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Hoy se celebró una nueva audiencia por el juicio contra Goodman, Castro y Ancaleo, por los incendios en Legislatura y Casa de Gobierno.

La jornada de hoy fue larga, con testigos aportados por la Fiscalía, que es la parte acusadora.

Entre los testigos estuvieron el actual Ministro de Educación, el señor Grazzini, Marcelo Piñero, segundo jefe de la seccional Esquel, Nestor Gomez Ocampo, quien era jefe segundo de la comisaría Rawson en 2019, el Comisario Juan Garcia y algunos efectivos de investigaciones, y bancaria.

El en caso del Ministro, sus declaraciones no aportaron demasiado al debate, pero si se presentaron las cámaras de seguridad de Legislatura del día 17 de septiembre de 2019.

En las imágenes se puede apreciar claramente que dentro de la casa legislativa había humo. Que el fuego nunca ingresó al edificio, pero si humo, el cual fue mencionado reiteradas veces por todos los testigos del día, la Fiscalía insiste en preguntar y repetir la cantidad de humo que ingresó al edificio ese día, intentando centrar la atención en el riesgo que corrieron los efectivos que allí se encontraban.

Luego declaró Gomez Ocampo, quien tuvo varias contradicciones entre su primer declaración en el MPF y el actual testimonio.

Ocampo aseguró que esa noche salio desde Legislatura a casa de gobierno, acompañado por otros policías, y describió como se iba sucediendo el avance de los manifestantes a la Casa de Gobierno, desde el momento en que estos tiran las vallas, hasta que comienzan los incidentes. Lo curioso del testimonio, es que luego al ser repreguntado por la defensa, cambia la versión , indicando que desde Legislatura se retiro hacia su casa, se higienizó y cambió el uniforme y luego se dirigió a Casa de Gobierno. Lo que evidencia que el relato anterior, donde describe lo de las vallas, la rotura de vidrios, etc, no fue algo que él personalmente pudiera observar.

También manifestó que no intentaron apagar el fuego que se comenzaba a encender en el exterior de la legislatura.

Se mostró alterado por tener que responder estas preguntas, dirigiéndose en un tono alto y casi agresivo para con el defensor.

Similar a las declaraciones de Piñero, quien se mostró más tranquilo, e hizo mención al malestar, la impotencia y la tristeza de los manifestantes en esa jornada, luego de que se conociera la noticia del fallecimiento de las docentes Cristina y Jorgelina, quienes perdieron la vida mientras regresaban sus hogares, en Comodoro Rivadavia, luego de la jornada de manifestación que había sido masiva, pero pacífica, hasta este fatal desenlace. Comentó y se vio en videos que dialogó con docentes que querían ingresar a Legislatura y que alguien les recibiera.

Por su parte el Comisario Juan García, señaló a Goodman y a la Señora Ancaleo, y los situó en legislatura durante la tarde, bajando cubiertas de un utilitario blanco. Lo que no se condice con el resto de la totalidad de los testimonios. Además, sugirió que Goodman organizaba los incidentes, por una supuesta llamada y señas que él dice haber visto, e interpretar como «directivas». Lo que no es raro de García, que ya es conocido por dar testimonios mentirosos y funcionales a las causas que se han llevado contra manifestantes en varias ocasiones.

En definitiva, se sigue evidenciando que esta causa es más que nada un intento más del Estado, de criminalizar y disciplinar a quienes reclaman sus derechos, y que los acusados fueron elegidos a dedo. Esto lo afirmamos por entender que la acusación para los tres imputados es, en calidad de coautores de Incendio estragoso (el que aún no se ha podido demostrar) y daños. Pero ninguno de ellos fue acusado como autores materiales, o intelectuales del hecho.

Entendiendo que cualquier persona que alimentara el fuego, o arrojara piedras, tendría la misma acusación, y a pesar de contar con muchísimas imágenes fotográficas y de video, donde se ven claramente muchísimas personas, solo han sido señalados estos tres dirigentes como acusados.

Mañana se retoma una nueva audiencia, a las 9hs en la Oficina Judicial, de Rawson.

Fuente: Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia

Es calamitoso el estado en que quedó el parque automotor de la repartición luego de varios años de no haber sido renovado y de que no se arreglaran los móviles rotos. Los policías, ahora, están usando en muchos casos sus vehículos particulares para ir a los hechos o incluso para llevar a cabo procedimientos dispuestos por la Justicia, porque los pocos patrulleros que están en funcionamiento “se caen a pedazos”.

