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Mauricio Macri

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El presidente Mauricio Macri presentará el próximo martes el anteproyecto de reforma del Código Penal que el Gobierno buscará aprobar en el Congreso en los próximos meses.

El acto tendrá lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contará con la presencia del gabinete en pleno y de invitados especiales, según confiaron fuentes oficiales. El lanzamiento ya fue suspendido dos veces, en buena medida por la discusión del aborto en el Parlamento.

El jueves pasado, horas después de la sesión en la Cámara alta en la que naufragó la media sanción de Diputados, Macri confirmó sin mencionarlo lo que había sobrevolado durante el debate en el recinto del Senado: que incluiría la despenalización de la mujer en el proyecto del Código Penal.

“El proyecto introduce una modificación central respecto de la mujer que cause su propio aborto o consienta en que otro se lo cause para los supuestos de aborto punible, ya que se prevé la posibilidad de que el juez exima de pena a la mujer (no tendrá ninguna sanción penal)“, sostuvo Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la comisión de expertos que trabajó durante más de un año en el nuevo Código.

Los otros integrantes de la comisión son el director nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; los camaristas Guillermo Jorge Yacobucci, Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor María Vélez; la secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer; el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Fernando Jorge Córdoba; y los representantes de los Ministerios de Desarrollo Social, Yael Bendel, y de Seguridad, Guillermo Soares Gache.

El Gobierno aprovechará la presentación del martes próximo no solo como un hito histórico: el código actual data de 1921, hace casi cien años. Si no también para marcar la contracara  de la anterior gestión, que le imprimió un espíritu garantista a sus políticas en materia de Justicia y Seguridad.

Es que el proyecto del oficialismo, enmarcado dentro del programa Justicia 2020 que lleva adelante el ministro Germán Garavano, impulsa un aumento de penas, por ejemplo, para delitos de corrupción y narcotráfico, hace hincapié en la reincidencia y plantea penas alternativas -como el uso de dispositivos electrónicos para casos de primera condena que no excedan los tres años de prisión- e incorpora, por caso, como agravante la utilización de motocicletas en delitos de robo, la modalidad conocida como “motochorros”.

“Significará una notable mejora para la Argentina en materia de seguridad, previsibilidad económica e inserción internacional. El nuevo Código Penal tiene como objetivo reducir los índices delictivos, mejorar la economía y lograr igualdad entre todos los habitantes de la República Argentina, a través de la efectiva aplicación de la ley penal y la transparencia, para así contribuir a la seguridad de la Nación y la inserción internacional del país”, escribió ayer Borinsky.

En el caso de los delitos de corrupción, en medio de la mega investigación impulsada por el estallido de los “cuadernos de las coimas K”, el anteproyecto del Gobierno establece un aumento de 4 a 12 años las penas para casos de cohecho, sobornos transnacionales o enriquecimiento ilícito. Se agrega la figura de “corrupción entre particulares” y se pena a las empresas ante ciertos delitos. En la causa que tramitan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, ya desfilaron una docena de empresarios arrepentidos que confesaron coimas a ex funcionarios.

El texto prevé además aumentos de penas para homicidios viales, para la tenencia y portación ilegal de armas y para casos vinculados al narcotráfico.

Incorpora, en ese sentido, una novedad vinculada a la despenalización de las drogas, un debate que en el Poder Ejecutivo imaginan  en un corto plazo. El anteproyecto incluye la jurisprudencia de la Corte en el fallo “Arriola”, por el cual no es punible la tenencia de estupefacientes para uso personal en el ámbito privado.

El último año, las administraciones nacional y porteña estuvieron atravesadas por algunos cortocircuitos con la posición del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta relacionada con los cortes de calles por la proliferación de manifestaciones, en especial por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad en el inicio de la gestión de Cambiemos. Desde el Gobierno porteño se esforzaron en ese sentido ante las movilizaciones por evitar cortes en los carriles exclusivos para el transporte público.

La pasividad de la anterior gestión ante los piquetes, que de todos modos tuvo un intento de viraje con Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad, había sido cuestionada en forma constante por el macrismo.

La reforma del Código Penal establece en esa línea la introducción de penas para el entorpecimiento del transporte público. Y hasta 2 años de prisión para quienes arrojen elementos que pudieran provocar lesiones o muertes, que se eleva a 3 años cuando es contra miembros de las fuerzas de seguridad.

