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Vialidad Nacional informó que esta semana comenzó con trabajos en la ruta, entre Las Plumas y Los Altares.

Vialidad Nacional informó este martes que comenzó con trabajos de demarcación horizontal sobre la Ruta Nacional Nº 25, entre Las Plumas y Los Altares.

Estas tareas se realizan como parte de la planificación previa que establecía el señalamiento horizontal sobre varios tramos que no contaban con la correspondiente pintura, luego de su repavimentación, sobre una longitud de 56 kilómetros.

Los trabajos consisten en la imprimación y posterior demarcación del eje central de la ruta con pintura termoplástica reflectante, con colocación de microesferas de vidrio para otorgar reflectividad al trayecto. Esta pintura es crucial para mejorar la seguridad vial y proporcionar información clara a los conductores que circulan por las rutas.

La realización de este tipo de tareas no implica la reducción de la calzada, pero debido a que los camiones de pintura se trasladan a baja velocidad en la ruta, se solicita a los usuarios respetar a los banderilleros que escoltan a los camiones, disminuyendo la velocidad de sus vehículos.

El objetivo principal de estos trabajos es mejorar las condiciones de seguridad vial, particularmente la visibilidad nocturna.

Las tareas en la localidad portuaria las ejecuta Vialidad Provincial y continuarán en los próximos días.

Vialidad Provincial inició trabajos de reparación de la calzada en la Ruta Provincial N° 1, en el ingreso al barrio Solanas en Puerto Madryn. Las tareas son ejecutadas por una cuadrilla del organismo.

Este mismo grupo de trabajadores que conforman la cuadrilla, estuvo ejecutando en las últimas semanas de tareas de reparación en el acceso a la localidad de Lago Puelo. Una vez finalizados, se trasladó el equipo a Madryn con el objetivo de dar respuesta a un pedido de los vecinos del sector y del intendente.

Cabe recordar, que se trata de un equipo itinerante que continuará trabajando durante el mes de enero para reparar aquellos sectores más problemáticos de las rutas asfaltadas de la provincia que pertenecen a la Red Vial Provincial.

Se buscará ponerlas en condiciones durante la temporada estival para brindar mejores condiciones de transitabilidad.

«Ya conseguimos el financiamiento, se licitó la obra y en estos días estaremos en etapa de inicio de obra», aseveró Luque. Además, este fin de semana se completaría el pavimentado de la calzada de la Ruta 3.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, indicó este jueves a FM EL CHUBUT que el día lunes arribará a la ciudad el presidente de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, para rubricar el inicio del primer tramo de la obra del Camino de Circunvalación en la ciudad.

«Venimos trabajando con tiempos prácticamente récords», aseveró el mandatario comodorense, quien adelantó que durante este fin de semana se completaría el pavimentado de la calzada de la Ruta Nacional Nº 3, que sufrió un colapso semanas atrás.

«Falta poco para poder recuperar una ruta que parecía que iba a tardar meses en arreglarse, y en 30 días prácticamente la vamos a tener lista y operativa», señaló.

En el marco de las obras para la ciudad, Luque adelantó que el próximo lunes estará arribando a Comodoro el presidente de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, para llevar adelante la firma del inicio de obra del primer tramo del Camino de Circunvalación.

«Ya conseguimos el financiamiento, se licitó la obra y en estos días estaremos en etapa de inicio de obra», indicó, ya que solamente «tiene que pagarse el adelanto financiero y arranca la obra en las próximas semanas», explicó.

Por otra parte, el intendente señaló que buscarán a futuro pavimentar la Ruta Provincial Nº 37, la cual hoy se utiliza para desviar el tránsito pesado y aseguró que se trata de «una ruta que pavimentada va a permitir descontracturar gran parte del tránsito que circula por el centro de la ciudad».

Posteriormente, indicó que «habrá que definir si conviene hacer un viaducto o una protección costera, para sacarle peso al Cerro Chenque».

 

El Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer los fundamentos en base a los cuales condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por presunta administración fraudulenta y la absolvió junto a los demás acusados por el delito de asociación ilícita, al término de un juicio en la llamada «Causa Vialidad», en el que también fue inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Con este paso procesal, comenzaron a correr los diez días hábiles para las defensas y para la fiscalía en pos de apelar el veredicto ante la Cámara Federal de Casación penal, aunque es un plazo que podría prorrogarse si alguna de las partes lo pide, explicaron fuentes judiciales.

