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En el marco de la Emergencia Sanitaria, el Municipio de Lago Puelo diagramó una batería de medidas junto a la Cámara de Comercio local, con el objetivo de minimizar el impacto económico de dicha Emergencia en la comunidad.

El proyecto fue enviado al Concejo Deliberante para su tratamiento.

A través del secretario de Economía municipal, Leandro García, y del asesor legal, Patricio Golar, se hizo llegar al legislativo un paquete tributario que beneficiaría a vecinos que ven afectada su actividad laboral en el marco de la situación económica generada por la pandemia. La propuesta reconoce las dificultades que afrontan el comercio local, los sectores productivo y turístico, como así también los puelenses en general, y sus principales lineamientos se enfocan en:

– Ampliar el primer vencimiento anual para no generar intereses en los pagos de impuestos.
– Extender el plazo para pagar todos los impuestos con un 15 % de descuento hasta el 31 de agosto.
– Incrementar los descuentos para quienes quieran regularizar deuda.
– Ampliar el esquema de bonificaciones para contribuyentes de los ingresos brutos.

 

Bajo el título “Cuarentena Comunitaria”, el municipio de Camarones presentó ante el Concejo Deliberante un paquete de medidas económicas para reactivar progresivamente el circuito financiero local, desdibujado a partir de que se declarara el aislamiento preventivo, social y obligatorio para contrarrestar los efectos del CoViD-19.

El pliego, concluido el análisis del cuerpo legislativo en sesión extraordinaria, fue evaluado y será enviado antes del viernes a Rawson para que el gobernador Mariano Arcioni lo estudie, y se gire a Nación para evaluar la factibilidad de reiniciar la producción de algunas actividades en la comuna.

El decreto provincial –que adhiere a las condiciones impuestas por el Gobierno Nacional-, habilita a los intendentes y jefes comunales a presentar aquellas medidas concernientes a generar impacto económico en su localidad, cumpliendo los protocolos sanitarios vigentes. A partir de los alcances de esa disposición, el municipio solicitó al Concejo Deliberante una sesión extraordinaria este martes para analizar la flexibilización de algunas actividades que posibiliten un movimiento económico más dinámico en la localidad.

Culminada la sesión, Loyola sostuvo que “la dirigencia política entendió que no podía obviar las cuestiones generales, por ejemplo, el circuito económico local que estaba inactivo, declarado el aislamiento como prevención a la pandemia”. Como municipio, señaló, “nos preocupaba cuál iba a ser el sostén del municipio, teniendo en cuenta además que sólo recibimos en las últimos días 200 mil pesos por Aportes del Tesoro Nacional (ATN). No podemos sostener más esta situación”, graficó con preocupación la intendente.

“Tuvimos la aprobación unánime de los concejales”, valoró la mandataria municipal, aunque señaló que “hay que ajustar otras cuestiones vinculadas con controles estrictos en algunos comercios locales. Los ediles entienden y comprenden que es de suma necesidad apuntalar cada actividad. Aplicaron el sentido común y acompañaron la propuesta, sólo nos restan corregir detalles técnicos”, apuntó.

“Si bien la cuarentena no se terminó, porque estiman que se extenderá hasta los primeros días de mayo”, desde “el municipio estamos cumpliendo el aislamiento obligatorio, pero enmarcado en que ciertas actividades se pueden realizar en horarios habilitados, previamente consensuado”, indicó.

Loyola reconoció que “tenemos un buen control de seguridad en el pueblo, lo hicimos desde el 18 de marzo, las 24 horas; ese pilar nos da tranquilidad, pero el interrogante es qué hacemos con el común de la gente y la actividad propia del ciudadano. La necesidad es imperiosa, por eso lo conversamos y analizamos rápidamente con la totalidad de los concejales. Nos adelantamos al panorama general, en virtud de los acontecimientos transcurridos en los últimos días”, insistió.

Antes del viernes, el paquete de medidas impulsadas por el municipio de Camarones, que adjunta la nota de solicitud al gobernador Mariano Arcioni, será enviado a Rawson para su revisión y posterior giró al Gobierno Nacional para su aprobación.

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el Gobierno trabaja para que «no se profundice la recesión” y que este mediodía analizará con el ministro de Economía, Martín Guzmán, un “menú” de medidas con “mecanismos de compensación” para los sectores productivos y asalariados que puedan llegar a ser afectados por los efectos del coronavirus.

“Nosotros no debemos dejar que se profundice la recesión, estamos en recesión”, subrayó Fernández en diálogo con Radio 10 y radio Mitre.

El Presidente dijo que va a mantener una reunión en la Quinta de Olivos con el ministro Guzmán para definir “un menú” de medidas económicas para compensar los problemas que pueden llegar a generar las restricciones que puedan aplicarse para evitar la propagación del virus.

“Hay que buscar mecanismos de compensación”, señaló el jefe del Estado”.

Fernández adelantó además que mañana a las 10 se reunirá el Gabinete Social, coordinado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para terminar de definir las distintas propuestas.

“Lo que más hace falta es garantizar el salario de los que se quedan en su casa por orden del Estado y garantizar créditos muy blandos para que el que deja de producir pueda sobrevivir”, resumió el jefe del Estado.