La pregunta del millón es ¿en qué invirtió Massoni y los secuaces que tenía en la Jefatura de Policía, la plata destinada a la seguridad de los chubutenses? ¿No debería investigarse si es cierto que gran parte de ese dinero fue gastado en los operativos de prensa que acostumbraba a realizar el exministro o en la campaña proselitista que hizo cuando se candidateó para senador?

El otro día el actual titular del Ministerio de Seguridad de la provincia, Miguel Castro se refirió al estado actual del parque automotriz de la fuerza: “Es un desastre la situación con los patrulleros, en el interior provincial tenemos localidades donde no hay móviles”, dijo, pero los que le hicieron el reportaje (muy raramente) nunca le preguntaron qué responsabilidad tenía en esa realidad que describía su antecesor: Norberto Federico Massoni.

Se quedaron atrás “los periodistas” hasta en consultarle al ministro desde cuándo no se invertía en el parque automotor o cuándo fue la última vez que se compraron móviles. Desde acá les aportamos ese dato: la última adquisición “grande” que se hizo fue en 2014.

Todos sabemos que Massoni y los Gómez se fueron con los bolsillos bien llenos de la función pública, pero lo que se desconoce es que los vehículos oficiales que usaban ellos los dejaron destruidos, de acuerdo a lo que aseguran en la Jefatura de Policía.

Mientras la provincia estaba en crisis y los empleados estatales no cobraban –incluso la mayoría de los policías— a los Gómez, a Massoni y a todo el sequito que lo seguía y “le sobaba el lomo” nunca les faltó plata. Ellos sí cobraban sus sueldos en tiempo y en forma y percibían haberes exorbitantes, que llegaban casi al medio millón; cuando en Chubut había miseria.

Paradójicamente, no había plata para arreglar los patrulleros que se rompían y en muchas ocasiones hasta para cargar combustible. Se les quedaba debiendo a las estaciones de servicio, a las casas que vendían los repuestos y eso provocaba que las comisarias no tuvieran móviles para patrullar, para resguardar la seguridad de los ciudadanos.

En ese contexto el discurso embustero de Massoni –con el que embaucaba fácilmente a “periodistas” desinformados—era que iban a comprar más de 100 camionetas y que renovarían totalmente el parque automotor de la policía. Ahora esas mentiras han quedado al descubierto, cuando el actual ministro de Seguridad pone en evidencia “el desastre” que dejó Massoni y sus secuaces.

Notas relacionadas:

• ¿Y las cámaras en los patrulleros que había prometido Massoni?

La Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios celebró la firma de un convenio con la ciudad de Puerto Madryn para institucionalizar la implementación de los componentes de Sistemas de Gestión de Calidad y Técnica Legislativa en el marco del Programa Nacional de Gobernanza y Calidad Parlamentaria.

Del acto, realizado en la Jefatura de Gabinete de Ministros con sede en el Edificio Somisa, participaron la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, Cecilia Gómez Mirada, el coordinador político-institucional del Programa, Lisandro Vives, y la viceintendenta de Puerto Madryn y presidenta del Concejo Deliberante, María Noelia Corvalán Carro.

“Hemos avanzado en la firma de un Acta Acuerdo que propone una serie de líneas de trabajo. En primer lugar, realizar una nueva formación en Técnica Legislativa y, en segundo término, lograr la implementación de Gestión de Calidad dentro de los procesos administrativos y legislativos del Concejo. Esto es muy importante porque nos ayudará a mejorar los tiempos y trámites que realizamos, como así también una reducción de costos y mejor aprovechamiento de los insumos”, explicó Corvalán.

Tras la firma del convenio, Gómez Mirada destacó la importancia de fortalecer el trabajo con los concejos deliberantes a través de las capacitaciones brindadas por los y las profesionales de la Jefatura de Gabinete de Ministros. “A dos años de la recuperación de este espacio de formación, seguimos profundizando el trabajo federal para llegar con herramientas concretas a las y los legisladores de todo el país”, destacó.

