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El 17 de octubre de 2019 la Asamblea General de las Naciones Unidas deberá elegir a 14 Estados como miembros del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2020-2022.

A 24 horas de que se realicen las elecciones en las que se renovarán parte de los asientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Argentina envió un comunicado en el que expresó su apoyo a la candidatura de Brasil para integrar ese espacio.

El 17 de octubre de 2019 la Asamblea General de las Naciones Unidas deberá elegir a 14 Estados como miembros del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2020-2022. El Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) cuenta con dos vacantes y tres países candidatos.

«El apoyo de la Argentina a la candidatura brasileña se funda en los estrechos lazos de amistad y cooperación entre ambos países a nivel bilateral, regional y multilateral, incluyendo temas de Derechos Humanos», comienza el comunicado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

«La Argentina está segura del aporte que Brasil puede realizar a la labor de Consejo, como ha quedado demostrado durante su participación como miembro en los períodos 2006-2011, 2013-2019 y 2017-2019, y espera poder continuar trabajando estrechamente en ese marco», cierra la notificación.

Al mismo tiempo se conoció que varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch (HRW), pidieron a rechazar la candidatura de Venezuela, quien también se postuló para ocupar un lugar en ese espacio. 

En total, más de medio centenar de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos se han unido para oponerse a las aspiraciones venezolanas.

El pasado agosto, Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano en ser investigado por el propio Consejo de Derechos Humanos, que aprobó la creación de una comisión para estudiar los presuntos abusos del Gobierno.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, detalló en un informe presentado este año muchas de esas acusaciones y documentó al menos 6.000 muertes en operaciones de seguridad desde 2018, informó El Clarín.

Este primer encuentro tendrá lugar a las 15 de Quito (las 17 de la Argentina), informó la oficina de la ONU, en un comunicado conjunto con la Iglesia católica ecuatoriana.

El gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena sostendrán una primera reunión de diálogo este domingo en busca de una solución a la crisis social que desde hace 11 días golpea a Ecuador​, cuya capital ha estado sumida en el caos y la violencia.

Este primer encuentro tendrá lugar a las 15 de Quito (las 17 de la Argentina), informó la oficina de la ONU en Ecuador, en un comunicado conjunto con la Iglesia católica.

«Confiamos en la buena voluntad de todos para establecer un diálogo de buena fe y encontrar una pronta solución a la compleja situación que vive el país», señaló el texto publicado en Twitter.

Este anuncio tuvo lugar el sábado por la noche, tras una jornada marcada por la violencia, que sumió a Quito en el caos y llevó al gobierno a imponer el toque de queda.

Moreno agradeció la decisión de los pueblos originarios de sentarse finalmente a dialogar.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que en principio había rechazado el diálogo, dijo que las pláticas girarán en torno a «la derogatoria o revisión del decreto» que eliminó subsidios encareciendo hasta en un 123% el diésel y la gasolina.

La jornada de rechazo a las medidas pactadas con el FMI -que incluyen la eliminación de subsidios a combustibles- degeneró en cuestión de horas. Grupos de encapuchados prendieron fuego y saquearon la sede de la Contraloría.

Los alrededores de la Asamblea Nacional parecían un campo de batalla. Indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera y se enfrentaron a piedra y pirotecnia con la policía, que respondió con gas lacrimógeno.

Este domingo, el papa Francisco dijo que «sigue con preocupación» la situación en Ecuador y alentó a «buscar la paz social», antes del rezo del Ángelus.

Moreno impuso el toque de queda indefinido y ordenó militarizar la capital de 2,7 millones de habitantes. La drástica medida prohibió la circulación en Quito y sus alrededores desde las 15 del sábado. «Es un día triste para el Ecuador, para Quito, para la historia de nuestro país», lamentó el mandatario en un mensaje a la nación.

Hasta entrada la noche las fuerzas de seguridad bregaron con manifestantes para imponer el orden.

Moreno, que ofreció a los indígenas un diálogo directo, está gobernando desde Guayaquil, adonde trasladó la sede presidencial tras decretar el estado de excepción nacional el 3 de octubre y movilizar a las Fuerzas Armadas.