El presidente Alberto Fernández afirmó que la Argentina necesita “tiempo” para poder resolver el problema de la deuda y ratificó la decisión de su gobierno de “priorizar” la resolución de problemas que afectan a los sectores más desprotegidos.

“Es prioritario sacar de la crisis social a los argentinos. La deuda no nos va postergar las cuestiones sociales”, dijo el Presidente.

“El primer tema que tengo que tratar con Martín Guzmán es el tema deuda”, detalló el Fernández respecto a la agenda de reuniones que mantendrá hoy.

“El capital no tiene mucho corazón”, dijo Fernández al ser consultado sobre el tema deuda y la propuesta que presentará la Argentina a los tenedores de deuda.

“Estamos encaminados y lo que nos está pasando nos está dando la razón, porque veníamos mal y esto nos hace peor, por eso necesitamos tiempo”, sostuvo el Presidente.

Fernández advirtió que “el escenario del mundo ha cambiado mucho” a causa del coronavirus.

“El mundo ha cambiado por esta enfermedad. Si vale el ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros veníamos achacados, nos agarra el virus y nos hace mucho más daño”, concluyó.

El gobernador Mariano Arcioni se reunió el viernes durante dos horas con los diputados del bloque Chubut al Frente, y quedaron en tratar este jueves en sesión extraordinaria el paquete de medidas de reestructuración del Estado provincial.

Lo confirmó a diario EL CHUBUT el diputado madernista Tirso Chiquichano, quien adelantó que mañana lunes el Ejecutivo ingresará el proyecto en la Legislatura, y se tomarán 48 horas para estudiarlo para llegar a tratarlo este jueves en el recinto. Chiquichano ratificó que los diputados madernistas van a votar alineados con el bloque mayoritario que reporta al gobernador Arcioni.

Asimismo, Arcioni les informó a los diputados que no avanzará con la tasa vial, ni tampoco derogará la nulidad de las ventas de tierras con bosques nativos, indicó Chiquichano. El encuentro del viernes comenzó a las 19 horas y finalizó cerca de las 21 horas.

Se reúne el oficialismo

El diputado de Chubut al Frente, Tirso Chiquichano, indicó que el Ejecutivo provincial tenía previsto terminar de diagramar el paquete de leyes este fin de semana para presentarlo este lunes en la Casa de las Leyes. El Gobernador y sus ministros iban a trabajar en forma intensiva durante este fin de semana para que este lunes los diputados puedan analizar cada una de las medidas.

El bloque Chubut al Frente se reunirá mañana a las 11 horas para realizar observaciones al proyecto con la idea de finiquitarlo el martes, para llevarlo al recinto este jueves. Previamente, a las 10 horas, todos los bloques recibirán al ministro de Economía, Oscar Antonena.

Desde el oficialismo no descartan volver a reunirse con Arcioni en caso de que tengan que despejar alguna duda. En este sentido, Chiquichano ratificó que en la reunión el Gobernador se mostró abierto a escuchar las observaciones que puedan hacer los diputados este lunes, cuando tengan en sus manos las medidas. Tal es así que indicó que junto con sus asesores van a analizar cada una de las medidas punto por punto.

Por otro lado, Chiquichano confirmó que el proyecto incluye congelamientos de salarios por 180 días, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, y la creación de una empresa pesquera, entre otras medidas que anticipó. También Chiquichano mencionó que el Gobernador les comunicó que no va a tocar la nulidad de venta de tierras con bosque nativo, ni tampoco va a avanzar con la denominada “tasa vial” que pensaban aplicar sobre el valor del combustible.

Controversia

Desde el oficialismo entienden que cuentan con los votos necesarios para aprobarlo, a pesar de que la oposición del justicialismo y de Juntos por el Cambio hizo duros cuestionamientos a las medidas.

No obstante, a pesar del optimismo del bloque de Arcioni, algunas versiones indican que los trabajadores legislativos nucleados en Apel no permitirían sesionar el jueves si para esa fecha todavía no cobraron sus sueldos.

El Gobierno Provincial presentó el plan de “Reforma Estructural del Estado”, con el objetivo de surfear una crisis económica y financiera que lejos de atenuarse en los primeros días del 2020, se acentuó.

El paquete de medidas económicas traza una expectativa de en cuatro años mejorar la recaudación en un 50% y de esa forma poder hacer frente no sólo a los salarios, algo que ya está habiendo dificultades serias para cumplir, sino también a las obligaciones de deuda y cuestiones básicas para sostener el funcionamiento de los servicios.

El programa económico cuenta con tres patas. Por un lado, el reajuste del esquema de empleados públicos, con congelamiento de sueldos por seis meses, paralización de ingresos, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Por el otro lado, está planteado un achicamiento de la planta política, además del “gesto” que decidió dar el gobernador, para dejar de percibir su sueldo por 180 días.

Finalmente, la implementación de modificaciones dentro del Código Fiscal para lograr mayores recursos mediante los Ingresos Brutos, la nueva Tasa Vial, o la aplicación del gravamen del Impuesto Inmobiliario sobre los campos de la provincia. La estimación es que de allí se pueda obtener un ingreso extra de 2.500 millones de pesos anuales. Allí también se puede sumar la actualización del impuesto al sello, la Tasa Ambiental, el Impuesto a la Transferencia de Bienes.

