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El Sitrajuch haciendo uso del derecho a huelga ha dispuesto  medidas de fuerza que en su mayoría  acatan sus afiliados.

Desde el comienzo de este conflicto tanto el gremio como el STJ, los Ministerios Públicos de la Defensa, de la Fiscalía y la Asociación de Magistrados y Funcionarios, han mantenido un dialogo permanente a fin de poder brindar una mínima prestación del servicio.

Es preocupante para todos los integrantes de este Poder Judicial, la realidad económica en que se encuentra  la provincia. No se avizora en lo inmediato una salida de esta crisis,  que redunda en un malestar general y se observa  que  aumentan  las situaciones acuciantes en las economías familiares, al punto de afectar la salud de los trabajadores.

En virtud de todo lo señalado, las partes informan  que conforme el acuerdo alcanzado en base al compromiso asumido por todos los integrantes del Poder Judicial, queda derogada la Acordada 4842/2020.

En ese marco se resolvió establecer la concurrencia mínima de personal por cada organismo, habilitando a sus titulares a disponer la dotación mínima de personal, agotando los mecanismos de consenso.

Durante la vigencia de acuerdo que será revisado en la medida que la crisis lo amerite (estableciendo un plazo no menor a una vez por semana), se atenderán las  causas que resulten urgentes, graves o impostergables.

También se acordó habilitar a los titulares de cada organismo, a suspender aquellas audiencias que no refieran el criterio antes mencionado.

Asimismo se dispuso autorizar a los titulares de cada organismo a eximir de concurrir al lugar de trabajo, a aquellas personas que acrediten la imposibilidad de hacerlo con motivo de la falta de recursos económicos.

Magistrados, funcionarios y trabajadores judiciales reclamaron en el Superior Tribunal por el pago de haberes. Advirtieron sobre la suspensión de plazos procesales.

En la mañana de lunes trabajadores de la Justicia chubutense de Rawson, Trelew y Puerto Madryn, reclamaron en el Superior Tribunal de Justicia por el pago de haberes.

Magistrados y funcionarios se reunieron con el Superior Tribunal para exponerles la precariedad con la que trabaja la justicia y explicarles que de seguir de la misma manera se ven obligados asuspender los plazos y términos legales.

Todo se debe al paro total de parte de los empleados judiciales por la falta de percepción de los haberes de dos meses: enero y febrero.

La jueza penal, Ivana González de Trelew explicó: “Somos magistrados y funcionarios de las ciudades de Rawson, Trelew y Puerto Madryn. Más allá de que esta posición que presentamos mediante nota al señor presidente del Superior Tribunal de Justician, es una posición que nos representa a todos”, señaló Diario Jornada.

El Procurador General señaló sobre el plan de ajuste del Estado que impulsa el Gobierno que es inaplicable el congelamiento de las vacantes dentro del Ministerio Público Fiscal. “Tenemos 350 empleados, somos un granito de arroz”. Y advirtió que todavía hay cargos que no han sido ocupados.

El procurador general Jorge Miquelarena consideró “absolutamente inadmisible” que frente a la última semana de enero el tercer y cuarto rango salarial no tengan aún una fecha cierta de cobro. “Comparto la preocupación de todo el Poder Judicial porque en esos dos rangos está la mayoría de los trabajadores judiciales”.

“Así como el año pasado cuando surgió por primera vez el pago escalonado yo decía que había que tener previsibilidad y la gente debía saber cuándo iba a cobrar para acomodar su economía, hoy nos pasa lo contrario”. Consideró que el Poder Ejecutivo “no dice una fecha porque no la sabe, pero no le quita la responsabilidad de tener que decirlo. Tendrá que dar alguna precisión porque de lo contrario genera desconcierto y malestar general”.

-¿Procuración puede congelar sueldos?

-El Superior Tribunal de Justicia había adherido al congelamiento y ahora hubo marcha atrás. Con todas las dificultades que genera sobre todo en los que tienen salarios más bajos, el Poder Judicial podría haber hecho un esfuerzo y adherir. Pero no significa de ninguna manera y bajo ningún punto de vista que no se siga reclamando previsibilidad.

-¿Y congelar vacantes?

-De ninguna manera, es absolutamente inaplicable en el Poder Judicial. Es como congelar vacantes en un hospital: ¿se jubila un médico y dejo de atender una especialidad? Pensar que tendría que esperar que se jubilen tres fiscales para poder nombrar uno es lo mismo que decir “Muchachos, bajemos la persiana, privaticemos la justicia y que cada uno se arregle como pueda”. Es absolutamente impensable.