Delitos contra el medio ambiente, en espectáculos futbolísticos, informáticos -como casos de grooming- y de violencia de género también fueron incorporados tras el extenso estudio y análisis temáticos de la comisión de especialistas.

 

 

Aire de Santa Fe

Según datos del INDEC, la inflación a nivel nacional en julio fue de 3,1%, lo que en términos anualizados representa un alza de 44,2%. En tanto que en Cuyo fue aún superior (3,6%) y en GBA, 2,8%, apuntó el informe de la oposición.

En esta línea, el IPC Congreso sostiene que en los últimos doce meses los precios acumularon un incremento de 31,2% en la medición nacional, acelerándose por tercer mes consecutivo.

«Producto de la fuerte suba del dólar, tanto durante agosto como en los meses anteriores, los aumentos ya anunciados por el Gobierno para medicina prepaga, transporte público (en forma escalonada hasta octubre), luz y gas (en septiembre y octubre), se estima que la inflación continuará con valores elevados», advirtió el Frente Renovador.

De esa manera, el Informe IPC Congreso indicó que «pese a las recetas del Gobierno, la lucha contra la inflación está lejos de ganarse y sigue siendo es el principal problema de la economía argentina».

Todo esto hace suponer que en los próximos meses la inflación se mantendrá por encima del 2% mensual y que, sin turbulencias cambiarias mediante, sólo recién en el último bimestre del año podría volver a perforar dicho valor», destacó el informe.

Y concluyó que con esta trayectoria prevista, «en septiembre se superaría la banda superior de inflación fijada en el acuerdo con el FMI (+32% interanual), lo que habilitaría la consulta con la Junta Ejecutiva del organismo internacional».

 

 

Ambito

La Legislatura sancionó hoy por unanimidad a un proyecto de Resolución presentado Sobre Tablas por el diputado del Bloque Frente de Agrupaciones, Leandro Espinosa repudiando y rechazando las medidas del Gobierno Nacional de eliminar la transferencia del Fondo Federal Solidario creado por el Decreto Nacional N° 206/2009, como así también se dispone remitir copia a los Legisladores Nacionales de Chubut.

En sus fundamentos el diputado sostiene que “con el Decreto Nacional N°206/2009, el Estado Nacional entendió que el establecimiento de un fondo de esta naturaleza, que directamente deriva del Tesoro Nacional a las Provincias y Municipios en forma automática, fortalece a los presupuestos de esos niveles de gobierno a la vez que aporta una rápida aplicación directa en mejora de la infraestructura, con una fuerte incidencia en la calidad de vida de quienes viven en los ámbitos urbanos o rurales”.

Ahorro fiscal

Espinosa expresó que “esta decisión se funda en el presunto ahorro fiscal para la Nación de alrededor de 8.500 millones de pesos en 2018 y 26.500 millones de pesos en 2019. Este ahorro fiscal va en detrimento de los intereses de las provincias y municipios que se verán afectados por la falta de envío del Fondo Solidario”.

“En un marco de crisis socioeconómica como la que atraviesa la Provincia del Chubut, la decisión del Ministerio de Hacienda de la Nación afecta las arcas públicas, limitando el normal desenvolvimiento del Estado Provincial y Municipal”, sostuvo.

Dufour: “Reventarán las economías regionales”

Por su parte, la diputada Gabriela Dufour dijo que el Fondo Solidario se distribuía entre las provincias y solidariamente a los municipios para la construcción “por lo tanto atenta contra los trabajadores de la construcción e implica menos obras, por lo que es sumamente dañino”.

Dijo que otra de las medidas fue el anuncio de la suspensión de los reintegros por exportación en un 66% “por lo tanto van a terminar reventando y fundiendo las economías regionales porque aumentan los costos internos como un 10% más los combustibles la semana que viene y todos los servicios, no tengo términos para calificar este gobierno nacional que terminará fundiendo a los argentinos con la escalada del dólar”.

Lamento que Macri no tome una medida que ayude al pueblo, “debemos unirnos todos porque esto no es un problema ideológico, es de gente que piensa en sus intereses y hoy está en riesgo el interés de la población”.