Desde que estallaron las protestas han muerto seis civiles y se registran unos 2.100 heridos y detenidos, según la Defensoría del Pueblo. Las manifestaciones también mantienen interrumpido el transporte de petróleo -la mayor fuente de divisas- por el principal ducto del país a causa de la ocupación de pozos en la Amazonía.

Amparado en la figura de excepción, que en principio permite restringir algunos derechos por 30 días, el gobierno ya había dispuesto el toque de queda nocturno alrededor de los edificios públicos capitalinos.

Pero ahora amplió y endureció la medida. Las personas, que vaciaron de a poco las calles, exigían el fin de la represión oficial.

«¿Dónde están las madres y los padres de los policías? ¿Por qué dejan que nos maten?», clamó entre lágrimas la indígena Nancy Quinyupani.

La prensa también fue blanco de la violencia. Manifestantes atacaron las instalaciones de Teleamazonas y del diario El Comercio. El canal, que se mantiene al aire, desalojó a 25 trabajadores sin reportar víctimas.

«Por cerca de media hora fuimos atacados, empezaron a apedrear, forzar las puertas y luego a lanzar bombas incendiarias», relató Milton Pérez, periodista y presentador de Teleamazonas.

El Comercio, principal periódico de Quito, denunció en Twitter que su sede fue atacada, sin ofrecer más detalles.

La Conaie negó que sus militantes estén implicados en esos asaltos.

Moreno acusó a su antecesor Rafael Correa y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de estar tras lo ocurrido este sábado. «Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro -en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos- causaron zozobra, violencia nunca antes vista», expresó.

Ambos líderes han rechazado entre burlas los insistentes señalamientos de Moreno.

En el poder desde 2017, Moreno enfrenta su mayor crisis por las reformas que convino con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal que achaca al derroche, endeudamiento y corrupción del gobierno de Correa.

Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos.

Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y principalmente trabajan en el campo.

Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para transportar sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada, comunicó El Clarín.

La disposición rige a partir de las 15:00 (hora local), cuando hay fuertes manifestaciones en toda la capital.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dispuso «toque de queda» y «militarización» del Distrito Metropolitano de Quito y sus alrededores, en medio de fuertes protestas contra el ‘paquetazo’ en la capital ecuatoriana.

La medida rige a partir de las 15:00 horas (hora local) y fue anunciado con apenas 38 minutos de anticipación; mientras miles de personas permanecen en las calles de la urbe.

Según Moreno, la medida «facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia».

«Vamos a restablecer el orden en todo Ecuador», dijo el mandatario, minutos después, en una breve cadena de radio y televisión.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia amplió la información. Señaló que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional «patrullarán las calles para dar cumplimiento a esta disposición».

«Esta medida se adopta para identificar claramente quiénes están alterando el orden y la paz en la capital ecuatoriana, y para resguardar la seguridad de los ciudadanos y de los bienes públicos, incluido el patrimonio cultural nacional», reza el comunicado.

Miles en las calles de Quito

En Quito, hay miles de manifestantes apostados en el centro de la urbe, principalmente del movimiento indígena, agrupado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE); que han resistido durante estos días una fuerte represión policial y militar.

Los miembros de este movimiento son de diferentes provincias del país.

Ante el toque de queda, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia pidió al movimiento indígena que se resguarden en la Casa de la Cultura de Quito, que curiosamente fue un blanco de la represión policial hasta horas de la madrugada de este sábado; y en los centros de acogida que han proporcionado las universidades aledañas.

Pero, en las calles quiteñas no solo está el movimiento indígena. A ellos se han sumado otros cientos de descontentos provenientes de diferentes provincias y barrios del norte y sur de la capital.

La disposición de la Presidencia dio a estos ciudadanos apenas un poco más de 30 minutos para que se trasladen a sus hogares.

Tras la entrada en rigor de la medida, las manifestaciones no cesaron en la capital ecuatoriana.