El Programa Nacional de Gobernanza y Calidad Parlamentaria busca brindar herramientas de formación a legisladoras, legisladores y equipos técnicos de los cuerpos parlamentarios provinciales y municipales. A la fecha, cuenta con la participación de más de 3.000 asistentes de 510 localidades de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El horror en Punta Tombo fue noticia nacional. El dueño de un campo lindante a la Reserva Natural de Punta Tombo aplastó 140 nidos de pingüinos y electrificó a un centenar. El hecho derivo en una denuncia penal que ya está en manos de la fiscal Florencia Gómez.

Tombo aseguró que el camino que realizó el dueño del campo lindante a la Reserva Natural se realizó sin autorización. Ratificó que había un cerco electrificado. La calificación por ahora es de maltrato y crueldad animal, pero dejó entrever que, con la aparición de nuevas pruebas, posiblemente cambie la caratula.

“Recibimos la denuncia por parte de las autoridades de Medio Ambiente y Flora y Fauna de la Provincia de Chubut, afirmando que el dueño del campo lindante a la Reserva había realizado con una maquinaria de alto porte, un camino desde el campo hacia la costa”, explicó la fiscal.

Gómez puntualizó que esto “generó que más de 140 nidos quedaran aplastados y los pichones que se encontraban adentro, ahogados por la misma tierra”.

Asimismo Gómez , ratificó que “esto se llevó a cabo sin autorización” y aseveró que “también se colocó un cerco electrificado que provocó la muerte de los pingüinos macho y hembra que volvían de buscar alimento para sus pichones”.

“La investigación por ahora está enmarcada dentro de la Ley de maltrato y crueldad animal, cuando tengamos los informes del Cenpat y biólogos y guarda faunas que están trabajando en el lugar, vamos a tener seguramente un cambio de calificación”, advirtió la fiscal Gómez .

Hay un dato relevante: Al ser una reserva, es patrimonio que no se puede tocar, menos en esta época del año en la que el pingüino de Magallanes viene a reproducirse.

“Tenemos la única Reserva en el país del pingüino de Magallanes y esta denuncia me generó tristeza”, lamentó.

Con el poder que tuvieron pudieron haber contribuido a mejorarle la calidad de vida a los policías y no lo hicieron, pero sí, en cambio, acrecentaron sus patrimonios económicos sideralmente. Al “Tero” Gómez Ocampo ya se le conoce una mansión que estaría terminando de construirse en un populoso barrio de Puerto Madryn, Massoni ya habría comprado varias propiedades y los Gómez estarían en plan de convertirse en comerciantes con dos o tres negocios que pondrían en Trelew.

Nunca, en la historia de la policía del Chubut se vio que una familia la manejara como si fueran los dueños y “los Gómez” lo hicieron, sentando un peligroso antecedente que ojala no se repita nunca más, por el bien y el prestigio de la fuerza.

Miguel Gómez, jefe de Policía, su hermano Paulino Ramón, director de Seguridad –el máximo responsable de todas las dependencias policiales de la provincia—y Beatriz, la hermana de Miguel y Paulino; la jefa de Finanzas que tenía el manejo de la caja, de los fondos de la institución.

Beatriz Gómez ostenta además “un record” que será difícil igualar o superar, el de ser la única mujer policía que en menos de un año y medio ascendió sin escalas por lo menos cinco jerarquías; de suboficial a comisario mayor: lo que cualquiera en una carrera normal hubiera tardado en lograr recién con veinte años de servicio. Su hermano Miguel Gómez fue cómplice de esa verdadera demostración de impunidad y autoritarismo sin ningún pudor, y en algún momento deberá rendir también cuentas por ello.

También fue cómplice de todos los desquicios y atropellos que le dejó hacer a su hermano Paulino Ramón: desde ordenar a un dependiente salir a la calle a meter preso a cualquiera, tan solo para quedar bien con Massoni, hasta haber participado activamente en la causa que le armaron a Darío Fernández, el dueño y director de Cholila Online.

Ahí también Paulino Ramón Gómez, en algún momento, va a tener que dar explicaciones en la Justicia por la “privación ilegítima de la libertad” de Fernández, con esa detención ilegal que realizó sin orden de un juez junto a “El Tero” Gómez Ocampo, en setiembre del año pasado, en la ruta entre Trelew y Gaiman.

