La Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), que opera la planta de saneamiento de la ciudad rionegrina, volcó al lago Nahuel Huapi millones de litros de efluentes cloacales sin tratar con el fin de realizar tareas de mantenimiento en sus instalaciones, ubicadas frente al espejo de agua. Los vertidos, estimados en unos 25 millones de litros por día, comenzaron el lunes e iban a durar 72 horas, pero hoy la Justicia los frenó.
El problema de la contaminación con materia fecal en el lago no es nuevo y de hecho el año pasado el Parque Nacional Nahuel Huapi prohibió que los vecinos y turistas se bañen en una zona de sus costas. Además de los estudios que en el pasado detectaron la presencia de metales pesados, el principal conflicto gira en torno al colapso de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, que se ha traducido en constantes vertidos de materia fecal, la mayoría de los cuales han sido documentados por los vecinos pese a que raramente son informados a la población.
En ese marco hay que entender el nuevo conflicto en torno a la contaminación del Nahuel Huapi. La CEB anunció el lunes que para realizar «tareas de limpieza y remoción de materiales sólidos y semisólidos acumulados en la estación elevadora de la planta depuradora» presentó al Departamento Provincial de Aguas (DPA) un plan para arrojar todos los efluentes que se producen en Bariloche al lago durante tres días. Las tareas habían comenzado el lunes con vuelcos en dos puntos.
Hoy el juez Rubén Marigo, de la Cámara Laboral Primera de la III Circunscripción Judicial de Río Negro, hizo lugar a la medida cautelar. En el fallo al que accedió Infobae, el magistrado aceptó la solicitud «frente a una situación clara de peligro grave que se presenta, a fin de evitar la degradación del medio ambiente y por aplicación del principio precautorio».
«La medida cautelar deberá mantenerse hasta tanto la Cooperativa indique la existencia de otro método que evite el daño ambiental que provoca dicho volcado, o la existencia de una evaluación de impacto ambiental efectuado por una institución independiente y especializada», añadió el juez Marigo.
No obstante, algunas radios locales informaron que las tareas de mantenimiento de la planta habían finalizado, por lo que no está claro si el fallo fue acatado o no llegó a tiempo.
Mientras, los vecinos siguen esperando las obras anunciadas por el gobierno de Cambiemos, que a poco de asumir prometió la realización de una nueva planta de tratamiento -que estaría terminada a mediados del 2019-, y un colector que había sido adjudicado a CPC Construcciones, de Cristóbal López, que recibió un adelanto de 22 millones de pesos, pero perdió la concesión tras su detención y la obra no volvió a ser licitada.
Fuente. Infobae