Meza Evans pedido de informes por Patagonia Broker S.A

El diputado del PJ-FpV, Blas Meza Evans solicitó en la sesión de hoy un pedido de informes al Ejecutivo Provincial para conocer las sumas percibidas por Patagonia Broker S.A en concepto de comisiones por la contratación de seguro de personas, bienes y actividades del Estado Provincial durante los ejercicios 2016 y 2017. Además, si el accionista Torres Garcia fue designado como productor organizador de seguros de Patagonia Broker S.A. remitiendo copia del acta de Directorio donde se lo designa, cuáles son las comisiones que cobró durante esos años y si continúa ejerciendo funciones o si son cumplidas por otra persona.

En sus fundamentos, Blas Meza Evans indicó que el Estado Provincial y todos sus organismos y las sociedades que integran pagan sumas millonarias en concepto de seguros, “que son un negocio tentador para los agentes de seguros”.

Recordó que Patagonia Broker está integrada en su capital en personas físicas y personas jurídicas. La Provincia del Chubut tiene el 61,75% de las acciones, el Instituto de Seguridad Social y Seguros tiene el 24% y el Banco del Chubut tiene el 12,50%. Los restantes accionistas son personas físicas que tienen un 0,25 de las acciones y ellos son Alberto Gilardino, Germán Sahagún, María Paula Tarrío, Gustavo Eduardo Pérez Sande, Myriam Patricia Vaz, Horacio Martínez y Pablo Andrés Torres García.

Indicó que en la última etapa tenían una activa participación tanto como accionistas como en su directorio, sindicatura y contador auditor los “jóvenes brillantes”, varios de ellos imputados en las causas judiciales. La otra curiosidad es que aparece como accionista Pablo Andres Torres Garcia que tiene domicilio en Buenos Aires, que es titular de un importante bróker de seguros del orden nacional y que es parte de muchas actividades económicas ligadas al íntimo amigo de Macri, Niki Caputo.

Dijo que “Pablo Andres Torres Garcia, intermedia en la venta de seguros y comparte comisiones que deberían ser propias y exclusivas de Patagonia Broker S.A. Esto nunca había pasado antes y el 100% de las comisiones quedaban en mano de los chubutenses, a través de esa empresa provincial. De ser cierto esto, se estaría desvirtuando el objetivo central de la creación
de esa sociedad de capital estatal mayoritaria.

Indicó que “las autoridades tomaron conocimiento de esta situación y le quitaron el negocio a Torres García pero no fue así, en el lugar de Torres Garcia pusieron a otro intermediario, un tal Martínez Sosa, otro bróker en este caso con fuertes vínculos con el massismo para que continúe con el “negocio” de Torres García.

Vialidad Provincial

Blas Meza Evans presentó otro pedido de informes para conocer si Vialidad Provincial durante los años 2016, 2017 y 2018 ha contratado a la empresa PROINGEO S.A, y qué contratos se han suscripto, monto de los mismos y remita copia certificada de los expedientes correspondientes.

Meza Evans fundamentó la existencia de expedientes en la AVP por los cuales se realizarían contrataciones directas a una empresa vinculada al presidente de Vialidad. Si bien las autoridades del sindicato vial radicaron una denuncia ante la Oficina Anticorrupción por la celebración de uno de los contratos en cuestión, aparentemente esa no sería la única contratación, “son contrataciones directas por montos importantes y en estos casos la sociedad contratada está integrada en su Directorio por el padre de quien preside la AVP”.

Ejecución de nuevas viviendas

Por otra parte, el presidente del bloque UCR-Cambiemos, Eduardo Conde hizo un pedido de informes sobre la totalidad de viviendas nuevas ejecutadas e iniciadas entre el 2003 y el 2017. El número de expediente y fecha de licitación o modalidad utilizada. Descripción de la Obra, Localidad, Empresa Adjudicataria, u Organismo responsable de la construcción. Tipo de operatoria, fecha de inicio y de finalización de obra.

Casi al pasar y, como un tema menor, Mauricio Macri respondió a los cronistas acreditados en la Casa Rosada sobre la suba del dólar que llegó a un nuevo récord ayer y hoy tuvo un retroceso.