Hay una disposición de la jueza Mirta del Valle Moreno para que él, el maleante de “El Tero” y otros oficiales sean investigados por graves delitos en una causa penal, pero el procurador de la provincia Jorge Miquelarena y sus fiscales están desoyendo la orden de la magistrada y con el tiempo podrían también incurrir en conductas delictivas si siguen sin producir medidas y no actúan en consecuencia.

Por eso, la crisis en la policía del Chubut va más allá de la justa batalla que dieron hace poco sus integrantes, tanto el personal activo como los retirados, exigiendo y logrando una recomposición salarial, también como un hecho histórico: es, asimismo, la degradación moral a la que Massoni, los Gómez y el delincuente de “El Tero” Gómez Ocampo sometieron a la fuerza a la que en medios nacionales –por culpa de todos estos personajes—llegaron a vincular al narcotráfico.

Desde el gobernador Arcioni hasta Massoni y los hermanos Gómez fueron encubridores de los oscuros vínculos entre “El Tero” Néstor Ángel Gómez Ocampo y un narcotraficante condenado actualmente a 9 años de prisión como lo es Omar “El Cura” Segundo, a quien en su momento en Madryn, antes de terminar preso y mientras comía asados con “El Tero” Gómez y el fiscal Daniel Esteban Báez le secuestraron de su empresa pesquera más de 10 kilos de cocaína que iba a enviar por barco a España.

Entonces, a la luz de todo esto: ¿cómo te parece que se tienen que ir los Gómez, Massoni y “El Tero” Gómez Ocampo de la función pública? ¿Con honores, como si hubieran hecho una excelente tarea?

Luego que el mismísimo jefe de Policía Miguel Gómez divulgara la noche de este viernes que el ministro de Gobierno y Justicia José María Grazzini había renunciado, según Julio Moreira, uno de los integrantes del Consejo de Bienestar Policial; el propio Grazzini dos horas después le aseguró a través de un WhatsApp a una alta autoridad política que “ni loco renunciaba”. ¿Se arrepintió o alguien le pidió que se quede?

Este sábado, a partir de las 11, se retomaría en la Jefatura de Policía la negociación entre el Gobierno y los representantes de los policías en actividad y los retirados, y se dice que la discusión se va a centrar en si acepta o no la última propuesta del Gobierno que “contempla un sueldo mínimo de 60 mil pesos para los agentes de zona norte y 66 mil pesos para los de la zona sur. Además, del pago de un bono a los agentes administrativos de 5 mil pesos desde diciembre de 2021 a julio del 2022”.

El vicegobernador Ricardo Sastre encabezaría este sábado las negociaciones, como comenzó a hacerlo el viernes a la noche –coincidentemente- luego que alrededor de las 22 se conociera que Grazzini no había renunciado y que continuaba siendo ministro de Gobierno.

En ese momento, entre varios policías y algunos retirados que manifestaban afuera de Jefatura se trataba de consensuar si se iba a la retención de servicios o no, cosa que podría decidirse este sábado si no se llega a un acuerdo con la recomposición salarial que propone el Gobierno.

Se ve que en Chubut no hay hechos de inseguridad que preocupen a la gente y entonces el director de Seguridad de la policía provincial se dedica a hacer de “cholulo” del devaluado ministro de (in) Seguridad; haciéndole selfis, videítos, o sacándole fotos con el celular mientras Massoni posa con aquellos que se le acercan.

En esa situación se los vio a ambos el fin de semana en Puerto Madryn. Primero, anduvieron dando vueltas por la costa buscando a algún escurridizo fan de Massoni que tardó en aparecer, y luego fueron a hacerse ver y a llamar la atención a un sector en donde había familias disfrutando de una primaveral tarde de domingo; ahí lograron que algunas personas se quisieran sacar fotos con el pre-candidato a senador.

Massoni –como siempre— sin cumplir con el protocolo sanitario; no respetando el distanciamiento social, a los besos y abrazos y sacándose el barbijo cuando alguien se le acercaba. Y el “don juan” de Paulino, fiel a su estilo, imitando lo que hacía su amo.

Lo indignante, es que nada de lo que hace Massoni y los obsecuentes que habitualmente lo acompañan le sale gratis al Estado. Todos los policías que utiliza para su campaña cobran viáticos.

