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La Asociación de Trabajadores de Transporte y Afines de la República Argentina (ATRARA) anunció un paro general del servicio en contra del transporte ilegal de pasajeros, conocidos como Uber, entre otros.

A través de un comunicado, la Asociación informó que este lunes 25 de marzo a partir de las 04 de la mañana, “todos los servicios de transporte – incluidos remises, taxis, radiotaxis y transportes escolares – cesarán sus actividades en protesta contra la permisividad de la Municipalidad hacia el transporte ilegal”.

Y así como lo habían adelantado, ADNSUR pudo confirmar que durante las primeras horas de la mañana de este lunes se llevó adelante el bloqueo de las tres terminales de colectivos de Patagonia Argentina dentro de la ciudad petrolera y el servicio de transporte se encuentra suspendido.

Desde la asociación, habían advertido que esta decisión fue tomada «en conjunto por las distintas agencias y representantes del sector, tiene como fin último exigir acciones concretas que pongan fin a esta situación insostenible que nos afecta a todos”, indicaron

Esta previsto que a las 9 de la mana se concentrarán en las inmediaciones de la Municipalidad de Comodoro y el Concejo Deliberante: “Permaneceremos allí hasta que se nos ofrezcan soluciones reales y efectivas”.

«Entendemos los inconvenientes que esta medida pueda generar a la población, pero queremos destacar que es un llamado desesperado por parte de trabajadores que ven amenazados sus medios de subsistencia y el bienestar de sus familias», destacaron.

«El transporte ilegal no solo pone en riesgo nuestros empleos, sino que también compromete la seguridad y la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía»

Además pidieron respuestas a las autoridades y aseguraron: «Es imprescindible actuar ahora para preservar los empleos legítimos y garantizar un servicio de transporte digno y seguro para todos. Estamos a punto de cruzar un punto de no retorno y solo con acciones concretas y decisivas podremos revertir esta situación».

“Apelamos a la solidaridad y comprensión de toda la comunidad”, dijeron y añadieron: “Este no es solo un reclamo sectorial, sino un grito por la justicia, la legalidad y el derecho al trabajo digno. Estamos unidos y decididos, conscientes de que solo la acción conjunta y decidida podrá traernos la solución que tanto necesitamos”.

 

Dentro de una esperada respuesta de los gremios docentes para confirmar el inicio de clases del ciclo 2024 que, según adelantara el gobernador Ignacio Torres, “se garantiza como no sucedía hace años”, finalmente el Consejo Directivo de la ATECh anunció que no se plegará a la medida de fuerza nacional convocada por CTERA para el lunes próximo.

La decisión, se señala, obedece a los mayoritarios mandatos escolares en rechazo a la medida, lo que permitirá un inicio de ciclo lectivo que no se producía, sin acatamiento a plan de lucha, desde hace varios años y confirma lo señalado por el gobernador provincial en cuanto a un histórico inicio de clases con los docentes en las aulas.

Precisamente esos planes de lucha, con la consecuente pérdida de jornadas de clases, fue calificada ayer por Torres como una “catástrofe educativa” a la que se pretende darle un “punto final”.

De esta manera y por mayoría, los docentes del Chubut enrolados en la ATECh rechazaron plegarse al paro nacional anunciado para el próximo lunes y las clases comenzarán con normalidad en toda la provincia.

A pesar de ello, el gremio sí se plegará al plan de lucha nacional convocado en todo el país para el 7 de marzo -fecha que coincide con las paritarias en Chubut- en el marco de la establecida “jornada nacional de lucha” en demanda de los fondos nacionales para educación, FONID, fondo compensador salarial y los fondos socioeducativos recortados por el gobierno nacional.

Maestros neuquinos inician el año con seis días de paro

En contraposición a lo que sucederá en Chubut con un normal inicio de clases para el ciclo lectivo 2024, el plenario de secretarios generales de ATEN -docentes neuquinos- llevado a cabo en Cutral Có, concluyó con la ratificación del rechazo a la oferta salarial del Gobierno y la confirmación de seis días de paro en las próximas dos semanas.

Con una votación unánime en las asambleas de la provincia, que contaron con la participación de alrededor de cinco mil docentes, se decidió dar inicio al ciclo lectivo con medidas de fuerza.

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, enfatizó la necesidad de ser convocados por el Gobierno para discutir una propuesta salarial que contemple las demandas de los trabajadores de la educación, no solo en términos de salario sino también de condiciones dignas para enseñar y aprender.

