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Un tribunal de Chubut reanuda este lunes 3 de agosto el juicio oral al ex jefe de la policía provincial Juan Luis Ale por el delito de abuso sexual de dos niñas, hijas de su ex pareja con las que convivía, entre 1998 y finales del 2001. Los jueces Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez Bogado decidieron continuar el proceso tras rechazar un pedido de la defensa del imputado que argumentó la prescripción de los delitos por considerar que la llamada «ley Piazza» no estaba vigente cuando los presuntos hechos ocurrieron.

La fiscal Alejandra Hernández recordó que «no es la primera vez que la defensa plantea la prescripción de la causa, ya lo había hecho al principio mismo de la investigación».

El comisario general retirado Juan Luis Ale fue el jefe de la policía de Chubut durante los dos primeros gobiernos de Mario Das Neves y luego llegó ser diputado provincial del Frente para la Victoria, aunque los hechos denunciados ocurrieron antes de ocupar esos cargos, cuando era autoridad policial en Puerto Madryn.

«Las víctimas eran niñas al momento de cometerse los hechos y hay que hacer valer sus derechos, ese fue nuestro planteo desde un principio y por suerte hasta ahora siempre fuimos avalados por la juez natural de la causa primero y ahora por el tribunal que revisó el planteo», aseguró la fiscal en diálogo con Télam.

«Éramos criaturas»

Las víctimas aseguraron en un reportaje concedido a canal 12 que «los hechos ocurrieron en Puerto Madryn durante tres años, impunemente, mientras (el acusado) se mostraba al resto de la comunidad como una persona cariñosa a los ojos de los otros, se hacía llamar como un padre para nosotras mientras puertas adentro abusaba sexualmente de nosotras».

«La denuncia fue en 2017, pero fue en el 2015 cuando pudimos hablar con nuestra familia y contar todo lo que habíamos pasado, con lo que ello significa porque pasamos por un montón de pericias psiquiátricas, pasamos por varios médicos y psicólogos» describieron.

Además, relataron que «teníamos 9 y 10 años cuando abusó de nuestros cuerpos, éramos criaturas».

En el 2018 la jueza Patricia Reyes resolvió abrir la investigación sobre Ale que derivó en la elevación a juicio oral, cuya primera audiencia comenzó el 21 del mes pasado, pero se interrumpió por los planteos de la defensa que ya fueron resueltos por el tribunal de revisión.

La defensa pedía que no se aplique la «Ley Piazza», bautizada así por el diseñador de modas Roberto Piazza, porque en ese entonces no estaba vigente.

Se trata de la ley que modificó el Código Penal y estableció «una regulación especial, en cuanto suspende el plazo de prescripción para estos delitos cuando la víctima es menor de edad y sufre delitos de integridad sexual».

Fuente: Télam

A lo largo de gran parte de la mañana del presente viernes se desarrolló en los tribunales penales ordinarios del barrio Roca la audiencia de censura en el juicio oral por abuso sexual que tiene a Jonathan Barría como responsable. En virtud de las circunstancias agravantes y atenuantes del caso el fiscal solicitó se la imposición de la pena por 12 años de prisión. Por su parte la defensora planteó la pena de 6 años y ocho meses de prisión.

Finalmente, el tribunal pasó a deliberar y el próximo miércoles 29 de julio, a las 12.00 hs., por videoconferencia dará a conocer su resolución; y asimismo prorrogaron la prisión preventiva que pesa sobre Barría por seis meses. Cabe recordar que el pasado martes Barría fue declarado, por unanimidad, penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal, dos hechos, en concurso real” en calidad de “autor”.

El fiscal Cárcamo, en virtud de la declaración de responsabilidad penal del imputado Barría, solicitó la pena de 12 años de prisión; más la imposición de tratamiento terapéutico -psicológico vinculado con la temática de la agresión sexual y de sus adicciones. El imputado no presenta signos o síntomas para sospechar de una enfermedad mental en Barría, según el Informe psiquiátrico del Cuerpo Médico Forense.

“La circunstancia de intoxicación no ha tenido incidencia en el modo de acción de Barría, que actuó contrario al mandato prohibitivo. No debe operar esa circunstancia como un criterio subjetivo de atenuación de la pena”. Como circunstancias agravantes el fiscal consideró: la naturaleza de la acción, estamos ante un caso de violencia de género, los medios empleados para concretar el abuso sexual, la víctima fue trasladada mediante intimidación.

