La Dirección de Migraciones instruyó a los jueces para dar la lista completa de condenados por delitos graves; deportarán de inmediato a aquellos con causas y se impedirá el ingreso a los extranjeros con antecedentes penales.
El Gobierno decidió avanzar esta semana en la instrumentación del decreto que contempla la expulsión del país de los delincuentes extranjeros que hayan cometido delitos de gravedad como la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas, el terrorismo o el abuso sexual.
Con el aval que le dio el Congreso al decreto 70/2017 que firmó Mauricio Macri en enero, la Dirección de Migraciones que encabeza Horacio García ya se puso en contacto con todos los jueces del país para que elaboren un listado de aquellos extranjeros con condenas por delitos graves. Así, se buscará deportar a sus países en forma inmediata a aquellos extranjeros que estén contemplados en los siguientes puntos del decreto presidencial:
1- El residente que hubiese sido condenado, en la Argentina o en el exterior, aunque dicha condena no se encuentre firme, respecto de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.
2- El residente que hubiese sido condenado, aunque dicha condena no se encuentre firme, respecto de delitos distintos a los enumerados en el inciso b) y que merezcan para la legislación argentina penas privativas de la libertad.
3- Aquellos extranjeros que con la finalidad de obtener un beneficio migratorio o la ciudadanía argentina se hubiese articulado un hecho o un acto simulado o éste hubiese sido celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento o se hubiese presentado documentación material o ideológicamente falsa o adulterada o hubiese omitido informar sobre la existencia de antecedentes penales.
Según cifras oficiales, se estima que hay un 26% del universo de presos del Servicio Penitenciario Federal que son extranjeros. La intención del gobierno es identificar además aquellos que tienen condenas pero que por el fárrago legal siguen libres y se les podría expulsar de inmediato.
Para poner en marcha en lo inmediato este proceso de expulsiones, la Dirección de Migraciones también aclaró a los jueces que están obligados a informar sobre los delincuentes extranjeros que tengan causas en sus juzgados. No sólo esto. También la Dirección de Migraciones instrumentó un sistema informático para que el Registro Nacional de Reincidencias transfiera a la base de datos de Migraciones en forma automática los antecedentes penales de todos aquellos extranjeros que vayan a realizar trámites de radicación de ciudadanía.
«No se trata de una política persecutoria sino de seguridad. La Argentina sigue siendo un país con una política migratoria receptiva de los inmigrantes y una muestra de esto es que las radicaciones de extranjeros en el país crecieron sustantivamente en los últimos meses», dijo a Infobae un destacado funcionario de la Casa Rosada.
En la estrategia de poner en marcha cuanto antes el mecanismo de expulsiones de delincuentes extranjeros,el Gobierno también avanzó en los últimos días en acuerdos de intercambio de información con oficinas de migraciones de China, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Colombia. De hecho, por ejemplo, la Dirección de Reincidencia de Uruguay cerró un acuerdo con la Argentina para transferir sus bases de datos. Esto permitirá que antes de ingresar al país un extranjero que tiene antecedentes penales se le impida ingresar a la Argentina. El mismo mecanismo se aplicó con la base de datos de Interpol que está en linea con todos las oficinas de Migraciones de la frontera y los aeropuertos del país para transferir desde la casa central de Lyon la información de aquellos extranjeros con antecedentes penales. Según datos oficiales, en el último año fueron detenidos en la Argentina 148 extranjeros gracias a la base de datos aportada por Interpol.
En su momento, el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que el decreto migratorio es una iniciativa consensuada con el sector «más importante» de la oposición y busca agilizar la expulsión de delincuentes de otros países. De todas formas, llovieron críticas al gobierno de los organismos de derechos humanos. También hubo quejas de Paraguay y Bolivia por el caracter «persecutorio» de la norma firmada por Macri.
De hecho, el gobierno prepara un informe para elevar en los próximos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para fundamentar su decisión de modificar la ley de migraciones y endurecer su política hacia los delincuentes extranjeros.
En el gobierno explican que el decreto 70/2017 busca ser «profundamente restrictivo con los ciudadanos que delinquen», pero aclaran que «no avanza hacia el resto de los inmigrantes, ni siquiera aquellos que hayan entrado al país de manera irregular».
Infobae
