Senadores y Diputados de Juntos por el Cambio presentaron una interpelación para que saber si el Ministro del Interior recibió información sobre los sucesos de violencia registrados en Chubut.
Los Senadores de Chubut por Juntos por el Cambio, Ignacio Torres y Edith Terenzi, junto a los diputados Ana Clara Romero y Matías Taccetta, presentamos un pedido de interpelación para que el Ministro del Interior, Wado de Pedro, dé explicaciones sobre la falta de medidas tomadas por el Gobierno Nacional por la situación de Chubut tras aprobarse el proyecto de Zonificación Minera, que este martes fue derogado.
«Queremos saber si Wado de Pedro recibió información sobre los sucesos de violencia registrados en Chubut y si convocaron al Comité de Crisis para garantizar la seguridad y detener o evitar la escalada de violencia», escribió Terenzi en su cuenta de Twitter.
SOLICITAMOS INTERPELACIÓN AL MINISTRO DEL INTERIOR
Junto a @NachoTorresCH presentamos un pedido de interpelación para que el Ministro del Interior @wadodecorrido responda si existieron acciones concretas para proteger a los ciudadanos de #Chubut.
«Una grave situación política y social que vivimos en la provincia de Chubut, y donde no se han garantizando la integridad física de los chubutenses y su patrimonio», manifestó Romero en un tuit.
En el día de hoy presente en @DiputadosAR junto a @TaccettaMatias, y el acompañamiento de 15 diputados de mi bloque, un proyecto para que el ministro @wadodecorrido dé explicaciones sobre la falta de medidas tomadas por el Gobierno Nacional por la situación de Chubut. pic.twitter.com/nNYU9DnmHa
El intendente de Dolavon, se expresó a través de redes sociales y manifestó “Me duele en el alma ver como compañeros y compañeras de militancia han sido cómplices”.
“El acto más grave de violencia es el propiciado desde el estado, legitimado a través de acuerdos espurios, a espaldas del pueblo y rompiendo con el contrato electoral”, comenzó el intendente de Dolavon.
Ademas Bowen sentenció “No hay nada más alejado del peronismo que la aprobación de un proyecto que representa un saqueo de los recursos de nuestra provincia, que nos dejaría migajas, pasivo ambiental y no agregaría valor de ningún tipo”.
Al respecto expresó “Me duele en el alma ver como compañeros y compañeras de militancia han sido cómplices. No nos representan, tenemos una mirada totalmente distinta sobre los desafíos que nos exige el futuro y las demandas de nuestro pueblo”.
“Formo parte de una generación que concibe a la política de otra manera, con otras prácticas, con otra mirada del mundo que se viene”, consignó el intendente del Frente de Todos.
Para finalizar Bowen manifestó “Llegó el momento de construir un peronismo distinto, con caras nuevas, que no atrase, que represente a las mayorías y que este a la altura de las circunstancias históricas” y lo acompañó de #AbajoLaZonificaciónMinera #DerogaciónYa
A pocos días de asumir, el ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves se reunió con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Durante una conversación de casi una hora dialogaron sobre varios temas.
“Tenía un panorama más o menos claro de cómo estaban las fuerzas. Fue una reunión muy amena con el personal del Ministerio de Seguridad de la Nación“, expresó Das Neves al aire en la 100.1.
Dentro de la agenda con programas y tareas importantes en el ministerio de seguridad, se habló sobre una de las falencias más importantes que tiene la provincia hoy en día “Tiene que ver con el tema de movilidad y fue lo primero que se habló”, en este sentido Das Neves anunció que “va a estar incorporada la entrega de móviles, desde Nación y serán entre 20 y 25 vehículos”.
También se refirió al accionar en la provincia con presencia policial en las situaciones de violencia y usurpaciones en la Provincia. “Vamos a trabajar mancomunadamente con Nación. Aquel que venga a nuestra provincia a ejercer violencia o a usurpar vamos a actuar“. De esta manera, hizo referencia sobre futuras capacitaciones para la fuerza.
“Hablamos muchísimo en el trabajo que tenemos para adelante. La idea del Ministerio de Seguridad es pronto visitar la provincia” finalizó el Ministro de Seguridad de Chubut.
En la primera audiencia del juicio en Tucumán, el padre de las víctimas y un familiar relataron la terrible escena que encontraron en la casa donde ocurrieron los hechos.