«No pasa nada, tranquilos», fue la respuesta al paso del mandatario ante la consulta de los periodistas que lo abordaron en el Patio de las Palmeras en la Casa de Gobierno en un martes que arrancó con noticias económicas relevantes como la decisión de congelar, por seis meses, la baja de las retenciones de las exportaciones de subproductos de la soja.

Desde el viernes pasado, en la Argentina hay presión sobre el dólar por el efecto dominó de la crisis turco-estadounidense, que promovió la aversión al riesgo de las economías emergentes.

Para evitar que la Argentina fuera arrastrada por la crisis turca, la entidad monetaria presidida por Luis Caputo anunció ayer tres medidas para frenar la corrida cambiaria.

La tasa de referencia pasó de 40% a 45%. Además, hoy se subastarán US$500 millones de las reservas del Banco Central para liberar presión sobre el dólar y se pondrá en marcha un plan que busca la cancelación progresiva y total del stock de Lebac .

El dólar abre hoy a la baja luego de tocar un récord ayer. A media mañana, la divisa estadounidense se vende a $29,34 en su versión mayorista, 1,98% por debajo del cierre anterior ($29,93).

Según el promedio minorista elaborado por el Banco Central , el dólar se vende al público a $29,97, con algunos bancos que lo comercializan a $30,10. El Banco Nación , que suele tener la cotización más baja del mercado, vende dólares a $29,80, 65 centavos por debajo de su cierre de ayer.

 

 

La Nación

Los números de este 2018 dan muestras de una crisis económica y social que comienza a profundizarse en el territorio argentino. Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri se refiere a la situación como una “tormenta” que ya pasó. Sin embargo, en lo que va de este año ya se registraron más de 32 mil despidos y suspensiones, un 30% mayor a los sucedidos en 2017. Con las alarmas encendidas, el empleo no repunta y la pobreza aumenta a un ritmo preocupante.

En una semana clave para la economía del país donde una misión del FMI llega al país para evaluar las metas que debe cumplir el gobierno y con un dólar que se disparó a pocas horas de un nuevo vencimiento de las Lebacs, el Centro de Economía Política Argentina elaboró un nuevo informe sobre despidos y suspensiones.

En ese aspecto, solamente en julio se dieron 6.588 casos, el doble que el mes anterior y los sectores más perjudicados fueron los de servicios y la industria, que representó el 77%. De este modo, en los primeros siete meses ascienden a 32.794, los mismos corresponden a 12.532 en el empleo público y 20.262 en empleo privado. Así, se observa un promedio mensual de 4.684.

Si se compara con el periodo de 2017, los números superan en 7.296 casos y representa un incremento de casi 30%. En los primeros dos meses de 2018, los despidos del sector público resultan más significativos pero luego aumentaron los registros en el sector privado.

Desde CEPA indicaron que “la industria protagoniza el proceso de despidos y suspensiones también en 2018. Se observa la continuidad en el proceso de expulsión laboral a lo largo de los primeros siete meses del año, promediando 2.138 casos mensuales”.

“Particularmente en el mes de julio de 2018 los despidos y suspensiones del sector industrial fueron quienes motorizaron el fenómeno, representando el 77% de los casos totales del mes”, añadieron.

 

Infocielo

Días después de convertirse en imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción, Ángelo Calcaterra primo de Mauricio Macri, volvió a los Tribunales de Comodoro Py y presentó un escrito en la causa en la que está imputado en una causa vinculada a Odebrecht.

Se trata de la investigación sobre la construcción del soterramiento del Tren Sarmiento. Según confirmaron a Clarín, el empresario presentará un escrito ante el juzgado.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, tras un pedido del fiscal Franco Picardi, citó a indagatoria al ex dueño de Iecsa junto a otros imputados, todos acusados en la causa que investiga el pago de sobornos e irregularidades en la adjudicación de la obra del soterramiento del Tren Sarmiento.

Las indagatorias pedidas por el fiscal Franco Picardi, se toman en el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento. Iecsa, la ex empresa de Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- era parte del consorcio de firmas lideradas por Odebrecht. También fueron citados los demás integrantes de la UTE: representantes de Ghella, Comsa.

En el marco del Lava Jato, los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.

En ese contexto, en Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones adjudicadas a la constructora brasileña, sospechadas de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.

