La reapertura de las paritarias estatales previstas en Chubut para el próximo martes 10 de mayo volverá a poner en el centro de la escena la cuestión salarial de los empleados públicos y jubilados provinciales. La inflación viene creciendo a galope tendido y no se proyecta ningún descenso a corto plazo. En ese contexto, los sueldos estatales perdieron más de 20 puntos porcentuales en su capacidad de compra en sólo siete meses. La provincia tuvo un superávit primario de 3.000 millones de pesos en el primer trimestre del año, pero pisará los aumentos. El único gremio que llega con conflicto es ATECh, aunque el gobierno adelantó que les descontará los días de huelga. Además, asoma el anuncio de otro nuevo ajuste sobre los Convenios Colectivos de Trabajo con el argumento de la «eficiencia y productividad»; en base a una reestructuración del Estado.
La semana que se inicia el lunes 9 estará marcada por las nuevas negociaciones paritarias entre los gremios estatales y el Gobierno provincial, pero además se hará visible el paro del sindicato docente y lo que sería un anuncio un nuevo mecanismo de ajuste similar al que se intentó implementar en el 2018.
Paritarias e inflación
En lo que respecta a las paritarias, el gobierno parece haber dado todo lo que tenía para mejorar los deteriorados salarios de los empleados públicos y los jubilados provinciales. Sin embargo, ese paquete resulta insuficiente.
El adelanto del aumento de 7% que estaba previsto para mayo y la sumatoria de 6% de abril, acoplado al bono de 20.000 pesos para quienes cobran menos de 100.000 por mes, aparecen como una oferta exigua luego de dos años de congelamiento salarial y en medio de la escalada inflacionaria imperante.
Si bien los sueldos recuperaron parte del efecto inflacionario de 2022, para los trabajadores estatales la principal deuda está dada por los casi dos años en los que los salarios permanecieron congelados durante la pandemia.
El poder adquisitivo de quienes trabajan en el Estado perdió alrededor de 20 puntos porcentuales y a pesar de los últimos incrementos no logró recuperarlos. Mientras tanto, la inflación seguirá erosionando en los próximos meses del año y aún peor será frente una suba de precios casi imposible proyectar con vistas a diciembre.
Solamente en los primeros tres meses de 2022 la inflación patagónica medida por el INDEC llegó a 16,7%, y en marzo pegó el desmesurado salto de 7,4%, transformándose en el índice más elevado del país. Para abril se especula que podría rondar nuevamente dentro de un nivel muy alto que podría estar entre el 6 y 7%.
En base a esos incrementos la Canasta Básica Total (CBT), que elabora el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia ascendería en marzo a los 105.000 pesos. T0000odos esos datos estarían disponibles recién arrancada la segunda quincena del mes y después de esta reapertura de paritarias, lo cual refleja claramente la intencionalidad del gobierno que procura evitar chocarse con números tan altos en la mesa de negociación.
Cuando se conozcan los datos del INDEC sobre la inflación y los del Observatorio CBT de abril, seguramente el deterioro de los salarios será aún mayor y el poder de compra se volverá a contraer; de ahí la importancia de las paritarias. Resulta claro que la situación será tirante, porque se reabrirán recién en el tercer trimestre de 2022.
Freno a los aumentos
«Querer ganarle a la inflación es complicado», dijo en las últimas horas el gobernador Arcioni y sentenció -desde su óptica- los límites de la negociación paritaria que se reiniciará el martes que viene. Además, cerró las puertas a la recuperación del poder adquisitivo perdido en dos años.
Es posible que el gobierno proponga una serie de cuotas para ir pagando los aumentos,
con reaperturas trimestrales que acompañen por detrás a la inflación. Claro está que Arcioni no está para nada dispuesto a firmar una cláusula gatillo de actualización automática como terminó aceptando tras las manifestaciones y paros del 2018.
Tanto Arcioni como el ministro de Trabajo, Cristian Ayala -quien en su origen fue un trabajador-, y el ministro de Economía, Oscar Antonena, salieron en los últimos días a bajarle las expectativas a las paritarias.
Los tres hablaron de manera reiterada de «responsabilidad» y «equilibrio» en las finanzas públicas. Ayala fue más lejos, al despegar las paritarias estatales de las del resto de los gremios privados y dijo que «no son un condicionante ni un parámetro» para negociar.
Ayala fue contundente y expresó que «se plantea recomponer el salario, pero siendo responsables en lo económico y financiero porque no se puede poner en juego la normalidad y regularidad».
