Mempo Giardinelli puso la mirada en Chubut y publicó ‘En el interior, las minas de oro son ajenas’. En este artìculo que publicó Página 12 hace referencia a la crisis de diseño en la provincia que busca propiciar la actividad extractivista. Además advierte sobre la explotación de los recursos en otras provincias de Argentina. ‘Alguna vez el Congreso Nacional deberá sancionar una ley de absoluta prohibición de la Megaminería, el Fracking y las actividades que derrochan agua y además contaminan’.
Algo huele mal en la provincia de Chubut: el panorama económico y social es desolador. Y el país federal, el verdadero, bien haría en atenderlo.
«Chubut está blindada mediáticamente, sobre todo respecto de la megaminería y la lucha por el agua en que estamos empeñados, fijese que el único río grande que nos queda está en peligro de contaminación por la ambición de unos pocos», informan colegas que piden anonimato. «No pasa semana sin que existan movilizaciones, amenazas y actos de violencia, porque hay muy fuertes intereses oprimiendo a la población y encima a los empleados públicos activos y jubilados se les adeudan dos meses de sueldo y el medio aguinaldo de junio, y ahora se suma un tercer mes y el medio aguinaldo de diciembre. Es desesperante y el país ni se entera».
Claro que lo que pasa en Chubut no es diferente de lo que sucede en otras provincias. Si sólo tres o cuatro décadas atrás el folklore tradicional andino hablaba de la belleza de los paisajes, el aire puro y las aguas cristalinas, hoy todo eso ya no existe. En Catamarca todo está contaminado por Aguas de Dionisio, la megaempresa que a través de Glencore (la misma que es socia de la mina Bajo la Alumbrera a través de Agua Rica, y es también socia principal de Renova, empresa que a su vez participa de Vicentin, y es una de las principales exportadoras de aceite de soja del mundo) explota esa megamina extractora de oro y cobre que, según economistas y geólogos de la Universidad Nacional de Tucumán -–que fue la que descubrió el yacimiento–- nadie sabe cuánto ganan porque sacan sus extracciones por declaración jurada, con lo que nunca se sabe cuánto extraen ni cuánto exportan realmente.
Pero sí se sabe lo que declaran las 10 minas que extraen oro de territorio argentino por comercio exterior, según el Informe del Indec de los Complejos Exportadores: unas 62 toneladas de oro puro por año. O sea, 62.000 kilos de oro. Y entre ellas está también Veladero, en la provinia de San Juan, megaempresa canadiense-australiano-china que está considerada una de las 10 minas de oro más grandes del mundo.
Nadie sabe verdaderamente cuánto extraen ni cuánto venden. Todas son explotadas por empresas extranjeras, aunque en algunos casos participan gobiernos provinciales. Gracias a la reforma constitucional de 1994, que les dio el manejo del subsuelo a las provincias, hacen lo que quieren. No controlan nada, aceptan las declaraciones juradas de lo que se dice vender, no hay fiscalización ni se controla la contaminación. Así, en el caso de Catamarca se ha dicho que hay 39 familias hiperpoderosas. Muy ricas, pero en una provincia cada vez más pobre.
Si hubiera voluntad política, debería revisarse la parafernalia de normas y decretos que son funcionales a estas realidades. Empezando por no permitir que se declaren las exportaciones por declaración jurada, sino con verdadero y exhaustivo control de Aduanas.
En la provincia de San Juan está Veladero, otra de las 10 minas más grandes del mundo y cuyos dueños son la canadiense Barrick Gold Corp y la china Shandong Gold en partes iguales. Y también quisieron hacer Megaminería en Famatina, pero el pueblo de La Rioja no lo permitió. El consumo de agua en Andalgalá, que tiene 15 mil habitantes, es de un millón y medio de litros de agua por día. Además esta actividad produce destrucción irreversible de los ecosistemas; contaminación de las fuentes de agua, peligrosidad de los insumos y efluentes, afectación de flora, fauna, habitat, paisaje, pérdida de biodiversidad, degradación de condiciones socioambientales minimas para la vida en general. Fue la ley de minería de Menem la que sacó al Estado Nacional del control del subsuelo. Y entregó esas riqueza a la débil capacidad de negociación de provincias empobrecidas y con dirigencias fácilmente corrompibles.
La provincia de Chubut está en este momento expuesta a presiones similares, si bien su caso es más paradójico porque en los años 80, y hasta 1996, se dio allí lo que se conoció como «Epopeya Antinuclear de Gastre”, surgida de un proyecto de la CNEA que impulsaba la instalación de un basurero nuclear en Gastre, pequeña localidad de la meseta central chubutense. La idea era enterrar allí los residuos radiactivos de las dos plantas de energía nuclear que entonces tenía la Argentina (la cordobesa Embalse y la bonaerense Atucha), asunto que se discutió arduamente. Hasta que el incalificable gobierno de Carlos Menem se propuso importar además basura nuclear de centrales atómicas europeas, desechos hipercontaminados que cruzarían el Atlántico y se depositarían en el corazón de la Patagonia.
La reacción popular fue tan extraordinariamente masiva que terminó frenando aquella delirante idea, y a partir de entonces se fortaleció la conciencia ambientalista de los chubutenses. Que debieron librar otra lucha en 2002, cuando en el oriente provincial la comunidad de Esquel frenó con gran determinación la explotación de oro y plata en zona montañosa, como pretendía la Minera el Desquite (de la multinacional canadiense Meridian Gold). Aunque llevaban ya tres años de exploraciones, vecinos y académicos de la Universidad Nacional de la Patagonia se concientizaron frente a la aviesa información de la empresa y el gobierno provincial. Multitudinarias asambleas vecinales se pronunciaron por unanimidad por el NO A LA MINA. Y así en Chubut se promulgó la ley 5001, en 2003, que prohibió toda actividad minera metalífera a cielo abierto, así como la utilización de cianuro.
Pero como el diablo siempre mete la cola, como se dice, a partir de 2016 cuando el macrismo habilitó el endeudamiento de las provincias con acreedores extranjeros, el entonces gobernador Mario Das Neves emitió un bono por 650 millones de dólares para «ordenar las cuentas provinciales e invertir en obra pública». Lo cual no sucedió, y desde 2018 y en la medida en que se agravaba la crisis salarial y social el nuevo y actual gobernador, Mariano Arcioni, otrora defensor de la Ley 5001, cambió su postura. Y el 20 de noviembre pasado presentó en la Legislatura Provincial un proyecto de “Desarrollo Industrial Minero Metalífero”, que bajo el pretexto de «re-zonificación» permitirá «excepciones» a la prohibición de esa ley. Por supuesto, en beneficio de la explotación en la meseta chubutense, donde es vox populi que ya está operando la transnacional Panamerican Silver, que extrae plata, plomo y cobre a cielo abierto.
Desde mesas sindicales chubutenses, y gremios docentes, se reclama ya, razonablemente, «frenar el pago de la deuda externa tomada por el gobierno de Das Neves en 2016, y realizar una auditoría, porque no se sabe adónde fue el dinero».
Alguna vez el Congreso Nacional deberá sancionar una ley de absoluta prohibición de la Megaminería, el Fracking y las actividades que derrochan agua y además contaminan. Es de esperar que con toda urgencia.
Fuente: consellopatagonico.com