Este jueves se llevó a cabo en Tucumán la primera audiencia del juicio a Nadia Fucilieri, la enfermera y obstetra acusada de haber degollado con un bisturí a sus hijos, de dos y cuatro años, para “causarle sufrimiento” a su expareja y padre de las víctimas en 2017. Pero aunque tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos, la imputada eligió el silencio.
El mutismo, en realidad, no fue literal sino solo en relación a los crímenes por los cuales está siendo juzgada. Según publicó el diario La Gaceta, cuando la jueza le preguntó si le pasaba algo, Fucilieri estalló en un llanto agudo y a los gritos le respondió: “¡Es que me da asco lo que dice!”.
La intervención de su abogado defensor fue lo único que logró finalmente calmar a la acusada, que en ningún momento miró de frente a su expareja, Aldo Martínez. “Voy a hablar en otro momento”, fue lo último que dijo Fucilieri, antes de que el letrado tomara la palabra en su lugar y le explicara a la magistrada que su clienta estaba “descompensada”.
Un médico presente en la sala revisó a la imputada y manifestó que se encontraba con la presión arterial baja, diagnóstico que confirmó después un enfermero del servicio 107, por lo que Fucilieri contempló en silencio el resto de la jornada custodiada permanentemente por una oficial de Homicidios.
“Nadia era como que le tenía celos a los chicos”
“Para mí fue la mejor noticia del mundo que venía a este mundo Marceliano. Para ella, la peor”, dijo a su turno Martínez, padre de los chicos asesinados y expareja de Fucilieri. Y se lamentó: “Los chicos eran el motor de mi vida. Trabajaba pensando que todo lo que yo generaba sería de ellos. Para ella, en cambio, los chicos era un problema porque no pudo terminar con sus sueños”.
Martínez habló durante 40 minutos sobre lo ocurrido hace cuatro años. “Ella era como que le tenía celos a los chicos. No soportaba la relación que yo tenía con ellos, especialmente con Pía, que era mi debilidad”, afirmó el hombre. Después, recordó una entrevista que tuvo en un colegio donde quería inscribir a su hijo, y le pidieron al nene que hiciera un dibujo.
“Él la dibujo a su mamá muy chiquita, alejada. Ahí me di cuenta de que algo malo estaba sucediendo con la relación de mis hijos. Intenté pedir ayuda, pero no logré ningún cambio”, confesó.
En enero de 2017 la tragedia ya había empezado a escribirse sin que él pudiera todavía imaginar semejante final. A partir de una discusión en la que él le reprochó el estado de abandono de sus hijos y le arrojó la gaseosa que tenía en un vaso en la cara, Fucilieri lo denunció por violencia de género y logró que le dictaran una prohibición de acercamiento. Nunca más pudo volver a ver a los chicos.
“Fueron ocho meses de angustias. Fueron ocho meses de no tener ninguna respuesta de la justicia porque ella nunca quiso arribar a ningún acuerdo. Cambiaba de abogados cada rato y demoraba todo. Volver a ver a mis hijos después de ocho meses en la morgue. Ahí me di cuenta cuánto habían crecido en todo ese tiempo”, se lamentó.
El caso
Entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de octubre de 2017, en la casa de la calle Santa Fe al 1800, Fucilieri compró en la farmacia los elementos que necesitaba y después se dirigió a la habitación de sus hijos.
La primera víctima fue el mayor, Marcelino, de cuatro años. A la nena de dos, Pía del Rosario, la atacó en segundo lugar y según trascendió en ese momento la menor estaba dormida. Unos minutos antes se había tomado la molestia de escribir una nota para su expareja.
“Hijo de puta, ahora vas a sentir culpa… Vas a pagar por cada gota de sangre derramada por tus hijos… No vas a vivir tranquilo nunca… Ni vos ni tu familia”, había escrito.
La obstetra fue imputada por doble homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por la finalidad ulterior de causar sufrimiento a su expareja. El tribunal encargado de resolver sobre su futuro está integrado por los jueces María Fernanda Bähler, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica.
El acusador terminó acusado esta semana ante el Consejo de la Magistratura de “maltrato y violencia de género” por una dependiente suya: la fiscal Florencia Gómez, que se cansó de su destrato y de su falta de respeto, inclusive delante de otras personas, y el escandalo le terminó explotando en la cara al procurador General Jorge Miquelarena, quien al parecer no hizo nada –porque no quiso o no supo– para resolver el conflicto.
