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Con dos testigos que no estuvieron presentes, un total de siete testimonios se escucharon en la tarde de este jueves en el marco de la continuidad del juicio oral y público por la causa “Embrujo”. El debate seguirá el próximo martes a partir de las 8.30 en la sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson.

Pablo Diporsano era chofer en casa del Chubut en la Capital Federal. Su presencia en el juicio estuvo relacionada con los intentos que realizó el grupo investigado para deshacerse de los bienes entre ellos, la Hiunday H1.

También por el sistema de videoconferencia desde la provincia de San Juan donde se encuentra por problemas de salud, declaró acerca de las directivas que recibía de “Tato” Ramón y su trabajo en el área de obras públicas de la Provincia.

Presente en la sala estuvo el escribano Maximiliano González Lloyd que estuvo relacionado con  Diego Luters por la compra de un terreno en Rawson por un valor de 250.000 pesos que finalmente se escrituró a nombre de Mezeta Consulting.

Otro de los que declaró fue Gerardo Tardugno, ex secretario privado y jefe de prensa de la intendenta Roxana Artero. Su presencia en el juicio estuvo relacionada por su relación con Rubén “Bedo” Reinoso y una pauta publicitaria de la Municipalidad capitalina en favor de la empresa Dual Core que finalmente facturó los servicios por un valor de 5.000 pesos.

Finalmente declararon dos albañiles. Uno de ellos Jorge Villagra, trabajó para la empresa “Concretando” de Tato Ramón. Confirmó que esa empresa le pertenecía al imputado. Por su parte Francisco Pilquimán, confirmó que trabajó para la empresa Dual Core y que fue contratado por Ramón. Destacó entre las tareas que realizó, la construcción de la pileta de natación en la casa de dos plantas de Diego Correa en Playa Unión.

En el segundo día del juicio oral y público declararon testigos que dieron cuenta del interés de los imputados por comprar terrenos en la cordillera chubutense y Playa Unión, además de aspectos vinculados con la casa en construcción de Diego Corre aledaña a tres dúplex, en esa  villa balnearia.

Nicolás Scandizzo empleado de la Municipalidad de El Bolsón dijo que tenía en venta lotes y que los imputados en nombre de la empresa Dual Cuore realizaron una oferta para adquirirlos. Se trata de seis lotes que sin servicios fueron vendidos en 60.000 pesos, no obstante el ofrecimiento de los interesados en comprar toda la chacra donde se hallaban los terrenos. No dio muchas precisiones sobre el comprador y que todo se realizó a través de una escribanía. “Era una mujer que se llamaba Daniela Souza”, indicó.

También declaró Claudia Zafaroni con domicilio en la ciudad de Esquel.  Se declaró amiga de Diego Correa que le propuso entre los años 2013 y 2014 comprar un terreno en Lago Puelo. “Finalmente no se concretó nada a pesar de que el precio era muy económico. Pero lejos del pueblo, en la zona de Las Golondrinas no daba para poner un instituto de cosmetología como yo pretendía”, indicó.

Los terrenos en Playa Unión

Otro que declaró fue Sergio Ríos, amigo de Diego Correa desde hace unos diez años. Viajó especialmente desde Avellaneda para testimoniar en el juicio. Dijo que en el año 2010 estuvo interesado en comprar un terreno a instancias de Correa, en Playa Unión. Agregó que las gestiones las realizó Correa y que acordaron que le conceda un poder al imputado Jorge Godoy para la realización de los trámites de compra de tres terrenos por un valor de 208.000 pesos. }

La sesión de derechos de los terrenos a Correa los hizo por cuestiones matrimoniales. “Diego, con esto no puedo seguir porque me está trayendo muchos problemas”, indicó que le dijo al imputado. Se trata de los terrenos donde Correa luego construyó su casa y tres departamentos. “No tengo ni idea porque a la compra de los terrenos no la realizó directamente Correa. En principio me pareció un lindo lugar para realizar una inversión y construir allí unas cabañitas”, expresó.

En el documento de sesión de derechos exhibido en la audiencia, aparece el nombre de Alfredo Di Filippo en carácter de secretario de gobierno de la Municipalidad de Rawson, ya que se trataba de terrenos municipales que fueron vendidos de manera directa, tal como se expresó de la lectura de la documental exhibida en la audiencia.