Recomendación a turistas

El Ministerio de Turismo, por su parte, recomendó a los turistas que se encuentran en la ciudad permanecer en sus lugares de hospedaje o en algún sitio seguro.

«Esta disposición estará vigente hasta nuevo aviso de fuentes oficiales», señala la entidad.

¿Y el diálogo?

El mandatario anunció esta medida poco después que la CONAIE anunciara que acepta el diálogo directo con el mandatario sobre la derogatoria o revisión del Decreto Ejecutivo 883.

La CONAIE respondió, de esta manera, al llamado que había hecho el mandatario la tarde de este viernes.

El decreto 883, que desencadenó estas fuertes protestas, establece la eliminación de los subsidios a los combustibles y, por ende, el aumento de sus precios.

En otro comunicando, poco después del anuncio del toque de queda, el Gobierno envió un mensaje a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Quito y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para que agilicen la instalación del diálogo «a la brevedad posible».

Las manifestaciones se han extendido por 10 días y han dejado un saldo de seis muertos, 937 personas heridas y 1121 detenidos, según información proporcionada por la Defensoría del Pueblo al mediodía de este sábado.

Además del alza del combustible, que fue la medida que detonó las manifestaciones, ahora los descontentos piden al Gobierno detener la represión contra el pueblo.

Este jueves se vivió uno de los momentos más tensos en la capital ecuatoriana. Miles de personas del movimiento indígena se apostaron frente a la sede del Parlamento, la marcha estaba liderada por mujeres, quienes con sus niños estaban junto a los policías.

Cuando tenían un par de horas en el lugar, cantando, comiendo e, incluso, dialogando con los uniformados, los policías decidieron arremeter con bombas y gases lacrimógenos a la multitud. La represión se extendió hasta horas de la madrugada en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, así lo notificó Actualidad Rt.

Ni la nueva convocatoria al diálogo hecha por el Gobierno, ni la carta pública reclamando una “tregua” que un sector de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) le envió al presidente de Ecuador, Lenin Moreno; y, mucho menos, el feriado largo por los festejos por la Independencia de Guayaquil, bajaron la tensión en la novena jornada de protesta por el “paquetazo” de medidas económicas, pero al menos hubo señales que permiten pensar en una salida al conflicto. Igual, otra vez, Quito fue el centro de duros enfrentamientos entre la policía y las comunidades indígenas que intentaron -sin éxito- tomar por segunda vez la Asamblea Nacional, mientras el grupo de la oposición que se referencia en el ex presidente Rafael Correa insiste en pedir “una salida democrática y constitucional”, que contemple el apartamiento de Moreno.

Al frente de la movilización indígena se puso el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, quien el jueves había prometido radicalizar el plan de lucha, con un doble objetivo: por un lado, presionar al Gobierno para que no excluya y aísle a los indígenas, ante los avances en las negociaciones con sindicatos y transportistas; y también para ratificar la firmeza del reclamo de su comunidad, en contraste con la Conaice (los indígenas de la Costa Ecuatoriana), que cedió días atrás y fue blanco de sus críticas.

No obstante, ya hacia la tarde de este viernes, y al cabo de una fuerte represión policial, Lenin Moreno fue un poco más allá en la invitación al diálogo que había realizado, lo que permite vislumbrar un canal de comunicación distinto a lo que ocurrió desde el 3 de octubre, cuando comenzó el paro. ”Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo, sentémonos para conversar, para dialogar sobre el decreto 883, hablemos de a dónde deben dirigirse esos recursos y asegurémonos que vayan a quienes más lo necesitan, pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias”, dijo el mandatario, con un tono más conciliador, en un mensaje emitido desde Guayaquil, en el que dijo tener “voluntad de diálogo” y pidió “frenar la violencia” ya que “Ecuador debe recuperar la calma”.

Aunque no dio más detalles, fue la primera vez que Moreno se mostró dispuesto a discutir sobre el decreto que firmó para intentar paliar el déficit fiscal y ahorrar unos 1.300 millones de dólares al año. Un rato antes del mensaje del mandatario, el canciller José Valencia le había asegurado a Clarín que estaba “descartado” que el Gobierno revisara la medida.

