La justicia de Chubut rechazó el pedido de sobreseimiento que presentó la jueza civil y comercial de esa provincia Alicia Arbilla, investigada penalmente en el marco de una causa donde, a través de demandas laborales, hubo una maniobra de desapoderamiento de activos pertenecientes al Grupo Indalo.
El juez Ricardo Rolón ordenó el embargo de un generador que pertenecía a la firma Ganadera Santa Elena SRL y que había sido rematado “a precio vil” a partir de autorizaciones judiciales que había conseguido el presidente del Colegio Público de Abogados de Esquel, José María Venancio.
El caso es un escándalo que sacude a los tribunales chubutenses y que puede tener otras repercusiones: uno de los bienes que no logra recuperarse es un Sampi (un autoelevador Toyota) que pertenecía a una de las empresas en concurso de acreedores del holding, lo que puede entrar en colisión con las actuaciones de la justicia comercial de la Capital Federal.
La causa fue impulsada por la fiscal María Bottini que imputó a Arbilla, Venancio y a Elías Simeoni, el “ganador” del remate que se quedó por $97 mil con un generador Caterpillar cuyo valor de mercado era de u$s160 mil.
Todo eso fue autorizado por Arbilla en su calidad de jueza, quien podría ser acusada de violación de los deberes de funcionario o directamente como partícipe necesaria de robo si, según como se investiga, pudo tener acuerdo con Venancio en llevar adelante la maniobra, y no fue simplemente engañada.
En su descargo, la jueza redobló la apuesta: insistió en apuntar contra Ganadera Santa Elena por no haber apelado dentro del plazo. Sin embargo, para la fiscalía hubo posibles delitos que ocurrieron ante la vista de la jueza. El Consejo de la Magistratura local abrió un proceso disciplinario pero mira de reojo lo que está ocurriendo en la causa penal para avanzar en su destitución.
Arbilla quería que la exculpen y salir de la causa. No lo consiguió y por el contrario, obligó al juez Rolón a enfrentarla con un panorama que tiene, por impulso fiscal, a la provincia de Chubut litigando y que además sumó como querellantes a las empresas del Grupo Indalo, perjudicadas patrimonialmente con el desapoderamiento de bienes.
Los denunciantes pidieron que se excluya a Venancio como depositario judicial. Termina siendo insólito que quede con la guarda de los objetos quien, en paralelo, es investigado por su participación en el simulacro de demanda laboral que terminó llevándose activos por montos exorbitantes. Venancio dio a las autoridades tres domicilios -o falsos o inexistentes- donde presuntamente se hallaría la variopinta cantidad de objetos y bienes que se llevó del frigorífico con el argumento de los embargos para cobrar indemnizaciones laborales.
Algunos bienes fueron hallados en una cuarta locación. Lo cierto es que oficialmente nunca se había comunicado esa dirección por lo que ahora la deriva es investigar cómo el abogado proporcionó esa información sin seguir los carriles habituales. Hay un teléfono en custodia sobre el que Simeoni se negó a facilitar acceso que debe ser peritado.
La secuencia tiene todos los ribetes de escándalo y no pasa desapercibido en la interna judicial de la provincia en la que un juez y una fiscal apuntan contra una jueza y abogados locales que pisan fuerte en el terreno y que, evidentemente, no preveían que nadie les fuera a reclamar el desguace de una de las empresas. Tanto así que no dejaron asentado ninguno de los datos precisos sobre vehículos secuestrados (algo en lo que Arbilla debió haber reparado) y que llevaron a confundir uno que era propiedad de una de las empresas concursadas de Indalo. Es decir que desapareció uno de los bienes que están bajo la órbita de un juzgado comercial, algo que agrava aún más el conflicto.
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