Tras la resolución judicial que da la razón a la provincia en la pelea contra el gobierno nacional por los fondos coparticipables, desaparece el argumento por el que el gobernador Ignacio Torres había anunciado el corte de suministro de gas y petróleo desde Neuquén. Aunque la medida era difícil de llevar a la práctica, la situación requería una salida que desactivara ese foco de tensión, si bien desde los sindicatos petroleros de la provincia no se llegó a anunciar ninguna medida de fuerza para afectar la producción.
“Si no hacíamos esta advertencia, nadie nos iba a escuchar, pero esperamos que la sangre no llegue al río”, había reconocido una fuente del entorno gubernamental ante la consulta de esta agencia, en relación a la viabilidad legal de la medida anunciada para el miércoles.
El “cierre de válvula” afrontaba problemas judiciales y técnicos, difíciles de sortear, tal como advirtió ADNSUR, más allá de la legitimidad y validez del reclamo de la provincia. Es probable que, llegado al extremo de un fallo adverso o falta de pronunciamiento de la justicia, tal vez se hubiera anunciado un paro de actividades desde el sindicato Petrolero, en apoyo al gobernador, con quien compartieron el acto del viernes pasado en defensa de la cuenca y en rechazo a la salida de YPF y caída de inversiones. Fue en ese contexto en el que Torres lanzó su advertencia hacia el resto del país.
Sin embargo, esa medida con la que algunos especulaban no llegó a ser anunciada y Jorge Avila se mantuvo en silencio desde el inicio de la semana. Sí se había pronunciado, por otra parte, la conducción de Neuquén, expresándose en contra de afectar la producción y despegándose de una posible medida de fuerza, mientras que desde Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal llamó al diálogo entre las partes, pero evitando el pronunciamiento sobre la medida anunciada por Torres.
Sólo Tierra del Fuego, a través de su gobernador Gustavo Melella, había anunciado un paro con afectación de la producción para el miércoles, en solidaridad con Chubut, por razones que desaparecieron, al menos hasta que quede firme o, eventualmente, se revierta el fallo judicial.
El impacto negativo en las cuentas de Chubut ya se produjo, pero aseguran que “los sueldos están garantizados”
Por ahora, la decisión judicial descomprime el clima de tensión y desde Fontana 50 dejaron trascender que la medida anunciada ya no tiene razón de ser, al menos por ahora, ya que da argumentos para continuar discutiendo y sentándose a renegociar la deuda con Nación, que es lo que había propuesta Chubut desde un principio.
Claramente, la reacción del gobierno de Javier Milei contra la provincia de Chubut, al aplicar un recorte de 13.000 millones de pesos en los envíos de coparticipación, fue una reacción al primer fallo judicial a favor de la provincia, por el que la justicia ordenó al gobierno nacional que restituya los aportes del fondo compensador del transporte.
La prueba de que fue una reacción ‘en caliente’ está en el hecho de que una semana antes, el gobierno provincial y su par de Nación habían acordado la refinanciación del bono TIDECH, cuya principal acreedora es la ANSES, con la que acordó reprogramar los vencimientos de capital para febrero de 2025, evitando el pago, durante este año, de alrededor de 28 millones de dólares, es decir unos 24.000 millones de pesos.
Con la nueva resolución judicial, las partes tendrán que sentarse a negociar y encontrar una forma de reprogramar los vencimientos del llamado Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, al que Chubut apeló en los últimos años para cumplir con el pago de sueldos y aguinaldos, o para afrontar vencimientos de otras deudas.
La decisión judicial trae alivio sobre todo de cara a lo que viene, porque así se evitaría el recorte de coparticipación en los meses subsiguientes. En febrero, el recorte ya aplicado no será restituido, por lo que en lugar de 33.000 millones de pesos, la provincia terminará el mes con alrededor de 20.000 millones provenientes de las arcanas nacionales.
Pese a la magnitud de ese recorte, en ámbitos de la economía provincial se aseguró que el impacto se suplirá con ingeniería financiera, en un contexto de baja porque en términos reales, la coparticipación viene cayendo al evolucionar por debajo de la inflación. Sin embargo, se indicó que «el pago de salarios está garantizado», despejando cualquier duda sobre las consecuencias del recorte, mientras se espera que la refinanciación evite grandes recortes en los meses subsiguientes.