Todo será acompañado por una ingeniería financiera para poder reperfilar los vencimientos de los bonos que están colocados en los mercados extranjeros y que acumulan una deuda de 855 millones de dólares.

Aunque nada parece alcanzar. Sobre todo, tras la “transparentación” de las cuentas públicas que se hizo economía, proyectando un déficit de $ 22 mil millones para 2020. Y asumiendo además que no se ajusten los salarios ni las jubilaciones durante todo este año.

Según los datos oficiales de Economía, este déficit estimado no incluye otros gastos que han sido postergados como la cláusula gatillo, la deuda con Seros, los títulos públicos sin emitir, la deuda con YPF, el pasivo de las cooperativas con Cammesa, lo que se les debe a proveedores y las sentencias contra el Estado. Si se contemplara todo ello, la sangría superaría los 36 mil millones de pesos.

Dentro de las medidas que se proponen en el programa que deberá pasar por la Legislatura, está el denominado “Débito laboral”, que se aplicaría para aquel agente que está en condiciones de Jubilarse cumpliendo edad y años en un tiempo determinado se le ofrecerá la adhesión al programa.

Por otro lado, el retiro voluntario, que implica retirarse como empleado provincial y con la interrupción de la relación laboral, ofreciendo una gratificación a ser percibida de acuerdo a lo establecido en la reglamentación.

En el caso de los empleados que tienen la edad para jubilarse o más, que cumplan los requisitos para acceder al sistema Jubilatorio a efectos de iniciar los trámites del beneficio. Habrá plazo de 30 días para que inicien los trámites.

Se pautará el 3 x 1 para todos los estamentos del Estado. En todos los casos, se establecerá que cuando se jubilan agentes solo se podrá reponer a razón de tres jubilados por un ingresante. No se consideran las bajas por retiro voluntario y tampoco aquellos que están con débito laboral.

Además, se cancelan vacantes por cuatro años (salvo excepciones fundamentadas y acotadas aprobadas al máximo nivel). Esto vinculado con la lógica de no seguir agrandado el Estado, que hoy cuenta con una plata entre activos y pasivos de 61 mil personas.

Con respecto al pago de escalonado, que se mantendría a lo largo de todo 2020, se incluirá en el mismo, a todos los organismos centralizados y descentralizados, del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entendiéndose salarios, aguinaldos, incentivos, fondos / estímulos y toda aquella remuneración de los agentes.

Se suspende cualquier incremento salarial por el plazo de 180 días, manteniendo las remuneraciones a valores del mes de diciembre de 2019 a todos los agentes del poder Ejecutivo. Lo que ya generó puso en alerta a los gremios. Ya que hay algunos convenios firmados el año pasado que incluyen aumentos que debían darse para enero y febrero.

Hoy la deuda en base a los acuerdos salariales 2019 estimada para todos los sectores de la administración supera los 1.000 millones de pesos, según expresaron los sindicatos. Sólo para los docentes es de 480 millones.

Cada Ministerio ahora deberá presentar un plan de achique. Se prevé una reducción de la planta política de entre el 15% y 20%. Por ejemplo, en Educación, el ministerio con mayor cantidad de personal se reasignará el 40% de las horas cátedras que estaban mal otorgadas, con el fin de ahorrarse alrededor de $ 100 millones al mes.

Se busca también que el programa baje hasta los municipios, para lo cual ya ha habido reuniones con los intendentes. Algunas localidades más chicas, como por ejemplo El Maitén, ya anunciaron que se plegarán y también suspenderán por el momento las paritarias y priorizarán en cambio la baja de fondos para reactivar la obra pública y de esa forma poder mantener parte del empleo en el sector privado.

Desde el Poder Judicial, ya se anunció también un congelamiento de sueldos. Y en la Legislatura, ingresó un proyecto para que no se efectúen incrementos para la planta política y asesores durante 180 días, aunque ello no alcanzaría al personal legislativo y administrativos.

Empresarios

Los anuncios no cayeron para nada bien el el sector empresarial. Es que si bien propugnan que es positivo que haya un achicamiento del Estado, saben también la gran dependencia que hay del empleado público. Y si hay ajuste, es probable que traduzca en más recesión.

Por otra parte, en pymes que están ahogadas económicamente y endeudadas, sumar más impuestos, es casi que criminal, con un consumo que no parece despegar. Más para pagar y menos para recaudar. Todo pérdida.

Reestructurar la deuda

La reestructuración de la deuda de Chubut es otro de los puntos que contempla el Ejecutivo. En el Ministerio de Economía, calculan que aún un escenario óptimo de diferimiento de todas las obligaciones financieras en cuanto a los pagos por servicios de deuda (Bonos, Letras y Anticipos del Banco del Chubut), persisitiría un déficit de 13 mil millones.

Y con ello, el gasto en Salarios y las Jubilaciones propios del ejercicio seguiría en “niveles insostenibles”.

Hoy la provincia tiene una deuda que ronda los 855 millones de dólares. La idea del refinanciamiento no es nueva. Se intentó cuatro años atrás bajo la gestión de Alejandro Garzonio. La premisa era que Nación comprara toda la deuda de provincia y que bajo un plan más flexible y con tasas más benévolas se fuera devolviendo el dinero. El resultado fue la conformación del Fondo Fiduciario Provincial, que tan sólo sirvió para englobar el endeudamiento de más corto plazo, las Letras del Tesoro. Lo más voluminoso, los bonos internacionales, quedaron fuera.