Tras la resolución judicial que da la razón a la provincia en la pelea contra el gobierno nacional por los fondos coparticipables, desaparece el argumento por el que el gobernador Ignacio Torres había anunciado el corte de suministro de gas y petróleo desde Neuquén. Aunque la medida era difícil de llevar a la práctica, la situación requería una salida que desactivara ese foco de tensión, si bien desde los sindicatos petroleros de la provincia no se llegó a anunciar ninguna medida de fuerza para afectar la producción.

“Si no hacíamos esta advertencia, nadie nos iba a escuchar, pero esperamos que la sangre no llegue al río”, había reconocido una fuente del entorno gubernamental ante la consulta de esta agencia, en relación a la viabilidad legal de la medida anunciada para el miércoles.

El “cierre de válvula” afrontaba problemas judiciales y técnicos, difíciles de sortear, tal como advirtió ADNSUR, más allá de la legitimidad y validez del reclamo de la provincia. Es probable que, llegado al extremo de un fallo adverso o falta de pronunciamiento de la justicia, tal vez se hubiera anunciado un paro de actividades desde el sindicato Petrolero, en apoyo al gobernador, con quien compartieron el acto del viernes pasado en defensa de la cuenca y en rechazo a la salida de YPF y caída de inversiones. Fue en ese contexto en el que Torres lanzó su advertencia hacia el resto del país.

Sin embargo, esa medida con la que algunos especulaban no llegó a ser anunciada y Jorge Avila se mantuvo en silencio desde el inicio de la semana. Sí se había pronunciado, por otra parte, la conducción de Neuquén, expresándose en contra de afectar la producción y despegándose de una posible medida de fuerza, mientras que desde Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal llamó al diálogo entre las partes, pero evitando el pronunciamiento sobre la medida anunciada por Torres.

Sólo Tierra del Fuego, a través de su gobernador Gustavo Melella, había anunciado un paro con afectación de la producción para el miércoles, en solidaridad con Chubut, por razones que desaparecieron, al menos hasta que quede firme o, eventualmente, se revierta el fallo judicial.

El impacto negativo en las cuentas de Chubut ya se produjo, pero aseguran que “los sueldos están garantizados

Por ahora, la decisión judicial descomprime el clima de tensión y desde Fontana 50 dejaron trascender que la medida anunciada ya no tiene razón de ser, al menos por ahora, ya que da argumentos para continuar discutiendo y sentándose a renegociar la deuda con Nación, que es lo que había propuesta Chubut desde un principio.

Claramente, la reacción del gobierno de Javier Milei contra la provincia de Chubut, al aplicar un recorte de 13.000 millones de pesos en los envíos de coparticipación, fue una reacción al primer fallo judicial a favor de la provincia, por el que la justicia ordenó al gobierno nacional que restituya los aportes del fondo compensador del transporte.

La prueba de que fue una reacción ‘en caliente’ está en el hecho de que una semana antes, el gobierno provincial y su par de Nación habían acordado la refinanciación del bono TIDECH, cuya principal acreedora es la ANSES, con la que acordó reprogramar los vencimientos de capital para febrero de 2025, evitando el pago, durante este año, de alrededor de 28 millones de dólares, es decir unos 24.000 millones de pesos.

Con la nueva resolución judicial, las partes tendrán que sentarse a negociar y encontrar una forma de reprogramar los vencimientos del llamado Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, al que Chubut apeló en los últimos años para cumplir con el pago de sueldos y aguinaldos, o para afrontar vencimientos de otras deudas.

La decisión judicial trae alivio sobre todo de cara a lo que viene, porque así se evitaría el recorte de coparticipación en los meses subsiguientes. En febrero, el recorte ya aplicado no será restituido, por lo que en lugar de 33.000 millones de pesos, la provincia terminará el mes con alrededor de 20.000 millones provenientes de las arcanas nacionales.

Pese a la magnitud de ese recorte, en ámbitos de la economía provincial se aseguró que el impacto se suplirá con ingeniería financiera, en un contexto de baja porque en términos reales, la coparticipación viene cayendo al evolucionar por debajo de la inflación. Sin embargo, se indicó que «el pago de salarios está garantizado», despejando cualquier duda sobre las consecuencias del recorte, mientras se espera que la refinanciación evite grandes recortes en los meses subsiguientes.