A lo largo de 1.616 carillas, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso consideraron que «lo verdaderamente relevante para esta sentencia, en relación a los hechos materia de juzgamiento, es evidenciar la reacción institucional -de manifiesta connivencia y protección- de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Antonio Báez», según los fundamentos a los que tuvo acceso Télam.

En cuanto al delito de asociación ilícita dos de los integrantes del Tribunal , los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, concluyeron que «no ha podido demostrarse» y en disidencia sobre este punto votó el tercer magistrado Andrés Basso.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido condenar a 12 años de prisión a la Vicepresidenta y al empresario Lázaro Báez teniendo en cuenta este delito que el TOF descartó.

«Hemos llegado a la conclusión de que la premisa acusatoria respecto a esta figura penal parte de una hipótesis equivocada», advirtieron Gorini y Giménez Uriburu.

Los jueces evaluaron que no se probó la existencia de una «pluralidad de planes delictivos indeterminados y, en razón de la tesis fiscal vinculada a esa pluralidad, a la cantidad de personas que habrían integrado la organización».

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada el 6 de diciembre de 2022  a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos  por asociación ilícita,  por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez durante su gestión.

Este jueves, desde las 9 de la mañana, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, darán a conocer los argumentos que llevaron a fijar dicha condena contra la vicepresidenta de la Nación.

A partir de allí, las partes estarán en condiciones de apelar las condenas y las absoluciones para que sean revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal. Para eso, tendrán 10 días hábiles, pero es probable que pidan una prórroga de ese plazo por lo extenso y complejo del caso.

El tribunal condenó a Cristina Kirchner y a otras ocho personas, entre ellas Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y a cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Los jueces entendieron que cometieron el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración en la entrega de 52 obras públicas para la provincia a las empresas de Báez.

A la ex presidenta también se la condenó a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos por lo que entendieron era el producto del delito.

En tanto, otros cuatro acusados fueron absueltos, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex funcionario de Planificación Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

Fue en una reunión que se realizó ayer en la sede de Vialidad Nacional, en Trelew, entre el jefe del Distrito Chubut del organismo, Julio Otero y el intendente Biss. La obra tiene un presupuesto previsto de más de 5.000 millones de pesos y se trabaja para licitarla antes de que finalice este año.

El intendente de Rawson, Damián Biss, se reunió ayer con el jefe del Distrito Chubut de Vialidad Nacional, Julio Otero, con el objetivo de avanzar en el proyecto de autovía entre Trelew y la capital provincial, por Ruta 25, así como en las colectoras y la circunvalación para canalizar el tránsito pesado.

La reunión se realizó en la sede de Vialidad Nacional en Trelew, y Biss concurrió junto al subsecretario de Obras Públicas, Mariano Ayup, y al presidente del Consorcio del Parque Industrial de Rawson y gerente de la Agencia de Desarrollo Económico, Eduardo Varela.

Según indicó el titular en Chubut de Vialidad Nacional, el proyecto de Autovía Trelew-Rawson cuenta con una previsión presupuestaria de más de 5.000 millones de pesos, y el proyecto debe estar finalizado dentro del primer semestre de este año, para luego comenzar los trámites vinculados a la licitación.

«Estamos muy contentos porque fue una reunión muy productiva, tanto con Julio como con su equipo técnico de Vialidad Nacional», comentó Biss.

«Más allá de la obra de la Autovía Trelew-Rawson, la intención fue ver de qué manera se pueden proyectar para un mediano o largo plazo algunas otras conexiones, teniendo en cuenta el crecimiento y el desarrollo de la ciudad», agregó.

Al respecto recordó: «Ya nos había anunciado Julio el año pasado que también estaba contemplada una ruta de circunvalación para sacar la carga pesada de la actividad portuaria, para que no circule por el centro».

Además, «estuvimos conversando, dentro de este gran proyecto, de contemplar una interconexión para que no queden tan largas las distancias con el Area 12, uno de los sectores con más desarrollo habitacional que ha tenido Rawson en los últimos años».

De manera adicional, dijo que se habló de «contemplar la obra de la terminal que está muy encaminada y seguramente en los próximos meses habrá novedad en cuanto al llamado a licitación».