La nocturnidad en la que fue cometido el hecho y también por la extensión del daño causado, como circunstancia agravatoria. Por las secuelas que ha dejado el hecho en la víctima, stress post-traumático, sosteniendo que le había arruinado la vida. Como atenuante consideró el fiscal la ausencia de antecedentes penales y que es padre de dos niños menores y la pena no debe trascender a terceros. Por último el fiscal solicitó se mantenga la medida de coerción al imputada hasta tanto la sentencia quede firme.

La defensora propuso ingresar a la pena por el mínimo establecido para el delito, donde la imposición de la pena seria por  6 años de prisión. Respecto de la naturaleza de la acción como agravante no debe considerarse ya que el delito por el cual se lo responsabilizó ya lo contiene. Respecto del modo comisivo el tipo objetivo se abastece, aseguró la defensa.

El tribunal de debate fue presidido por Daniela Arcuri, e integrado por Raquel Tasssello y Martín Cosmaro; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Martín Cárcamo, fiscal general y Cristian Ovalle, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Cristina Sadino, defensora pública. La víctima fue acompañada y asistida por profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) de fiscalía.

El ilícito ventilado en el debate:

El hecho contra la integridad sexual juzgado acontece el pasado 30 de enero de 2019, cuando la víctima se encontraba en una parada de colectivos en la calles Huergo y Los Pensamientos, del barrio San Martín. Al advertir la presencia de varias personas de sexo masculino la víctima camina hacia la Av. Rivadavia. Antes de llegar a la estación de servicio, el imputado Jonathan Barría se acerca a la víctima y mediante la utilización de un arma blanca la obliga a la víctima a que lo acompañe, diciéndole “vení, dale hagamos como si fuéramos novios”. Manteniendo el arma blanca contra su cuello y obligándola a caminar hasta un descampado donde la amenaza y luego la somete sexualmente.

La vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, prestó declaración indagatoria este lunes por más de tres horas en el marco del juicio oral que se lleva a cabo por presunta corrupción en la obra pública durante su gobierno. Durante su enérgica exposición, la ex mandataria denunció persecución e ironizó sobre la justicia federal y las acusaciones a su familia.

En el inicio de la audiencia, la ex mandataria expresó: «Voy a declarar y oportunamente contestaré preguntas».

Además, la vicepresidenta electa se quejó porque el tribunal rechazó que sus palabras fueran televisadas en vivo e inició su declaración aludiendo a lawfare -o guerra jurídica-.

Estas son sus frases más destacadas de su extensa indagatoria:

– «Si alguien tenía dudas de la existencia del lafware, la lectura del presidente del tribunal del rechazo del recurso de la transmisión es una clase práctica del lafaware en Argentina llevado a cabo por este tribunal».

– «Esta causa que hoy está aquí, que se conoce como la causa de la corrupción de la obra pública, tuvo una difusión mediática en vivo y en directo inédita. Y así fue durante todo el juicio. Además, la causa cayó por sorteo (hizo con los dedos las comillas), voy a tener que comprar un número de la lotería. Siempre me toca Bonadio o Ercolini. Todo trasmitido en vivo y en directo. Y ni que hablar cuando comenzó el juicio: se transmitió en vivo y en directo toda la acusación. Nunca en mi vida escuché un guión en lugar de una acusación fiscal».

– «No sólo todo el juicio de instrucción fue difundido, sino que era tema en 20 millones de programas de televisión. Hubo cinco audiencias completas que fueron transmitidas en vivo y en directo y en los pasajes más escabrosos del guión fiscal apuntaban a mi cara. Eso es el lafware: que los medios de comunicación publiciten cosas que no figuran en el expediente o que no son delitos para conformar a la opinión pública y con eso los jueces no tengan otra alternativa que condenar. Eso es para presionar a los jueces probos. Es para construir mediáticamente lo que no pueden comprobar jurídicamente».

– Mirando a los jueces: «¿No les parece que tiene impacto que la vicepresidenta de la Argentina está acusada de asociación ilícita, de ser la jefa de una banda? ¿En serio les parece que no?, ¿en serio me lo dicen?, ¿en serio?».

– «Fue un plan ordenado por el gobierno saliente».

– «El gobierno utilizó la Oficina Anticorrupción y la UIF para impulsar las causas judiciales. El rol de la señora Laura Alonso, no abogada, que asume la OA. Se modificó el decreto para que pueda asumir. ¿Quién es el titular de la UIF? Mariano Federici, un ex funcionario del FMI. Eso no es reprochable, pero Federici viene del HSBC, una entidad financiera que ha sido internacionalmente perseguida por lavado de dinero. Y el HSBC tiene una causa en la Argentina. Podemos hablar de la estructura de la AFI, de Arribas y de Majdalani, y de la causa de dolores, que el tribunal debería tener en cuenta».