El ministro de Trabajo dio claros indicios de hasta dónde piensa llegar el gobierno en esta reapertura de paritarias. «No se puede poner en juego por tratar de dar un incremento por fuera de lo que puede afrontar la Provincia, porque implicaría volver a una situación compleja de no cumplir con las obligaciones y perjudica a los trabajadores de menor capacidad adquisitiva», señaló.
Superávit fiscal y datos direccionados
El gobierno sigue sin publicar desde hace más de seis meses los datos oficiales de las cuentas públicas, y los filtra solamente a «medios amigos» para tratar de construir una visión en el imaginario colectivo. Sin embargo, se supo que la provincia habría obtenido un superávit de 3.000 millones de pesos en el primer trimestre del año.
Párrafo aparte amerita el apagón informativo que transita Chubut, especialmente desde el estallido social contra la zonificación minera y los incendios en la Casa de Gobierno. Más allá de la existencia de la llamada Ley Pais de Acceso a la Información Pública, que prevé la divulgación de los datos de las cuentas públicas, se debería evitar el manejo discrecional y oscurantista de los números oficiales actualizados.
Lamentablemente no todos los medios pueden acceder a la misma información oficial y al mismo tiempo. Obviamente, tampoco puede hacerlo en conjunto de la ciudadanía chubutense.
Con esa metodología del oscurantismo direccionado salieron en la última semana los «medios amigos» a instalar que el problema de la provincia son los empleados públicos y los sueldos que cobran. Así se publicaron proyecciones de masas salariales llegaban a casi 9.500 millones de pesos y más de 14.000 millones con el medio aguinaldo.
En paralelo, el Ministerio de Economía filtró que en el primer trimestre la provincia tuvo un superávit primario de casi 3.000 millones de pesos. Resulta evidente que los ingresos fueron superiores a los gastos, y eso demuestra que la provincia cuenta con fondos como para acompañar la suba inflacionaria en los salarios y jubilaciones.
Aunque la última información oficial publicada corresponde al tercer trimestre de 2021, mostrando casi siete meses de atraso, lo cierto es que dos de los tres principales rubros de ingresos de Chubut vienen subiendo de manera acompasada a la inflación e inclusive la superan.
Tal como revela mensualmente El Extremo Sur en base a datos estadísticos del gobierno nacional, Chubut recaudó 23.500 millones de pesos por Coparticipación Federal de Impuestos en los primeros cuatro meses de 2022. Esa cifra fue 58% mayor a la del año anterior y dejó un saldo favorable de 8.500 millones de pesos más que en 2021.
Mientras que las regalías petroleras experimentaron una suba del 31% en dólares durante el primer trimestre de este año y en pesos la suba fue del 57,5%. A las arcas de Chubut ingresaron 26,7 millones de dólares más que en el 2021 y traducidas a pesos fueron 4.422 millones.
Con una masa salarial que en abril rondó los 8.526 millones de pesos para cancelar los sueldos de los empleados públicos y los jubilados provinciales, los casi 10.000 millones extra cobrados por la provincia en el primer trimestre -después de coparticipar con los Municipios- muestran que los números están cerrando al alza y las mejoras salariales son posibles.
¿Nuevo ajuste para la «eficiencia y productividad»?
Esta última semana el ministro Ayala incluyó un objetivo gubernamental que parecía archivado en la provincia. Se trataría de un nuevo intento de ajuste en base a la flexibilización laboral y la búsqueda de «eficiencia y productividad» en el Estado, buscando modificar los Convenios Colectivos de Trabajo de los empleados públicos.
«El gobierno no solamente está dispuesto a hablar de la cuestión salarial sino también a la prestación de los servicios públicos, haciendo más eficaz y eficiente la respuesta a los ciudadanos; por eso entendemos que las normas convencionales deben ajustarse a las respuestas que se requieren», manifestó esta semana el titular del área de Trabajo.
Ampliando sobre estos cambios en las condiciones laborales expresó que «tenemos normas que rigen el empleo público que datan de la época de la dictadura y que están muy desfasadas y desactualizadas para este momento del mundo del trabajo; por eso también nos proponemos avanzar en este terreno».
Una argumentación similar se intentó utilizar en el 2018 cuando el entonces vicegobernador Arcioni -a cargo del Poder Ejecutivo por el fallecimiento de Mario Das Neves- impulsó una «reforma del Estado» que apuntaba en la misma dirección.
Los detalles de aquel ajuste quedaron plasmados en un informe técnico de la consultora Fix SCR -que evaluaba la deuda en dólares de la provincia-. En aquel entonces los ejes del ajuste eran el aumento salarial por productividad, congelamiento de la planta de personal, eliminación de horas extra, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y recorte de parte de los fondos distribuidos a los Municipios.