La obra del soterramiento que investiga Martínez De Giorgi, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra.

Las indagatorias que incluyen a Julio De Vido y concluirán el 17 de octubre con el Corcho Rodríguez (señalado como intermediario entre los funcionarios y la firma Odebrecht) bajo la premisa de que hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio, y luego se generaron «modificaciones en el contrato original» que esconderían los supuestos sobreprecios y coimas.

Para el magistrado las instancias administrativas y una serie de reuniones realizadas previo a la licitación, y el intercambio de e-mail donde «se habla del pago de sobornos», explicaría «el presunto direccionamiento de dicho proceso, los alcances de la contratación y sus modificaciones en beneficio del consorcio ganador», que integraba entonces la constructora IECSA.

Todos los imputados están acusados ​de participar en lo que Martínez De Giorgi denominó como «anómalas circunstancias»señaladas por un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez y que expusieron «sospechas en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas adjudicatarias de la obra, a la empresa CAESA y aquellos confesados por la empresa Odebrecht», indica la resolución.

Sólo en la licitación se consignaron al menos 21 irregularidades: entre ellas, «se efectuó mediante un procedimiento de etapa múltiple, sin presupuesto ni crédito legal y poniendo en cabeza de los oferentes el proyecto de ingeniería y ejecutivo», además, «no se cumplieron los plazos de publicación del llamado exigidos», «se modificaron algunas cuestiones esenciales del Pliego de Bases y Condiciones Generales a requerimiento de los oferentes», entre otras.

El fiscal Picardi cree que los sobornos se pagaron a través de la empresa CAESA de Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, por unos 600 mil pesos, y por pagos a través de empresas offshore radicadas en el exterior.

Se trata de una red de empresas. Por un lado, las empresas Controles y Auditorias Especiales SL de España (CYAES) y CAESA -, y aquellas que se habrían utilizado para recibir el «pago de sobornos efectuados por parte del grupo Odebrecht, a través de la cuenta de la empresa off shore “Klienfeld Service Ltd”.

En este contexto, el juzgado siguió la ruta del dinero, «los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados, emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan,a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular señalado».​ En relación a la millonaria obra, se distinguieron al menos dos formas en las que se materializó la maniobra de pagos irregulares. Por un lado, a través de pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes, y también, por intermedio de transferencias «que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través desde su “División de Operaciones Estructuradas”, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore», señaló Martínez De Giorgi.

Parte de esta ruta de fondos se investigó en base a unos correos electrónicos entre Vázquez y Marcelo Couri Ribeiro integrante de Odebrecht. Se destacó que «en dichos correos, éste último habría dejado asentado que Javier Sánchez Caballero, gerente de IECSA, mantuvo reuniones para tratar el pago de coimas del soterramiento del Tren Sarmiento».

Para el Juez ños ex funcionarios y los apoderados de las empresas privadas adjudicatarias «que hubieren intervenido de manera efectiva en el expediente y/o participando en reuniones con los funcionarios públicos intervinientes». Como así también, los responsables dela firma CAESA S.A., señalados como intermediarios entre la firma brasileña y los ex funcionarios.

 

 

Clarín

Mientras la economía nacional entra en una nueva crisis por el aumento del dólar a más de $30 a raíz de la devaluación de la lira turca y la fragilidad de la economía argentina, el presidente, Mauricio Macri, salió de paseo. En sus historias de Instagram compartió su visita a un centro deportivo para personas con discapacidad junto a la vicepresidenta, Gabriela Michetti.

En los videos se ve a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional divirtiéndose mientras hablan con Alejandro Palavecino, un deportista paralímpico que está en silla de ruedas desde los 25 años y que hoy representa a Argentina como practicante de esgrima.

En ese contexto, Macri decidió divertirse un rato al tomar un florete de esgrima que le dio el entrenador del deportista, e intentó hacer algunos movimientos de esgrima. Michetti, por su parte, no imitó al Presidente pero se mostró muy entretenida ante esta escena.

Mientras tanto, el dólar volvía a dispararse y superaba los 30 pesos en las principales casa de cambio y bancos minoristas. De esta forma, Argentina empezó en un nuevo ciclo de devaluación que no se sabe cómo ni cuánto terminará.