Ya en 2019 dejó de pagarse el Bodic 1, lo cual implicó un alivio financiero. Pero ya desde este año se suma la amortización de capital del bono de 650 millones de dólares (BOCADE) colocado en 2016, para lo que habrá que pagar más de 27 millones de dólares.

De acuerdo con el Presupuesto, los servicios de deuda para este 2020 que incluye el pago de bonos, Letras emitidas y aquellas que se emitirán, llegarían a los 14 mil millones de pesos. Sólo por los diferentes bonos internacionales (Fideicomiso Financiero, Bodic 2, Bocade y Bopro, está previsto una erogación durante este ejercicio de 125 millones de dólares, que se traduce en 7,875 millones de pesos. Sólo en enero, habrá que desembolsar 17 millones de dólares. Aunque lo más pesado estará en octubre, con más de 39 millones de dólares.

En los 30 días que lleva en la Casa Rosada, Alberto Fernández definió una gestión tendiente a mostrar su propio estilo y un control total del poder. Buscó desechar la idea del doble comando con Cristina Kirchner.

Alberto Fernández empezó a moldear lo que algunos llaman el “albertismo puro”, como señal de contrapeso al fantasma de aquella idea de “doble comando” que iba a tener en el poder con Cristina Kirchner en las sombras. Así trazó las directrices centrales de su gestión, que apuntan a profundizar el camino de la “tercera posición” en gran parte de la política argentina.

Ese camino del “medio”, la heterodoxia o la “tercera posición”, como abundan en describir en el Gobierno a la administración del poder actual que está construyendo el Presidente, se mezcló en el primer mes de su gobierno con un estilo diario de agenda sin previsiones, movimientos descontracturados que rompen con el protocolo y una imagen muy parecida a la de Néstor Kirchner.

“Las medidas que tomó hasta ahora el Presidente apuntan a la emergencia y muestran un estilo heterodoxo de relacionamiento con todos los actores. Puede que para algunos sectores se trate de medidas como hubiese tomado Macri en algún momento. Pero el Presidente es muy pragmático y todo lo que sirva para mejorar el bienestar de los argentinos lo hará sin pruritos ideológicos”, resumió ante Infobae un funcionario que tiene despacho cerca del ala presidencial y que conoce a Alberto Fernández desde hace más de 20 años.

La apreciación de la “tercera posición”. o el esquema heterodoxo que impuso Fernández a su poder. buscó en gran medida contrarrestar la imagen que se había formado en la campaña de un Presidente eventualmente manejado desde el despacho de Cristina Kirchner. La prueba está que la vicepresidenta no sólo se ha mantenido bastante distante del calor del poder –al menos en lo visible- sino que Fernández se ocupó en mostrarse como un “Presidente con control absoluto”, como les gusta graficar a los albertistas en el Gobierno.

A un mes de la asunción de Fernández, a muchos funcionarios de la Casa Rosada les parece una eternidad el tiempo pasado. “Parece como hace dos años que estoy acá y llevo apenas 20 días”, dijo el ministro de Trabajo Claudio Moroni hace unos días. El desgaste de los ministros y secretarios por el ritmo febril que le impuso Fernández al Gobierno es notable.

Existen coincidencias entre muchos funcionarios de la Casa Rosada que las medidas tomadas en este mes de gobierno de Fernández apuntaron a la emergencia social y económica, aunque es probable que esa situación de debilidad en la economía persista en los próximos seis meses. Más allá de esas proyecciones, entre las 10 medidas más sobresalientes que tomó el Gobierno en estos 30 días se cristaliza la idea de moldear el “albertismo puro” sintetizado en los siguientes ejes:

1-Emergencia económica. El proyecto de ley que aprobó el Congreso sustenta en gran medida la “base fundacional” del gobierno de Fernández con medidas que integraron un amplio abanico, que fue desde la suspensión por 180 días de la aplicación de la fórmula de actualización jubilatoria y de los aumentos de tarifas, la suba de las retenciones a los exportadores o los cambios en numerosos impuestos. En el Gobierno detestan hablar de “un ajuste encubierto”, como lo calificó la oposición. Pero admiten que muchas de estas medidas que apuntan a sectores de mayores recursos son las que Macri debería haber tomado y no se animó. En esta megaley aprobada se resumió la intención de Fernández de evitar una sangría de dólares en el Banco Central, promover el crecimiento económico y dar señales a los sectores de bajos recursos.

2-Lucha contra el hambre. El Presidente inauguró el plan de la tarjeta alimentaria que busca ayudar con productos de la canasta básica a dos millones de personas en situación vulnerable, en lo que conforma una de las directrices del Consejo del Hambre. En este aspecto, el Gobierno intenta retomar los ejes centrales del primer gobierno kirchnerista que frenó la situación de pobreza que venía de la crisis del 2001. Estas señales se completaron con medidas tendientes a aumentar fondos de la AUH y los planes de generación de empleo genuino en el campo de los movimientos sociales. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que “el plan de Argentina sin hambre es la base sustancial para empezar a tener un país donde la gente pueda educarse y trabajar sin problemas”.

