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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció una «masacre» en la Comandancia General de la Policía en Páez, municipio del estado Portuguesa

Al menos 29 presos fallecieron y 19 oficiales resultaron heridos durante un motín en el estado de Portuguesa, informó a EFE una fuente del Ministerio Público de Venezuela (Fiscalía).

La Fiscalía está investigando el caso que se dio a conocer más temprano, aunque se desconoce con exactitud cuándo se produjo.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización no gubernamental que defiende a los reos, aseguró a través de Twitter que el motín se registró en la Comandancia General de la Policía en el municipio Páez y responsabilizó de ello al Ministerio de Servicios Penitenciarios. Según el OVP, que denuncia una «masacre» en el lugar, todos los fallecidos eran prisioneros.

Medios locales indicaron que dentro de los calabozos presuntamente detonaron tres granadas y que los organismos de seguridad tomaron el hospital de Acarigua-Araure, Jesús María Casal Ramos, donde presuntamente fueron trasladados los heridos.

El 29 de marzo de 2018 se registró uno de los motines más graves de Venezuela en el último cuarto de siglo. Se trató de un enfrentamiento en el centro de reclusión de la Policía Estatal de Carabobo (norte), donde 68 personas perdieron la vida en un posterior incendio.

Cerca de una decena de reyertas carcelarias han dejado decenas de fallecidos en el país en la última década, cuando se inició su peor crisis económica.

El OVP ha denunciado el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela, tanto en cárceles como en calabozos estatales y municipales, que albergan aproximadamente a 85.000 personas, y que ha degenerado en el incremento de la violencia.

Los datos de la ONG aseguran que los centros penitenciarios bajo el control del Ejecutivo venezolano tienen una capacidad de 35.562 y la población reclusa es de 54.738.

La información del OVP, sin embargo, no coincide con los datos oficiales del Ministerio Penitenciario que asegura que en Venezuela existe una población de 54.116 reclusos y una capacidad de ocupación penitenciaria de 82.736.

 

Infobae

Una camioneta que trasladaba a trece detenidos del penal de Coronda, que depende del Servicio Penitenciario santafesino, fue abordado por dos vehículos particulares. Nueve presos se escaparon, cinco ya fueron recapturados

Al menos nueve presos se fugaron este miércoles en Granadero Baigorria cuando eran trasladados en una camioneta del Servicio Penitenciario de Santa Fe rumbo a la cárcel de Coronda.

En una maniobra digna de una producción de Hollywood, dos autos -un Fiat 147 y un VW Surán- emboscaron al vehículo oficial y posibilitaron que los reos se escaparan. 13 detenidos en total ocupaban la camioneta. Cinco de los nueve evadidos, apuntan fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, ya fueron recapturados. «Ninguno de alto perfil», apunta una fuente gubernamental.

El ataque se produjo en la Autopista  Rosario-Santa Fe.  De acuerdo a las primeras versiones, luego de lograr que la camioneta detuviera su marcha, cuatro agresores amenazaron con sus armas a los agentes y lograron la liberación de los detenidos.

En medio de la huida se produjo un intercambio de disparos producto del cual dos efectivos resultaron heridos y debieron ser trasladados al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

El resto de las personas que huyeron están siendo buscadas entre los pastizales cercanos a la autopista y en casas particulares.

«En la camioneta viajaba un grupo de presos que estaban alojados en Coronda y habían pedido permiso para visitar a sus familiares, que viven en Rosario. Un juez autorizó el traslado y cuando regresaban al penal se dio este hecho», precisaron las fuentes.

En marzo de 2017 se había realizado un incidente similar casi en el mismo lugar. En ese entonces, una unidad del Servicio Penitenciario que trasladaba a Luis «Pollo» Bassi, Facundo Muñoz y Milton Damario, condenados por homicidio y delitos vinculados al narcotráfico y enfrentados con Los Monos a partir del asesinato de Claudio «Pájaro» Cantero, fue atacada los tiros.