El ministro, sin embargo, se mostró comprensivo y admitió la necesidad de buscar alternativas para paliar “el impacto” que generó la eliminación de los subsidios en el precio de las naftas, que trepó hasta un 123 por ciento.

El llamado de Moreno también llegó como respuesta a la carta que un grupo de dirigentes de la Conaie, encolumnados detrás de Marlon Santi, coordinador Nacional de Pachakutik, le habían enviado al Gobierno, pidiéndole “bajar la represión” e iniciar un camino de diálogo para “llegar a una tregüa”. “Pido de manera especial, el país volverá a la paz, si el Decreto 883 se deroga”, dijo Santi, en la misiva que fue enviada el jueves pero trascendió recién este viernes.

Un detalle: ni el Gobierno ni los indígenas hicieron referencia a las otras exigencias que se habían sumado en las últimas horas: la salida acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las renuncias de los ministros María Paula Romo (Gobierno) y Oswaldo Jarrín (Defensa).

Santi, por su parte, confirmó que se integró una comisión política dentro del movimiento indígena, para evaluar propuestas.

De todos modos, en paralelo, la Conaie salió a las calles con la misma enjundia que a lo largo de toda la semana. Y con refuerzos: en la madrugada del viernes llegaron más de mil indígenas con mayor experiencia en la lucha: se trata de los Guerreros de la Amazonía, que habían sido convocados luego de las muertes de los dos dirigentes de la Confederación y, armados con lanzas, se sumaron a la protesta.

El Gobierno alertó sobre la escalada de las “acciones insurgentes” que había denunciado la policía y a través del secretario General de la Presidencia, José Agusto Briones, instó a los indígenas a aportar calma, que comenzó a advertirse en las inmediaciones de la Asamblea luego de que trascendiera el mensaje grabado de Moreno, lo informó El Clarín.

Mientras la Organización de Naciones Unidas (ONU) propuso mediar en el conflicto, el ex presidente Rafael Correa reiteró su reclamo a Moreno para que recurra a la figura de “Muerte Cruzada”, prevista por la Constitución y que implica la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales y parlamentarias ante una situación de crisis.

Circula en Facebook y WhatsApp una supuesta frase de la ministra de Seguridad de la Nación: “Fuimos premiados por Europol. Porque, desde que somos gobierno, ningún país de Europa recibió tráfico de drogas desde Argentina. Todos fueron decomisados antes de que pudieran salir del país”.

Pero Bullrich no dijo la primera parte de la frase y la Argentina tampoco recibió recientemente ningún premio de Europol por su labor contra el narcotráfico.

Además, es falso que desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri no llegó ningún cargamento con droga a Europa proveniente de la Argentina, según datos de la ONU.

Circula en Facebook una publicación en la que se ve una foto de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, acompañada por una frase supuestamente dicha por ella : “Fuimos premiados por Europol. Porque, desde que somos gobierno, ningún país de Europa recibió tráfico de drogas desde Argentina. Todos fueron decomisados antes de que pudieran salir del país”. Sin embargo, la ministra no hizo tal cual esta afirmación, sino que se trata de una frase adulterada. Pero, si se toma la frase que fue dicha realmente, según datos de las Naciones Unidas (ONU) es falso que ningún cargamento de droga llegó a Europa desde la Argentina, como aseguró Bullrich.

Las publicaciones que circularon en Facebook fueron compartidas más de 20 mil veces, según los datos que ofrecen los propios posteos (ver acá, acá y acá). También fue enviada una imagen con la misma frase (ver acá) al número de WhatsApp de Reverso (+54 9 11 3182 3655) en reiteras oportunidades para ser verificada.

¿Cuál es el origen de la frase viral?

“Fuimos premiados por Europol. Porque, desde que somos gobierno, ningún país de Europa recibió tráfico de drogas desde Argentina. Todos fueron decomisados antes de que pudieran salir del país”, es la frase viral que circula en redes.

