que se negaron a declarar sobre el homicidio ocurrido en Villa Gesell el 18 del mes pasado, pero decidieron atacar judicialmente a la representante del Ministerio Público. Aprovecharon la circunstancia para advertir que en su momento no se les notificó la acusación en forma concreta ni se les dieron detalles precisos del hecho que se les imputaba.

Después pasó Ayrton Viollaz, pero este no declaró nada. «Directamente no habló», dijeron fuentes del caso. Para terminar la audiencia faltan las declaraciones de Luciano y Lucas Pertossi y de Matías Benicelli.

Por su parte, Thomsen señaló ante la fiscal que «la sociedad y los medios de comunicación» condenaron a él y a su grupo de amigos, según consignó Télam. Ciro Pertossi también acusó a la prensa al dar testimonio ante la fiscal que recusa el grupo imputado por matar con golpes y patadas a Báez Sosa.

Trasladan a los acusados del crimen de Villa Gesell

Algunos de esos cuestionamientos de la defensa ya fueron planteados en el pedido de recusación de la fiscal, también tomaron forma en la denuncia penal presentada por el abogado Tomei contra la fiscal Zamboni. La defensa también habría advertido irregularidades durante estas indagatorias y prepararía otros pedidos de nulidades.

En el mismo momento en que se tomaban las primeras indagatorias en la fiscalía de Villa Gesell, empezaron a trascender detalles que figuran en el expediente sobre los mensajes detectados en los celulares de los sospechosos.

En esa línea se adjudicó un texto a Blas Cinalli con la frase: » Amigo, flasheamos, matamos a uno», situación que podría derribar el desconocimiento sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa.

La fiscal Zamboni sostuvo en su acusación que Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi y Ayrton Viollaz «acordaron darle muerte a la víctima» para lo cual distribuyeron «funcionalmente el rol de cada uno para la comisión del hecho.

Citó que, a su criterio y según surge de las pruebas recopiladas en su investigación, acordaron darle muerte «cumpliendo de ese modo el plan premeditado, dividiéndose las tareas». A los cinco primeros les atribuye el ataque, abalanzados por detrás para sorprender a Báez Sosa. «Aprovechando que se encontraba de espaldas e indefenso y actuando sobre seguro en virtud de la superioridad numérica y física», dijo.

La representante del Ministerio Público remarcó que [los acusados] se aprovecharon del estado de indefensión de la víctima y siempre «con el fin de darle muerte y cumplir lo pactado» le aplicaron «varias patadas en su rostro y cabeza».

 

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió las primeras medidas de prueba en la causa abierta por la denuncia de un sobre con 10.000 dólares encontrado en una oficina del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Llamó a declarar a un grupo de personas y solicitó los registros de las cámaras de seguridad de la oficina donde, según la denuncia realizada por el actual titular de esa cartera, Matías Kulfas, se encontró el sobre.

De acuerdo con la presentación de las autoridades del ministerio, el sobre fue hallado junto con una lista de nombres y montos. Hasta ahora, ni el dinero ni esa lista fueron entregados a la Justicia, dijeron fuentes del caso. El fiscal Pollicita, a quien se le delegó esta investigación, buscará hacerse además de estos elementos.

La lista de los testigos a los que citó Pollicita incluye a los responsables de la denuncia, a quienes encontraron el dinero y a los testigos de ese hallazgo.

Por: Paz Rodríguez Niell, señaló La Nación.

El fiscal que dispuso la aprehensión de 11 sospechosos por el crimen de un joven asesinado a golpes durante una pelea a la salida de un boliche en la localidad balnearia de Villa Gesell consideró que los agresores actuaron con «premeditación» y aseguró que dos de ellos «ultimaron» a la víctima cuando estaba «desmayada en el piso».

Walter Mércuri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de General Madariaga, consideró que los acusados «tenían un plan» al atacar a Fernando Báez Sosa (19), por lo que pidió a la Justicia de Garantías la detención formal de todos ellos, que serán indagados a partir de las 19, según confirmó.

Las indagatorias estarán a cargo de su colega Verónica Zamboni, titular de la UFI de Villa Gesell y donde recaerá la causa, ya que él intervino inicialmente porque estaba de turno.

En base a los elementos recabados hasta el momento, Mércuri imputó a los 11 jóvenes del delito de «homicidio agravado por participación premeditada de dos o más personas», que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua.

El fiscal detalló que dos de los aprehendidos fueron imputados en calidad de «coautores» porque «según se ve clarito en las imágenes» que son quienes «ultiman a la víctima cuando está desmaya en el piso», mientras que los nueve restantes están acusados de ser «partícipes necesarios».