El mismo Paulino Gómez “viaticó” el fin de semana pasado en Madryn, computando esas horas en las que anduvo haciendo de fotógrafo como si hubiera estado trabajando de policía. Una muestra más de que “estos tipos” hacen lo que se les da la gana porque nadie los controla. Se aprovechan de que la oposición no existe en esta provincia.

Así lo aseguró el diputado provincial Carlos Gómez, del bloque Chubut al Frente. Comparó la minería con el petróleo, “columna vertebral” de la economía provincial. Y criticó el “doble discurso” de algunos intendentes y también del exintendente de Comodoro, Carlos Linares.

El diputado provincial Carlos Gómez, integrante del bloque de Chubut al Frente, afirmó que el proyecto de ley de zonificación minera en la Meseta “garantiza a mediano y largo plazo preservar todos los alcances de la Ley 5.001”, norma que desde hace 17 años establece restricciones a la actividad y la delimitación de una región para su desarrollo.

Gómez hizo comparaciones entre la actividad hidrocarburífera y la minera, dijo que la Ley Provincial de Hidrocarburos “es espejo” del proyecto de zonificación y, además, cuestionó el “doble discurso” vinculado a la industria petrolera como “columna vertebral de la economía” del Chubut y el rechazo a la minería por parte de intendentes y otros sectores de la comunidad. En este sentido, apuntó de manera directa al ex intendente de Comodoro, Carlos Linares.

“Ley Provincial de Hidrocarburos es el espejo del proyecto de zonificación”, ya que prevé “la obligación de cualquier inversor de contratar mano de obra local en un 70 u 80%, lo mismo en contratación de empresas y proveedores. Está establecido por la Ley de Hidrocarburos que se cumple a rajatabla y lo mismo ocurre en Santa Cruz”, dijo Gómez en declaraciones a FM Del Lago, de Esquel.

En este contexto mencionó que los gremios petroleros controlan el cumplimiento del cupo laboral, así como de la garantía de inversión y de estabilidad laboral previstas en los acuerdos y en las normas provinciales y nacionales.

REGALÍAS Y DOBLE DISCURSO

“Cada intendente de Chubut está al tanto de lo que produce la industria hidrocarburífera porque todos los meses consulta las regalías que le llegan”, afirmó Gómez, y sostuvo que eso genera “a veces un doble mensaje porque somos ambientalistas en algunos aspectos, pero cuando se trata de regalías petroleras no le hacemos asco a la distribución”.

“Sabemos que (la petrolera) es una actividad que tiene sus problemas ambientales, pero que tiene un estricto control de Provincia, de los municipios, de los gremios y de Nación. Y es la columna vertebral del presupuesto provincial”, indicó el legislador.

En cuanto al panorama para este 2021, dijo que al igual que el año que pasó “va a ser muy difícil”, debido a “la situación de quebranto que vive la provincia, toda la economía regional y cada municipio”, aunque celebró la reestructuración de la deuda nacional y provincial, en este último caso luego de la aprobación por parte de la Legislatura.

En este marco, en cuanto a las posibilidades de que este año, que es electoral, se trate el proyecto de zonificación minera, afirmó: “Sea en una extraordinaria o en marzo, se tiene que llevar adelante el debate”.

“En la última movilización que realizaron los trabajadores petroleros, Camioneros, la UOCRA, bancarios, Comercio en diciembre, se le ha solicitado al gobernador abrir el debate sobre el proyecto porque es uno de los pocos que garantiza a mediano y largo plazo preservar todos los alcances de la Ley 5.001”, dijo Gómez.

Afirmó que la zonificación “genera un desarrollo sustentable y, por otro lado, la posibilidad de llevar adelante una motorización del empleo en la zona de incidencia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson, todo el Valle como sector multiplicador de la actividad”.

“SER SERIOS”

“Ya han pasado 17 años en los que se tendría que haber cumplido con la obligación de la Ley 5.001. Y este proyecto se encuadra en la política minera del presidente Alberto Fernández. Entonces hay que ser serios en el momento del debate, sin fundamentalismos”, continuó.

Enumeró que “el proyecto preserva la 5.001, ríos, cauces de ríos, impone un distanciamiento de 5 kilómetros a cada costado de los ríos donde no se puede habilitar ningún tipo de actividad minera; preserva acuíferos, establece estrictos controles de ambiente con participación ciudadana”.

