Mientras que por esas cosas del destino que aún no tienen explicaciones, más de un centenar de denuncias que le han hecho al ex ministro de Seguridad de la provincia Federico Massoni, dormirían ‘el sueño de los justos’ en el cajón de algún escritorio, en los últimos días se ha conocido una nueva acusación contra el ex funcionario, por la que le piden a un fiscal Anticorrupción de Trelew que le inicie una investigación penal –esta vez– por delitos de fraude contra el Estado.

Lo llamativo es que el fiscal que debería revisar la denuncia y valorar si tiene pruebas de peso o no como para instar el inicio de una causa judicial, sin leerla, ya salió por distintos medios del Valle a quitarle entidad y a minimizarla, repitiendo casi lo que el mismo Massoni dijo también públicamente sobre la cuestión; que él ya había sido investigado por ese tema y que incluso se había vindicado ante la Justicia.

Esta, si se quiere cuestionada o polémica aparición pública del fiscal Omar Rodríguez; hablando “a favor” de un eventual imputado, debería ser causa suficiente como para pedir su apartamiento y que la denuncia la reciba otro acusador del que no se pueda sospechar que no va a ser imparcial y objetivo, al momento de llevar o no ante un juez a un exfuncionario provincial, como el caso de Massoni.

Ahora bien, si se solicitara el apartamiento del fiscal Rodríguez ¿quién debería analizar si ese pedido de recusación es justo o no?: el mismo que lo puso al frente de la Unidad Especial Anticorrupción: el procurador General Jorge Miquelarena, que es a su vez jefe de Rodríguez y hasta se dice que serían amigos.

A Massoni no solo le atribuyen haber perjudicado al Estado chubutense con supuestos negociados para hacerle ganar millonarias sumas de dinero a empresarios conocidos con las Plantas Verificadoras de Automotores que desde siempre fueron administradas desde la Policía, sino que también le endilgan haber distraído en otras cuestiones determinados recursos (como móviles policiales, por ejemplo), que deberían estar disponibles para el servicio de seguridad ciudadana: “función principal de la fuerza policial”, se destaca en la denuncia.

La presentación ante la fiscalía, que trascendió en los últimos días; fue realizada por el sargento Luis Suárez, del Consejo de Bienestar Policial de Chubut, que acusó a Massoni de maniobras administrativas destinadas a «privatizar» las plantas de verificación técnica vehicular de la Policía cuando fue ministro Coordinador del gabinete del gobernador Mariano Arcioni. La denuncia penal es por «la comisión del delito de administración fraudulenta agravada, en perjuicio de la Administración Pública”.

Esta semana, en el portal de noticias Cholila Online se reveló que habría habido una nueva presentación de Suárez aportando aparentemente más pruebas que incriminarían a Massoni y se dice también que “el documento (entregado por Suárez en la fiscalía) brinda detalles sobre los montos estimados de ganancia que tendrían las plantas de verificación en los últimos dos años; cifra que rondaría los $600.000.000 millones de pesos. Ganancias que se habrían facilitado a un determinado grupo empresarial por las gestiones de Massoni”.

¿Qué pasará con esta nueva denuncia contra el ex ministro provincial? ¿Pasará lo mismo que con el centenar que tiene Massoni presuntamente ‘cajoneadas’, a la espera de ser archivadas en cualquier momento? ¿Pedirán el apartamiento del fiscal Rodríguez por presunto adelantamiento de opinión? Todo esto se conocerá seguramente en las próximas semanas.

Fuente: Diario Crónica