El fiscal denunciado es Fernando Rivarola; el del caso de la “violación en manada” de playa Unión, que llegó a decir que los abusadores habían tenido “un desahogo sexual” por lo que lo criticaron severamente y hasta le pidieron la renuncia desde distintos sectores de la sociedad.
También es aquel al que le iniciaron una causa federal por supuesto “espionaje ilegal” cuando prestaba funciones en Esquel; un proceso que hace poco quedó desestimado y él absuelto sería el mismo funcionario al que trajeron a Rawson trasladado de la ciudad cordillerana porque allí habría tenido problemas aparentemente de maltrato hacia sus empleados, en hecho de los que no se supo si fueron denunciados o no.
La denunciante de Rivarola es la doctora Florencia Gómez –fiscal de Rawson–, quien habló en estos términos con este diario respecto de la presentación que realizó contra su jefe en el Consejo de la Magistratura: “Soy educada, jamás le falto el respeto a nadie y exijo entonces que se me trate como corresponde”, sostiene la fiscal quien se tomaría unos días de licencia a la expectativa de qué va a hacer Miquelarena, si va a apoyar al denunciado –como se está diciendo—o actuará respaldando a la fiscal Gómez, como debería ser.
Florencia Gómez al hablar en las últimas horas públicamente de su denuncia contra Rivarola contó que él constantemente desmerecía su trabajo, lo desprestigiaba y que no la trataba como a un par. Explicó que los maltratos y la violencia contra ella empezaron en enero de 2019 ni bien Rivarola llegó al Ministerio Publico Fiscal de Rawson trasladado desde Esquel, en donde también habría tenido problemas con los empleados.
“No hubo nada en particular, simplemente los malos tratos y los hechos de violencia empezaron a surgir y fueron delante de compañeros. Hay gente que en la denuncia aparece como testigos de estas situaciones que me tocó vivir”, contó la fiscal Gómez.
“Lamento haber tenido que llegar a esta situación, de tener que denunciarlo”, se lamentó y sostuvo: “Porque hubiese sido mucho más próspero para nuestro trabajo el que esta persona hubiera cambiado su actitud conmigo”.
Más adelante, al finalizar la entrevista dijo que el procurador Miquelarena no la había llamado todavía y que sí lo habían hecho varias personas de distintos lugares. “Mujeres que se solidarizaron conmigo (sobre todo) y que ahora se van a empezar a animar a hacer las respectivas denuncias (…) Yo soy una persona educada, que jamás le falto el respeto a nadie, y entonces estoy exigiendo que se me trate como corresponde, nada más. No estoy exigiendo que se me trate diferente, quiero que se me trate como persona y como mujer. Que se me respete”, concluyó Florencia Gómez.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut denuncia violencia de género por los dichos del funcionario contra la Jueza Mirta del Valle Moreno.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut publicó una nota de repudio a las expresiones del Ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien hizo declaraciones en LaCienPuntoUno en contra de la Jueza Mirta del Valle Moreno por su accionar en la detención de dos personas en Trelew el viernes 10 de septiembre.
La Jueza e integrante de la Asociación de Magistrados, Carina Estefanía, declaró que «no es la primera vez que el ministro expresa manifestaciones en contra de quienes han tenido que tomar decisiones concretas. En esta oportunidad ha traspasado los limites».
«Se dirigió con muchos insultos hacia la jueza. Prefiere insultar a la magistrada por los medios, olvidándose de la prudencia y de los valores éticos. Se advierte un ataque con respecto a una magistrada, corresponde a una violencia de género, está interfiriendo con los mecanismos de la justicia», agregó.
Por último, Carina Estefanía indicó que «cada vez que hay una decisión judicial que no le gusta a Massoni actúa así».
Este sábado se realizó en Bariloche el Encuentro Provincial de Mujeres Evita, en el que se compartieron experiencias de trabajo en las distintas localidades de la provincia. La actividad se realizó en el SOYEM, con una fuerte participación de promotoras territoriales en género, que se constituyen como sujetas esenciales en la prevención y erradicación de la violencia de género.
El encuentro, que reunió a la militancia de toda la provincia, tuvo como figuras principales a la diputada nacional Ayelen Spósito, secretaria de Salud del Movimiento Evita a nivel nacional, y a Silvia Horne, diputada nacional mandato cumplido, integrante de la mesa nacional del Movimiento Evita y asesora de la Secretaría de Agricultura Familiar. Indígena y Campesina. También se designó por decisión de todas las presentes a Marcela Campos como responsable de Mujeres Evita de Bariloche.
