En un contundente informe que les brindaron a los abogados que en las próximas horas denunciaran penalmente al polémico ministro de Seguridad de Chubut, se conoció que al Juzgado Federal de Rawson llegaron más de 4.000 actuaciones realizadas por la policía contra supuestos infractores a la cuarentena y que de las 2.600 que llevan analizadas hasta el momento el 90 por ciento han sido anuladas por estar mal hechas.
En ese porcentaje entrarían además aquellas personas a las que les secuestraron el auto y las demoraron, pese a que podían circular al estar exceptuadas por el DNU presidencial.
Desde la Justicia Federal aseguran también que nunca se ordenó el secuestro de vehículos, en el marco de las actuaciones que se hacían en la provincia por infracción al Artículo 205 del Código Penal, pero la policía de Massoni igual lo hacía.
¿Cómo justificaba Massoni y su gente esa incautación? Llevando el caso a una infracción a la ley de tránsito y dándole intervención al juez municipal de Faltas.
La falta del seguro al día, alguna documentación que el titular no poseía al momento del control o que no tenía en regla, eran justificativos que se buscaban al momento de sacarle el vehículo y dejar a pie al supuesto infractor a la cuarentena, en un claro y total abuso de autoridad.
Los doctores Gastón Bordier y Cintya Castro, los abogados comodorenses que van a llevar a Massoni ante la Justicia, han hecho hasta el momento un excelente trabajo recolectando valiosa información, juntando pruebas e individualizando testigos. Ellos son los que denuncian al ministro de Seguridad por una sucesión de graves delitos junto a otros integrantes del gabinete del gobernador Mariano Arcioni.
Los delitos que denuncian tienen que ver con una presunta mala administración de la cuarentena, la desobediencia al DNU del Presidente y a una disposición de una jueza Penal de Trelew.
Aunque también habría otros ilícitos y más graves. Ahí aparecerían hechos de espionaje ilegal llevados a cabo por Massoni y su gente en los que estaría involucrado el “mano derecha” de Massoni; el subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal Federico Pérez Mariani.
Como ya se informó: los que también aparecen denunciados por una participación casi secundaria en las maniobras presuntamente ilícitas son el ministro de Salud Fabián Puratich y la subsecretaria de Planificación y Capacitación del Ministerio de Salud, Jimena Marcos.
Al ministro de Gobierno y Justicia José María Grazzini, por ejemplo, que también aparece entre los denunciados, le endilgan “no haber cumplido con el protocolo nacional del Covid 19 –tal como se había comprometido delante de la jueza Mirtha del Valle Moreno—y sin embargo habría aceptado la transferencia de la plataforma provincial “Te Cuidamos”, que otorgaba permisos de circulación sin tener competencia la provincia para hacerlo.
La denuncia y sus fundamentos tienen varias fojas y hasta podría convertirse en una “megacausa”, porque los letrados denunciantes dejan lugar para que con la producción de las pruebas que solicitan puedan llegar a sumarse nuevos imputados.
Los abogados Bordier y Castro son los mismos que han presentado ya hace unas semanas un pedido de juicio político contra Massoni en la Legislatura del Chubut.