Palavecino, por su parte, aseguró que “no esperaba” la visita del Presidente. “Cuando lo ví entrar dije ‘¿qué hace el señor Mauricio?’”, y agradeció que junto a Michetti se hayan “tomado dos minutos de su agenda diaria” para visitarlo, al tiempo que les pidió que “apuesten al deporte y al estudio”.

En contraste, a fines de julio la nadadora profesional Macarena Ceballos denunció que desde la Secretaría de Deportes le informaron que “las becas están frenadas desde abril porque el ministerio no libera los fondos”.

 

El Destape Web

Minutos antes del inicio de su declaración indagatoria de este lunes ante el juez Claudio Bonadio, Cristina Kirchner subió a las redes sociales tres escritos que presentará en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción. En este expediente, la actual senadora está acusada de ser jefa de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos cuando era presidenta de la Nación.

Está señalada como la responsable, junto a Néstor Kirchner, de «comandar» una estructura que habría movido en coimas más de 200 millones de dólares.

Con duras críticas al juez Bonadio, la ex mandataria pidió que la investigación sea remitida al juzgado del juez Julián Ercolini, que la investiga por el direccionamiento de la obra pública, y en cuyo juzgado se encuentran otros expedientes que podrían estar vinculados a esta nueva acusación.

En su presentación, acusa además al presidente Mauricio Macri de perseguirla políticamente y solicita la nulidad de los cargos en su contra.

«A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional», inicia el escrito de Cristina Kirchner. No es la primera vez que acusa al actual Gobierno de estar atrás de las causas judiciales que la rodena.

Bajo esta línea argumentativa, requirió que el Presidente sea llamado a declaración testimonial, al igual que el presidente de Boca, Daniel Angelici, por su rol de «operador judicial», adjudicándole la negociación por la cual Ángelo Calcaterra -primo de Macri-  se convirtió en imputado colaborador (el ex dueño de Iecsa se convirtió en uno de los ocho empresarios arrepentidos en esta causa).

La asociación ilícita pudo cumplir con sus objetivos porque contó con «aportantes» de los «fondos indebidos» y según el fiscal Carlos Stornelli, fueron los directivos y ejecutivos de las principales compañías de la construcción y del sector energético. Entre ellos, el ex dueño de Iecsa, así como su ex CEO, Javier Sánchez Caballero, ambos imputados colaboradores como otros empresarios que asumieron haber hecho pagos al gobierno kirchnerista.

¿Qué dijo Cristina sobre esta situación? ,»Resulta absurdo intentar hacernos creer que en un país que preside Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra y hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos quinta esencia de la patria contratista, haya sido Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo de 2003, quien organizó el supuesto sistema de cartelización de la obra pública, típico de la patria contratista durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los 80`!.

Así, arremetió contra los empresarios: «Mucho más insólito es que en esa situación puedan hacerse aparecer a los empresarios como las víctimas de tales prácticas».

En este sentido, Cristina Kirchner cuestionó que Calcaterra se haya convertido en «arrepentido» y se refirió a una frase adjudicada al fiscal Stornelli sobre las «pocas sortijas que hay» para quienes busquen avalar la tesis de la asociación ilícita. «Los hechos que sobrevinieron ya fueron anticipados: allanamientos y detenciones, a los que se sucedieron la presentación voluntaria de empresarios entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra», y añadió: «quien resultó privilegiado con una de las sortijas que parece estar entregando el fiscal a aquellos arrepentidos que avalan la hipótesis delictiva de la asociación ilícita».

Dudas sobre los cuadernos

La causa se inició con los ocho cuadernos que escribió durante diez años, con una interrupción de tres, el ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno. Éste se convirtió en el primer «arrepentido» en la investigación. Según sus anotaciones, se había montado una estructura que recibía órdenes de Néstor y Cristina Kirchner para «la recaudación de fondos ilegales y así enriquecerse de manera ilícita».

De acuerdo al chofer, quienes recaudaban eran José Baratta, segundo del ex ministro de Planificación Julio de Vido, y otros ex funcionarios de esa dependencia. El dinero era llevado a la casa de los ex presidentes: sólo en cuatro años Baratta realizó 72 entregas por 60 millones de dólares en el departamento de Uruguay 1306, donde vive actualmente la ex mandataria.

