El pedido de informes solicita, entre otras cuestiones, que «el Poder Ejecutivo ratifique, o rectifique fundadamente, la situación hecha pública en su edición del día 17 de octubre de 2017 por Diario El Chubut, en la que da cuenta del pago de casi 40 millones de pesos en sueldos a docentes que habían dejado de dictar clases».
Según adelantó el propio Grazzini, «es necesario saber si se le ha causado un perjuicio de tamaña cuantía al Estado chubutense, y si se está investigando de manera interna, o directamente por vía judicial, para determinar responsabilidades de funcionarios y agentes de la Administración Pública Provincial en esos presuntos pagos indebidos».
«Si así fuera, es necesario saber cuál es el mecanismo o proceso que piensa poner en práctica el Poder Ejecutivo para la recuperación de ese dinero, el que, en el marco de la actual crisis económica, resultaría muy necesario para la prestación de otros tantos servicios a los que debe hacer frente el Estado, como la compra de insumos para el sistema de salud o hasta el combustible para móviles policiales», remarcó el legislador.
«De haberse producido un perjuicio semejante, es necesario saber también qué piensa hacer el gobierno con los responsables de esta situación, porque hay responsabilidades en cuanto a lo económico, pero también en lo penal.
Resulta difícil de comprender que hayan salido del Ministerio de Economía casi 40 millones de pesos por error, y que luego no vayamos a tener responsables», continuó diciendo el diputado José María Grazzini.
Finalmente, también adelantó que «pedimos que nos confirme si el sistema informático utilizado para la liquidación de sueldos al personal dependiente del Ministerio de Educación, resulta adecuadamente funcional en lo operativo, sobre todo cuando se registran bajas en las plantillas de personal», concluyó el legislador del Partido Justicialista.
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