«En ese sector, también a futuro, está proyectado un nuevo puente a la altura de la calle Salta, donde está la ex fábrica Mulcosur, y que conectaría los dos ingresos a la ciudad por Ruta 7 y por Ruta 25», agregó.

MAS DE 11.000 VEHICULOS POR DIA

«Estamos muy agradecidos por la apertura de Vialidad Nacional y de Julio Otero. Son proyectos muy importantes, que le van a dar a Rawson una mayor envergadura y va a facilitar tanto los ingresos como la circulación del transporte de carga, que es cada vez más problemática», enfatizó.

Al respecto, Biss mencionó que, a partir de la remodelación integral del Puente del Poeta que está proyectada, «Vialidad Nacional hizo estudios sobre la cantidad de autos que ingresan a la ciudad de Rawson y el promedio son 11.000 vehículos diarios que ingresan desde Trelew». Este número, agregó, «sin incluir los vehículos de carga, que en temporada de verano estimamos que son entre 150 y 180 camiones diarios».

Por ello, concluyó, «estas obras son muy relevantes pensando en el desarrollo no solo de Rawson sino de la vecina ciudad de Trelew».

PROYECCIONES

Por su parte, Julio Otero indicó: «Hemos realizado esta reunión con la presencia del señor intendente y con los distintos actores involucrados en el proyecto de la autovía Rawson-Trelew, en Ruta Nacional 25».

«Fue una mañana muy productiva, porque hemos planificado varias cuestiones para avanzar en la parte final del proyecto, con respecto a Rawson», agregó.

Dijo que estas conversaciones incluyen «el acceso al Parque Industrial, la vinculación del Parque Industrial con la autovía, y con la variante que se va a hacer en el Puerto de Rawson. Todas estas vinculaciones hacen que al momento que se ejecute la obra, realmente pueda fluir de forma adecuada».

«El presupuesto es de más de 5.000 millones de pesos que están comprometidos para la obra. Lo importante es que la obra vincule y dé respuestas adecuadas a las necesidades tanto de Rawson como de Trelew», enfatizó.

En relación con los plazos mencionó: «Tenemos la instrucción de que, para el primer semestre de este año, el proyecto tiene que estar finalizado, para ponerlo en la grilla de licitaciones que tiene Vialidad Nacional para el segundo semestre».

El extitular del Ministerio Planificación Federal se encontraba imputado junto a Cristina Fernández- condenada a 6 años de prisión- y otras 11 personas por el direccionamiento de fondos destinados a obra pública a favor del empresario santacruceño, Lázaro Báez.

Las repercusiones de los medios giraron en torno a la condena de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el veredicto del Tribunal Oral Federal (TOF 2) tuvo una sorpresa que pasó quizás pasó desapercibida mediáticamente.

Es que entre los 13 imputados acusados por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Lázaro Báez, mejor conocido como la “Causa Vialidad”, se encontraba Julio De Vido, quién fue absuelto.

La fiscalía había pedido una pena de diez años por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, sin embargo los jueces entendieron que su participación en “el plan criminal fue limitada”.

El veredicto que devino en la primera condena por corrupción para la vicepresidenta, trajo aparejado una absolución para el ex ministro de Planificación Federal.

Pero además señalaron que hubo una “insuficiencia de pruebas que lo coloquen en una clara posición de garante para evitar el resultado lesivo” y es por eso, que se resolvió su absolución dentro de la causa.

 

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció hoy que no será candidata a ningún cargo en las elecciones de 2023 y subrayó que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un Poder Judicial que es «un Estado paralelo; una mafia», en un mensaje que emitió apenas se conoció el veredicto del tribunal que la juzgó en la causa Vialidad.

“No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y una Vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inahibiltacion perpetua”, afirmó Fernández de Kirchner en una transmisión por su canal de YouTube, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 diera a conocer el veredicto en la causa que sigue la administración de obra pública en Santa Cruz.

Al dirigirse en un mensaje público al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, la Vicepresidenta expresó: “El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de Casacion y la Corte Suprema de que me metan presa”.

“No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa”, subrayó.

Y agregó: “Eso si, a algunos Caputos de la vida no se les ocurre financiar bandas marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro, que es lo que quiere. Presa o muerta”, apuntó sobre el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre en las inmediaciones de su casa.

El Tribunal Oral Federal 2 condenó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del erario público con la obra pública en Santa Cruz.