En su presentación, la hoy senadora puso en duda la veracidad del actuar del ex chofer. «A raíz de la información que aparecía en unos supuestos cuadernos que habría confeccionado de manera harto llamativa Oscar Centeno, un ex militar que supuestamente venía trabajando como chofer para un funcionario del Ministerio de Planificación, quien le habría entregado este material a Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal Argentina, entre cuyas cualidades se destaca no solo tener un odio acérrimo hacia el peronismo, sino también la justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar», sostiene en el escrito Cristina.

Así, para la ex Presidenta ésta sexta acusación en su contra en la Justicia Federal sólo responde a «la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante».

En este punto se refirió, sin nombrarla, a María Eugenia Vidal, una de «sus figuras emblemáticas» por «haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta».

Bonadio el «juez enemigo»

Junto a sus críticas sobre el inicio de la causa, la actual senadora también cuestionó el accionar del juez Bonadio de quien pidió su apartamiento y consideró que ya es investigada en otro expediente a cargo del juez Ercolini, donde se involucra el manejo de la obra pública.

«Estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo», sostuvo Cristina y añadió: «actor principal del Lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI».

Sostuvo, en consecuencia, que se está ante una «causa armada» y remarcó: «Resulta inconcebible que Bonadio, colocándose nuevamente el traje de juez enemigo, me fabrique una nueva causa en la que se me imputa otra vez la conducta de asociación ilícita por la que se me persigue en los procesos que mencionara en el punto anterior».

 

 

Clarín

El senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque del PJ en la Cámara alta, lanzó este jueves su candidatura a presidente para las elecciones de 2019 y sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri “son funcionales entre sí y se necesitan mutuamente”.

Asimismo, remarcó que tiene “la convicción de ser candidato para que volvamos a ser poder en la Argentina” y que su espacio no es “la avenida del medio, ni una alternativa sin rumbo ni corazón. Somos el futuro, el proyecto político nacional para recuperar Argentina”, insistió.

Luego de su exposición, llevada a cabo en el teatro Metro de la capital bonaerense, el senador nacional repitió en rueda de prensa la decisión política de someterse a “una compulsa con figuras importantes como Sergio Massa, Sergio Uñac, Juan Manuel Urtubey, el propio gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna“.

Respecto a la polémica por la confesión de Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de gabinete kirchnerista, de que hubo dinero ilegal en la campaña electoral de 2013, Pichetto pidió un sistema “más transparente” al advertir que a los partidos políticos “les cuesta mucho” rendir el dinero que gastan.

“Es uno de los temas que Argentina tiene pendiente. Los partidos muchas veces van a campaña, gastan mucha plata y les cuesta mucho rendirla”, señaló.

Sobre la posibilidad de que el domicilio de la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner sean allanados, remarcó que existe “la voluntad de hacer lugar” al pedido del juez Claudio Bonadio, pero fue tajante al oponerse al posible desafuero: “Mi posición es pública y conocida. Consideramos que la privación de la libertad en la etapa instructoria del proceso no procede”.

 

 

Radio Mitre

La resistencia a la minería en Chubut tiene una razón ambiental, pero básicamente plantea una realidad costo-beneficio que está ausente en aquellos lugares donde la voracidad por hacer caja, excede inclusive a las previsiones lógicas de cualquier gobierno provincial que piense, no solo en ellos mismos, sino también en la sociedad y en qué dejarán para el futuro de sus hijos y nietos.

A partir de la decisión de los intendentes de la meseta central de Chubut de potenciar la minería mediante la activación del Proyecto Navidad, la convocatoria realizada para debatir el tema que ya tienen decidido llevar adelante a instancias del gobierno nacional, padece de un gran problema: no tienen licencia social. Sin embargo esto abrió una nueva caja de pandora en Chubut y se puso sobre la mesa el verdadero beneficio que le dejaría a la provincia, una hipotética autorización para que se practique la megaminería (minería a cielo abierto), prohibida por ley.