3-Liga de gobernadores. En los 30 días de Gobierno circularon todos los gobernadores por la Casa Rosada sin distinción política. A la gran mayoría de estos los recibió el mismo Presidente, incluidos referentes de la oposición como Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza). A todos los gobernadores les garantizó una ayuda financiera y la firma de un nuevo pacto fiscal. También les `pidió que no hagan gastos excesivos y controlen sus cuentas. Las medidas traducen el esquema tradicional del PJ de ejercer el poder desde la Casa Rosada con una suerte de “liga de gobernadores” o una red de blindaje con las provincias, más aun si se trata de mandatarios peronistas. Es lo que hizo en su momento Carlos Menem y lo que repitió Néstor Kirchner. Cristina Kirchner no se caracterizó por una relación tan cercana con los mandatarios y relegó en su entonces ministro poderoso Julio de Vido esa tarea con la instrumentación de planes de obra pública.

4-La tercera posición diplomática. Las críticas de Fernández al régimen de Nicolás Maduro por la afrenta de fuerzas militares que impidieron la jura de Juan Guaidó en la Asamblea Nacional marcaron un giro copernicano en la tradicional diplomacia kirchnerista de apego a la Venezuela chavista. En la Cancillería aseguraron a Infobae que “no se trató de ninguna medida que no se haya adelantado en la campaña”. Se engloban allí los cuestionamientos del Presidente a la falta de libertades y violación a los derechos humanos por parte de Maduro, aunque esa estrategia tiene un límite: no mencionar la palabra “dictadura”. Es el mismo límite que se fijó el Presidente al no suscribir el comunicado del Grupo Lima que condenó “el uso de la fuerza por el régimen dictatorial de Maduro”.

En paralelo a esto la Cancillería le retiró las credenciales a Elisa Trotta, la embajadora de Guaidó en Buenos Aires. Quedó también que los gestos de no abandonar aun al Grupo Lima, no atarse a los lineamientos de Estados Unidos y cuestionar a Maduro a pesar de los pataleos de Luis D’Elía y el kirchnerismo duro alineado al eje bolivariano, marcan la estrategia de la “tercera posición”. Es la misma línea que mostró Alberto Fernández ante el conflicto de Medio Oriente, al instar a Irán y Estados Unidos a sentarse a dialogar, cuestionar el uso de la violencia y descartar la adhesión a un plan de sanciones económicas contra Teherán. En su esquema de política exterior, el Presidente también se enfrentó a Estados Unidos en el caso del refugio que le otorgó al ex presidente de Bolivia Evo Morales.

5-Multisectorial. La convocatoria amplia a la mesa de diálogo económico-social que hizo el Gobierno con referentes del empresariado, los sindicatos y los movimientos sociales es uno de los distintivos de esa política de “heterodoxia” que se ufana en mostrar el albertismo puro. El Presidente apunta a sustentar buena parte de su política con acuerdos transversales y la fotografía completa de esa convocatoria se resumirá en el proyecto de ley de creación de un Consejo Económico y Social que enviará el Gobierno al Congreso para las sesiones extraordinarias. La reunión de la multisectorial que lideró Fernández fue una fuerte apuesta por conseguir un respaldo a la emergencia económica y la estrategia del Presidente de honrar la deuda con el FMI “sin ajuste”. Este esquema no funcionó durante el gobierno de Cristina Kirchner porque en los últimos tiempos la ahora vicepresidenta había destruido los puentes con buena parte del empresariado y con los gremios. Es precisamente lo inverso que se propone ahora el Presidente.

6-Política de seguridad. La derogación de los protocolos de seguridad de la era Patricia Bullrich que impuso la nueva ministra Sabina Frederic coinciden con el giro que le quiso dar Alberto Fernández a las fuerzas de seguridad. Hubo aquí una plena coincidencia con Cristina Kirchner para atacar la “ortodoxia de derecha”, como calificaron en el gobierno a los protocolos de seguridad de Macri y que dieron lugar en su momento al caso Chocobar. Este nuevo esquema generó ciertos chispazos con sectores más duros del peronismo, representados en el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que cuestionaron la derogación de protocolos como el uso de armas no letales, el pedido de los DNI en estaciones de trenes y el uso de armas de la policía fuera de horarios laborales.

7-Reforma en la AFI. La intervención dispuesta por el Gobierno en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) lleva el sello del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, quien sufrió en carne propia las persecuciones de espías cuando en el gobierno de Kirchner denunció públicamente a Jaime Stiusso. Ni siquiera Macri o Cristina Kirchner se habían animado a tanto. Oscar Parrilli, ahora senador del Frente de Todos y ex jefe de la AFI, elogió la decisión de Fernández pero en su momento no hizo nada por frenar las guerras internas de la inteligencia. Ahora será el turno de la interventora Cristina Caamaño para demostrar hasta dónde llegará la depuración que se propuso el Gobierno de la agencia de inteligencia. Se dijo que habrá un blanqueo de los gastos de la AFI, que se están revisando 600 agentes contratados en la era Macri y que buena parte de sus fondos reservados irán a un programa de lucha contra el hambre. Todo esto busca mostrar un gobierno diferente y con sello albertista.