Mércuri consideró que los otros aprehendidos fueron «partícipes necesarios» y que «hubo premeditación» en el ataque contra Fernando.

«Estas personas sabían perfectamente lo que hacían, cuando salen van directamente a buscar a la víctima. Sabían quién era, lo localizaron y fueron a buscarlo, por eso la calificación. Ellos ya tenían el plan de ir a buscar a la persona», indicó.

Para Mércuri, además, «si la intención era lesionar, estando indefenso en el piso hubieran dejado de pegarle», por lo que adelantó que en su opinión no corresponde la figura de «homicidio preterintensional», porque una vez en el suelo «continuaron golpeándolo en la cabeza».

También dijo que cuando los incidentes comenzaron dentro del boliche «Le Brique», la actitud de Fernando «fue siempre separar y sin embargo es él el que recibe un golpe de puño de uno de los aprehendidos, y es cuando las personas de seguridad lo sacan con sus amigos del boliche».

En cuanto a la aprehensión de Pablo Ventura (21), localizado ayer por tarde en Zárate, el fiscal señaló que si bien «todavía no se probó absolutamente nada porque no declaró», los investigadores tenían información de que «se iba a ir fuera del país».

Sin embargo, esto fue negado rotundamente por José María Ventura, padre del joven, quien aseguró que su hijo estuvo en Zárate, donde reside junto a su familia, todo el tiempo y nunca fue a Villa Gesell.

Respecto de la investigación, el fiscal Mércuri dijo que «de no haber podido obtener todos los elementos incautados hubiera sido muy difícil» avanzar en la identificación de los imputados y en ese sentido detalló que se secuestró «ropa con manchas de sangre, y ropa que coincide con lo que se ve en los videos».

La manifestación en homenaje al fiscal, que fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, fue convocada en redes sociales y en un comunicado por el espacio político integrado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, y se hizo en Plaza Vaticano, en el barrio de Tribunales.

El acto comenzó pasadas las 18 con la entonación del Himno Nacional y una conductora afirmó, antes del inicio de la lectura del documento leído por parte de varias personas, que «el espíritu de este acto está desprovisto de banderas políticas, por eso, a continuación invitamos a los ciudadanos del país».

«Nos hemos reunido para rendir tributo a quien dio su vida para que todos los argentinos podamos conocer la verdad sobre quienes fueron los autores del atentado contra la sede la AMIA que, sabemos, también son los responsables de la voladura de la Embajada de Is- rael. No es este el reclamo solo de las víctimas y sus familiares sino de todo un país al que esas bombas asesinas les sacudió el alma», expresó el texto.

El documento, con críticas al gobierno, sostuvo que «nadie en la Argentina puede darse el lujo de interpretar la muerte del Fiscal Alberto Nisman según su ocasional conveniencia política o el cargo que circunstancialmente ocupe» y advirtió que «Quien piense que el sillón de Rivadavia tiene el poder de hacer cambiar la verdad; quien crea que la verdad puede escribirse y cambiarse a conveniencia no es más que un aliado de la mentira y cómplice de los culpables. Por eso hoy aquí decimos: Justicia Perseguirás. No fue suicidio, fue un magnicidio».

«Un hecho criminal de este tipo no puede ser interpretado fuera de contexto. Alberto Nisman anunció que iba a presentar pruebas contra la entonces presidenta de la Nación como principal encubridora de los responsables del atentado a la AMIA y, cuatro días después, apareció muerto», expresó el documento.

En otra parte, sostuvo que «el gobierno de aquel entonces –que hoy ha vuelto con la intención de terminar su tarea inconclusa de asegurar la impunidad de los culpables y de quien pactó con los culpables– firmó un pacto clandestino e inconstitucional con la República Islámica de Irán que después transformó en ley con su mayoría automática en el Congreso».

«Así como Cristina Kirchner hizo un pacto de impunidad con Irán, el actual presidente hizo lo mismo con ella: pactaron una candidatura a cambio de impunidad», advirtió el documento y afirmó: «Vemos claramente y sin sorpresa como muy pronto ha comenzado la devolución de favores porque para ellos la lealtad –que puede ser transitoria o relativa en el llano– se transforma en omertá cuando ocupan el poder».

El texto afirmó, en ese sentido, «Ambos quieren desmontar la causa de mayor envergadura política que pesa sobre la vicepresidenta: la del magnicidio que hoy cumple 5 años impune».

