El miércoles de esta semana se llevará adelante una audiencia clave ante la Justicia de Chubut dónde comenzará formalmente a investigarse el escándalo judicial que involucra al presidente del colegio de Abogados de Esquel, José María Venancio, y a la jueza Alicia Arbilla por una serie de irregularidades detrás de demandas laborales que derivaban en desapoderamiento de bienes de la empresa Ganadera Santa Elena SRL. El juez Ricardo Raúl Rolón no solo debe decidir cómo sigue adelante la recolección de pruebas, sino que dará el visto bueno para que los denunciantes -accionistas del Grupo Indalo- se constituyan como querellantes. Apenas culminada la feria judicial, Arbilla se excusó de seguir interviniendo en el paquete de demandas que tenían a Venancio como parte interesada, luego de que la fiscal María Bottini imputara a ambos bajo el delito de estafa procesal e incumplimiento de los deberes de funcionario, respectivamente. También esta semana, el Consejo de la Magistratura de Chubut comenzará a tramitar el expediente disciplinario de Arbilla, para definir su sanción, en su primer encuentro del año.
Juez Rolón impulsará la investigación. Peritaje a teléfonos complica a imputados. Sanción a Arbilla en debut de Consejo local. Su sumó testigo.
El caso fue revelado por Ámbito y consistía en una serie de demandas laborales, todas representadas por Venancio contra Establecimiento Santa Elena SA, un frigorífico de Indalo en Chubut. En los litigios, los trabajadores recibían un fallo a su favor por determinado monto de resarcimiento pero la jueza le permitía a Venancio embargar bienes de un valor infinitamente superior -como un generador- que no pertenecían a esa empresa y proceder a su remate. El “ganador” de la subasta que compraba a precio vil los bienes era siempre el “testigo” que Venancio aportaba a las causas de Arbilla, magistrada en lo civil, comercial y laboral de Esquel. Denunciados por Santa Elena, todos resultaron imputados por la fiscalía y debe ser el juez Rolón el que imprima celeridad a la investigación.
Entre las pruebas recolectadas, fue secuestrado un celular de Elías Simeoni quien además de haber sido testigo, y ganador de las subastas era quien tenía en su predio los bienes que había logrado embargar Venancio a través de Arbilla, que le daba al abogado su “guarda judicial”. Pagó $97 mil pesos por un generador Caterpillar con valor de mercado de u$s120 mil dólares. Simeoni se negó a aportar la contraseña para desbloquear el teléfono y la Policía chubutense aseguró que no tenía los medios técnicos para proceder a inspeccionar el teléfono, de marca Iphone. Sin embargo, Gendarmería Nacional indicó que ellos sí poseían la tecnología para la apertura del celular, aun sin la clave de su usuario. Rolón deberá autorizar que el celular viaje a Buenos Aires para poder ser peritado, dado que en su interior podría haber información de interés para el expediente que podría arrojar luz sobre la maniobra.
Durante la feria, se agregó a las actuaciones la declaración de un testigo de apellido Vicel que -ajeno a cualquiera de las partes- concurrió a la fiscalía para hacer saber que él compraba carne a una persona que la fraccionaba con elementos que pertenecían a un frigorífico de Gobernador Costa, donde está asentado Santa Elena. Pero que le dijo que no la tenía más en su poder porque Venancio había pasado a retirarla. Es decir, que existe la posibilidad de que herramientas de trabajo y bienes del frigorífico hubieran sido además distribuidos a otras personas para hacer usufructo y ante el crecimiento del escándalo que repercute fuerte en la provincia, hubieran intentado recuperar esos elementos antes de que fuesen descubiertos por la justicia.
El primer día hábil luego de la feria, Arbilla se excusó argumentando que había sido notificada de la audiencia de este miércoles por el delito que se le imputa, y que por esas razones decidía apartarse. Durante diciembre, pese a las recusaciones de los abogados de Santa Elena, había intentado permanecer en los litigios de Venancio y hasta públicamente grabó una entrevista en la cual defendía el accionar del abogado y cargaba contra la empresa que, supuestamente, no se había defendido como correspondía en la demanda laboral. Al punto que amenazó con que haber hecho unas presentaciones para evitar otras subastas de más bienes podría haber sido una presión indebida a la justicia. Por lo insólito, el caso no registra precedentes. Se llegó a desmontar parte de la estructura edilicia del frigorífico para ser vendida y hay una serie de bienes que todavía no pudieron ser localizados porque Venancio aportó direcciones inexistentes a la Policía de los lugares donde estaban presuntamente resguardados.
En la audiencia del miércoles se descuenta que Rolón avanzará en la investigación y aceptará como querellantes a los abogados de Santa Elena, entre quienes está Carlos Beraldi para que impulsen la causa. Y que también le negará a Simeoni el pedido para que le regresen el teléfono sin ser peritado, algo en lo que los imputados se mostraron muy interesados. Bottini señaló que Venancio, en principio, engañó a la jueza para hacerse de bienes mucho más valiosos que las demandas que entablaba y que ocultó que su propiedad correspondía a otra razón social. Todo con el aval de Arbilla que omitió hacer la denuncia en julio del año pasado, cuando fue advertida de lo que ocurría por los abogados de la demanda.