– «El gobierno que se va tenía una mesa judicial que decidía quién iba preso, quién no, a qué empresario había que apretar para que no vaya preso, para que venda sus empresas».

– «El plan fue ideado para una feroz e inédita persecución para quien fuera dos veces presidenta de la República. Primero, multiplicidad de procesamientos. Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, la verdad que no sé cómo tuve tiempo para gobernar porque me la pasaba haciendo asociaciones ilícitas».

– «Irurzun te escucha e Irurzun te mete preso. Esa sería la fórmula de Comodoro Py»

– «Con la DaJuDeCO se difunden en vivo y en directo escuchas de una ex presidenta con un ex funcionario y hay programas de televisión que anuncian como un circo «gran función hoy» la difusión de las escuchas. Y a los jueces de Comodoro Py no se les mueve un pelo cuando son los responsables de esas escuchas. Esto pasó en la República Argentina, no en ningún lugar exótico del mundo. Un año y pico estuvo la responsabilidad de las escuchas en la doctora Gils Carbó y nunca se filtró ni una letra. Bastó que llegara este gobierno para que se difundan conversaciones privadas. ¿Eso no es lafware? ¿Eso no es persecución?»-

– También se refirió a Stornelli, sin nombrarlo: «Siempre asistí a las indagatorias. No fue la misma actitud de todos los de este edificio que después de acusar a medio mundo tardó ocho meses, nueves meses, para ser indagado de cosas gravísimas».

– «Este gobierno llegó con el auxilio invalorable del aparato judicial».

– «Esta audiencia que empezó, fue convocada por el tribunal para el 20 de mayo del año que se acaba, justo un mes antes de que cerraran las listas para candidatos a presidente y vicepresidente. Un mes antes me sentaron en el juicio oral por corrupción en la obra pública. Lawfare puro, lawfare puro».

– «Si Lázaro Báez, que siempre vivió en Santa Cruz, ¿por qué Néstor no lo hizo empresario los 16 años que fue gobernador? Ni pintar el nombre en las paredes sabían en Buenos Aires y ustedes dicen que tenía desde Santa Cruz un plan maestro para saquear la obra pública. Pero por favor, digan cosas lógicas. Por Dios, para mentir hay que saber mentir».

– «El hecho de que una persona sea amigo y tenga empresas no es delito. Si no, cómo lo llamarían al amigo del alma del presidente que se quedó con las empresas energéticas que saquearon los bolsillos de los argentinos».

– «Todos los presidentes lo hicieron. El doctor Menem se trajo a todos los funcionarios de La Rioja, inclusive puso a uno en la Corte Suprema. El único presidente que no puso amigos en la Corte es acusado por el Poder Judicial de la Nación de ser miembro de una banda de asociación ilícita. Kirchner no conocía a nadie de los que integran la Corte. Al primero que puso fue a Zaffaroni, que iba a Santa Cruz a criticar por las reelecciones. Y al resto no los conocía. Cuando Duhalde es designado presidente por el Senado, llevó a todos los funcionarios que tenía en la provincia de Buenos Aires, Remes Lenicov, Pampuro, Aníbal Fernández».

Al cerrar su declaración indagatoria de casi cuatro horas en los tribunales federales de Comodoro Py, la vicepresidenta electa señaló: «A mí me absolvió la historia y a ellos los va a condenar». Así lo informó el Diario iProfesional.

Hoy martes a las 9 de la mañana está previsto que se realice la ronda de los alegatos finales en el juicio oral y público que se lleva adelante por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado por su condición de funcionario público, en contra de Oscar Alarcón. Así lo acordaron las partes en una nueva audiencia realizada ayer en la Oficina Judicial de Rawson.

En la etapa final del juicio oral y público en el que se encuentra sentado en el banquillo de los acusados Alarcón, ex director de Ceremonial de la Provincia durante las tres gestiones del extinto gobernador Mario Das Neves, el defensor del imputado desistió de dos testigos que tenía previsto declaren en la mañana de este lunes.