“Estamos en los barrios rionegrinos construyendo feminismo popular, para alcanzar una sociedad más igualitaria. Somos las que tejemos redes, sostenemos, escuchamos y acompañamos a las mujeres y disidencias en los barrios rionegrinos”, afirmó la diputada Ayelen Spósito de su discurso de cierre del encuentro.
“Avanzamos construyendo poder popular, transfeminista y organizado. No hay justicia social, sin feminismo popular. Las mujeres evita debemos ocupar más espacios de poder, las bancas de los concejos, de las legislaturas, las intendencias, no por el solo hecho de ser mujeres sino porque tenemos la capacidad para conducir y transformar nuestra sociedad”, destacó la diputada rionegrina.
Finalmente, Spósito sostuvo que en cada lugar de la provincia que recorre “hay compañeras unidas, organizadas y empoderadas, esa es la construcción del Frente de Mujeres del Evita”.
La manifestación se realizó este viernes, a 3 meses del caso del vecino de Las Golondrinas “Tino” John. Se repasaron casos emblemáticos de Trelew y se escucharon testimonios. Hubo una intervención artística frente a la Unidad Regional.
La manifestación se realizó este viernes por la tarde en Trelew, partiendo desde la peatonal Gazín. La convocatoria fue hecha por la Comisión Contra la Impunidad que denunció “la violencia institucional y el gatillo fácil” en Chubut, a 3 meses del caso de Alejandro “Tino” John.
Previo a marchar hubo una lectura de documentos y el primero en hacer uso de la palabra fue el vecino de barrio INTA, Gabriel Fredes, quien recordó el episodio que vivió en 2020 en la puerta de su casa, cuando desde una combi de Infantería lo balearon con postas de goma. Por ese hecho 6 policías se encuentran imputados.
Posteriormente también se escucharon testimonios de otras varias víctimas de violencia policial, principalmente jóvenes de la Ciudad que relataron haber sido detenidos cuando circulaban por la ciudad, golpeados y luego hostigados por efectivos de la policía.
En tanto, también participaron del acto, las 4 personas que el lunes comenzarán a ser juzgadas por el incendio de Legislatura y Casa de Gobierno, entre ellos el dirigente de ATECH, Santiago Goodman.
Expresaron que el caso fue armado y recordaron que ese día, donde se registraron los incidentes en Rawson, habían fallecido 2 docentes en un hecho vial en la Ruta Nacional Nº 3, cuando regresaban de una manifestación en la Capital provincial.
Posteriormente, bajo el lema “¡Basta de gatillo fácil! ¡No queremos ni un pibe menos. No queremos ni una piba menos!”, se desarrolló la marcha que recorrió el centro de la ciudad, realizando intervenciones artísticas frente a la Unidad Regional y Tribunales.
Finalmente, en la Peatonal Gazin, se leyó una carta enviada por Claudia Basso, la pareja de “Tino” John, el vecino de Las Golondrinas, asesinado en mayo pasado por el GEOP.
Los casos de violencia policial en Chubut ocurren hace más de una década. El abuso amparado por el sistema judicial, cae sobre las poblaciones más desprotegidas económicamente. En Trelew: el Barrio Inta, que tiene servicios y casas de material. O el barrio Moreira, más precario todavía. “Son barrios militarizados en forma permanente, hace tiempo, pero la violencia recrudeció en pandemia» afirma la concejala Mariela Flores Torres.
“Desde 2010 comenzaron a llegarnos casos de toda la provincia”, sostiene la consejala. En de Julián Antillanca es emblemático. En 2010, Julián, de 19 años, fue encontrado sin vida frente a un boliche. Trascendió un coma etílico, pero había dudas. “Su padre abrió el cajón y vio golpes y heridas. Porque a Julián lo mató la policía, a golpes”, sostiene la funcionaria. Ella ya integraba la secretaria de DD.HH. de la CTA Autónoma. Desde ahí instalaron “la contra versión” y se pudo llevar adelante un juicio por este asesinato.
El juicio, en 2012 absuelve a los imputados. El caso va a la Corte Suprema. “Pero eso abrió otro caso, de ‘apremios ilegales’ contra los hermanos Aballay, testigos del caso Antillanca”. En 2015, en el segundo juicio los culpables del asesinato de Julián son condenados a perpetua. Pero entre 2012 y 2015 los hermanos Aballay son asesinados.