Se accedió a la lista completa de ocupantes del micro:

LUCERO, Marcos Juan Alejo

ARCE, Nahuel

SOSA, Diego Alberto

VILLARROEL, Marcelo

ROJAS, Alfredo Patricio

PERALTA, Hugo Alberto

QUIROZ, Alberto

D´ANGELO, Carlos Andrés

LEON, Jonatan Leonel

GARCILAZO, Federico Gabriel

CABALIE, Leandro Ubaldo

CANDIA, Alejandro Andrés

CARDOZO, Mariano

ECHEVARRÍA, Rafael

 

Infobae

Un total de 17 detenidos, de los 60 que están alojados en la Unidad Penitenciaria Provincial entre Puerto Madryn y Trelew, comenzaron este lunes una huelga de hambre. Entre los argumentos, uno de los reos indicó que no hay médico ni ambulancia en el penal. Además, los reos se quejan de que el colchón dispuesto para visitas higiénicas nunca se cambió.

La huelga de hambre comenzó este lunes y 17 presos sólo beben líquidos.

Desde el propio penal, uno de los reclusos que cumple una condena a 20 años por homicidio en ocasión de robo explicó que la unidad no tiene médico ni tampoco ambulancia.

Asimismo, indicó que la huelga se realiza en reclamo de los traslados de los detenidos a visitar a sus familias, y se quejan de que el colchón del lugar dispuesto para las visitas higiénicas nunca se cambió y es usado por todos, señaló LU 17.

La huelga de hambre comenzó este lunes y sólo beben líquidos. Advirtieron que la medida seguirá hasta recibir respuestas de las autoridades. (ADN Sur)

 

tiemposur.com.

Presos alojados en la Comisaría 1ª de Esquel, iniciaron ayer una quema de sábanas y colchones en el patio y uno de los calabozos de esa unidad.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada y fue sofocado rápidamente con la presencia de una dotación de bomberos, sin que se registraran lesionados.

Todo comenzó alrededor de la 1:30 cuando personal policial que se encontraba de turno a esa hora en la Comisaría 1° advirtió que algunos internos comenzaron a prender fuego las sábanas y colchones en uno de los calabozos.

La reacción obedecería a un reclamo de dos detenidos condenados que exigían que se mantenga la luz encendida en los calabozos y patio por más tiempo, la que por reglamento interno se apaga a la 1 hora.

Personal policial al ver el inicio del fuego convocó a los bomberos que con una dotación procedieron a sofocar el siniestro sin que se generen lesionados.

También se dio intervención a la Fiscalía y al Juez de Ejecución Penal, Dr. José Colabelli, para que inicien las actuaciones de rigor.

Cabe señalar que éste es el segundo incidente similar que se produce con detenidos en la Comisaría 1ª, con quema de colchones y otras roturas.

 

Diario El Chubut

Lo manifestó la exmujer de Lázaro Báez y madre de Martín Báez, detenido este jueves en Comodoro Py.

Luego de que Martín Báez quedara detenido este jueves tras presentarse en los Tribunales de Comodoro Py, habló su mamá, Norma Calismonte, ex mujer de Lázaro Báez. “No tendrían que estar presos ni mis hijos ni Lázaro, sino otra persona”, expresó y aseguró: “Todo lo que han dicho de mí es mentira; nunca le exigí a Lázaro ni le dije ´el límite son mis hijos´”.

Ayer jueves los jueces le dictaron la prisión preventiva a uno de los hijos del empresario Lázaro Báez, Martín, por mover más de 5 millones de dólares pese a estar inhibido.

Su madre, Norma Calismonte, ex mujer de Lázaro Báez y una voz desconocida hasta el momento, calificó la causa judicial como un “circo romano”, en un audio difundido por el periodista Luis Gasulla, de Periodismo y Punto.

La mujer, además, apunta a que debería estar presa “otra persona” y “otras personas”, según destacó el Diario Nuevo Día.

“No tendrían que estar presos ni mis hijos ni Lázaro, sino otra persona”, se escucha enojada a la ex mujer del hombre fuerte de la obra pública en la Patagonia en el audio difundido.

Agregó: “Todo lo que han dicho de mí es mentira, nunca le exigí a Lázaro ni le dije ´el límite son mis hijos´. Todas son habladurías. Este juicio se va a caer a pedazos”, resumió.

