La presentación de un proyecto de ley de “renta hídrica” de la represa de Futaleufú, que el bloque de diputados provincial del PJ presentó el viernes como un “avance histórico”, abrió la puerta a un debate necesario para discutir seriamente la recuperación de un activo energético clave de la Provincia del Chubut que desde hace casi tres décadas es operado por el poderoso e influyente grupo privado Aluar.
La idea de obtener un beneficio económico que mejore apenas lo que viene sucediendo hace casi 30 años redondea un conformismo que bastante y tanto mal le ha hecho a los intereses de Chubut en las últimas décadas.
A falta de tan pocos años para que se termine la concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú, hay voces que plantean ir por el pan, no por las migajas. La posibilidad de que el Estado chubutense comience a desandar un camino que conduzca a la recuperación de la mayor productora de energía de su territorio debería ser uno de los temas que encabecen la agenda de Estado, pública y política de aquí en adelante.
El proyecto de ley para sacar una renta de lo producido por la empresa Hidroeléctrica Futaleufú es tan extenso como confuso. De hecho, algunos especialistas en derecho administrativo consideran que el texto, firmado por todo el bloque del PJ pero impulsado por los diputados Carlos Mantegna y Rafael Williams, sobre una idea original del exministro de Economía Ricardo Bestene, es poco menos que improcedente porque desde 1995 y hasta 2025 hay un contrato de concesión vigente entre el Estado nacional y la empresa Hidroeléctrica Futaleufú.
¿Cómo se piensa imponer una “renta”, un nuevo esquema de cobro de regalías y de reparto de esos ingresos, si la potestad la tiene el Estado Nacional? Salvo que la idea de este grupo de legisladores sea “cambiar todo, para que no cambie nada”.
Para entender el trasfondo hay que administrar primero información básica: el principal accionista de Futaleufú es Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., que controla el 60,2% del capital y la operación de la compañía. Pero el 33,51% de las acciones están en manos de la Provincia del Chubut (otro 6,29% lo controlan pequeños accionistas), que por supuesto tiene asientos en el Directorio de la compañía que han venido siendo ocupados por decenas de funcionarios “funcionales” de los distintos gobiernos, donde pocos –o ninguno– haya defendido como corresponde los intereses de la provincia de Chubut.
Es decir, el proyecto de renta hídrica plantea un esquema de mayores ingresos para el Estado que serán aportados por una empresa de la que el Estado ya tiene un tercio de las acciones. El espíritu del “meme” del hombre araña señalándose a sí mismo que inunda las redes sociales calzaría a la perfección.
Reparación histórica
Lo que parece oportuno empezar a discutir es que Chubut reclame una reparación histórica al Estado nacional, al que tanto ha aportado-y lo sigue haciendo- Chubut. Sin contar las cesiones a cambio de nada: nunca está mal recordar que durante la gobernación de Atilio Viglione y la presidencia de Raúl Alfonsín se firmó un pacto fiscal mediante el cual Chubut aceptó mansamente bajar el porcentaje de coparticipación de 1,9588% a 1,5842%. Es decir, 0,3746 puntos porcentuales, a cambio de obras que nunca llegaron.
Es posible que tanto Viglione como Alfonsín lo hayan acordado con buena voluntad. Pero las obras nunca llegaron a Chubut y la pérdida de ingresos por coparticipación en estos 35 años suma miles de millones de pesos que alguna vez deberían generar una reparación económica.
Por eso parece una migaja tratar de imponer un nuevo esquema de regalías hídricas, una especie de renta de ocasión, al lado de reclamar la propiedad total de una empresa concesionada hace treinta años y que tan pocos beneficios le ha traído a la Provincia de Chubut.
Es más, no muchos recuerdan que Chubut puso 89 millones de dólares a mediados de los años noventa cuando se privatizó la presa, a cambio del porcentaje accionario que tiene en Central Hidroeléctrica Futaleufú.
Es verdad, también, que Aluar puso 225 millones de dólares para quedarse con el negocio, pero la posibilidad de comprar energía a una tarifa preferencial compatible con el precio internacional del aluminio a lo largo de estos 30 años ha redundado en un nivel de ganancias de las que Chubut nunca participó.
No se trataría ahora, en todo caso, de pelearse con Aluar, porque en el mundo de los negocios todos saben que los contratos se terminan y la exitosa productora de aluminio de Puerto Madryn podría seguir siéndolo a pesar de un nuevo escenario en donde primen los intereses colectivos de una provincia a los particulares de una empresa.
Tampoco tendría sentido quedarse con la mayor generadora de energía de Chubut sin un proyecto político y energético detrás. Se trataría de tomar el control de un activo esencial para intentar recomponer y transformar el perfil productivo de la provincia y saldar las viejas deudas que el Estado (provincial y nacional) tienen con miles de ciudadanos chubutenses que todos los días se quedan sin luz porque los equipos de generación aislada (a base de combustibles fósiles de alto costo) no tienen el mantenimiento preventivo y correctivo necesario e indispensable.
Quedarse con la presa de Futaleufú cuando el contrato expire sería garantizar la provisión de un insumo básico a través de redes troncales y a costos mucho más razonables de los que se pagan hoy. Además, Chubut podría ampliar y diversificar su matriz productiva y agregar valor a lo que hasta hoy sólo es materia prima extractiva.
Se saldaría, además, una deuda histórica con muchos pueblos y se tomaría el control de un insumo básico para desarrollar cualquier economía. Porque no puede ser que Chubut produzca hasta doce veces la cantidad de energía de la que consume y, sin embargo, siga habiendo chubutenses que todos los días se quedan sin luz, sin agua y sin servicios públicos básicos y esenciales.
Fuente: Jornada