8-Retenciones al campo. La imposición de un aumento del gravamen al campo que incluyó el Gobierno en la ley de emergencia económica resultó ser una suerte de revival de la resolución 125 de Cristina Kirchner, aunque hasta ahora más limitado. Fue una suerte de señal al kirchnerismo duro que aplaudió la medida. La Mesa de Enlace del campo no quiso sentarse en la mesa de la multisectorial convocada por el Gobierno ante esta medida. Pero a diferencia de la era cristinista ahora el Gobierno mantiene una línea de diálogo subterráneo con algunos sectores del campo, como Coninagro y la Federación Agraria, para evitar un daño mayor de la protesta rural. La idea es precisamente no repetir el error de la 125.

9-Gestos a la Iglesia. A pocos días de asumir como Presidente, Alberto Fernández adelantó que enviará un proyecto de ley de para regular la interrupción voluntaria del embarazo y adelantó que quiere un debate “sensato”. Esta mención a un regreso del debate del aborto en el Congreso desató un fuerte malestar en la Iglesia que llegó al mismo despacho del Papa Francisco en el Vaticano. Después de ello, los obispos de la Conferencia Episcopal liderados por monseñor Oscar Ojea se reunieron con Alberto Fernández y cuestionaron la idea del Gobierno de querer avanzar con la ley del aborto. “Se trata de plantear una relación madura con las diferencias que podamos tener”, dijo un funcionario de la Cancillería sobre el vínculo de Alberto Fernández con la Iglesia, que busca ser contrarrestado con un fuerte trabajo de ayuda social en las villas del Estado en coordinación con las parroquias. De todas maneras, este enfrentamiento con la Iglesia por el aborto ni siquiera se animó a dar Cristina Kirchner cuando estuvo en la Casa Rosada.

10-Negociación con el FMI. La decisión del Gobierno de avanzar en un acuerdo con el FMI para renegociar la deuda está atada también al “albertismo puro”. El Presidente ya dijo públicamente que honrará la deuda pero “sin que los 45 millones de argentinos paguen el costo de un ajuste”. Se trata también de un estilo propio que difiere de otros gobiernos. No queda claro aún cuáles son las instrucciones precisas que tiene el ministro de Economía Martín Guzmán para desplegar en Washington. Pero está claro que se trata de una jugada fuerte de la Argentina, incluso no aceptar el resto de los fondos que podía recibir el país por el préstamo que inició Macri. Por ahora, el FMI está a la espera y ya elogió el primer mes de gestión del gobierno de Alberto Fernández. El Fondo planteó que el Gobierno adoptó medidas “cuidando que las cuentas fiscales no se vean afectadas”. Claro que el FMI también hizo una salvedad: aún espera ver un programa económico integral del Gobierno, un detalle no menor que también formará parte de la construcción de ese “albertismo puro” que se propone hacer el nuevo Presidente en muchas otras áreas.

Este miércoles el presidente Alberto Fern{qandez, anunció parte de las medidas económicas que tandrá su gobierno. En el entorno de Alberto Fernández ponían en duda, incluso, los anuncios del ministro de Economía, Martín Guzmán, originalmente previstos para hoy. No hay lugar ni horario confirmados.

Tampoco hay certezas sobre los siguientes pasos en tono de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI), anunciada durante la Asamblea Legislativa. En los despachos de la planta baja, destinados al equipo de prensa y comunicación, deslizaban anoche el nombre de Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos, como posible interventor en el organismo, o, al menos, como supervisor de esa tarea.

El Presidente tiene confirmado, eso sí, un almuerzo con la delegación de los Estados Unidos. La reunión estará marcada por el enojo del enviado de Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, quien ayer abandonó la Argentina de forma abrupta, molesto por la presencia de diplomáticos del gobierno de Nicolás Maduro y del expresidente de Ecuador Rafael Correa. En el entorno de Fernández dijeron anoche que el encuentro seguía en pie.

Entre las medidas de la primera semana se cuenta la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ultimaba detalles para la convocatoria, que podría ser el viernes o el lunes. El Presidente pretende que esa iniciativa marque a fuego el primer tramo de su gestión.

Fernández asistirá al almuerzo con la delegación de Estados Unidos después de participar en La Plata del acto de asunción de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto con la vicepresidenta Cristina Kirchner. A la tarde tiene previsto viajar a Santa Fe para acompañar el juramento de otro gobernador, Omar Perotti. La noche de ayer la reservó para una cena en la residencia de Olivos, la primera como presidente, para familiares y amigos. A cargo de la organización quedaron Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia, y el nuevo intendente de la residencia, Daniel Rodríguez, que en la campaña fue chofer y custodio de Fernández.

A la espera de la confirmación de parte del equipo de comunicación de la Presidencia, Guzmán preparaba sus anuncios, de los que ayer no se conocían detalles. El ministro de Economía tiene en carpeta una reforma de la fórmula de actualización de jubilaciones y el envío al Congreso de un proyecto de declaración de emergencia económica.

Esa iniciativa, que permitirá agilizar la toma de medidas administrativas sin pasar por el Congreso, formará parte de la convocatoria a sesiones extraordinarias que hará Fernández en las próximas horas. El temario incluirá también la declaración de la emergencia sanitaria, una de las medidas que anunció el Presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Ginés González García, ministro de Salud, prepara también un nuevo protocolo de aborto no punible, en línea con el que publicó el exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein.