“A mi inhabilitación perpetua y a estos los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dolares con el FMI, se pasean en los aviones de Clarín”, señaló la Vicepresidenta.

Fernández de Kirchner sostuvo que la condena en su contra no obedece a un “lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia”.

Y señaló que la “confirmación” de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, y sobre el cual el presidente Alberto Fernández hizo referencia ayer por cadena nacional.

Además, sostuvo que la condena por administración fraudulenta con la obra pública “estaba escrita” y planteó que “no es que fuéramos clarividentes, ni adivinos”, pero “si una causa en la cual un juez, el inefable (Julián) Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme”.

“Apareció una mujer con las características de gente que no es una mascota”, aseguró y afirmó: “Yo no soy mascota ni nunca voy a ser mascota del poder. No voy a mover la patita ni hacerme la muertita”, al citar una canción del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En esa línea, señaló que “la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos”, porque “condenan el modelo económico” del peronismo.

“El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos”, afirmó la Vicepresidenta.

Este martes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 dará a conocer el veredicto en la causa Vialidad en la que la principal acusada es Cristina Fernández de Kirchner. A continuación una síntesis de los puntos principales de la acusación que llevaron adelante los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola; y lo que argumentaron los defensores de la vicepresidenta de la Nación.

Qué dice la fiscalía

1. Cristina Fernández de Kirchner está acusada por los delitos de asociación ilícita agravada por su condición de jefa y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública en concurso real. El fiscal Diego Luciani pidió que se condene a la vicepresidenta a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas.

2. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, según la acusación de la fiscalía. “Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”, dijo el fiscal. Para Luciani “se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios”.

3. “Delinearon el plan con tanto detalle que crearon la empresa constructora que le daría continuidad a la maniobra” dijo en su alegato el fiscal Luciani y añadió: “Néstor Kirchner y Báez eran amigos íntimos. Lo admitió Cristina Kirchner en su indagatoria. No solo eran amigos, sino que eran socios comerciales. Está acreditado que Néstor y Cristina Kirchner eran socios comerciales de Lázaro Báez mientras se le concedían obras públicas millonarias. Se ha intentado ocultar esto que está acreditado.”

4. Según la acusación se otorgaron fondos injustificados a la provincia de Santa Cruz y las autoridades nacionales direccionaron las licitaciones para que ganara casi todas Lázaro Báez. El empresario incumplió casi todas las obras que se le adjudicaron y fue favorecido con fuertes aumentos de los precios originales. Para el fiscal Luciani sólo una obra mantuvo su precio original. En 50 de las 51 obras, hubo redeterminaciones de precios. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas” dijo. Según la fiscalía “esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías” y agregó “en 39 casos Báez logró 700 meses de prórrogas, algo así como 63 años. Y consiguió más de 1.500 millones de pesos en concepto de incrementos presupuestarios. Todo con un procedimiento ilegal”.

5. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola acusaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner de armar el plan “limpiar todo” antes de dejar el poder en diciembre de 2015. Para eso mostraron mensajes de Whatsapp del teléfono celular de José López secuestrado cuando fue detenido mientras intentaba ingresar bolsos con dólares y euros en el convento de General Rodríguez. “José atendeme un minuto. Gracias. Es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias!”, fue el mensaje que Báez le envió a López y que mostró la Fiscalía. Mostró otros, entre ellos, algunos que involucran a Máximo Kirchner, diputado nacional e hijo de la vicepresidenta, y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner. “Esos mensajes permiten dilucidar cómo fueron los últimos días del gobierno de Cristina Fernández y cómo desde la residencia de Olivos y la provincia de Santa Cruz coordinaron los últimos pagos de certificados que se le debían a Lázaro Báez y los despidos de sus empleados. Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono de las obras fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández”, dijo Luciani.

Qué dice la defensa de Cristina Fernández de Kirchner

1. La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que las decisiones relacionadas con la inversión pública son competencia exclusivamente de los organismos políticos y no existe ninguna norma que limite la forma en que deben distribuirse esos fondos. Por lo tanto al ser una decisión política no está sujeta al control del Poder Judicial. Asimismo, los fondos destinados a la provincia de Santa Cruz se justificaban por el déficit que tenía su red vial en el año 2003. Ninguna de las 51 obras adjudicadas a Lázaro Báez y que fueron investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria.

