La responsable de Derechos Humanos en la ONU advirtió que la situación en ese país puede “salirse de control”.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado un «uso innecesario o desproporcionado de la fuerza» contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad en Bolivia, y advirtió que esto puede llevar la situación en ese país a «salirse de control».

Bachelet subrayó que 14 personas han muerto en los seis días después de que el ex presidente Evo Morales renunció a su cargo y se exilió en México, en medio de las masivas protestas contra el supuesto fraude cometido por el gobierno en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

«Condeno estas muertes. Se trata de un desarrollo en extremo peligroso, pues lejos de apaciguar la violencia, es posible que la empeore», señaló la ex mandataria chilena.

En concreto, Bachelet se refiere a la muerte de manifestantes en la ciudad de Sacaba, en Cochabamba, «presuntamente a consecuencia del uso de munición letal por parte de las fuerzas de seguridad».

«Tenemos información de que al menos 17 personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas 14 sólo en los últimos seis días», detalló la funcionaria de Naciones Unidas.

«Mientras que las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar«, apuntó.

Bachelet condenó estas muertes y advirtió que implican un peligro extremo puesto que lejos de apaciguar la violencia «es posible que la empeoren».

«Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza, y con un respeto pleno por los derechos humanos», agregó.

Para Bachelet, Bolivia es «un país dividido» por la indignación que existe en los distintos sectores del espectro político. «En una situación como esta, las acciones represivas de parte de las autoridades simplemente avivarán más esa ira, y pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible», advirtió.

Expresó gran inquietud no sólo por los muertos y centenares de heridos, sino porque se han registrado numerosas detenciones: más de 600 desde el 21 de octubre, «muchas de ellas durante los últimos días».

La Alta Comisionada pidió a las autoridades que revelen el número de personas arrestadas, heridas y fallecidas durante las protestas e insistió en la necesidad de investigar con «celeridad, imparcialidad, profundidad y transparencia» los hechos para que haya una rendición de cuentas de los responsables.

Además, pidió a las autoridades que se abstengan de emplear a las fuerzas militares en operaciones de orden público, incluso durante las protestas. «Esta situación no será resuelta por medio de la fuerza y la represión. Todos los sectores tienen el derecho a hacer oír sus voces, cuestión fundamental para la democracia. Insto a todos los actores, incluyendo a los manifestantes, a que renuncien a la violencia para transitar hacia una solución pacífica a la crisis actual», concluyó.

La crisis política en Bolivia estalló tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre. Evo Morales proclamó su victoria mientras que la oposición denunció un «fraude gigantesco». La auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó «irregularidades».

Morales, asilado en México desde el martes, renunció el domingo tras perder el apoyo de las fuerzas armadas, después de tres semanas de protestas por su cuestionada reelección.

Desde su dimisión, tras casi 14 años en el poder, sus partidarios han protestado, convencidos de que su salida se debió a un «golpe de Estado» urdido por la oposición.

La proclamación de la derechista Jeanine Áñez como mandataria el martes, en una sesión sin quorum reglamentario y tras la renuncia de todos los que la precedían en la línea sucesoria, indignó a seguidores de quien fue líder sindicalista cocalero en la región de Cochabamba (centro), antes de convertirse en el primer presidente indígena de Bolivia, informó Clarín.