La decisión la tomó la Federación de Estibadores en un plenario realizado en Puerto Madryn. Para dejar sin efecto la medida exigen que dos empresas de Rawson firmen la paritaria como ya hicieron las restantes. Destacaron la voluntad de diálogo del gobernador Ignacio Torres.

Tal como se había anticipado, la Federación de Estibadores Portuarios de Argentina (FEPA) anunció que realizará un paro nacional en todos los puertos del país si dos empresas de Rawson, que están en conflicto, no firman la paritaria salarial 2024.

La entidad gremial se reunió en Puerto Madryn donde en forma presencial y virtual en una asamblea que presidió el presidente de FEPA, Marcelo Osores, se resolvió por unanimidad iniciar medidas de acción directa en todos los puertos argentinos.

En el encuentro, de acuerdo a lo informado por la Revista Puerto, hubo expresiones de solidaridad hacia la conducción del SUPA Chubut que fue imputada y cinco de sus dirigentes permanecen con prisión domiciliaria, en una causa de presunta extorsión.

En el encuentro se indicó que la representación gremial de los estibadores realizó esfuerzos para poder «destrabar» el conflicto que existe en Puerto Rawson, que se reduce a dos empresas, sobre un total de diecinueve. Mientras que el titular de la Federación destacó «la voluntad de diálogo del gobernador Ignacio Torres» para arribar a una salida consensuada y sobre todo que se vuelva a la operatividad plena de la actividad pesquera y portuaria en Chubut.

Ante la dilación de las negociaciones, el secretario general de la FEPA, Marcelo Osores, propuso a la asamblea lanzar un paro nacional a partir del lunes 26 de febrero, si antes esas empresas no se allanan a firmar la paritaria. Y expresó que tras «analizar lo que realmente sucede en Chubut» se definió «ir a un paro nacional de todos los puertos a partir del lunes”.

Agregó el dirigente gremial que «los empresarios piden previsibilidad, pero los trabajadores también queremos previsibilidad». Y denunció que empresarios «mandan» a desempleados a enfrentar a trabajadores, lo que calificó como «una obra maquiavélica». Por eso anunció que «le vamos a solicitar al gobernador Ignacio Torres que haga un nuevo intento por destrabar el conflicto, y si estas empresas no firman, el lunes se inician medidas a nivel nacional en todos los puertos”.

Explicó que si bien «este es un conflicto local, nos compete a todos los estibadores del país. Somos una federación nacional y nos metemos cuando un sector empresario quiere pisotear a la representación gremial”. Y advirtió: “alguien tiene que ponerle un coto a este par de empresas”.

Desde el SICONARA advierten que el proyecto enviado por el Gobierno que busca financiar obras escolares implica una reducción en los sueldos de sus trabajadores. «No saldremos a pescar» advirtió el titular del gremio en Chubut.

La actividad pesquera podría volver a paralizarse en caso que la Legislatura Provincial apruebe en la sesión extraordinaria del jueves el proyecto de ley que envió el Gobierno referido al aumento del canon pesquero. La advertencia de un paro fue lanzada desde el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) al asegurar que la puesta en marcha de tales modificaciones implicarán una reducción en los sueldos de los trabajadores de su sector.

Según explicó el titular de ese gremio, Jorge Maldonado, «los incrementos del canon pesquero nos incide directamente a los trabajadores de abordo, bajando considerablemente los sueldos», indicando que «somos un sistema de partes, porque el 50% de los gastos del barco los pagamos nosotros con el sistema de la parte».

Por eso el sindicalista dijo que «si el Gobierno quiere aumentar el canon pesquero, nosotros no saldremos a pescar». Y fue más categórico aún al afirmar: “cuando nosotros paramos, paramos. No vendemos humo”.

En una entrevista a FM El Chubut, Maldonado insistió con la posibilidad de paralizar la actividad pesquera al afirmar que «con semejante incremento, en el contexto actual, que nos reduzcan de esta manera el sueldo, no creo que salgamos».

Detalló en ese sentido que «hoy el canon es el 2% con un valor de $ 320, pero en el proyecto de ley lo llevan al 4% y lo sacan (al canon) del régimen de pesca y lo dan a la parte contable del Gobierno, que podrá dictaminar en cualquier momento del año aumentarlo si lo considera», recordando que actualmente se hace una vez al año.