Maxi Almonacid tenía 16 años cuando fue torturado por la policía, en 2012. En un juicio muy mediatizado, exponiendo a la víctima, los culpables son absueltos. Pero en 2015 el caso también llegó a la Corte Suprema, y tuvo condenas por torturas. Las dos sentencias absolutorias corresponden a personal de la Comisaría Segunda, en Trelew. La llaman «la comisaria de la muerte». Los imputados de ambos son condenados en segundos juicios.
En 2013, el 19 de septiembre, Angelo Vargas apareció ahorcado en la Comisaría Segunda. Se caratuló “muerte dudosa”. Su madre, Ema Álvares, hoy preside la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut, que integra también Flores Torres.
En los antecedentes históricos está el caso de Ivan Torres, de 26 años, detenido por la policía en Comodoro Rivadavia en 2003. Desde entonces está desaparecido. En 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por su desaparición y ordenó investigarla. En 2016 se condena a un comisario y otro policía, por esta desaparición, pero otros fueron absueltos. Se ha ordenado un nuevo juicio.
La represión policial contra las comunidades indígenas suma los casos de cuatro jóvenes mapuche desaparecidos, sin que policía y justicia los hayan investigado. Todos peones de campo y con problemas con sus patrones: Reimundo Pino (2011), Genaro Calfullanca (2013), su hermano Cristian Calfullanca (2013), y el primo de Reimundo, Narciso Pino (2020). Los jóvenes Pino integraban la Comunidad Los Pino que se opone a la megaminería, y es una de las comunidades que promovió el amparo –en vigencia–, que limita el tratamiento del tema en la legislatura sin previa consulta indígena.
En Esquel, este el 28 de mayo, Tino John, una de las personas afectadas por los incendios de final del verano, fue víctima de un episodio de violencia policial, al evidenciar el brote de un trastorno psiquiátrico. Similar a lo ocurrido con Chano Charpentier. La policía entró a su casa, ató a su esposa a una silla y a él “murió por un balazo en la cabeza”. Quienes llevan el caso reclaman que estén en la investigación la misma policía y el mismo fiscal “que provocaron y avalaron el asesinato”.
El recorrido cronológico evidencia que el problema es provincial. “Es ‘normal’ que la policía golpee sin motivos, y que los detenidos sean maltratados”, detalla el abogado Juan Manuel Salgado. “Lo he visto mientras era defensor oficial, y pese a las denuncias, los fiscales no avanzaban”, refiere Salgado. El impacto público de estos hechos puede motivar acciones de reparación social: “La justicia es nuestra única opción”, subraya.
La causa se inició con un sumario interno. Hay un solo agente imputado por haber golpeado a un detenido que estaba esposado.
La jueza penal Mirta Moreno autorizó la constitución de querellante del área de violencia institucional de la defensa pública en una causa que se inició con un sumario administrativo a un policía.
El hecho ocurrió en la comisaría primera de Trelew y tiene la particularidad de que la investigación del caso se inicia a partir de las actuaciones de la propia fuerza policial, en la cual, al menos cinco efectivos policiales declararon haber visto al imputado cuando golpeaba a un joven detenido y esposado.
En la audiencia realizada este miércoles en los tribunales de Trelew, los Dres. Carlos Pericich y Alejandro García, del área de violencia institucional de la defensa pública se presentaron como querellante en la causa, sin que existieran oposiciones a tal pedido por parte de la Dra. Verónica Fabbris, funcionaria de fiscalía, ni tampoco de la defensora pública Romina Rowlands, quien representa al imputado.
La causa, caratulada como “División Asuntos Internos s/investigación ref. apremios ilegales – Trelew” tiene como imputado al policía Matías Santana, en tanto que la víctima es Maximiliano Pulgar.
Según se indicó durante la audiencia, en la mañana del 18 de mayo de 2018 el policía Bruno Matías Santana, que por entonces cumplía funciones en el traslado de detenidos, ingresó a la sala de requisas de la comisaría primera de Trelew donde se encontraba esposado Pulgar a la espera de ser llevado a los tribunales.
En ese contexto, Santana aplicó un golpe de puño sobre el rostro del detenido, provocando el sangrado de la región nasal, situación que fue advertida por al menos tres agentes más que se encontraban allí.
Uno de los policías que observó la situación fue quien denunció el hecho, lo que dio lugar al inicio de investigaciones preliminares y la apertura de un sumario administrativo que derivó en esta causa penal.