Deslizó que de los 60 mil empleados estatales, unos 1.800 reportan en la Justicia y de esa cifra, 350 están en el MPF. “Somos un granito de arroz, tengo 33 o 34 fiscales y estoy desesperado porque no puedo nombrar las vacantes que tengo, ¿y voy a congelar?”. Hay dos cargos sin ocupar en Trelew y uno en Rawson, Sarmiento y Comodoro Rivadavia.

Miquelarena reveló que este año el Ministerio Público Fiscal todavía no recibió fondos para gastos de funcionamiento. Se le deben $ 10 millones a los proveedores. “Eso nos genera un sinfín de dificultades y la verdad es que pasamos una situación crítica a punto tal de estar demorando muchas pericias muy importantes”.

Lo ejemplificó con las valijas compradas a Israel, que contienen equipos de alta tecnología para peritar celulares y computadoras. Hay dos en Rawson y una en Comodoro Rivadavia. “Requieren mantenimiento y actualización de licencias de software que cuestan unos 50 mil dólares por valija”.

Este equipamiento “es clave en una causa penal pero los software están desactualizados. Esto genera que ciertos equipos de última generación no los podemos leer o los que podemos leer, en lugar de hacerlo en 24 horas, demora 10 días. Se acumulan pericias y las esperas se hacen más largas; eso genera problemas cuando tenemos tiempos acotados para investigar”.

El procurador pidió a sus peritos informáticos un informe detallado de las condiciones en qué está el área: cantidad de pericias en 2019, en cuántos equipos, cuánto tiempo insumió cada trabajo, tiempos actuales de espera y costo de actualizar. El 12 de febrero los procuradores de todo el país se reúnen en Capital Federal para gestionar fondos ante Nación.

También “se nos rompió el aparato que hace estudios de ADN en Comodoro y por eso ahora de nuevo tenemos que mandar muchísimos al CENPAT en Puerto Madryn”. Hay dos médicas especialistas en la materia del MPF que sin ese recurso no pueden trabajar muestras.

En este escenario, Miquelarena insistió con que el tema salarial “genera muchísimo malestar por la incertidumbre” y en tal sentido se mostró “bastante de acuerdo” con el comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. Además acotó que ni los retiros voluntarios ni jubilaciones anticipadas tendrían un efecto en la Justicia. “Es el peor momento porque se vienen todos los vencimientos, los empleados me preguntan permanentemente y me angustia no poder decirles una fecha de cobro”.

 

La preocupación provino de Jujuy y fue tema de discusión en el bloque de diputados radicales: la posibilidad de que el futuro gobierno de Alberto Fernández aliente una eventual intervención federal al Poder Judicial de esa provincia, con el propósito de revisar la detención de la dirigente Milagro Sala, enfrentada al gobernador Gerardo Morales.

Las declaraciones del exministro de la Corte Eugenio Zaffaroni dieron aire a las preocupaciones del radicalismo. El exmagistrado sostuvo en declaraciones radiales que, en Jujuy, el Poder Judicial está «amañado» y que, «desde el punto de vista constitucional», correspondería «la intervención federal del Poder Judicial» de la provincia. En una entrevista realizada por el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, el presidente electo, Alberto Fernández, asevero que Milagro Sala «no merece estar detenida».

Sala tiene cuatro condenas a prisión. Una, por daño agravado, fue confirmada por la Corte Suprema. Ya fue condenada a 13 años de prisión por ser considerada jefa de una asociación ilícita dedicada al fraude y la extorsión. También fue condenada a cuatro años de prisión por lesiones graves a un dirigente social de la provincia.

Contra el pedido de Zaffaroni salieron al cruce el jefe del interbloque Cambiemos de Diputados, Mario Negri, y la legisladora Gabriela Burgos (UCR-Jujuy). «Dicen que vuelven mejores, pero Zaffaroni pide la intervención del Poder Judicial de Jujuy. Los 10,8 millones de votantes de Juntos por el Cambio no permitirán este atropello. Espero que Alberto Fernández no preste oídos a este intento de avasallar a toda una provincia», enfatizó Negri. «Zaffaroni, quien tuvo el honor de haber sido miembro de la Corte Suprema de Justicia, oculta que Milagro Sala tiene en la Justicia Federal una condena por tres años dictada por el Tribunal Oral Federal de Jujuy, ratificada por la Corte, que ordenó que se fije pena por amenazas coactivas, ya que la habían condenado únicamente por daños agravados», repasó el diputado radical. Por su parte, Burgos consideró que Zaffaroni «debería promover y defender la imparcialidad de la Justicia y la división de poderes».