Sin embargo, la frase original de Bullrich fue: “Desde que nosotros estamos en el gobierno no ha habido un solo cargamento que llegó desde puertos o aeropuertos argentinos a ningún lugar de Europa. Esto lo hablé la semana pasada con la directora de Europol con lo cual la Argentina está realmente en estos casos: se descubre la droga y la droga no sale”.

Esto fue dicho por la ministra en una entrevista con el periodista Luis Majul en “La Cornisa”, que emite América TV, el 29 de septiembre último. Al mirar el reportaje íntegro, se puede confirmar que en ningún momento Bullrich hace referencia a ningún tipo de premio.

Por otro lado, la funcionaria se reunió en septiembre último con miembros de Europol, la Oficina Europea de Policía, como lo informaron desde la web oficial del Ministerio de Seguridad (ver acá). Pero en esa reunión no se hizo mención a algún premio ni se entregó ninguna distinción, según confirmaron desde la cartera de Seguridad.

Según la información oficial, la “reunión se realizó con el propósito de fortalecer las relaciones de cooperación bilateral de la Argentina con Europol; promover una profundización mutua del intercambio de información policial; y promover un mayor compromiso institucional de la región con Europa”.

Sí hubo cargamentos de drogas que llegaron a Europa

En la frase adulterada y en la original de la ministra se afirma que, desde que comenzó la gestión de Mauricio Macri, “no ha habido un solo cargamento que llegó desde puertos o aeropuertos argentinos a ningún lugar de Europa”. Sin embargo, esto no es así.

Según cifras de la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en inglés), en 2016, al menos 50 veces ingresó cocaína a España y Portugal proveniente de la Argentina. Se trata de la última información disponible y surge de un reporte llamado Individual Drug Seizure Cases, que registra el tráfico de drogas en distintos países del mundo, donde se señala el origen de las sustancias que ingresan a cada país. En el caso de los países europeos mencionados solo se registran casos de cocaína.

En el Reporte Anual sobre Drogas de 2019, elaborado también por la ONU, la Argentina figura como un país de tránsito para el tráfico de cocaína, que luego se envía a Europa. Sin embargo, los datos que recopila este informe son de 2017 y no señala cuál es el país de origen de esa sustancia psicoactiva.

Reverso se contactó con Alejandro Corda, abogado integrante de Intercambios -asociación civil que tiene como finalidad el estudio y atención de problemas relacionados con estas sustancias-. El especialista señaló: “El dato del decomiso de sustancias no demuestra la efectividad de una política o que no haya ingresado ningún tipo de droga proveniente de la Argentina a otro país”.

Esto se debe, según Corda, a que “las líneas de comercio son ilegales y, como no están registradas, no se puede saber qué entra y qué no a un país”.

Este medio también se contactó con el Ministerio de Seguridad de la Nación para conocer la fuente de la información que comunicó Bullrich en la entrevista con Majul. Sin embargo, no obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron este jueves su preocupación por la grave situación que vive Ecuador, donde se desataron masivas protestas contra reformas económicas impulsada por el presidente Lenín Moreno, quien tuvo que declarar el estado de excepción.

El relator para Ecuador del Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mikel Mancisidor, cuestionó que «la situación en Ecuador sea tan extrema como para amenazar la integridad del Estado», rechazando «que los derechos a la libertad de asociación, asamblea y movimiento hayan sido suspendidos».

La CIDH, por su parte, repudió el «uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, como evidencian imágenes de represión a las protestas sociales».

«Seguimos con preocupación la situación de un centenar de detenidos en todo el país, por lo menos 19 heridos y 20 periodistas agredidos», indicó el organismo vía Twitter.

Policías y manifestantes se enfrentaron ayer en Quito, mientras varias ciudades sufrieron paros, manifestaciones, ataques a cajeros automáticos y asaltos a comercios.

«Hasta el momento tenemos 21 policías heridos, hay 277 detenidos que cometieron actos de vandalismo y atentaron contra la propiedad», dijo anoche el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

La Cruz Roja ecuatoriana también acudió a esa red social para denunciar «agresiones» contra «el personal humanitario que brindaba atención pre hospitalaria en las ambulancias», citó la agencia de noticias Europa Press.