La parrilla en la casa de Correa

También declaró Diego Fernández, un arquitecto que fue contratado para la ejecución de una costosa parrilla en esa casa que Correa se estaba haciendo en Playa Unión. Se trata de una parrilla especialmente diseñada, que demandó un mes y medio de trabajo. “Era una parrilla con muchos requisitos por lo que había que estar permanentemente con los constructores.

No era una parrilla estándar, era de las más lujosas que vino especialmente desde Buenos Aires. Era de tres metros de frente de acero inoxidable. El que me llamó fue Luters. Godoy era el director de la obra. Me pagaron la mitad solamente. Seis mil pesos en efectivo de un total de doce mil que les había presupuestado por mis honorarios”, dijo el testigo.

Luciana Cavalaro es profesora de patín en Trelew. Con su ex marido eran propietarios de la empresa Dual Cuore, creada con el objetivo de armar una empresa constructora que nunca funcionó como tal. Dijo que en el 2013 se divorció de su marido y pusieron en venta la empresa. Expresó que “el interesado en comprarla fue Diego Correa pero a él nunca lo vi. Me estaba divorciando, me desvinculé de la empresa y ya está. Luego leyendo el Boletín Oficial, me di cuenta que los compradores habían sido Natalia Mc Leod y Daniela Souza”.

Ante preguntas puntuales del defensor Fabián Gabalachis, la testigo dijo que esa operación se realizó en el año 2013

En el reinicio del debate tras la feria judicial de invierno, el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2 Diego Luciani sostuvo que «no hay razones jurídicas para que este juicio se suspenda». A esta nueva audiencia no asistió la actual senadora nacional, ya que en esta etapa no hay obligación de concurrir. Además de la ex presidenta, son juzgados los detenidos Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obra Pública José López, entre otros.

La fiscalía rechazó hoy los planteos para suspender el juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros doce acusados por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor del detenido empresario Lázaro Báez durante el kirchnerismo, así lo detallo Telám.

En el reinicio del debate tras la feria judicial de invierno, el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2 Diego Luciani sostuvo que «no hay razones jurídicas para que este juicio se suspenda», al comenzar a responder los 51 planteos preliminares hechos por las defensas en la última audiencia.

«Hay un desmedido interés para que esta causa se vaya a Santa Cruz», dijo el fiscal y remarcó asimismo el «interés» en que el juicio «no se realice».

A esta nueva audiencia en los tribunales federales de Retiro no asistió la actual senadora nacional y precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, ya que en esta etapa no hay obligación de concurrir.

Luciani reclamó al respecto que el Tribunal exija la presencia de todos los procesados porque «la defensa material tiene que ser de ellos».

Al juicio asistieron los procesados ex subsecretario de Obra Pública Abel Fatala y el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti.»Vamos a analizar si hubo una asociación ilícita que defraudó al Estado. Lo que vamos a analizar acá son hechos», remarcó el fiscal.También rechazó los cuestionamientos por supuesto «forum shopping».

«No hay ninguna posibilidad, si hubo un sorteo ¿De qué estamos hablando de forum shopping?», dijo al pedir que se rechacen los planteos de nulidades.

Sobre las acusaciones concretas por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta, Luciani sostuvo que en base a una pericia hecha en la causa sólo dos de 51 obras viales otorgadas a las empresas de Báez «finalizaron en tiempo oportuno» y no eran de construcción de rutas.

«Las rutas son un elemento esencial para la integración, son imprescindibles para conectar el país, pero el problema es que a las rutas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien», enfatizó.

Los jueces del Tribunal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso escucharán a las partes y en la próxima audiencia del lunes 12 de agosto anunciarán su decisión vinculada a todos los planteos
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Si rechazan los pedidos de las defensas para suspender el juicio, se fijará un cronograma para las indagatorias.

Además de la ex presidenta, son juzgados los detenidos Báez, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Santiago Kirchner, entre otros.

El juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en La Rioja durante la última dictadura, que tiene en el banquillo de los acusados al general César Milani, quien fue jefe del Ejército en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y otros 12 imputados, será retomado hoy tras la feria judicial.

Las audiencias se reanudarán desde las 14, cuando exponga su alegato el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y, a su término, hagan lo propio las querellas, informaron fuentes judiciales a Télam.

Se trata del proceso en el desde el 3 de mayo pasado que se juzga a Milani y los otros acusados por el secuestro y aplicaciones de torturas a Pedro y Ramón Olivera ocurridos en 1977 en La Rioja.