Otros dos proyectos con un lugar asegurado en las sesiones extraordinarias del Congreso son la reforma de la ley de ministerios, para formalizar las nuevas carteras, y la creación del Consejo de Seguridad, el órgano multipartidario al que apuesta Fernández para abordar el combate del delito. Esa dependencia quedará a cargo de la ministra del área, Sabina Frederic.

Piden que el sector sea declarado en emergencia. Le enviaron una carta a Macri y Alberto Fernández con propuestas.

Sumidas en un proceso de caída que lleva más de un año, las empresas agrupadas en la Cámara de la Construcción (CAC) consensuaron un pedido que fue girado tanto al gobierno de Mauricio Macri como a la inminente gestión de Alberto Fernández. La entidad pidió que el sector fuera declarado en emergencia para que las autoridades puedan aplicar una batería de medidas tendientes a reactivar la actividad.

«Poner en marcha a la Construcción es rápido», explica Julio Crivelli, presidente de la CAC. «Pero se necesita sanear la ecuación financiera de las empresas porque las deudas se van acumulando, los intereses son cada vez más altos y se van a perder muchos más puestos de trabajo que los que se perdieron hasta ahora», explica el directivo, aludiendo a los 40 mil empleos que se perdieron en los últimos cuatro años.

La crisis abarca tanto a las empresas avocadas a la obra pública como al sector privado. En el primer caso, según Crivelli, se trata de contratos a largo plazo con cláusulas de ajuste por inflación que «no se respetan y terminan ralentizando o parando las obras». En el ámbito privado, «los empresarios no se largan a hacer nuevos proyectos. Solo se limitan a terminar las obras comenzadas pero no pueden sostener la estructura si no tienen trabajo», describió.

Con el agravante de que, según la entidad, las «recientes medidas agravaron la situación financiera de las provincias», ya que «el reperfilamiento de títulos de deuda afectó a sus activos financieros, lo que dificulta o imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones de pago de las obras realizadas».

Además, de acuerdo con los argumentos de la CAC,  “el congelamiento de combustibles afectó las regalías provinciales, con similar efecto sobre sus posibilidades de pago. Esta medida condicionó además, severamente, las inversiones privadasen el sector de petróleo y gas, golpeando la actividad constructora vinculada”, expresó en el documento que presentó la entidad a la prensa, ayer, en la sede de Paseo Colon e Independencia.

Todas estas circunstancias, según el sector, provocaron efectos gravísimos sobre las empresas contratistas, en el marco de una inflación por encima del 50% anual y con costos de insumos afectados por la fuerte devaluación.

Con este diagnóstico, el Consejo Federal de la Cámara concluyó que:

  • Considera urgente que la Administración, declare la emergencia del sector en todo el país. Que calcule y consolide la deuda devengada en los contratos vigentes, emitiendo documentos de pago negociables o compensables».
  • También que aborde un nuevo y urgente plan de viviendas sociales a través de convenios con los Institutos Provinciales de Vivienda no menor a 40.000 unidades en todo el país que motorice la economía atacando de manera directa la pobreza y la falta de empleo.
  •   Además, que reformule, mediante un esquema de adhesión optativa, los contratos vigentes, adecuándolos a las actuales circunstancias, disponiendo la neutralización de plazos sin sanciones hasta el nuevo acuerdo, el que debería incluir un régimen automático de Variaciones de Costos.
  • Otra idea es que establezca un régimen de excepción para empresas PyMEs evitando sanciones y dando créditos, al tiempo de equiparar los montos que definen las categorías PyME a los usados para las PyMEs industriales y que se suspenda de ejecuciones y embargos por AFIP, permitiendo la compensación de deuda impositiva con créditos del Estado.

Ayer el INDEC informó que la Construcción cayó 4,6% en septiembre respecto de agosto y 8,5% interanual. Según un análisis de la consultora LCG: «no existe mucho margen para una recomposición en el sector de la Construcción. La estabilidad del tipo de cambio podría morigerar los costos que enfrentan los agentes en este rubro, pero habrá que esperar hasta el año que viene para observar mejoras. Esto dependerá exclusivamente de la importancia que asigne la gestión entrante a repuntar la actividad en este segmento», señaló en su último informe, manifestó Clarín.

Además de bajar el tope mensual de compras, se estudia cómo limitar el “dólar blue” y los giros al exterior. Consultas con referentes económicos de la oposición.

El mercado -inversores profesionales, empresas, y ahorristas grandes y chicos- operaron la compra y venta de dólares de este viernes pensando en que el lunes será otro mercado.

En todos los niveles mencionados existe el convencimiento de que se viene una reconfiguración del cepo cambiario. Tanto en el Banco Central como en Hacienda guardaron estricto silencio, pero la dinámica que adquirió la cuestión “dólar”, sobre todo en la última semana, finalmente lleva a los funcionarios a reconocer, también ellos, a que algo va a suceder el lunes.