ADN Sur

Un preso del penal Almafuerte, en Cacheuta Mendoza, con antecedentes de abuso sexual simple, fue sometido y presuntamente violado por sus compañeros de sector, quienes le metieron a la fuerza un palo en la boca, y cuando lo obligaron a bailar vestido de mujer.

Se trata de un joven de 25 años, quien tiene una condena de 5 años por diferentes delitos, entre ellos tres abusos sexuales simples. Uno de esos hechos ocurrió con una profesora de la escuela de Almafuerte, a quien tomó a la fuerza por atrás.

El interno condenado por abuso estaba aislado en el sector de Admisión II de Almafuerte, junto a unos 20 reos más, quienes forman parte de un equipo de rugby en el penal, llamado “Cacique”. Cuando estos condenados se enteraron que su nuevo compañero había cometido abusos afuera y dentro del penal, no lo dejaron pasar y le impusieron su condena.

Los reos filmaron algunos momentos de lo que hicieron con el joven acusado, quien estaba completamente sometido. Lo obligan a decir lo que hizo: “Quise violar a la profesora en la escuela”, mientras lo golpean en la cabeza.

El hecho por el que fue atacado ocurrió en septiembre de 2018, cuando el preso acusado de abuso estaba solo en un aula de la escuela del Penal de Abuso de Almafuerte con su profesora, la tomó de atrás y le tapó la boca para que no gritara. “Quedate bien quietita”, le dijo al oído.

La maestra luchó hasta que se zafó del agresor y pidió ayuda a los gritos.

Luego de ese episodio, el reo fue alojado en Admisión, donde una vez que las autoridades se enteraron de la violación que sufrió lo trasladaron al módulo de Máxima Seguridad, donde quedó solo en una celda, completamente aislado.

Sus familiares presentaron un habeas corpus para que se buscara alguna medida alternativa, debido a que temen por su integridad física si sigue en el penal de Almafuerte.

El interno tiene problemas de conducta, es agresivo e impulsivo. Sus familiares indicaron que cambió notoriamente luego de sufrir un grave accidente en moto en el 2013 en el cual tuvo una severa lesión en la cabeza. A pesar de las secuelas que le quedaron, según el Cuerpo Médico Forense el reo es imputable debido a que está en sus facultades mentales para comprender los actos que comete.

Investigación

Ahora la Justicia, la Inspección General de Seguridad y el Servicio penitenciario deben determinar qué pasó con los penitenciarios que no habrían advertido lo que ocurría en el patio de Admisión y quiénes son los internos que intervinieron en el hecho.

Diario Uno

Hay un 16 por ciento de casos de abuso sexual, un delito creciente en términos de denuncias.

En Chubut hay alrededor de 700 personas privadas de su libertad, de las cuales la mayoría de los casos se trata de homicidio (40%), seguido por robo (34%) y abuso sexual (16%). Si bien en los últimos meses se han incrementado considerablemente las denuncias por abuso sexual en nuestro país, todavía las condenas por este tipo de delitos no han tenido un crecimiento tan sustancial. Esta situación responde a tres conceptos: la falta de investigación en cada uno de los casos, el abandono a buena parte de las denuncias y la falta de credibilidad de las víctimas.

En 2016 las denuncias por delitos contra la integridad sexual fueron 12.424, por lo que se condenó al 23% del total de los acusados. No obstante, en general en todos los delitos el número de denuncias es menor al de hechos, debido a que en muchos casos las víctimas no denuncian.

La cantidad de personas en las cárceles de nuestro país que están privadas de su libertad por violación se triplicó en los últimos 10 años: pasando de 3.252 en 2008 a 9.919 en 2017. En ese mismo período la cantidad de detenidos en general también aumentó, pero a un ritmo menor: de 54.537 a 85.283 (50%).

Un estudio elaborado por el Ministerio Público Fiscal precisó que “la escasa cantidad de condenas aplicadas a los denunciados deja de manifiesto la ausencia de respuestas por parte del sistema de administración de Justicia a las denuncias por hechos de violencia doméstica”.

Según destaca Tiempo Sur, este documento fue realizado en base al as denuncias por violencia de género hechas en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, de los cuales cerca de la mitad habían sido considerados de alto o altísimo riesgo por dicha entidad.