En este proceso, participan dos querellas, una de ellas particular, correspondiente a Alfredo Olivera y representada por las abogadas María Elisa Reinoso, Viviana Reinoso y Adriana Mercado Luna; en tanto la otra querella corresponde a las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia, representadas por los abogados Claudio Orosz y Eugenio Biafore.

Por eso, luego de que comience la etapa de los alegatos con la exposición del fiscal Rafel Vehils Ruiz y su pedido de condenas en la audiencia de hoy a partir de las 14, será el turno de los alegatos de las querellas, que arrancarán en la misma jornada y finalizarán, tras un cuarto intermedio, mañana.

En tanto, el turno de los alegatos de las defensas será la semana próxima, jueves y viernes, según anticiparon a Télam fuentes judiciales.

De acuerdo con lo previsto, el 8 de agosto próximo será la audiencia en la que se dará la posibilidad a los trece acusados, entre ellos Milani, de pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto, que, en principio, se daría a conocer al día siguiente, 9 de agosto próximo.

El ex jefe del Ejército de la última etapa de la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner está acusado de haber participado en el operativo para secuestrar y luego someter a tormentos a los Olivera que, según sostiene la querella, durante su cautiverio sufrió un accidente cerebrovascular en medio de una sesión de tortura, y luego fue abandonado por sus captores en su domicilio, donde días antes había sido secuestrado.

El juez de garantías Fabio Monti elevó a juicio oral y público para que un tribunal colegiado juzgue la conducta de Carlos Philips por haber dado muerte a puñaladas a su novia Evelyn Lehr en un hecho ocurrido en Trelew en junio del año pasado y que le puede costar prisión perpetua para el imputado.

La audiencia preliminar al juicio oral y público se realizó a media mañana de este martes en el edificio de Tribunal de Trelew ante la presencia de una importante cantidad de amigos y familiares de la víctima además de militantes de la causa feminista que obligó a la policía a cortar el tránsito en la avenida 9 de Julio de esta ciudad.

Audiencia preliminar por el crimen a puñaladas de Evelyn en la que se encuentra imputado su ex novio Carlos Philips, se realizó en el sexto piso del edificio y el imputado siguió la audiencia acompañado de su abogada defensora por el sistema de video conferencia desde la ciudad de Puerto Madryn donde se encuentra detenido en la seccional segunda de policía.

La fiscalía representada por Arnaldo Maza y Aldo Nicetich anticiparon en la audiencia que pedirán prisión perpetua para Philips por el delito de “homicidio doblemente agravado por la relación entre ambos y por violencia de género”.

Cabe recordar que la mujer murió tras recibir 30 apuñaladas que le afectaron el corazón, hígado y los pulmones, además de otras lesiones. El crimen se produjo el 13 de junio del año pasado. Philips se quiso fugar y fue capturado un día después del hecho.

El juez Monti avaló las pruebas de las partes que serán tenidas en cuenta por un tribunal colegiado. Además rechazo dos planteos que hizo la defensa del imputado  referidos a pruebas obtenidas por capturas de pantalla de mensajes enviados por celulares y a peritajes psicológicos que se le realizaron al imputado. La audiencia fue seguida de cerca por familiares de la víctima y organizaciones feministas dentro y fuera de la sala de audiencias. Ahora deberá ser la Oficina Judicial la que fije fecha del debate oral y público además de los tres jueces que juzgarán a Philips.

Lo decidió el juez Ercolini. En la causa investigan los alquileres de sus hoteles por parte del empresario Lázaro Báez.

La expresidenta Cristina de Kirchner y sus dos hijos, Florencia y Máximo, fueron enviados a juicio oral y público por presunto lavado de dinero en el caso Hotesur, por la que se investigan el alquiler de hoteles al empresario Lázaro Báez.

Fuentes judiciales informaron que el juez federal Julián Ercolini envió el expediente a un Tribunal Oral para que se someta a juicio el caso.

Ámbito

Algunos ya avisaron al Ministerio Público Fiscal que afrontarán el juicio oral y público porque consideran que son víctimas del «apriete» del Estado. Entre ellos, Oscar Sandín y Martín Castillo. Otros, no tienen en sus planes solicitar la suspensión al juicio a prueba.

La causa que investiga el presunto pago de retornos de la obra pública destinado a la conformación de una caja negra de la política ya cuenta con 19 empresarios que solicitaron la probation para eludir el juicio oral y público. Desde Fiscalía confirmaron a EL CHUBUT que hasta el momento «hay 10 empresarios que irán a juicio» y agregaron que «quieren demostrar que fueron víctimas, están en todo su derecho».