Moreno decretó este miércoles el estado de excepción en todo el país «para garantizar el orden, la tranquilidad y la seguridad frente al caos generado por la ola de protestas».

Las manifestaciones se desataron en contra del último paquete de reformas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que plantea la eliminación de las ayudas al consumo de combustible y la liberalización de precios.

El gobierno enmarca el conocido ya como «paquetazo» dentro de sus esfuerzos para reducir el déficit fiscal, que se estima actualmente en los 3.600 millones de dólares.

El objetivo de Moreno, que en febrero firmó un acuerdo de 4.200 millones de dólares con el FMI, pasa por reducir el déficit hasta los 1.000 millones de dólares en 2020, de esta manera lo reseñó El Clarín.

El Comité de la ONU, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también atribuyó el «paquetazo» al acuerdo con el FMI, y sostuvo que «lo que el gobierno llama ‘Plan Prosperidad’ es en realidad un plan de ajuste estructural».

El ministro de Asuntos Exteriores de Yemen hizo un llamamiento a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional para que apoyen a su país, asolado por la crisis, en su lucha por hacer frente a la «agresión terrorista a manos de las crueles milicias hutíes apoyadas por Irán».

«Mi corazón está lleno de dolor» dijo este sábado Mohamed Abdullah al-Hadrami mientras hablaba sobre la crisis actual que vive su país y lamentó que la historia de Yemen, «cuna de la civilización árabe», haya sido prácticamente destruida en los últimos años.

«Mi país ha sido destruido por terroristas que intentan alcanzar sus propios objetivos» dijo señalando a las milicias hutíes, las milicias rebeldes que se oponen a la presidencia de Abdo Rabu Mansur Hadi, el presidente reconocido por la comunidad internacional.

«Son capaces de una destrucción incalculable» denunció respecto de las milicias que cuentan con el respaldo de Irán, «el principal patrocinador del terrorismo en todo el mundo» según la visión del canciller yemení, replicada por la agencia de noticias DPA.

«La agenda expansionista» de Teherán llevó a librar guerras de poder a través de milicias como los hutíes que han destruido «todos los sueños de Yemen y su pueblo».

Por ello, Al Hadrami reclamó que la ONU redoble sus esfuerzos ya que Irán «no respeta el derecho internacional» o sus obligaciones como Estado miembro de ese organismo y destacó que las «armas militares en esta región árabe representan una seria amenaza para nuestra seguridad nacional», así lo informó Télam.

La guerra del Yemen estalló a finales de 2014 cuando los hutíes tomaron Sanaá y expulsaron al presidente Hadi, reconocido internacionalmente.

El conflicto tomó una nueva dimensión a principios de 2015 por la implicación de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos al frente de la coalición árabe que respalda al Gobierno de Hadi, lo que recrudeció el conflicto llevándolo a ser el escenario de la peor crisis humanitaria en el mundo, según la ONU.

La Organización de las Naciones Unidas ha acordado establecer una misión internacional independiente para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela, informa la agencia Reuters.

El Consejo de Derechos Humanos de ese organismo ha precisado que esta pesquisa se centrará en recopilar información sobre supuestos asesinatos, torturas y otros crímenes en ese país sudamericano que involucrarían a integrantes tanto del Gobierno de Nicolás Maduro como de las fuerzas de seguridad e inteligencia de Venezuela.

La investigación comenzará por la adopción de una resolución que presentaron a la ONU varios países del Grupo de Lima —entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú— que fue aprobada con 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, incluidas las de México y Uruguay.

El embajador de Venezuela en la ONU, Jorge Valero, definió esta resolución como «hostil» y aseguró que ese Consejo está «politizado» debido a que «sigue al pie de la letra las instrucciones del imperio norteamericano» y está formado por países que son «verdaderos y avergonzantes súbditos del Gobierno de Donald Trump».