La salida de depósitos en dólares -solo 174 millones el miércoles, pero se estiman cifras mayores para jueves y viernes- golpearon el stock de reservas, que ya está en US$ 43.503 millones. El salto del dólar oficial a $ 65 y los paralelos arriba de $ 80 son indicadores claros de que se viene algo tras las elecciones de este domingo.

Un dato interesante. En ningún caso, ni entre funcionarios ni en el espacio K, se mencionó la intención de consultar al Fondo Monetario antes de aplicar estas posibles medidas.

El menú de opcionesque, según pudo saber Clarín, están sobre la mesa de trabajo del organismo monetario, en coordinación con Hacienda y -se dice- con referentes económicos del candidato Alberto Fernández, son estas:

Tope más bajo. Reducir drásticamente el monto máximo de dólares que, por mes, puede comprar un ahorrista a título personal. El límite de 10.000 dólares con el que se estrenó el cepo cambiario el 1 de septiembre pasado pasará a la historia. La discusión es si se lo lleva a 5.000 o a 2.000 dólares por mes. Se dirá que es un límite acorde a la capacidad de ahorro del grueso de los asalariados y profesionales argentinos.

Un límite al blue y a los coleros. Restringir las compras de quienes no utilizan las plataformas digitales de los propios bancos (home banking o apps). En este punto, se busca acotar el margen de maniobra de quienes se presentan en los mostradores de casa de cambio con pesos en efectivo. Hasta hoy, este tipo de usuarios puede comprar un máximo de 1.000 dólares por mes. Lo que se observó en estos días es que se armó un verdadero mercado secundario no ya de dólares, sino de DNI. El típico caso de individuos que ponen su documento pero van a la casa de cambio con pesos de otra persona. Esto se volvió atractivo a partir de que se abrió la brecha entre el dólar oficial y el blue, entonces se puede hacer una ganancia rápida del 12%.

Giros al exterior. No se descarta poner límites a las transferencias al exterior de personas particulares que tienen una cuenta bancaria en la Argentina y otra -a su nombre y declarada ante la AFIP- en una entidad bancaria en el exterior. Hoy, esta persona puede girar dólares a dicha cuenta sin ningún tipo de limitación.

Menos rulos y bucles. También se estudia limitar aún más las operaciones para compra de dólares a través de transacciones con títulos públicos. Aunque aquí se busca avanzar con cuidado porque una restricción en este mercado puede ensanchar aún más la brecha entre el dólar oficial y el dólar Bolsa o el dólar Contado con liquidación Sobre el tema brechas, también está en discusión si finalmente se establecen dos tipos de cambio oficiales: uno comercial y otro financiero, es decir, el desdoblamiento del mercado, para que las operaciones de comercio exterior vayan por un mercado y las financieras por el otro.

Feriado cambiario.Es la opción más remota, dada la convulsión que podría generar. Se la ve como una opción lejana, pero no se descarta por completo.

En el Gobierno y también en el mercado se admitía que el menú de opciones dependerá, finalmente, del tono de los discursos que los candidatos realicen el domingo a la noche, cuando se conozcan los resultado. Y de cómo podría interpretar el mercado el resultado final de la elección presidencial, informó El Clarín.

El Gobierno instrumentará en las próximas horas medidas para desalentar las operaciones con activos financieros locales realizadas al sólo efecto de concretar traspasos de pesos a dólares, es decir, aquellas que dan origen al denominado dólar MEP y, muy especialmente, al «Contado con Liqui» (CCL).

Según pudo establecer LANACION, decidió avanzar en ello tras observar con inquietud cómo se duplicó en las últimas 72 horas la brecha entre el tipo de cambio oficial y los valores que surgen para el mismo de estas operaciones que son legales pero generan incentivos especulativos importantes que a la vez ayudan a instalar la idea de que el dólar oficial tiene un precio ficticio.

«La idea es ir a un esquema en el que corran el riesgo precio», reconocieron en despachos oficiales, algo de lo que ya se están ocupando tanto el Banco Central (BCRA) como la comisión Nacional de Valores (CNV).

Los plazos mínimos de tenencia ya existieron en los tiempos del cepo kirchnerista y se impusieron precisamente para evitar la brecha entre el dólar oficial y los otros dólares.

Este tipo de operaciones suelen partir de las compras que realizan inversores y ahorristas aprovechando el cupo de acceso por hasta US$10.000 por mes que el Gobierno dispuso al instrumentar las presentes restricciones, hace 10 días o las tenencias que ya tenían en dólares. Básicamente porque permite que obtener por esas divisas precios del dólar que van de los $63,50 a los $69, es decir, que resultar entre 7,50 y 13 pesos mayores a los que les pagan las agencias de cambio o los bancos.

Uno de los bonos más usados para este tipo de operaciones, por su liquidez, el Bonar 2024 (AY24) que hoy en todas sus variantes operó casi un tercio del volumen total negociado en la plaza local con bonos.

La apuesta oficial es contra el denominado «rulo» básicamente. Es decir, las operaciones por las que una persona que compró dólares legalmente, los destinó de inmediato a la compra de un título en esa moneda (los Bonar 24 y 20 fueron los más usados para tal fin, porque se pueden operar tanto en pesos como en dólares) que luego vendió de inmediato para hacerse de la diferencia. Las ganancias obtenidas por este tipo de negocios fueron del 5 al 7% en los últimos días, informó La Nación.