Se trata del caso que tiene al ex funcionario provincial imputado del delito de enriquecimiento ilícito ya que según sostuvieron los fiscales que lo investigaron, sus ingresos como empleado público, no se condicen con las propiedades adquiridas en los últimos años. Son cuatro terrenos en Playa Unión, un edificio de dos plantas en pleno centro de Rawson construido a nuevo para disponer de oficinas y consultorios, además de una casa en una zona residencial en las afueras de Rawson. Todo fue valuado a precios actuales, en 53 millones de pesos.

El tribunal de enjuiciamiento está integrado por Marcelo Nieto Di Biase, Mirta Moreno y Sergio Piñeda. Los fiscales que realizaron la investigación son Omar Rodríguez y Alex Williams, de la Unidad Fiscal Especializada de Delitos contra la Administración Pública. En carácter de querellante participan en el juicio la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y los diputados del Frente para la Victoria, denunciantes del delito investigado.

El juez federal Claudio Bonadio envió hoy a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al diputado nacional Julio De Vido y a otros imputados en la causa que investiga los denominados cuadernos de la corrupción y dos expedientes derivados de esa pesquisa, confirmaron fuentes judiciales.

El magistrado volvió a pedir al Senado el desafuero de la senadora y ahora candidata a vicepresidenta de la Nación, «con el fin de cumplir con la prisión preventiva» dispuesta en este expediente y confirmada en segunda instancia.

El exgobernador Sergio Urribarri deberá enfrentar su primer juicio oral y público. Así lo decidió el juez de garantías Ricardo Bonazzola, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

Se trata de una megacausa, en la que se investiga el supuesto desvío de $47 millones de fondos públicos para financiar la fallida campaña presidencial, que en su momento se dio en llamar el «sueño entrerriano». Están también imputados exministros y funcionarios de la gestión justicialista anterior.

Al exmandatario y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia se le atribuye el uso de fondos públicos para la publicación de una solicitada en 18 diarios nacionales y provinciales, en junio de 2014, en la que se criticaba a los fondos buitres, con el título «Acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina».

Por la publicación se pagaron $4.308.500,23. También se investiga a Urribarri por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de $28,4 millones, en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de ese año. Y la otra investigación abierta apunta a la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron $14.561.870.

Estos tres hechos, en un comienzo, fueron investigados en tres pesquisas, pero finalmente se unificaron en un mismo expediente.

Según el sistema acusatorio que rige en la provincia de Entre Ríos, los fiscales deben adelantar la pena antes de que el caso se eleve a juicio. Los representantes del Ministerio Público Fiscal -Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano- solicitaron para Urribarri una pena de nueve años de prisión. Entendieron que esas iniciativas fueron en beneficio personal, como parte de una campaña para instalar su figura en el plano nacional.

Testigos de renombre

En la audiencia, los fiscales y los abogados defensores expusieron cuáles son los testimonios y pruebas documentales que aspiran a presentar en el debate oral y público. Surgió, así, el ofrecieron de las declaraciones testimoniales del exdirector de la Biblioteca Nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner, Horacio González, y el politólogo y filósofo Eduardo Rinesi, identificado con el gobierno anterior.

En la causa también está imputado Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, sospechado de haber cobrado una coima por la instalación del parador playero. Los exfuncionarios provinciales Hugo Félix Céspedes, quien fue coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, y Gustavo Javier Tortul, entonces coordinador contable de esa comisión especial, deberán enfrentar el juicio, que aún no tiene fecha.

El otro imputado que eludió el juicio oral y público luego de acudir a la suspensión del juicio a prueba es el empresario Jorge «Corcho» Rodríguez. Estaba imputado, pero acordó el pago de un resarcimiento al Estado de $150.000, en doce cuotas iguales y consecutivas, y la realización de campañas de bien público en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos, a modo de canje, a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, su pareja, y también en el programa «Cortá por Lozano», que se emite por Telefe, informó La Nación.

Alicia Pugh, quien era jefa de la imputada Natalia Mc Leod en carácter ésta de empleada de la justicia provincial, mencionó que entre ellos acudía a trabajar con un Mercedes Benz de alta gama que no se condecía con su poder adquisitivo. Explicó que “uno normaliza esas situaciones, especialmente cuando existen vinculaciones políticas”.

 En la continuidad deljuicio oral y público por la causa “Embrujo”que tiene a 12 personas imputadas, en la mañana de este martes se escuchó a un solo testigo de interés para la defensa. Además, con la anuencia del Tribunal, se incorporaron pruebas documentales que, para los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, fueron la base de la investigación iniciada sobre fines del año 2017.