Nisman fue encontrado muerto en el baño de su departamento la noche del 18 de enero de 2015, cuatro días después de haber presentado una denuncia contra el entonces gobierno kirchnerista en la que sostenía que la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán tenía por objetivo dar impunidad a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

La muerte del funcionario judicial se calificó como «homicidio» a partir de un informe elaborado por la Gendarmería Nacional -por requerimiento del juez Julian Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano- que contradijo, entre otras, la opinión del cuerpo médico forense, dependiente de la Corte Suprema, que había descartado la intervención de terceras personas en el hecho.

A cinco años del deceso de Nisman, los investigadores no lograron dar aún con indicios que permitan despejar los puntos más débiles de la investigación: quién fue el o los supuestos homicidas y cómo entraron y salieron del complejo Le Parc de Puerto Madero, donde residía el fiscal, sin ser vistos.

En el acto, en el que no participó la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), estuvieron los diputados de Cambiemos, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y María Luján Rey, y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y Mariana Zuvic y la madre de Nisman, Sara Garfunkel.

También participó el ex secretario de Derechos Humanos de Macri, Caludio Avruj, quien dijo en declaraciones a la prensa que «necesitamos seguir abonando la democracia» y destacó que «este tipo de encuentros de la gente reclamando justicia, son muy importantes».

La manifestación se replicó en la ciudad de Rosario, donde cerca de mil personas se reunieron en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario para realizar un acto en homenaje al fiscal Nisman.

El acto comenzó cerca de las 18:30 con un reducido grupo de personas reunidas junto a un escenario montado frente al río Paraná, en donde poco a poco la convocatoria alcanzó unos mil manifestantes, algunos de ellos llevaban carteles con leyendas como “No se puede matar a la verdad”, decorados con manchas de pintura rojas, emulando salpicaduras de sangre.

El diputado nacional de Cambiemos, Gonzalo Del Cerro, llamó a “que el actos como este se repitan para que haya una memoria cierta y presente”.

Por su parte, una mujer del público pidió la palabra y llamó a “aumentar la convocatoria cuando somos convocados en nombre de la república y de nuestros derechos”. “Tenemos que luchas para defender lo que logramos y para que (el ex presidente) Mauricio Macri vuelva a representarnos en la lucha por la verdad”, enfatizó.

En tanto, por la mañana, el agua de dos fuentes de la Plaza de Mayo amanecieron teñidas de rojo, según reportaron con fotografías usuarios de la red social Twitter que estimaron representaba la sangre de Nisman.

El fiscal será homenajeado mañana a las 10 en el cementerio de La Tablada, donde se encuentran sus restos, por sus familiares y la DAIA, cuyo presidente Jorge Knoblovits dijo ayer que «ahí estaremos junto a la madre de Nisman, Sara Garfunkel».fiscal

El acto fue presidido esta mañana en la Sala de Situación por el gobernador Mariano Arcioni, quien le tomó el juramento correspondiente.

Andrés Giacomone se desempeñaba como encargado del Registro Automotor N°3 de Trelew y con fuertes vínculos con la Cámpora.

Este lunes por la mañana en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, Mariano Arcioni le tomó el juramento de rigor al nuevo Fiscal de Estado, Andrés Giacomone. Su pliego había sido enviado a la Legislatura el pasado 16 de diciembre.

«Ellos se consideraban impunes y ya lo sentían así. Es más: una persona desconfiada o que tiene alguna alerta hace desaparecer no sólo los teléfonos, sino los papeles», sostiene el fiscal Omar Rodríguez en una extensa entrevista que difundió este domingo el área de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal.

Allí, uno de los fiscales que instruyó la causa “Embrujo” reveló algunas intimidades de la investigación.

“Tampoco ellos imaginaban que iba a haber un procedimiento de las características del realizado en marzo de 2018, con múltiples allanamientos y con múltiples detenciones. Eso también fue un factor sorpresa que les jugó en contra. Llegaron las preventivas que generaron mucho miedo. En mucha gente que vino a contar cosas”, agregó Rodríguez, quien ahora instruye la causa que busca llevar a juicio a Carlos Barbato, extitular del IAS involucrado en presunto enriquecimiento ilícito.

Rodríguez (50 años, casado, dos hijas) considera que también fue importante en la causa que ya condenó a Diego Correa y a gran parte de su banda el hecho de que “formamos un grupo de investigación cerrado. Éramos muy poquitos los que sabíamos toda la información. Estaba Alex (Williams) y yo con los dos policías, nadie más sabía. El Procurador sabía por una cuestión de jerarquía, siempre lo tuvimos al tanto, no de las medidas puntuales pero sabía cómo se avanzaba y nunca se filtró nada. Y siempre nos respaldó”.