De acuerdo a los datos, en la mayoría de los casos lo que se hace en las investigaciones es realizar pericias a la víctima para poder probar el delito. Estas declaraciones son avaladas por el estudio del Ministerio Público Fiscal, ya que el mismo afirmó que se realizaron 14 pericias sobre 13 mujeres denunciantes, algo que no fue replicado en el caso de los presuntos agresores.

ADN Sur

El ex agroministro nacional y coordinador de gabinete provincial chubutense, hizo referencia al encuentro del próximo 1° de diciembre donde el justicialismo definirá importantes temas de cara al año eleccionario que se avecina. Criticó al gobierno provincial por los hechos de corrupción “Hay empresarios que se auto-incriminaron y siguen recibiendo obras”.

Norberto Yauhar dijo esta mañana en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz: “creo que debería haber la limpieza de algunas sanciones”.

Seguidamente, agregó que “estamos allanando el camino para quienes quieran participar de las elecciones. Hay que tener pertenencia”.

“Se tiene que cumplir lo que diga el Tribunal Disciplinario. El peronismo le está abriendo las puertas a quienes quieran participar”, ahondó sobre la posibilidad de distintos dirigentes de sumarse a las listas del peronismo provincial.

Por otra parte, Yauhar señaló que “yo no tengo nada que ver con el gabinete preso que tiene Arcioni. Este Gobierno es responsable de premiar a empresas involucradas en casos de corrupción”.

“El sábado en el Congreso del PJ vamos a garantizar la libre participación de todos en las elecciones”, enfatizó.

Fuente: El Comodorense

La Defensa Pública solicitó una audiencia para que sean escuchados cuatro internos. Denunció malos tratos posteriores al motín, que se le retiraron todas las pertenencias personales, que los colchones y la ropa de cama quedaron empapados y que se les cortaron las visitas. Ellos desean seguir contando con todos los beneficios que tenían hasta el momento, que todo vuelva a la normalidad. Los que asistieron de la audiencia afirman que no formaron parte del motín. Fiscalía abrió un legajo de oficio para investigar posibles vejaciones y entrevistó a otros internos que habrían sido golpeados.

La defensora Gladis Cerda, planteó que los cuatro detenidos que requirieron la audiencia, además de una serie de peticiones, querían dar a conocer lo que ocurrió en el contexto del motín y luego de que este fue controlado. Habló de maltratos recibidos por parte de un policía.

La funcionaria, María Elena Cimadevilla explicó que, de oficio, abriría un legajo para investigar el posible delito de vejaciones. Para ello requirió que se presente a la Fiscalía el listado de todas las personas afectadas. Después de la audiencia, formó legajo, entrevistó a los detenidos y requirió a comisaría las constancias de los efectos personales de cada uno de ellos para establecer si hubo daños. Los cuatro que asistieron a la audiencia fueron revisados por la médica forense, los demás lo harán el viernes.

Los pedidos al juez de ejecución

Cerda solicitó ante el juez José Colabelli, que le devuelvan las pertenencias a los cuatro detenidos que presentaron el reclamo, que se normalicen las visitas, que se solicite con carácter de urgente a Políticas Penitenciarias o a quien corresponda, la provisión de ropa de cama y colchones y que se realicen los arreglos necesarios a las instalaciones. Todos desean continuar detenidos en comisaría.

Por su parte Cimadevilla, solicitó que se informe en qué condiciones está la seccional, para saber si pueden seguir alojados allí los presos o deben ser reubicados.

Cuáles fueron los planteos de los detenidos

Para ser escuchados por el juez, los detenidos ingresaron de a uno por vez, sin tomar contacto entre ellos luego de exponer sus planteos.

Los reclamos de los cuatro fueron coincidentes en varios puntos. Que luego de apagado el fuego, policía ingresó a los calabozos y mojó los colchones y pertenencias, que se les retiraron todas las pertenencias personales, quedando en la celda solo el colchón y ropa de cama empapados y que hasta el momento esta situación no fue subsanada. “Teníamos muchas cosas que nos trae la familia. Necesitamos que nos pasen nuestras pertenencias, que teníamos, como siempre”. Uno de los detenidos sostuvo que se llevaron hasta el cepillo, la pasta de dientes, el jabón, que no pudo higienizarse desde entonces. También reclamaron por las visitas ya que el miércoles no les permitieron ser visitados.

