El Presidente del Banco del Chubut Julio Ramírez, se reunió esta mañana con representantes de las cámaras de comercio y empresariales para explicar la instancia actual de la puesta en funcionamiento de los bonos provinciales con los que se abonarán las deudas contraídas con los proveedores del Estado y anticipó que a fines del mes de agosto se podría concretar la primera entrega de los títulos públicos.
En la reunión estuvieron presentes los representantes de las cámaras de Rawson, Larrauri Oscar; de Puerto Madryn, Pablo Tedesco y de Trelew, Rubén Villagra, en tanto que el resto de las cámaras empresarias estuvieron representadas por el titular de la Federación Empresaria Chubutense, Carlos Lorenzo.
Por parte del Banco participaron junto al presidente, los directores Dante Mario Corchuelo Blasco y Rubén Despo, el síndico Rodrigo Gaitán y el Gerente General, Carlos Ravenna.
“Finalizamos los convenios para que el Banco lo trabaje en conjunto con economía y pueda implementarlo, asi que hoy reunimos a las cámaras para informar a los representantes de los proveedores y hacerles saber en qué instancia estamos trabajando” expresó Ramírez.
En cuanto a los plazos, detalló que el próximo paso clave es que el ministerio de Economía de la provincia obtenga por parte del Ministerio de Hacienda de la Nación la autorización correspondiente «para luego gestionar la autorización ante el Banco Central y poder estar cuanto antes en el mercado” por lo que estimó que “a fines de agosto vamos a estar entregando ya los títulos”.
El ministro de Economía, Alejandro Garzonio, informó a la prensa que en el día de hoy “ya se hizo la publicación en los medios oficiales para que cada proveedor o acreedor ingrese a través de la página de rentas y llene los formularios que hacen a la verificación del trámite” por lo que instó a los interesados a cumplir con ese primer paso.
Por su parte al finalizar la asamblea de accionistas el Subsecretario LuisTarrío indicó que la implementación del bono “nos parecía sencillo al principio, pero realmente dotar a la provincia de un título público que tuviera respaldo, que no significara un papel que pierde valor en el tiempo, implicó muchos estudios y reuniones entre los equipos técnicos” explicó.
Tras remarcar que “fue un trabajo denodado” Tarrío explicó que el tiempo demandado fue inevitable “para poder definir un solo y único criterio de interpretación de la ley” y destacó que este bono “viene a solucionar un problema que tenía la provincia con muchos de sus proveedores, algunos de los cuales tienen deuda para cobrar desde el año 2012 o 2013”.
No obstante, el funcionario provincial admitió que la implementación requiere sortear obstáculos por parte de los interesados y del Estado. En principio los proveedores “también enfrentan un inconveniente porque muchos de ellos no han facturado los bienes o servicios que prestaron. Eso lo tienen que canalizar a través de la contaduría general, que será la que apruebe o desapruebe el pedido de cobro” señaló el funcionario.
Además puso énfasis en que “muchos de los funcionarios que ocupaban esos cargos ya no están en funciones y los funcionarios actuales deberán tomar esa responsabilidad para confirmar o no que esos proveedores hayan trabajado para la provincia”.
