El juez federal Claudio Bonadio mostró sus cartas y adelantó los criterios bajo los cuales avanzará en el procesamiento de los implicados en la denominada causa cuadernos. Pero la sorpresa no es la maniobra descripta en su informe parcial (un calco de la hipótesis inicial), sino el recorte del expediente que al comenzar en 2008- esquivará cualquier esquirla que pueda impactar en la familia presidencial y en la figura de Franco Macri. Del resumen de avances que detalló para clarificar la dirección que adquirirá el expediente también se deja traslucir que tampoco profundizará las contradicciones que surgieron con la postura que adoptó el Grupo Techint, que quedó en offside con respecto a las supuestas motivaciones de los pagos a funcionarios K que reconoció ante la Justicia.

Tampoco conmovió la impactante declaración de Carlos Wagner, acerca de cómo las empresas que integraban la “Camarita” se cartelizaban desde 2004- para ganar obra pública vial a cambio de coimas. Al cercenar el punto de origen de la causa, también destartaló uno de los esquemas sobre la presunta recolección de sobornos que eran los corredores viales, admitidos por el propio Claudio Uberti, eyectado como funcionario en 2007. Tácitamente, otro de los beneficiarios del bisturí del juez termina siendo Aldo Roggio, cuyo arrepentimiento implicó reconocer que había pagado al secretario de Transporte el 5% de los subsidios recibidos.

“¿Lava-Jato o ´Lava-Jeta´?”, se preguntó en lunfardo procaz un operador de la Justicia federal apenas se conoció el viernes por la noche un inusual “informe” de Bonadio en el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema. La conclusión es que se desalienta cualquier expectativa de una réplica local de un proceso anticorrupción como el de Brasil, con una investigación profunda tanto en el sector público como en el privado. Fiel al “Bonadio-Style” todo apunta a un avance en una instrucción lo más veloz posible para proceder a una elevación a juicio oral con los elementos existentes. Poco y nada (hasta ahora) de la ruta del dinero de los presuntos sobornos descriptos en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno; hubo chequeo de coincidencias espacio temporales con los escritos; y también profusas declaraciones de 15 “imputados colaboradores”, pese a que la Ley del Arrepentido exige verificación de los dichos con prueba independiente.

Dos aspectos quedaron claros del enunciado del juez: toda la maniobra de la asociación ilícita descripta como eje de la acusación comenzó para esta investigación recién en 2008, casi 5 años después de que Néstor Kirchner llegara al poder y ya en la presidencia de Cristina de Kirchner. Y tres años después de que, por idénticos motivos, Elisa Carrió hiciera su denuncia original (en 2005) que versaba sobre delitos cometidos entre funcionarios y empresarios. Ya es un detalle que no se describan los roles de la asociación ilícita salvo en jefes y miembros. La otra faceta que quedó al descubierto es que no hay intenciones de incluir en la pesquisa a Franco Macri, quien se deshizo en los papeles- de la constructora IECSA en 2007, para dejarla en manos del primo presidencial Ángelo Calcaterra. Wagner, en su declaración, había arrastrado a la compañía a los presuntos “inicios” de la cartelización, cuando describió que Julio De Vido lo encaramó en 2004 al frente de la Cámara Argentina de la Construcción para que organizara el reparto de licitaciones entre las firmas competidoras y asegurara que se pagaran los retornos con los adelantos de obra. En ese entonces, el patriarca de los Macri controlaba la constructora a través Sideco Americana. Los balances de IECSA eran firmados hasta ese momento por Pablo Clusellas, actual secretario de Legal y Técnica, en nombre de SOCMA que ostentaba el 95.25% de las acciones. Con el desembarco de Mauricio Macri en el Gobierno porteño, la familia se desprendió de esa firma y de Creaurban haciendo un traspaso accionario que implicaría pagos escalonados de Calcaterra hasta su cancelación recién en 2015. El extitular de IECSA se apurará esta semana a ampliar sus dichos, desactualizados de los iniciales “aportes de campaña” que reconoció, en vista de lo que declararon sus pares sobre coimas.

Otra consecuencia del hachazo temporal es que deja pedaleando a Uberti, quien confesó que era enviado por Kirchner para recolectar sobornos mensuales de u$s 150 mil de los concesionarios viales, por su rol en el OCCOVI. Su papel abría el esquema de recaudación por esa vía que entre otras firmas también incluía a la empresa que explotaba el Acceso Norte, Autopistas del Sol (consorcio entre Dragado y Construcciones, Impregilo y Sideco Americana, de Macri); y el Acceso Oeste (Roggio, Odebrecht y Grupo Mexicano de Desarrollo); entre otros muchos peajes concesionados. Pero también su confesión generaba roces con el N°2 de Techint, Luis Betnaza. El exfuncionario aseguró que durante 2005 y 2006 cobró 6 veces del holding de manos del ladero de Paolo Rocca, quien sólo había argumentado una cuestión humanitaria por la nacionalización de Sidor, en Venezuela, recién en 2008. Uberti aseguró que el dinero que le entregaba antes Betnaza en sus oficinas iba dirigido a Néstor Kirchner.

Roggio admitió pago de retornos a cambio de subsidios a Ricardo Jaime y tácitamente a su sucesor desde el comienzo del kirchnerismo hasta 2011. Con su bisturí, Bonadio atenuó el impacto en la ventana temporal, algo que podría dejarlo mejor parado al auto-apartado directivo en la puja de la empresa por renovar la concesión del subte porteño por otros 12 años.

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