Alicia Pugh, directora de Registros Penales de la Justicia del Chubut y desde el año 2013 jefa de la imputada Natalia Mc Leoden carácter ésta de empleada de la justicia provincial, fue interrogada por Fabián Gabalachis, defensor de Mc Leod. La testigo se refirió a comentarios que le realizaba la imputada respecto de la incompatibilidad de su tarea en la Justicia con la de ser propietaria de acciones de las empresas que habían creado los imputados, en relación a las empresas Dual Core y Sepat.

Pugh agregó que Mc Leod concursó y ascendió con un “muy buen examen” y quecomo empleada “era muy buena”. Agregó que sabía de su relación sentimental con Diego Correa y de los viajes al exterior que realizaban, “también con sus hijos o su familia” y afirmó quecambiaba frecuentemente de vehículos para concurrir a trabajar, entre ellos un Mercedes Benz de alta gama que no se condecía con su poder adquisitivo, pero que “uno normaliza esas situaciones, especialmente cuando existen vinculaciones políticas”, destacó la testigo.

Documentos si, documentos no

Existieron varios contrapuntos entre los fiscales y algunos de los defensores respecto de incorporar algunos documentos cómo validos a tener en cuenta en el juicio oral, entre ellos el informe contable original que fue la base del Juicio que en su momento realizó el contador José Velázquez, del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General. El tribunal rechazó esta prueba documental y tuvo como válida la declaración que Velázquez en el juicio oral.   

Lo mismo ocurrió con otros documentos sobre la base de criterio compartido por varios defensores. “Lo que  vale es lo que se dijo en la audiencia”, coincidieron.  Al momento de resolver, los jueces Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolón, mantuvieron posturas dispares.

Adjudicación directa

Las partes acordaron también que se incorpore como documentación la adjudicación, en el año 2010 de la parcela municipal donde Diego Correa construyó la casa de dos plantas y tres departamentos de alquiler. La adjudicación del terreno fue de manera directa a un costo de casi 209.000 pesos. La realizaron la intendenta de Rawson Roxana Artero y su entonces secretario de gobierno Alfredo Di Filippo.

También se incorporó voluminosa documentación sobre los vehículos adquiridos, registros catastrales, oficios sobre la propiedad de los teléfonos celulares y computadoras secuestrados, oficios judiciales para las intervenciones telefónicas, facturas sobre adquisición de materiales de la construcción,  actas referidas a los numerosos allanamientos, informes que realizó la ANSES sobre varios de los imputados en donde constan sus ingresos económicos, sus movimientos de capitales y bienes.

Los fiscales también exhibieron como documentación los plazos fijos bancarios del dinero secuestrado a los imputados y en los allanamientos, entre pesos argentinos, dólares y euros.

Para la tarde de este martes se esperaba la declaración de Alejandro Sandilo, testigo propuesto por el defensor Omar López que asiste al imputado Juan Carlos Ramón, además de seguir incorporando documentación, informó ADN SUR.

El juez federal Luis Rodriguez envió hoy a juicio oral a los detenidos ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, a su ex mano derecha Roberto Baratta y otros 17 procesados por presunta defraudación en los Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT).

El magistrado realizó un cierre parcial de la investigación y envió a sorteo de un Tribunal Oral a 19 procesados por supuesta «defraudación por administración fraudulenta», entre ellos De Vido, Baratta, el ex secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, y el intendente de Rio Turbio Atanasio Perez Osuna, según la resolución a la que accedió Télam.

Se trata de la investigación que derivó en el desafuero a De Vido en la Cámara de Diputados y su inmediata detención en octubre de 2017, por orden de la Cámara Federal porteña.

«Entiendo que no existe elemento probatorio o argumental alguno que permita modificar la situación procesal de los imputados», sostuvo Rodríguez al rechazar pedidos para dictar el sobresemiento a De Vido, Baratta y otros acusados.

Las defensas argumentaron que falta terminar una pericia contable pero el juez informó que se ordenó a los peritos la entrega de la misma para el próximo 30 de septiembre.

La investigación se centró en una supuesta maniobra defraudatoria «cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional –concretamente del ex Ministerio de Planificación Federal» que debían destinarse a la reconversión del Yacimiento Carbonífero y habrían sido desviados.

Esto ocurrió a través de un convenio firmado con la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional y la «Fundación Facultad Regional Santa Cruz».

«Ello en connivencia con funcionarios y empleados públicos del Ministerio de Planificación, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la Facultad Regional Santa Cruz, y los fundadores, directivos y empleados de la referida Fundación», sostuvo el juez.