Los ministros de la Corte Provincial, Dres. Mario Vivas, Alejandro Panizzi y Miguel Donnet, junto al Procurador General, Dr. Jorge Miquelarena, resolvieron a través de una acordada que, en el marco de un proceso penal, aquellos bienes de cualquier naturaleza, por los que en virtud de su competencia, el Ministerio Público Fiscal haya requerido y obtenido su decomiso en favor del Estado Provincial, estos quedarán bajo administración y disposición exclusiva del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut.

Tomando como base lo establecido en la Ley II N°33, se dispuso que la asignación o destino de los bienes referidos, ya sea en carácter provisional o definitivo, será resuelta en cada caso, previa anuencia del Sr. Procurador General, por el Pleno del Superior Tribunal.

Quedó establecido que luego de la asignación o destino de los bienes decomisados, en la forma prevista en el artículo anterior, deberá tornar intervención el Sr. Administrador General quien podrá establecer, por vía de Resoluciones Administrativas Generales, la reglamentación necesaria que haga al seguimiento y más eficaz cumplimiento de lo resuelto.

Por último, se resolvió que los datos de los bienes decomisados puestos bajo administración y disposición exclusiva del Poder Judicial del Chubut, se publicarán en la página web institucional del Poder Judicial, resguardando, únicamente, la identidad de sus posibles titulares. Cuando corresponda, se anexará a la publicación el acto jurídico.

En los considerandos de la acordada, los altos funcionarios del Poder Judicial remarcaron que, la problemática que constituye la actividad delictiva y la necesidad de enfrentar el flagelo de los delitos que afectan al erario público, hacen imprescindible instrumentar políticas de estado consistentes, coordinadas, efectivas y permanentes en el tiempo.

Los ministros de la Corte y el Procurador General indicaron que el abordaje del delito con medidas eficaces de este tipo reduce el impacto negativo que éste provoca en la sociedad, especialmente en los casos de delincuencia organizada y de corrupción que degrada las instituciones de la Provincia, en particular la administración pública. Y enfatizaron que “con medidas como las que se adoptan relacionadas a la recuperación de activos que se obtienen de actividades de carácter delictivo, se beneficia directamente a la población”.

Remarcaron que la custodia y el mantenimiento de bienes de ese origen requieren la adopción de medidas que implican, en definitiva, erogaciones públicas y que, por lo tanto, resulta de toda justicia asignarle a estos bienes una finalidad de utilidad pública de modo tal que, a la par de asegurarse su conservación, toda la sociedad se beneficie de ellos, informó El Chubut.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia dialogó con nuestra emisora y aseveró el envío al Poder Legislativo del proyecto para la ampliación de los fondos del Poder Judicial. Serían 1800 millones y alcanzaría para pagar gastos, sueldos y aguinaldos hasta diciembre.

El Superior Tribunal de Justicia pidió al Ejecutivo provincial que envíe a Legislatura la ampliación presupuestaria para el Poder Judicial. Es de 1800 millones y llegan a cubrir gastos y sueldos hasta diciembre, incluido aguinaldos.

Vivas respondió esta mañana a los dichos del Juez de Familia de Rawson: «Hay un desequilibro psíquico de este hombre»

Además, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Mario Vivas, aseveró a nuestra emisora: «Preguntemos a cualquier juez si el STJ los han llamado», ante la acusación de «falta de independencia», sostenida por el juez de Familia de Rawson, Martin Alesi, así lo informó el chubut.

Vivas agregó que «hay un nuevo sumario admitido por Consejo de la Magistratura» contra Alesi. Fue denunciado por ciudadano de la ciudad de Rawson.

El mandatario provincial les manifestó a los distintos miembros de la Justicia su preocupación por la merma en la actividad judicial y la importancia de que esta situación cambie en el corto plazo. También participó el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre.

El Gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, mantuvo una reunión, este lunes en su despacho de Casa de Gobierno, con representantes del Poder Judicial de la Provincia.

