Una sucesión de fallas no resueltas, en un contexto de estrechez presupuestaria y limitaciones por la falta de días de navegación en los años anteriores, precedió a la tragedia del ARA San Juan, según detalla el reciente informe de la comisión bicameral. Se trata del documento que atribuye responsabilidades políticas al ministro de Defensa, Oscar Aguad, y a la entonces conducción de la Armada por subestimar la gravedad de la avería informada por el comandante de la nave en una de sus últimas comunicaciones.
El submarino debía entrar cada 18 meses a dique seco, para una revisión general, y en el momento del naufragio -noviembre de 2017- llevaba 44 meses sin hacerlo. Eso lo limitaba para navegar a más de 100 metros de profundidad, de acuerdo con un informe de la Armada de diciembre de 2016. El ARA San Juan se hundió 11 meses después, a más de 900 metros bajo el agua.
El dictamen aprobado por ocho legisladores de la oposición -los cuatro oficialistas votaron en disidencia- cita el informe elaborado en diciembre de 2016 por el entonces inspector general de la Armada, contralmirante Guillermo Luis Lezana, que desnuda varias deficiencias en el equipamiento operativo del submarino. Allí se sostiene que «la prórroga del ingreso a dique seco programado para la unidad dificultaba el alistamiento del buque» y se establecía «de manera precautoria una limitación de 100 metros de profundidad en navegación».
También se menciona la evaluación del Índice de Calificación del Estado de Material (ICEM), de febrero de 2017, que advirtió sobre 40 averías en distintos equipos y sistemas a bordo. Entre otras advertencias, se describe que el nuevo sistema de medición de concentración de hidrógeno en la nave, que había sido colocado en la reparación de media vida que el gobierno kirchnerista concluyó en 2014, se encontraba «fuera de servicio por falta de calibración y reactivo».
Concentración de hidrógeno
El informe parlamentario revela que en la navegación de julio de 2017 el propio submarino advirtió sobre valores de concentración de hidrógeno muy superiores a los admitidos por los protocolos de seguridad. La nave contaba con dos sistemas para detectar el hidrógeno, ya que además del sistema incorporado durante la reparación de media vida se conservaba el original. «No existen constancias de que el personal submarinista estuviera instruido en el empleo del último equipo instalado», concluye la comisión bicameral.
La válvula Eco-19
Se constató en el informe final, además, que en julio de 2017, cuatro meses antes de la tragedia, durante una navegación, se realizaron pruebas para el equilibrio de atmósferas en el interior de la nave, en las que se habría utilizado la válvula Eco 19 de una manera contraria a la prevista en los manuales de operaciones. Al parecer, debían permanecer cerradas durante la travesía y se accionaron para favorecer el sistema de ventilación. La comisión les imputa a las autoridades navales no haber instruido al comandante del submarino, capitán Pedro Martín Fernández, para que no volviera a repetir esa maniobra aparentemente riesgosa.
Lejos de inculpar al comandante del submarino, los legisladores citan este antecedente como «un ejemplo de la falta de supervisión por parte de la conducción de la fuerza».
La comisión bicameral advierte que en esos registros de julio de 2017 se observaron fallas en el sistema de propulsión y en la maniobra de entrada a puerto, además del ingreso de agua de mar en el momento de comenzar el trabajo del snorkel, la que llegó hasta el ventilador de baterías de proa. Esa deficiencia -se añade- podría haber ocurrido por errores de funcionamiento de la válvula Eco-19.
Obras inconclusas
En otro informe de septiembre de 2017 se registraron una variedad de fallas, según resume la comisión bicameral.
-Estaba fuera de servicio el eyector de señales de popa.
-Se encontraba pendiente la certificación de las escotillas del sistema de rescate externo.
-Estaba excedido el plazo para la verificación de carenado y tuberías (entrada a dique seco).
El informe puntualiza que dos meses antes de la tragedia estaban planificadas 78 obras correctivas, de las cuales solo 29 fueron finalizadas y 49 estaban inconclusas. Además, 12 sistemas inherentes al funcionamiento general del submarino, sobre un total de 16, no funcionaban.
La reparación de media vida demandó ocho años, entre 2007 y 2015 (gestiones de Nilda Garré, Arturo Puricelli y Agustín Rossi) e intervinieron más de 600 personas. Implicó la renovación total del sistema de propulsión y cambio de baterías, entre otros trabajos.
Los legisladores de la oposición evitan abrir juicio acerca de la reparación realizada durante el gobierno de Cristina Kirchner. «No existen indicios ni evidencias de que la reparación de media vida hubiera sido causa de la pérdida del submarino, ni de que alguna deficiencia en la misma hubiera podido impedir la resolución de la emergencia», se cuidan.
Los cuatro diputados y senadores de Cambiemos que firmaron las conclusiones en disidencia recuerdan que en octubre de 2015, luego de que el gobierno kirchnerista pusiera en operaciones al ARA San Juan -tras la reparación de media vida-, se planificó la operación Pelícano, que comprendía el lanzamiento de misiles y un torpedo de combate contra un buque blanco de superficie. «Preveía la participación del recientemente incorporado submarino ARA San Juan como submarino lanzador del torpedo», denunciaron.
Recursos y capacitación
El informe admite que «la falta de recursos presupuestarios a lo largo de las distintas administraciones, la ausencia de actualización tecnológica y un nivel mínimo de mantenimiento en función de las horas de uso produjeron un creciente deterioro del material, limitando sus condiciones operativas». Concluyen que «la falta de actividad limitó la transmisión de la experiencia necesaria».
Cerca del ministro de Defensa, Oscar Aguad, coinciden con esta apreciación y entienden que «las limitaciones presupuestarias producidas durante varios años afectó la continuidad de prácticas en el campo profesional y se perdió la transmisión intergeneracional de experiencias», lo que pudo haber influido en algún manejo tal vez insuficientes de las situaciones de emergencias.
En sintonía con ello, los legisladores oficialistas de la comisión bicameral que firmaron en disidencia señalaron que «se ha interrumpido el traspaso de conocimiento, como bien indica el informe, aumentando así el riesgo de accidentes, considerando que se operan equipos que encierran en sí mismos peligros».
