La Directora adjunta de Amnistía Internacional en Argentina, la Dra. Paola García Rey explicó sobre el seguimiento que realiza la organización sobre los procedimientos policiales que en su momento fueron objeto de denuncia por parte de ciudadanos de la provincia de Chubut con repercusiones en el ámbito judicial, en el marco del aislamiento por la pandemia.
Expresó por FM Del Mar que “Empezamos a recibir denuncias por situaciones abusivas por las fuerzas de seguridad en los operativos vinculados con el control en la provincia durante esta situación de pandemia”. Si bien Nación sancionó el decreto 297 que pone en discusión el control de la movilidad de las personas para proteger la salud “en un objetivo legítimo y encargo con la articulación de las distintas jurisdicciones, como iba a efectuarse los controles en territorio, a partir de ahí la provincia sancionó medidas adicionales con la imposibilidad de salir a determinada hora”.
En éste sentido el proceso que lleva adelante Amnistía Internacional es sobre identificar cómo fue el procedimiento de las fuerzas en los operativos o cómo fue la detención de las personas por las movilidades. Y a partir de una herramienta se realiza “la verificación digital, que analiza los audiovisuales presentados y ubicar en tiempo y espacio, para confirmar a las fuerzas que intervinieron y ver las situaciones excepcionales como el uso de armas de fuego”.
La intervención que realiza la organización, indicó García Rey que realiza un control y un pedido de información sobre las medidas que se tomaron, a partir de la circulación de denuncias, secundando el habeas corpus que se centró la Defensoría General, con la intervención de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.
En la provincia de Chubut “articulamos con las organizaciones que están en territorio” y confirmó que hay más de 30 casos denunciados en abril de este año. Para entender si se justifican este tipo de intervenciones”. Precisó además que una de las cuestiones “es la derogación de los decretos que se habían sancionados, porque ningún marco jurídico justifica el trato abusivo por parte de las fuerzas y lo que hace Amnistía es poner a disposición las herramientas sobre las denuncias” como que sucedió con los agentes que intervinieron, si lo han puesto a disponibilidad, si fueron separados de las fuerzas, o si hay sumarios o causas penales “para el marco de actuación del gobierno”.
El proceso que prevé Amnistía es en principio un pedido de informe para que la provincia responda “y si no contesta se solicita un reiteratorio, en el caso que no llegara a prosperar por via judicial se interpela a las autoridades a responder al amparo por negación de información a la ciudadanía y en este caso a Amnistía Internacional.”
Recordamos que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó ante la Justicia Federal de Rawson un hábeas corpus preventivo y colectivo “por los graves hechos que se vienen denunciando a partir de la aplicación del Decreto N° 297/2020 por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia, avaladas expresa o tácitamente por las autoridades políticas”.