En ese marco, el mandatario provincial recibió al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, al Procurador General, Jorge Miquelarena y al Defensor General de la Provincia, Sebastián Daroca. Además participó el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre.

Al respecto, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas repasó que “el gobernador, Arcioni, nos convocó a los efectos de seguir con las reuniones que está manteniendo con los distintos sectores”.

Merma en la actividad judicial

En ese mismo sentido, el funcionario judicial resaltó que “él nos manifestó su preocupación por la merma en la actividad judicial, en donde nosotros también le explicamos de forma un poco más detallada cuál es el real funcionamiento que se está llevando en el Poder Judicial”

A su vez, Mario Vivas remarcó que “hay que buscar el modo de que se pueda dar solución y  optimizar el servicio de justicia. Esta semana solicitamos reunirnos con el gremio a los efectos de presentar propuestas para optimizar el servicio”.

“El servicio funciona en un 50%”

Finalmente, el presidente del STJ reconoció que “somos muy conscientes de que el servicio funciona al 50% lo cual trae bastantes prejuicios para todos, por eso debemos buscar soluciones consensuadas sin necesidad de llegar a un extremo”.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, se reunió a solas con el ministro del Interior en su reciente visita a Puerto Madryn. Por nota, le solicitó unos $ 2.000 millones para poder garantizar el servicio de justicia en los próximos cinco meses. El funcionario nacional dijo que analizará el pedido.

El Poder Judicial de Chubut le solicitó formalmente al Ministerio del Interior que le otorgue Adelantos del Tesoro (ATN) por alrededor de $ 2.000 millones para poder hacer frente al pago de sueldos de los empleados judiciales al menos hasta fin de año, en virtud de la difícil situación económica y financiera que atraviesa la Provincia, que desde el mes pasado se vio obligada a volver a pagar de manera desdoblada los salarios de los empleados públicos y todo indica que deberá seguir haciéndolo en los meses sucesivos.

Según pudo confirmar Jornada de fuentes políticas y judiciales, el pedido no se hizo sólo de palabra sino que también se realizó de manera formal mediante una nota que fue entregada en mano por un alto funcionario de la Justicia local a un ministro nacional durante una reciente visita a Chubut.

La cita había sido gestionada unos días antes a través de un contacto en común pero se concretó el lunes pasado en un hotel de la ciudad de Puerto Madryn. Y la charla, que fue distendida pero nunca abandonó el tono formal, se extendió por más de una hora.

Cara a cara

De un lado estuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que había llegado poco antes a la ciudad portuaria junto al candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto. Del otro, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJ), el Dr. Mario Vivas.

Durante el encuentro, Vivas le expresó al funcionario nacional su preocupación por la situación generada a partir de la falta de pago de sueldos de los empleados y magistrados, y le hizo un detallado informe de los fondos que necesitaría para poder hacer frente al pago de salarios hasta finales de año y así garantizar el normal funcionamiento del servicio de justicia en todos sus niveles.

Lejos de sorprenderse por el pedido. Frigerio le prometió a Vivas que iba a analizarlo y hasta le aclaró que una asistencia de ese tipo debería pasar sí o sí por las cuentas de la Provincia que administra el Poder Ejecutivo. El presidente del STJ le respondió que él mismo se encargaría de las gestiones para canalizar esos fondos que ayudarían a descomprimir la situación del Poder Judicial, que en julio fue el último sector en cobrar sus salarios.

Vivas fue solo a la reunión con Frigerio pero le había adelantado a otros altos funcionarios del Poder Judicial de Chubut el pedido que iba a realizarle al ministro. Además, tras el encuentro con el funcionario nacional se reunió con dirigentes del sindicato de judiciales (SiTraJuch) y de la Asociación de Magistrados para informarlos de las gestiones.

El primer encuentro presencial se llevó a cabo en el Tribunal de Cuentas. El dictado es mayormente con modalidad virtual y está destinado a los empleados de la Administración Pública Central.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Universidad del Chubut, comenzó el dictado de la capacitación “Introducción a la función pública con perspectiva de género”, con el objetivo de dar cumplimiento efectivo a la Ley Micaela.

La Ley prevé la capacitación a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en materia de género y violencia contra las mujeres. La incorporación de la perspectiva de género en la función pública significa la consolidación de compromisos y metas planteadas a favor de la igualdad entre los géneros, así como en los procesos de planeación y diseño de presupuestos en las organizaciones gubernamentales.