“En los últimos 17 años en los que hubo gobiernos peronistas se ha dejado a la Meseta que padezca y naturalice su pobreza”, dijo. “Ya lo planteamos en 2014. A la hora del debate, por lo menos los petroleros tratamos de ser coherentes y no andamos con dobles discursos”, planteó.

“El desarrollo minero tiene que ser sustentable porque 60.000 familias dependen de la recaudación de la Provincia, sin sumar a los empleados municipales”, dijo.

Y se preguntó: “¿De dónde recaudan el Estado Provincial y los municipios? De la actividad privada. Hoy las empresas privadas están quebradas. ¿De qué nos vamos a disfrazar?”.

Por eso, “tenemos que ser serios en el momento debate. Y leer bien el proyecto. Porque está garantizado el empleo local, el compre local, las inversiones para la infraestructura de servicios. Y el inversor va a tener que perforar sus propios pozos para poder capturar agua, igual que en la actividad petrolera”, finalizó.

Si bien nunca lo pudieron llevar a la Justicia, dicen que habría informes secretos y testimonios de expolicías y civiles que podrían complicarlo al hacer reabrir una causa de hechos que nunca se investigaron. Ahí, el actual subjefe de la policía del Chubut aparecería involucrado hasta con un servicio de vigilancia clandestina que hacía personal policial a su cargo, en locales nocturnos que aparentaban ser pooles y bares pero en realidad eran prostíbulos.

¿Cómo era el modus operandi de los policías de la Brigada de Madryn que presuntamente custodiaban de manera ilegal estos lugares? En la mayoría de los casos “hacían de porteros”.

Dicen que hasta habría filmaciones de estos efectivos, que en vez de trabajar para desmantelar las bandas que manejaban “la trata de personas” en Puerto Madryn, les vigilaban los negocios y probablemente también les liberaban la zona.

Todo esto figuraría en unos informes confidenciales que en 2015 habrían sido enviados a la Justicia Federal de Rawson y en los mismos se detallarían varios locales nocturnos que estaban habilitados como pubs, pooles o bares pero que en realidad eran cabarets o lugares de cita camuflados, en donde se ejercía la prostitución.

Los hechos datan de cuando “El Tero” Gómez, hoy subjefe de Policía, era el máximo responsable de la Brigada de Investigaciones de Puerto Madryn y –oh casualidad– el vehículo en el que él se movía, una camioneta cuatro por cuatro que era un secuestro judicial; estaría filmado y fotografiado al momento en que visitaba esos locales casi de manera habitual.

Ahora, ¿qué paso con esa causa, en la que hubo hasta una investigación de la Regional de Policía marynense? Parece que corrió la misma suerte que otras en las que aparecería vinculado este temible personaje: habría quedado en la nada.

Aunque la novedad que ha trascendido de fuentes judiciales en estos últimos días, es que habría ex oficiales y suboficiales de la policía, como también algunos civiles que estarían dispuestos a declarar ante la Justicia.

Al “Tero” Néstor Gómez Ocampo le debe traer algún grato o ingrato recuerdo estas direcciones de Madryn: Gobernador Maíz al 800. José Menéndez al 300, en la planta baja. Manuel Belgrano al 650. O quizás se acuerde más de “Adán y Eva” o de “Zíngara”. O del link “chicas-puerto-madryn.html”.

De un relevamiento que se hizo en esos tiempos –sin que “El Tero” Gómez lo supiera—un grupo de “buenos policías” corroboró que en esas direcciones se ejercía la prostitución y que las mujeres que allí “trabajaban” eran paraguayas, dominicanas y de algunas provincias del norte de Argentina que eran traías a Puerto Madryn bajo engaño configurándose el eventual delito de “trata”, cuando en la ciudad les sacaban el documento y las presionaban para que se prostituyeran.

Otros lugares en donde se llevaban a cabo estas actividades de manera clandestina y custodiadas increíblemente por personal policial de la Brigada, según el informe policiaco secreto serían; José Menéndez al 300 y Roberto Gómez al 200. Bolívar 10, Villegas al 500, Rawson 20 y Villarino casi Juan B. Justo.

Vale destacar que las direcciones que se han consignado no tienen la numeración exacta ante la eventualidad de que allí ya no funcionen más los VIPS clandestinos.