2. Para los defensores de la vicepresidenta quedó acreditado en el juicio que el proceso de elaboración de los proyectos de ley de presupuesto cumplió con todos los controles legales y financieros. Además afirmaron que la ley de presupuesto fue una de las más debatidas. Quedó probado en el juicio -según la defensa de Cristina Kirchner- que jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para que voten a favor de las leyes de presupuesto del período comprendido entre los años 2004 y 2015. Destacó también que los presupuestos correspondientes al período investigado fueron aprobados también por legisladores de la oposición.

3. Todos los ex Jefes de Gabinete durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner declararon bajo juramento que jamás recibieron instrucciones por parte de los ex presidentes para direccionar partidas presupuestarias con la finalidad de financiar obras viales de la provincia de Santa Cruz. Todos los testigos que declararon en el juicio, sin excepción, afirmaron que jamás recibieron de Néstor o Cristina Kirchner orden alguna para beneficiar a Lázaro Báez.

4. La Fiscalía jamás pidió una pericia que demostrara que se habían pagado sobreprecios en las obras. El único estudio pericial que se hizo fue a instancia de las defensas y el tribunal lo limitó sólo a cinco obras elegidas según criterios de los fiscales. La prueba incorporada a la causa tanto documental, pericial como testimonial demostró que las obras que registraban demoras eran debidamente justificadas. También quedó demostrado que no existieron deficiencias de construcción relevantes en las obras y que todo lo que se le pagó a las empresas de Lázaro Báez correspondía a trabajos efectivamente ejecutados. No se hizo ningún pago por obras no realizadas.

5. La supuesta reunión del día 30 de noviembre de 2015 entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez para diseñar el plan “limpiar todo” jamás existió. La noticia periodística que aportaron los fiscales no era del 30 de noviembre sino del 29 de ese mes. El 30 de noviembre de 2015, en el mismo momento en que según los fiscales Cristina Kirchner mantenía una reunión con Lázaro Báez, la entonces presidenta estaba participando de un acto en la provincia de Río Negro que fue transmitido en directo para todo el país. Asimismo, los mensajes extraídos del teléfono celular de José López -con los que la fiscalía trató de fundar su acusación- en realidad demostraron que López mantenía una relación mucho más que fluida con el amigo de Mauricio Macri, Nicolás Caputo; y también con otro importante empresario de la construcción aportante de Cambiemos en cuya casa vivía el ex secretario de obras públicas del Ministerio de Planificación.

Cinco de los 13 acusados en la causa Vialidad tendrán oportunidad este viernes de hablar por última vez ante el Tribunal que los juzga, en la última etapa del debate, previa al veredicto que se conocerá antes de fin de año.

Para ese día, desde las 9.30, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso las últimas palabras del dueño de «Austral Construcciones» Lázaro Báez, los exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional en Santa Cruz Mauricio Collareda y Raúl Daruich, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.

Las últimas palabras previas al veredicto no son obligatorias, por lo cual, en cada caso, el tribunal preguntará a los imputados si desean hacer uso de ese derecho en el debate que se realiza por videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

El cronograma dispuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini prevé que el martes 29 de noviembre tengan oportunidad de decir sus palabras finales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obras Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe y del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo, Nelson Periotti.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid-19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.

«Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas», sostuvo el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, al cerrar su alegato final con un reclamo de absolución en septiembre pasado,

Ese día, la Vicepresidenta también hizo uso de su derecho como abogada a ejercer su propia defensa y habló ante los jueces

«¿Yo impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado -replicó la expresidenta-. Me siento en estado de indefensión. Los jueces que me juzgan, un fiscal, son amigos y juegan al fútbol en la quinta de (Mauricio) Macri, otros iban a jugar con Macri a Olivos», cuestionó.

Además, sostuvo que la acusación fue una «fábula» montada para llevarla «de los pelos» ante la Justicia, que en la causa «se violó la Constitución nacional» y que los fiscales cometieron «prevaricato».

En un alegato, que se extendió por nueve audiencias y terminó el 22 de agosto último, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y seis años para el ex responsable del distrito 23 de ese organismo Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad en esa provincia Juan Carlos Villafañe.

Para otro ex responsable del distrito 23 de Vialidad, Raúl Daruich, y el expresidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP Raúl Santibáñez.

En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.