El Chubut

En una audiencia preliminar realizada en sala de oficina judicial, tercer piso de los tribunales en Trelew, el Ministerio Público Fiscal representado por la funcionaria de fiscalía Verónica Alabart, solicitó la elevación a juicio oral de una causa donde se acusa por violencia familiar y de género a una persona de 50 años a partir de un hecho ocurrido en 2018, pero con antecedentes al respecto que constan en juzgado de familia.

Según lo relatado por la funcionaria fiscal, el 24 de febrero de 2018, cerca de las 18, en momentos que la mujer no se encontraba en su domicilio en esta ciudad, recibió un mensaje de texto de una de sus hijas, donde se le solicitaba que regresara ya que su padrastro le gritaba mientras exigía levantar cosas que él mismo tiraba. Ante el pedido, regresó rápidamente y vió a su hija llorar, mientras su marido comenzó a insultarla, la empujó, tomó de los cabellos y le asestó la cabeza contra el suelo, a la vez que la mordía a la altura del pecho. En ese momento dos de sus hijas intentaron separar a la madre y es cuando el hombre le torció la mano a una de las niñas y mordió un brazo a la otra menor. La mamá aprovechó ese instante para colocarse encima de él para que no se levantara y permitir que una de sus hijas llame a la policía, arribando a los pocos instantes personal de la comisaría segunda que procedieron a la detención del violento.

Producto de las agresiones la mujer y sus hijas sufrieron diversas lesiones en distintas partes del cuerpo y cuero cabelludo, las que fueron constatadas por el médico policial de turno y calificadas como leves. Analizado el plexo probatorio reunido, el Ministerio Público Fiscal considera que se encuentra probada la materialidad del evento y la autoría responsable del imputado, corroborado esto por los elementos ofrecidos en la respectiva acusación.

Calificación

El hecho descripto relatado encuadra en la figura de lesiones leves en carácter de autor, tres hechos en concurso real, en el marco de violencia familiar y de género, artículos 89, 92 en función del artículo 80 inciso1 y 45 del código penal y Leyes nacionales 26485 y 24632, Ley provincial XV Nro. 12. Asimismo no se advierte que existan en el caso causas de justificación ni de inculpabilidad previstas en el código de fondo que permitan relevar o atenuar la responsabilidad del acusado.

Pretensión punitiva

Se tuvo en cuenta la naturaleza del hecho, la extensión del daño causado y la peligrosidad manifiesta en su conducta conforme fuera evidenciada en la prueba documental y de testigos que fueran ofrecidas. No obstante, la fiscalía también tuvo en cuenta la falta de antecedentes condenatorios y es por ello, conforme el mínimo y máximo establecido por la ley penal de acuerdo al delito que se enrostra en este caso, al momento de solicitar la aplicación de pena por parte del Ministerio Público, la misma será de cuatro años de prisión, y por todo lo expuesto se solicitó un tribunal unipersonal.

Niegan salida alternativa 

La defensora Flora Mollard, quien subrogó a Romina Rowlands, informó sobre la presentación de una solicitud en la que el imputado ofrecía la posibilidad de salida alternativa para evitar el juicio oral, consistente en horas de trabajos comunitarios. Sin embargo, la doctora Alabart comunicó que se había solicitado la opinión de la víctima en tal sentido, quien se opuso en forma terminante al ofrecimiento y si bien ya no tiene contacto, manifestó sobre diversos hechos sufridos debido a la personalidad del imputado, con quien tiene una hija en común. Tampoco fue aceptada la salida alternativa por parte del Ministerio Público Fiscal, ya que el proceder del imputado fue señalado en varias oportunidades por los juzgados de familia, siendo objeto inclusive de prohibición de acercamiento. A su vez, se ajusta a las instrucciones de la Procuración General en este tipo de casos, al solicitar el reproche llegándose al juicio oral y público y la condena correspondiente.

Escuchadas las partes, el Juez Marcelo Nieto Di Biasse acordó con lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal negando cualquier posibilidad de salida alternativa y así elevó la causa a juicio oral, y pidió a la oficina judicial la designación del Juez y la debida programación del debate, admitiendo además las pruebas ofrecidas.

El juicio oral y público por la causa Embrujo que comenzará el 12 de marzo costará más de 20 millones de pesos. Se prevé que dure al menos tres meses y el tribunal ya reclamó que los empleados judiciales, fiscales, defensores y querellantes respeten estrictamente los horarios para no perder tiempo y hacer rendir el presupuesto.