“Que podamos continuar con los talleres y las actividades que veníamos realizando… Que los que no tuvimos nada que ver con este asunto podernos quedar y el resto ya verán ustedes que hacen con ellos”, indicó otro. “Solicito que siga todo como antes, venía todo genial, no teníamos ningún tipo de queja, no supe del reclamo, cuando lo supe me pareció un disparate”, mencionó uno de los internos. “Que evalúen nuestra conducta porque no todos nos portamos igual. Los que estuvimos en ese momento, antes de que empiecen a prender fuego y todo eso, quisimos hacerlos reflexionar para no hacerlo, pero tampoco nos podemos poner a pelear entre internos ni con la policía, por eso muchos se metieron en sus calabozos nada más…”

Golpeados después de la revisación médica

También contaron que luego de ser vistos por el médico y de que este redactara los certificados, fueron llevados a una sala, esposados y golpeados por un policía “…ya estábamos todos reducidos. Yo no tenía que ver con el problema y cobré”, dijo uno. Otro de los imputados sostuvo que se puede constatar del certificado que no estaba golpeado cuando fue llevado al médico, los golpes fueron propinados después de que todo había terminado.

Resaltaron que el agresor fue un policía en particular. Indicaron que “Infantería hizo lo que tenía que hacer pero después de que ellos ya habían reducido a toda la población carcelaria, nos encerraron en un cuarto, pero ahí este policía empezó a pegarle a todo el mundo”.

El accionar de Infantería

Infantería es la fuerza que actúa en situaciones de amotinamiento, para tomar el control de la situación. Martín O’ Connor, cuando estuvo como juez de ejecución, redactó una resolución estableciendo un protocolo a seguir por Infantería para este tipo de intervenciones. El protocolo es conocido también por los internos. Los detenidos declararon en la audiencia que Infantería actuó correctamente, según lo establecido.

Qué dijo el comisario

El Jefe de la Comisaría Primera asistió a la audiencia. Juan Cruz Campos, resaltó que los propios detenidos consideraron ilógico el planteo de los que iniciaron el motín. “En la comisaría hicimos un buen trabajo, adaptamos una comisaría muy antigua…”. Indicó además, que se requirieron reformas y que debido a la emergencia carcelaria se asumió un compromiso para poder mantener a los presos en ese lugar, sin llegar a clausurarla. Indicó que no tuvieron ninguna queja de los detenidos, atribuyendo el motín a “circunstancias propias de cada detenido”.

Aclaró que la visita no se hizo porque la única puerta de ingreso está dañada y no está en condiciones de brindar seguridad. Por efecto del calor, la puerta se dobló, la seguridad de trabas también. Actualmente está en refacción. “La visita no la van a perder pero lleva su tiempo y su reparación. No tengo otro lugar…”, indicó.

Campos contó que se hicieron muchas peticiones para que los detenidos estén bien, pero que las soluciones no corresponden a su órbita, a su cargo está el cuidado. Indicó que ante la urgencia de reemplazar los colchones, se informó a cada familiar para que lleven un colchón y los elementos necesarios. Además se realizó el requerimiento de colchones y la refacción de la puerta por la vía administrativa.

Políticas penitenciarias

La abogada de Políticas Penitenciarias del Ministerio de Gobierno, pidió la palabra para aclarar que la solicitud de los colchones ignífugos está en curso, hay un expediente y se van a reponer lo antes posible. Sobre los daños de instalaciones y demás se va a hacer un informe para realizar las refacciones “de la mejor manera posible”. La letrada requirió que se especifique el número de colchones que se necesitan con urgencia para agilizar su restitución.

La orden judicial

José Colabelli, ordenó la realización urgente de un informe detallado sobre el estado de las instalaciones, de modo tal que se determine el grado de afectación que provocó el motín y la intervención de Bomberos. Deberá controlarse el estado de todas las instalaciones, en un plazo de 24 hs.. “Si no está en condiciones voy a autorizar a la comisaría a realizar los traslados pertinentes y a disponer la clausura, que se ha postergado…”