Hoy “El Tero” Gómez –amigo de un narcotraficante de Madryn condenado a 9 años de prisión por traficar más de 100 kilos de cocaína— debería quizás estar preso si la Justicia hubiera funcionado en su momento. Ahora, habrá que esperar si se concreta lo que se viene adelantando desde hace unos días, que sería la reapertura de una causa que nunca –al parecer—llegó a ser investigada.

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Ayer a la mañana, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, participó de un conversatorio organizado por la Cátedra de género, sexualidades y derechos humanos de la sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Unpsjb) y por Cladem Argentina, denominado “Sin nosotras no hay Justicia”, en el que se abordó el tema de la paridad en el Poder Judicial, haciendo hincapié en la oportunidad que tiene Chubut de establecer paridad de género en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). 

Luego de esta actividad virtual, Gómez Alcorta expresó sobre este tema de suma actualidad para la provincia: “No hay ninguna duda que es un tema que está en agenda, cuando se mide la paridad política que tiene cualquier país, no se toma solo la cuota en los Poderes Legislativo o Ejecutivos, sino que uno de los principales indicadores está en el porcentaje de juezas o magistradas en la Cortes Supremas y en los Superiores Tribunales, o sea que es un tema que está en la agenda internacional y por eso tenemos que dar una respuesta acorde al momento en el que estamos”.

INTEGRACION Y PERSPECTIVA DE GENERO

Obviamente, la incorporación de mujeres al STJ no implica sí o sí que este tribunal tenga una perspectiva de género a la hora de decidir. 

Es por eso que Gómez Alcorta explicó que “la integración de mujeres no asegura de por sí la perspectiva de género. Sin embargo, cuando pensamos cuáles son los lineamientos para una administración de justicia con perspectiva de género, el impulso de políticas activas para la integración es uno de los lineamientos más importantes”. En ese sentido, la ministra destacó el hecho de que, en general, los Poderes Judiciales tienen más mujeres que varones, pero “no tienen acceso a los cargos jerárquicos, entonces hay que acomodar esa injusta distribución y después llevar adelante el resto de las cosas de un modo integral”.

DESIGUALDAD ESTRUCTURAL

Si bien el Poder Judicial es un poder independiente y depende de la provincia, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación no trabajan en ningún proyecto en particular, sino que impulsan el debate “proponiendo ideas y lineamientos generales de políticas para diseñar administración de justicia y organización judicial con perspectiva de género”. 

Respecto a lo que ocurre a nivel país, la ministra resaltó que “los Tribunales de Corrientes, Formosa, La Rioja y Chubut no tiene ninguna mujer en sus Superiores Tribunales; Jujuy, San Juan y Buenos Aires tienen una sola; la Corte Suprema de Justicia de la Nación está en la misma situación y después varía la participación, pero siempre es baja”. A nivel de Justicia Federal, los datos son similares a lo que ocurre a nivel provincial y Gómez Alcorta puso como ejemplo la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, “donde hay 12 jueces varones sobre seis mujeres, pero además hay diez fiscales varones y una sola mujer. Esto lo que centralmente muestra es que es una desigualdad estructural, no es una situación excepcional de alguna jurisdicción”.

SIN ARGUMENTOS

Así las cosas, con la Ley de Paridad presentada por la diputada provincial Mónica Saso, lo que falta es la decisión política de votarla en la Legislatura. Sin embargo, el hecho de que esto sea Ley, podría generar rechazos en diversos estratos de la sociedad en general y del Poder Judicial en particular: “Ni desde la lógica, ni desde la razón y mucho menos desde el Derecho, se puede justificar que esto se dé así. Sin embargo, seguramente va a haber gente o sectores que no les guste, que no estén de acuerdo, porque hay que tener en claro que, cuando se avanza en este sentido, hay mucha, mucha gente que tuvo muchos privilegios durante siglos. Entonces, si cierto sector tenía asegurada la posibilidad de tener espacios, por ejemplo, en el STJ y que hoy esos espacios tengan que ser ocupados por mujeres, obviamente restringe que sean ocupados por varones, que es lo que históricamente nos ha pasado a nosotras. Ahora estamos conquistando nuevos lugares y a quienes deban retroceder en esos beneficios seguramente les va a costar. Pero argumentos racionales, jurídicos, no hay ninguno, solo es una pérdida de privilegios”.