El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, protagoniza una nueva controversia en su país.
La noche de este 15 de abril anunció, en su cuenta de Twitter, que no acatará una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que prohíbe detener personas durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.
La sentencia, votada de forma unánime por los magistrados, ordena a la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil abstenerse de «privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria».
El documento establece que mientras la Asamblea Legislativa no emita una ley para regular la movilidad social durante la cuarentena, ninguna persona puede ser detenida, sino obligada a permanecer en sus casas.
Desde el 21 de marzo el presidente Bukele ordenó a todos los salvadoreños permanecer en sus casas, para evitar la propagación del coronavirus.
Las personas que violan el decreto son detenidas y enviadas a centros de confinamiento sanitario. Algo que es ilegal, establecieron los magistrados de la Sala.
En su resolución advierten que los decretos del mandatario no pueden respaldar la detención de las personas por violar la cuarentena.
Según datos oficiales en El Salvador hay 2.073 personas detenidas por violar la cuarentena obligatoria.
Cumplir la ley
Parte de la controversia es porque la Corte inhabilita algunas de las medidas de los decretos presidenciales 19 y 20, publicados en marzo, donde se establece la cuarentena obligatoria.
Una de ellas es la posibilidad de que la Policía y Fuerza Armada confisquen los automóviles de quienes violen el confinamiento domiciliario. Una práctica que había sido denunciada por activistas y abogados, según medios locales.
La sentencia también impide que las autoridades ingresen a las casas de los salvadoreños para obligar a los habitantes a permanecer en el interior, como sucedió hace unas semanas, según reportes de medios locales.
La Corte delega al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos que revise el cumplimiento de su resolución y envíe cada cinco días un informe sobre el tema.
En octubre pasado el presidente Bukele había dicho que la elección del procurador, Apolonio Tobar, realizada el día 16 de ese mes, fue «inconstitucional».
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Los magistrados de Sala de lo Constitucional advierten que no pretenden suspender las medidas sanitarias por la cuarentena, sino que se apliquen de forma legal.
«Sólo una ley formal, es decir, un decreto legislativo sancionado y publicado en debida forma y con los estándares que exige la Constitución puede imponer esa consecuencia de confinamiento o internamiento sanitario forzoso», dice la sentencia.
«Si esa ley formal no está vigente, las autoridades gubernamentales únicamente pueden obligar a que la persona infractora de la cuarentena regrese a su casa».
Historia de desencuentros
En redes sociales muchos respaldaron la decisión de Bukele, un presidente que según algunas encuestas tiene una aprobación de 85%.
Pero también hubo críticas.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), solicitó la intervención de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA)
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En febrero Bukele irrumpió con militares en el Congreso
«Las medidas del presidente Bukele son hoy una de las mayores amenazas a la Carta Democrática», escribió en Twitter.
«Bukele desconoce flagrantemente decisiones de la Corte Suprema. Antes intentó intimidar a la Asamblea desplegando el Ejército. Es urgente que usted condene estos hechos».
HRW ya había criticado las medidas del presidente de El Salvador ante la pandemia de covid-19.
Las declaraciones de Bukele, señala el ente en un informe, «han promovido el uso excesivo de la fuerza y la ejecución draconiana de las medidas ordenadas por su gobierno».
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Hasta ahora Bukele no ha respondido a las críticas por su decisión, aunque no es la primera vez que el presidente salvadoreño protagoniza una controversia con la Sala de lo Constitucional.
El 1 de febrero Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa acompañado de decenas de militares con fusiles de asalto.
El presidente buscaba que los legisladores aprobaran un préstamo de US$109 millones para financiar su plan contra las pandillas.
La Sala de lo Constitucional ordenó al mandatario abstenerse de usar la Fuerza Armada «en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos».
A diferencia de lo que ahora ocurre, en esa ocasión Bukele acató la disposición de la Corte.