La capacitación a los empleados de la Administración Pública Central, está a cargo de la Magister Cecilia Russo, coordinadora del Observatorio de Género y Derechos Humanos y la Licenciada Verónica París, directora de Diversidad y Género, dependiente la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia. El primer encuentro presencial se llevó a cabo en el Tribunal de Cuentas en Rawson.

Al respecto,  Verónica Paris, expresó que “la idea de este primer encuentro presencial es introducir los principales conceptos en relación a lo que es la cuestión de género y los derechos conquistados en base a la violencia que se ejercía desde diferentes ámbitos hacia la mujer”.

“El trabajo se enmarca dentro de lo que es el efectivo cumplimiento de la Ley Micaela, a la que provincia se ha adherido  hace muy poco, hemos promulgado la Ley y se ha invitado a los municipios a que formen parte de estas capacitaciones”

La capacitación es obligatoria para los funcionarios y los integrantes de los tres Poderes del Estado en todos sus escalafones. Necesitamos un Estado que cuente con las herramientas suficientes para abordar los casos que se vayan suscitando en relación a la violencia”, concluyó.

Cabe destacar que la capacitación consta de 6 módulos virtuales de 10 semanas en total y 2 encuentros presenciales. El primero de los encuentros se llevó a cabo el pasado 22 de abril y el segundo se realizará al finalizar la misma.

En la sesión de ayer en la Legislatura la oposición, con los dos tercios de los votos, rechazó los tres vetos del gobernador Mariano Arcioni: el presupuesto del Poder Judicial, el destino de los Centros de Encuentro y el convenio con la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos Automotores.

Según el parte de prensa del parlamento, previo reclamo del diputado del bloque Chubut Somos Todos, Roddy Ingram, quien se quejó de que había sido consensuado en labor parlamentaria que se iban a retirar los vetos, su par del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans, dijo que al reunirse los dos tercios se avanzó en la votación.

La presidente del Frente Agrupaciones, Florencia Papaiani, solicitó votación nominal y con 14 votos quedaron rechazados los vetos.

Con relación al presupuesto del Poder Judicial que había sido vetado por el gobernador, Meza Evans explicó que hubo pedidos por parte del Poder Judicial para que los diputados insistan con la aprobación, “porque estaba trabajando algunas designaciones que necesitan en el Ministerio Público Fiscal”.

En cuanto al destino de los Centros de Encuentro, Alejandra Marcilla (FPV) recordó que Arcioni vetó la ley que obligaba al Gobierno a utilizar los Centros de Encuentro para su destino específico de origen. “Este veto generó un fuerte rechazo en todas las ciudades y junto a Papaiani tuvimos contactos con referentes sociales quienes se manifestaron en defensa del uso social de estos espacios públicos”.

Sobre el convenio de las autopartes, el presidente de Cambiemos, Eduardo Conde, desnudó presuntas irregularidades en el convenio firmado el año pasado entre el Gobierno y la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos Automotores y Motovehículos.

Recordó que el actual Convenio nunca fue girado al parlamento. “Esta Cámara no está registrada en ninguna organización comercial que la autorice, por lo que debemos terminar con el curro del convenio de autopartes, es el parlamento el que debe tener control”.

Actualmente el precio por la verificación y grabado de cristales en cada automóvil cuesta 2 mil pesos de los cuales “casi $ 1.600 se los queda esta Cámara que no existe”. En Hora de Preferencia, el diputado del FPV, Gustavo Fita, habló sobre la cantidad de escuelas que están sin clases y mencionó las reuniones que tuvo con padres, directivos y alumnos que han sabido contar lo que sucede en cada establecimiento educativo.

Fita mencionó que “las escuelas de Comodoro Rivadavia, la 742 hay una fuga de gas sin solucionar, la 731 donde los alumnos deben ir al gimnasio, por lo que considero que es una falta de respeto a los padres y Arcioni es tan responsable como la ministro”.

En tanto, Papaiani se refirió a la situación el Jardín 433 que tiene problemas de calefacción. “Les dijeron que den clases cuando haya sol y cuando esté nublado no concurran, por lo tanto el que tiene que dar la cara es el Gobierno”.

Trabajo Infantil

La diputada del FPV, Gabriela Dufour, indicó que cuando el Estado abandona los establecimientos, los alumnos abandonan la escuela por lo que presentó un proyecto de ley para crear el Programa Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que tendrá como objetivos la detección, prevención, erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente.

 

 

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