El primer alerta

Rodríguez fue funcionario de Fiscalía en Comodoro en 2004 y trabajó un año en esta ciudad. Después rindió ante el Consejo de la Magistratura para ser fiscal. Fue en 2013. Actualmente es el jefe de la Unidad Especial Fiscal (UFE) que investiga delitos relacionados con la administración pública.

Sobre la causa “Embrujo”, indicó que “cuando nosotros arrancamos en diciembre de 2017 era un caso que aparecía raro porque no teníamos mucha información, que era lo que había descubierto el contador José Velázquez con esta empresa que coincidía con la misma dirección de Diego Correa. Era raro, llamó la atención y el alerta generó el caso y mi intervención”.

“Yo le digo a los dos policías que estaban conmigo en ese momento, (Nahuelcheo y Núñez) que vayan a Velero Vesta 127 a ver qué es. Nadie sabía qué había, si una empresa, una sede, qué era. Cuando van, se encuentran que era una casa de familia, una casa de barrio además cerrada. Y adentro de esa casa, atrás, detrás de una reja, se ve una camioneta. Y así sacaron las primeras fotografías. Suben la patente de esa camioneta y aparece otra empresa: Sepat SRL. Y ahí aparecen los nombres de los socios y nos damos cuenta que estamos en presencia de algo más grande: aparece Giuliana McLeod y Darío Domingo Correa. No sabíamos que era el hermano, pero sospechamos de algún parentesco con Diego Correa. Y Giuliana es la hermana de Natalia, que era la pareja de Correa. Entonces ya aparecieron ahí estas dos empresas. Empezamos a rastrear los domicilios de Sepat que tenía domicilio en Sarmiento Norte de Trelew; ahí vivía Norma Figueroa. Ahí empiezan a trabajar sobre los facebook, empiezan las relaciones, aparece Sandro Figueroa”.

Esa camioneta

Fue entonces que empieza a cobrar cuerpo “esta causa que no tenía nada que ver con la emergencia climática (la del famoso “sobre bomba”), sino que aparecía como un grupo de personas haciendo otra cosa, un funcionario relacionado con empresas. ¿Qué hacía la camioneta de Sepat adentro de la casa de Correa que era funcionario? ¿Qué tenía que ver Dual Core con ese domicilio? Ahí se empieza a tirar del hilo y a generar un volumen más grande de la causa”.

Empieza a surgir que tenían muchas contrataciones con la Unidad Gobernador, lo mismo con Sepat. “Es decir contrataban mucho con la Unidad Gobernador donde Correa era el titular. Así comienza a tomar cuerpo la causa porque de mínima teníamos negociaciones incompatibles porque era el mismo funcionario que contrataba consigo mismo”, sostiene Rodríguez.

El fiscal confesó en la entrevista que en principio se encontró “con un halo de protección y de cobertura que tiene que ver en general con los delitos de cuello blanco. El delito de cuello blanco tiene los mejores abogados, tienen el poder económico y tienen siempre cobertura, aunque aparezca de manera manifiesta o no se vea un político cubriéndolo. Siempre hay contactos que tienen y el ejemplo más paradigmático es Correa con la comunicación a Buenos Aires sabiendo que nosotros estamos interviniéndole los teléfonos”.

Más allá de la custodia que debieron aceptar en un principio de la investigación tanto él como Williams, Rodríguez admite haber sufrido consecuencias sociales por su investigación, por ejemplo en el club Patoruzú de Trelew.

“Era socio y ya no lo soy. A Federico Gatica lo saludaba cordialmente, me acercaba, le hablaba, pero ahora todo el entorno de Gatica me saluda por compromiso, o no me saludan”, concluye.

El incidente ocurrió dentro de una carnicería en las últimas horas, y las imágenes capturadas de la filmación de las cámaras de seguridad se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El hecho fue protagonizado por el subcomisario Leonardo Paredes, otro policía del que no ha trascendido su identidad, y el fiscal Ismael Cerda.

Si bien hay distintas versiones sobre el origen de la pelea, las cámaras de seguridad del negocio muestran claramente que quien arrojó el primer golpe fue el funcionario judicial, a pesar de que estaba en compañía de un niño de corta edad.

Algunos afirman que Cerdá -quien sería un expolicía- habría compartido funciones con uno de los policías a los que se enfrentó.

Trascendió también a través de las redes sociales que estos policías estarían siendo investigados en una causa por presuntos hechos de corrupción en el cobro de servicios adicionales de vigilancia.