El dato lo aportó Karina Brekle, titular de la Oficina Judicial de Rawson, al encabezar el miércoles una audiencia con la mayoría de las partes para organizar el complejo debate, que será en la misma sala donde se viene realizando todo el proceso. Mudarse significaría más gasto.

Según se informó, un sorteo decidió que Alejandro Soñis, juez de Comodoro Rivadavia, será el presidente del tribunal. Su papel lo sacó el fiscal Omar Rodríguez. Los vocales serán Ricardo Rolón, de Esquel, y Marcela Pérez, de Puerto Madryn.

El debate será martes, miércoles y jueves de cada semana, de 8.30 a 13 y de 15 a 19. Se espera que cada día declaren 20 testigos. Sin embargo, los testimonios comenzarán recién el martes 19 ya que la primera semana se dedicará a los alegatos de apertura y a decidir las cuestiones previas que planteen las defensas.

Los magistrados solicitaron “encarecidamente” que las jornadas se aprovechen al máximo y si, por ejemplo, un testigo falla, el siguiente esté disponible de inmediato. Breckle adelantó que el tribunal resolverá las incidencias el mismo día que se presenten.

No quieren dilaciones ni tiempos muertos. “Todos debemos velar para gastar lo menos posible y eso se logra con un juicio ágil y al que le demos continuidad”, explicó la funcionaria, quien advirtió que “no conozco el temperamento del tribunal”. Los jueces viajarán a Rawson cada lunes a última hora.

Es probable que los imputados se sienten junto con sus abogados para facilitar las consultas. Y al mediodía, quienes estén detenidos recibirán una vianda en la sede de Jefatura de Policía, donde probablemente sean trasladados a la espera de cada reinicio de audiencia.

El Patagónico

Un tribunal argentino rechazó este lunes aplazar el inicio del primer juicio por corrupción que afecta a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), que comenzará el próximo 26 de febrero y que la actual senadora pidió postergar al alegar que no ha finalizado una instrucción suplementaria.

Según confirmaron a Efe fuentes de la defensa de la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó el pedido al considerar que las pericias que todavía quedan por hacer no son indispensables para que comience el juicio, ya que podrán ser incluidas mientras se desarrolla el mismo.

En la causa, la primera que llega a juicio de las que afectan a Fernández, se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación, durante su mandato presidencial, de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz, tierra natal de Kirchner.

Además de la exmandataria -que por ser senadora cuenta con fueros que impiden su eventual arresto-, en el banquillo deberán sentarse los ya detenidos Báez, el exministro de Planificación Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, primo de Kirchner.

Al elevar el caso a juicio, el juez Julián Ercolini indicó que Fernández, en su carácter de presidenta, “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad”.

El juez cree que las maniobras investigadas habrían tenido el “objeto de procurarle al empresario Lázaro Antonio Báez un lucro indebido, en perjuicio de las arcas del Estado nacional”.

No obstante, la expresidenta está procesada en otras causas en las que es acusada de alquilar a empresarios algunas de sus propiedades inmobiliarias a altos precios para recibir supuestamente retornos de dinero público.

Fernández había pedido que se suspendiera el inicio del juicio, fijado para el día 26, debido a que sigue abierto un proceso de instrucción suplementaria, pero el TOF 2, encargado de la vista, entendió que los resultados de esas pericias no serán necesarios antes de mitad de año.

Ya la semana pasada, la Fiscalía se opuso a cambiar el inicio del juicio.

Fuentes de la defensa de Fernández dijeron a Efe que la decisión es “una arbitrariedad absoluta”, al considerar que es la primera vez que el TOF 2 inicia un juicio “sin que se encuentre terminada la instrucción suplementaria”.

“Esto a nuestro criterio demuestra persecución judicial. Y por sobre todas las cosas, un tribunal parcial e inquisidor que no respeta el debido proceso y las garantías de defensa en juicio. Esto podría costar en otra instancia en una nulidad absoluta. Es incomprensible”, aseveraron.

El hecho de que la vista comience sin las pericias concluidas “afecta a la defensa por cuanto la estrategia defensiva depende del resultado de esa pericia”, añadieron.

“Iniciarla sin ella es derrumbar por completo el Estado de Derecho”, remarcaron.

Entre los varios procesos contra Fernández, para cuatro de ellos ya fue citada a juicio oral pero tan solo el de la causa por corrupción en la obra pública tiene su fecha fijada.

La Patilla