De acuerdo a un cálculo efectuado por el diario El Extremo Sur, de Comodoro Rivadavia, la ganancia que tendría Chubut sería de 13 millones dólares anuales, lo cual representa solo el 4% de lo percibido por Chubut en el año 2017 por regalías petroleras ( 313 millones de dólares), pero le reportaría a la nación una ganancia de 42 millones de dólares en el año.

Dichas cifras surgen del análisis de las perspectivas económicas presentadas por el ex ministro de Energía Juan José Aranguren, quien expresó los beneficio que tendría Chubut en caso de habilitarse la megaminería. Es decir, teniendo en cuenta esta prospección, el resultado para nuestra provincia alcanzaría para cubrir menos del 2% de déficit primario fiscal que tiene Chubut, cuyo desequilibrio el año pasado superó los 695 millones de dólares.

Aranguren fue taxativo al remarcar que la Nación obtendría un beneficio económico, de la explotación minera en Chubut a través de la empresa Pan American Silver de 55 millones de dólares y que para esta provincia quedaría poco menos de 13 millones de dólares al año, en concepto de regalías que actualmente son del 3%, correspondiéndole al gobierno nacional, además, el 35% ppor Impuesto a las Ganancias.

En cambio la empresa canadiense gozaría de algunos beneficios extras, como, por ejemplo no pagar el Impuesto a las Ganancias en los primeros tres años del emprendimiento para “compensar” a los capitales productivos por la inversión del montaje de la infraestructura de explotación y tampoco pagarían IG durante el último año de explotación. El tiempo estimado es de 17 años y Chubut no siempre cobraría igual las de por si magras regalías que al final de ese tiempo rondarían los 140 millones de dólares, mientras nación en el mismo período le llevaría algo así como 700 millones de dólares estadounidenses por el cobro del IG, de acuerdo a los datos aportados por Aranguren.

“Polvo, paja y trigo”

Separando los gastos, las inversiones, los costos, el tiempo de gracias que tendría al empresa Pan American Silver para empezar a pagar y el remanente líquido que les queda a nación y Provincia, es obvio que Chubut es un reservorio de oro y plata para la multinacional canadiense y para el gobierno de Mauricio Macri. Quien menos beneficio obtendría es Chubut.

El argumento periférico de que alrededor de la industria minera se mueve una economía alternativa vinculada, es tan relativo como la teoría de Albert Einstein. En general no menos del 80% de la mano de obra sería extraprovincial o extranjera, tal como sucede en Santa Cruz y los insumos mineros las empresas los adquieren de su propia cadena de servicios y compra.

Es decir, ninguno de estos argumentos (regalías y beneficios económicos para la región) seducen al electorado de Chubut. La resistencia social a la megaminería será aún mayor, luego de dar a conocer estos número mínimos, a la par del enorme pasivo ambiental que va a heredar Chubut, si acaso permite la llegada de la minería a la meseta central.

Solo basta ver a Santa Cruz sumida en la pobreza, siendo la provincia donde la minería es más intensiva y que, para rescatar algunos fondos más, los municipios reciben dádivas de las empresas, al igual que el gobierno provincial, a cambio de desistir de la actividad de remediación ambiental, trabajo que para una minera le lleva más de un año de trabajo e ingentes capitales que no están dispuestas a erogar.

Es por este ejemplo tan cercano (Cerro Vanguardia, por ejemplo en Santa Cruz) que Chubut rechaza de plano la megaminería. En cercanías de San Julián jamás serán rellenados los pits abiertos que desde el espacio exterior se ven como pequeñas manchas negras. Estos serán eternos, mientras las “ganancias” se han licuado. No se sabe bien a qué bolsillo fueron a parar porque ni las localidades cercanas como San Julián, abundan en prosperidad, luego de depender tantos años de Cerro Vanguardia, un yacimiento que transita su final y el cual jamás será remediado.

Por todo esto y sabiendo hoy de boca del propio ex Ministro Aranguren, lo que le espera a Chubut en caso de permitir el ingreso de la minería en suelo provincial, es que la toma de conciencia de la población hace posible que el gobierno nacional, ávido de recursos, como antes lo hizo el kirchnerismo, no pueda tener inserción en Chubut y lograr la destrucción ambiental solo con la promesa futuro que no existe, al menos para los chubutenses y solo le reportará beneficio a Pan American Silver y a Mauricio Macri

 

 

Agencia OPI Chubut