Previamente, el Consejo de DD.HH. había aprobado una resolución en la que solicitaba al Ejecutivo venezolano acatar las recomendaciones que la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, redactó tras visitar Venezuela el pasado junio.

En agosto, Maduro aseguró que Bachelet «mintió» en un documento en el que acusa a Caracas de mantener una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno»: «Debería agarrar una piedra y darse en los dientes», aseveró este mandatario.

A inicios de semana, Caracas acordó con la ONU mantener en Venezuela a dos oficiales de esa alta comisionada para que pudieran acceder de a las cárceles en Venezuela y tuvieran «libertad de movimiento a lo largo del país».

  • Este 27 de septiembre, la Unión Europea anunció nuevas sanciones contra siete integrantes de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad de Venezuela porque estima que están vinculados con la muerte del militar venezolano Rafael Acosta Arévalo, que tuvo lugar en junio.
  • El 23 de septiembre, el Grupo de Lima manifestó, al margen de la Asamblea General de la ONU, su disposición de adoptar nuevas sanciones contra Caracas.
  • El enviado de EE.UU. para Venezuela, Elliot Abrams, prometió entonces más medidas punitivas y presiones de Washington contra ese país sudamericano.

Bruno Rodríguez es el que mejor expresó la indignación de unos 500 jóvenes que viajaron a los EEUU para llamar la atención sobre crisis ambiental.

Mostramos que estamos unidos y que los jóvenes somos imparables», dijo al inaugurar la cumbre juvenil Greta Thunberg, la activista ecologista sueca de 16 años cuyas huelgas los viernes frente al parlamento bajo el lema «Viernes por el Futuro» se tornaron mundiales.

Más de 500 jóvenes activistas de varios países fueron invitados por las Naciones Unidas para participar en esta inédita cita antes de la llegada a Nueva York de los líderes mundiales para una cumbre sobre el clima el lunes y la Asamblea General el martes.

Pero fue el feroz discurso del argentino Bruno Rodríguez, de 19 años, sentado junto a Thunberg y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el que mejor expresó la indignación sentida por gran parte de la juventud mundial.

«La crisis política de nuestros tiempos»

«La crisis del clima y ecológica es la crisis política de nuestros tiempos, la crisis económica de nuestros tiempos, y la crisis cultural de nuestros tiempos», alertó el fundador de la organización Jóvenes por el Clima Argentina, que organiza en su país las huelgas estudiantiles de los viernes. «Muchas veces escuchamos que nuestra generación deberá resolver los problemas creados por los gobernantes actuales, pero no esperaremos pasivamente (…) Llegó la hora de que seamos los líderes», dijo. «¡Ya basta! ¡No queremos más energías fósiles!».

Rodríguez dijo a la prensa que los jóvenes están fuertemente a favor de acabar con las energías fósiles, responsables de 500 años de «saqueos» en Latinoamérica. Agradeció que muchas empresas tengan representantes en la cumbre de jóvenes, pero dijo que deben ir mas allá de la retórica y que ya no pueden solo ofrecer «un discurso verde» para quedar bien.

«Hay diferentes contextos y diferentes demandas”, dijo Bruno. «Vengo de un país de Latinoamérica. La historia de nuestra región es la de cinco siglos de saqueo. Para nosotros, el concepto de justicia ecológica y medioambiental está ligado al de derechos humanos, justicia social y soberanía nacional en relación a nuestros recursos naturales».

“La comunidad científica es muy clara», dijo en su discurso. Estamos enfrentando una emergencia sustancial y nuestros líderes tienen la obligación de hacer cambios radicales. Pero el cambio no sucede generalmente de arriba hacia abajo, pasa cuando millones de personas demandan cambio”, señaló.Sentado entre los jóvenes, Guterres rogó a la moderadora del panel que no le llamase «excelencia», y alentó a los jóvenes a seguir luchando y a exigir a los líderes que rindan cuentas sobre sus planes para el clima.