A través de esa maniobra, «se celebraron convenios por un monto total de pesos cuatro mil ochocientos sesenta y seis millones cuatrocientos mil ($4.866.400.000), de los que se facturaron pesos mil trescientos setenta y nueve millones novecientos veintitrés mil novecientos cuarenta y nueve ($ 1.379.923.949)», detalló el juez en base a un informe de la Sindicatura General de la Nación.

En siete jornadas deliberando por la mañana y por la tarde, los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, agotaron los testigos de la investigación en el juicio oral y público por la causa “Embrujo” que tiene a 12 personas imputadas. Se espera que a partir de mañana miércoles comiencen a alrededor de una decena de testigos que algunos defensores creen pueden beneficiar a los imputados que asisten.

Entre la voluminosa documentación exhibida secuestrada a los imputados, se destacó un listado de las propiedades del grupo identificada como “Propiedades DC”, en alusión a Diego Correa considerado el jefe de la asociación ilícita.

De esta manera las partes simplificaron casi a la mitad la ronda de testimonios teniendo en cuenta que acordaron no llevar ante los jueces a testigos relacionados con las formalidades de la investigación.

En la mañana de este martes siguió exponiendo Guillermo Figueredo que exhibió parte de la información que contenían los teléfonos celulares, computadores y otros elementos de almacenamiento electrónico secuestrados durante la investigación.

Diálogos mediante mensajes de texto y de voz entre los imputados, fotografías de documentación bancaria y ante la AFIP acerca del movimiento de dinero que realizaban, además de formalidades que iban cumpliendo  con las empresas que creaban, además de órdenes de compras, fueron parte de las filminas exhibidas por Figueredo.

Los diálogos además demostraron las conversaciones que mantenían entre sí algunos de los imputados cuando la investigación ya estaba en marcha, y detalles de la estrategia a seguir ante la inminente intervención de fiscales y posibles detenciones.  Identificado como “ZZ” Diego Correa por ejemplo aconsejaba a Jorge Godoy diciéndole “quédate tranquilo” o “haceme caso y no seas testarudo” indicándole que antes de ser indagado por los fiscales “vas a recibir una citación y después allí vemos con un abogado que decís o qué hacemos”.

«Si te van a preguntar a vos, no podés decir que yo te pagaba porque me van a enterrar de cabeza. Pedite vacaciones y mientras tanto armamos la estrategia con el abogado”, insistió “ZZ”

“Yo hice un trabajo y quiero decir la verdad”, fue una de las respuestas del maestro mayo de obras Godoy a Correa en un extenso diálogo por mensajes de textos que ambos imputados mantuvieron y que fue hallado por el testigo Figueredo en algunos de los teléfonos secuestrados.

El juicio oral seguirá en horas de la tarde con la presencia de los últimos dos testigos de los fiscales. Tras ello se conocerán las propuestas de los defensores en cuanto a los testigos dispuestos originalmente, si concurren todos o desisten de algunos de ellos en función de las estrategias dispuestas, así lo reseña El Chubut.

El juicio oral y público contra 12 imputados por presunta asociación ilícita, autolavo de activos, enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado avanza a un ritmo vertiginoso.

La organización que diseñó la Oficina Judicial de Rawson ayudó al dinamismo de las audiencias y el juicio podría terminar antes de lo previsto, a pesar de todas las complejidades por la paralización de la justicia producto de los incumplimientos salariales del Gobierno provincial.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams prácticamente agotaron la larga lista de testigos y el martes concluirán cuando el profesional del Equipo Técnico Multidisciplinario del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Guillermo Figueredo continúe exhibiendo mensajes y audios de WhatsApp que quedaron en la memoria de los teléfonos secuestrados. El último testigo presentado por fiscalía será un tasador, que dará un valor aproximado de las propiedades que están a nombre de Diego Correa, Natalia Mc Leod y de las empresas Dual Core y Sepat.

El miércoles iniciarán los testigos de las defensas, que buscarán descomprimir y contrarrestar los datos rotundos sobre las maniobras que aportaron más de 70 testimonios.

La lista de testigos más extensa de los imputados es la de Juan Carlos Ramón, que había presentado una lista de casi 30 testimonios para su defensa. Una vez finalizados los testimonios de las defensas, llegará el turno de las intervenciones telefónicas y las pruebas documentales, que demostrarán los vínculos, nexos y la concreción de un plan pergeñado para defraudar al Estado Provincial.

Por último, los fiscales y las defensas presentarán los alegatos, que podrían darse entre la quinta y la sexta semana.