La Fiscal General Camila Banfi Saavedra que lleva adelante las investigaciones sobre el caso de las 81 Viviendas de Barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia, solicitó a la Honorable Cámara de Diputados del Chubut, información existente en la casa de las leyes.
Mediante un oficio dirigido al Presidente de la Legislatura, Escribano Mariano Arcioni, le solicita tenga a bien remitir al Ministerio Publico copia certificada de los informes que fueran recibidos en la legislatura a consecuencia de las Resoluciones N° 017/16-HL y N° 216/16 HL.
Por los instrumentos mencionados, en su momento Diputados habían pedido al IPV Chubut información tal como listado de beneficiarios de viviendas otorgadas por el Instituto correspondiente a los últimos 12 años, ordenado por titular y co-titular y zona geográfica y procedimientos utilizados para la adjudicación de las mismas.
La documentación arribada a la Legislatura, y que ahora solicita la Justicia Provincial, tiene además los nombres de las Autoridades responsables de las adjudicaciones en las distintas etapas, y la respuesta del IPV al informe sobre si se encuentra en vigencia la Resolución N° 1044/91 y el Decreto N° 169/16, y las fotocopias de las publicaciones realizadas en Diarios de la Provincia donde se dio a publicidad las listas de los pre adjudicatarios y el veinte por ciento (20 %) de suplentes, de los diferentes planes de viviendas entregadas desde año 2004 y hasta el 31 de agosto de 2016.
La Fiscal Banfi Saavedra había solicitado recientemente ampliación del plazo para la presentación de pruebas, lo cual ocurrió y se prorrogó hasta el 26 de febrero de 2017. El pasado 26 de mayo se había realizado la apertura de la investigación que involucra al ex delegado del IVP Zona Sur, Abel Reyna, y siete empleados del organismo, entre los que se encuentran Darío Acosta, Ana Caro, Raquel Antimilla, Fabiana Onieva, Alejo Recalde, Claudia Leonori y Vanesa Crosoli Medina.
Los imputados según la fiscalía formaron parte de una asociación entre diciembre de 2011 y octubre de 2014. La existencia y finalidad de la misma consistía en montar una estructura destinada a efectuar de manera ilegal la pre adjudicación y adjudicación de distintos inmuebles construidos por el IPV -específicamente el plan 81 Viviendas del barrio Ciudadela- a personas que no reunían los requisitos de la normativa vigente, como así también favorecerse ellos mismos y sus familiares.
Hace seis meses la fiscalía afirmaba que se cobraban coimas de entre ochenta y cien mil pesos, y también la Fiscal Banfi mencionó el otorgamiento de viviendas a cambio de favores sexuales.
La justicia en la investigación de las 81 viviendas de Comodoro Rivadavia según trascendió pretende hacer un entrecruzamiento de información entre la documentación que en su momento el IPV Chubut remitiera a Diputados, y la que profusamente han obtenido en la tarea de la Fiscalía, antecedentes que hasta podrían derivar en otras causas sobre la problemática habitacional del Chubut y la responsabilidad del IPV Chubut y sus autoridades.
Por Luis Dupuy