«Todavía estamos perdiendo la carrera frente al calentamiento global, aún hay subsidios a las energías fósiles y centrales de carbón (…) Pero hay un cambio en el ímpetu debido en gran parte a vuestra iniciativa y a la valentía con la que ustedes empezaron este movimiento», les dijo.

La ONU llama a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 45% para 2030 y a lograr una neutralidad de carbono para 2050 para poder reducir el alza de la temperatura a +1,5ºC, en relación al siglo XIX. En la trayectoria actual, el mundo enfrenta un calentamiento global de al menos +3ºC.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró este martes en su discurso como jefe de Estado en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York (EE.UU.) que es  «una falacia» decir que la Amazonía «es patrimonio de la Humanidad y un pulmón del mundo».

«Haciendo uso de esas falacias algunos países, en lugar de ayudar, basándose en las mentiras de los medios se portaron de manera irrespetuosa y con espíritu colonialista. Cuestionaron aquello que es lo más sagrado para nosotros, nuestra soberanía», aseveró durante su discurso de inauguración de la asamblea, que desde 1955 es tradición que lo pronuncie el presidente de Brasil.

«Los atasques sensacionalistas que hemos padecido por buena parte de los medios internacionales por la Amazonía ha instigado nuestro sentimiento patriota», comentó el mandatario, quien añadió que «el fuego no está devastando ni consumiendo la Amazonía, como dicen los medios».

«Uno de estos países en la reunión del  G7 sugirió poner sanciones a Brasil sin escucharnos. Estoy agradecido a los países que se opusieron a esta propuesta absurda», destacó Bolsonaro, mientras agradeció el apoyo de su homólogo Donald Trump durante la crisis de los incendios.

El discurso de este año por parte de Brasil ha sido especialmente importante, porque se produce tras la crisis  desatada en agosto por el aumento de los incendios en la selva tropical. El mandatario llegó a enfrentarse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien planteó la opción de un  internacionalización de la Amazonía.

«Mi gobierno se ha comprometido con la defensa medioambiental y el desarrollo sostenible. Brasil es uno de los países más ricos en biodiversidad y recursos minerales y somos uno de los países que más protege su medio ambiente», agregó el ultraderechista.

Bolsonaro, que dejó claro que no se ampliarán los territorios indígenas, aseguró que aquellos que «atacan» al gigante latinoamericano no les preocupan «los indígenas como seres humanos, sino las riquezas de las reservas».

Cuba y Venezuela

«Me dirijo ante ustedes para presentarles un Brasil nuevo que se ha zafado del socialismo», señaló Bolsonaro en un  discurso, en el que realizó fuertes críticas contra Cuba y Venezuela, países que calificó de «dictaduras» y de los que dijo que deben de ser «derrotados».

«En Venezuela hay 60.000 agentes cubanos que controlan y se mezclan en todos los ámbitos. Venezuela era un país democrático, pero ahora padece la crueldad del socialismo. Todo el mundo es pobre, no tienen libertad», destacó.

El mandatario arremetió también contra el programa «Más Médicos», con el que Cuba enviaba a profesionales de la isla a Brasil. La Habana abandonó este año el programa por la imposición de «medidas inaceptables» por parte de Bolsonaro. Durante el discurso del ultraderechista, la delegación cubana se ausentó de la sala. El ministro cubana de Asuntos Exteriores, Bruno Rodriguez, calificó de «calumnias» las palabras de Bolsonaro. «Rechazo enérgicamente las calumnias de Bolsonaro sobre Cuba y la cooperación médica internacional. Delira y añora los tiempos de la dictadura militar. Debería ocuparse de la corrupción en su sistema de justicia, gobierno y familia. Es el líder del incremento de la desigualdad en Brasil», escribió desde Nueva York en su cuenta de Twitter.

Desde 2013, miles de doctores cubanos llegaron a Brasil como parte del programa ‘Más Médicos’, impulsado por el gobierno de la entonces presidenta Dilma Rousseff. Fueron distribuidos en cerca de 2.800 municipios de todos los estados y en los 34 Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI), para proporcionar una atención de emergencia a las poblaciones vulnerables, así lo reseña RT.