Marcos Nápoli, uno de los fiscales de la causa Revelación, indicó que trabajan en la últimas 5 imputaciones de empresarios, adelantó que la acusación se presentaría en marzo y el juicio iniciaría a fines de 2019. Subrayó que “las listas de Luthers son reales” y aclaró que Raquel Di Perna no será imputada en esta causa pero que investigan por separado el patrimonio de la familia Das Neves al igual que la gestión de Martín Buzzi. Adelantó que habrá más Probation.
El fiscal Marcos Nápoli, detalló a RADIO 3 que en el marco de la causa Revelación, en las próximas semanas se procederá a la imputación y apertura de investigación de los últimos 5 empresarios. “En base a la información que hemos recabado, podemos ponerle un cierre a las aperturas de investigación”, tras esta audiencia.
Nápoli puntualizó que “esto tiene como objetivo que el caso tenga una terminación en algún punto y no se habrá un espectro que no podamos manejar. Es importante saber a dónde vamos”, subrayó. Indicó que al momento la causa posee 28 empresarios y 10 funcionarios imputados.
Según consideró el fiscal, “esto hace prever que tendremos un juicio de proporciones siderales. No visto de antemano en la Provincia”. Recalcó que la causa ha sido considerada como “compleja” por lo cual se extiende el plazo a 5 años, para realizar el proceso en su totalidad.
Respecto a estos nuevos empresarios imputados no dio nombres ya que sostuvo que no estaba seguro que los mismos estuviesen notificados. Lo sí confirmó es que “hemos presentado escritos -y- si la audiencia no es la semana que viene va a ser la otra, no puede demorar mucho más”.
En este marco, adelantó que la audiencia preliminar, la audiencia intermedia, “será el año que viene. Estamos abriendo las últimas imputaciones para poder escribir las piezas acusatorias, que se presentaran antes de marzo”, sostuvo Nápoli.
Detalló que el escrito acusatorio “va a tener más de 300 fojas, más de 100 testigos e innumerable cantidad de objetos secuestrados. (Por ello) tenemos que tratar que nada se escape y no equivocarnos en las calificaciones jurídicas”.
Según estimó, las audiencias preliminares se realizarían en abril o mayo para llegar al juicio a mediados de septiembre u octubre.
Explicó así que “la investigación está agotada”, ya que en este caso “una investigación penal, es un estudio en retrospectiva, hechos que pasaron. Estamos en la parte final, llegamos a comprender como era esto, la magnitud que tenía, el daño que se provocó y la desesperanza de no tener la ciencia cierta si esto se va a terminar”, reconoció.
Consultado sobre el monto del perjuicio, no precisó una cifra aunque indicó que “tenemos como parámetro la coima que se pagaban”, los cuales se corroboran en “los cheuques secuestrados, las listas de Luthers, los testimonios tomados y las pericias realizadas sobre efectos informáticos”.
Estos elementos “nos dan un parámetro de lo que pagó cada empresario, ese es el daño que estimamos que se probó”. En este marco consideró que “esta coima se agregaba en el plexo licitatorio, se agregaba de antemano. No creemos que esto salía del bolsillo del empresario, sino que salía del Estado”.
Señaló así que “la cartelización de la obra pública o sobrevaluación debería ser otra investigación y debería hacerse en algún momento. Esa ha provocado mayo perjuicio en términos económicos y de normas éticas”.
Investigaciones sobre la familia Das Neves y la gestión Buzzi
En otro tramo del diálogo, Nápoli se refirió a las planillas de Luthers. “Hemos investigado casos en particular. Las planillas de Luthers son reales, existen. Los montos son los que están en las planillas. Estas nos permitieron tomar a las personas, y su entorno patrimonial, que mayor dinero cobraban”, explicó.
“Iniciamos la investigación por enriquecimiento ilícito de (Diego) Correa y (Gonzalo) Carpintero, ya que según la planilla cobraban un millón de pesos por mes; o la señora Raquel Di Perna que cobraba $ 500 mil por mes”, señaló.
Reconoció que “es difícil tomar toda la planilla y verificar cada estado patrimonial, porque no es de la persona sola, sino del entorno familiar, amigos o testaferros. Por ejemplo, en la de Carpintero estamos apuntando a investigar este caso porque se ha diversificado sustancialmente el objeto investigativo, porque van apareciendo cosas y personas”, dejó trascender.
Explicó así que “el patrimonio de la familia Das Neves es investigado, pero no tenemos el tiempo para hacerlo de la manera veloz que nos gustaría. Vamos en la medida de lo que podemos”.
Aclaró que “Raquel Di Perna no va a ser imputada en Revelación”, pero “hemos apartado la investigación de la familia Das Neves en particular, más allá de que en su momento Pablo y María Victoria eran funcionarios. Hemos apartado la investigación de Revelación para tener mayor facilidad en el análisis de la documentación, porque si no se confunde mucho el terreno”.
Añadió que “lo mismo hemos hecho con la gestión de Martín Buzzi. No hemos dejado de mirar para atrás. Estamos tomando pesquisas de investigación sobre la gestión anterior a Mario Das Neves -donde según el fiscal, se actuó- con el mismo modus operandi de esta asociación ilícita que nace en diciembre de 2015”.
Adelantó mas probation
Finalmente, el fiscal adelantó que habrán más Probation en la causa. Explicó que “el éxito de un debate oral y público se cierne en la base de tener posibilidades ciertas, lo que implica administrar los recursos de un modo correcto”.
En este marco, “esto es que podamos impulsar a 9 o 10 funcionarios públicos, que los empresarios paguen los costos en términos de reparación; pero que se apuntale a penalizar la conducta de los funcionarios -para quienes- les vamos a requerir una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.
“Seguramente habrá más Probation”, confirmó. Respecto a la otorgada a los empresarios Patricio Musante, Ignacio Salaberry, Oscar Peña y Esteban Torraca, Nápoli adelantó que “el Superior Tribunal ha rechazado el pedido de impugnación del diputado (Eduardo) Conde y el doctor (Eduardo) Hualpa. Con lo cual esto quedó firme”.
Aseguró que con este beneficio no quedan desvinculados del proceso, “quedan vinculados porque quedan a prueba, deben cumplir pautas de conducta, la comisión de cualquier otro hecho provocaría que se reabra el caso y que la condena sea de efectivo cumplimiento”, concluyó.