El proyecto del Gobierno tomó estado parlamentario en la sesión extraordinaria del lunes y tiene como objetivo financiar obras de mejoramiento en escuelas de la provincia.

Al justificar el porqué de la medida de fuerza, el representante gremial agregó que «desde hace dos años lo repetimos: el bolsillo no da más para que nos saquen. Si aumentan esto será directamente al bolsillo del trabajador y no lo vamos a permitir, no vamos a dejar que nos saquen de esta manera la plata del bolsillo», advirtió. Por eso también planteó que los diputados provinciales deberían analizar otra manera de cobrar el canon «sin que nos incida a los trabajadores», ya que caso contrario anticipó que «no vamos a volver a trabajar hasta que esto no se de vuelta».

Para finalizar indicó que «nosotros venimos corriendo de atrás a la inflación, no tenemos aumentos«. Por eso insistió en que «esto no lo vamos a acompañar», ratificando la medida de fuerza en caso de que el proyecto de ley sea aprobado por la Legislatura de Chubut.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró hoy que el paro que llevará a cabo desde este mediodía la CGT «complica la vida y es una pérdida de dinero para muchísimos argentinos» y expresó que el Gobierno nacional «viene trabajando» para que, pese a la medida de fuerza, «sea un día normal».

En su habitual conferencia de prensa, Adorni también dijo que el Gobierno «no puede dialogar» con una central obrera que paraliza el país y que es, aseguró, «un grupo minoritario».

En tanto, informó que el presidente, Javier Milei, seguirá la jornada de huelga en la Quinta de OIivos y que se reunirá con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, «para analizar los acontecimientos» derivados de la medida de fuerza.

«Encontrar hoy una vía de diálogo con gente que intenta complicar la vida al resto de los argentinos… No dejan de ser un grupo minoritario», afirmó Adorni acerca de la CGT, que convocó a un paro de 12 horas a partir de este mediodía y a una movilización frente al Congreso Nacional en rechazo a las reformas propuestas por el Gobierno.

El vocero presidencial citó las declaraciones hechas durante la mañana por la ministra Bullrich para sostener que el Ejecutivo no puede dialogar «con gente que intenta frenar el país y que, efectivamente, muestra un costado bastante antidemocrático».

Adorni se refirió a las afirmaciones efectuadas días atrás por Pablo Moyano, uno de los cotitulares de la CGT, quien dijo que la medida de protesta convocada para hoy tenía como fin «voltear el DNU» 70/23 y «la Ley Ómnibus», como se denominó en un comienzo al proyecto de Ley Bases que tuvo esta madrugada dictamen mayoritario en la Cámara de Diputados.

«En Argentina no se voltea más nada, mucho menos aquello que está en trámite parlamentario. Es muy difícil dialogar con esta gente. Consideramos que este paro es un gran sinsentido, es una complicación y una pérdida de dinero para muchísimos argentinos que quieren un país en paz», respondió Adorni a la posibilidad de establecer una vía de diálogo entre el Gobierno y la CGT.

Y agregó: «A uno le queda la triste sensación de que el paro se haya transformado en algo más político que sindical o (que procura) buscar el bienestar de un grupo de gente que ellos representan. Nosotros seguimos extrañados por la velocidad con la que lo han anunciado. En definitiva, entendemos que hoy es un día triste porque mucha gente que quiso tener un día normal, no lo va a tener», indicó el vocero presidencial.

Adorni, en tanto, confirmó que durante la huelga y la marcha frente al Congreso se pondrá en práctica el protocolo de seguridad que el Gobierno puso en marcha para evitar cortes de calles, avenidas y rutas con motivo de manifestaciones populares.

«Hay un protocolo vigente, el cual la propia ministra Bullrich ha especificado que se va a cumplir garantizando la libre circulación con los controles pertinentes», comentó el funcionario.

Consultado acerca de si el Gobierno mantendrá la decisión de descontarle la jornada no trabajada a los empleados estatales que adhieran al paro, Adorni respondió que es una «decisión tomada» y que «no tiene ningún tipo de incompatibilidad con respetar el día de paro».

«El que quiere parar que pare, pero no podemos obligar que el que no para lo pague», explicó.

 

En las primeras horas de jornada sindical de hoy, Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn, aseguró que acompañaría la movilización con los gremios.

“He sido invitado por los referentes de sindicatos y de muchos vecinos. Seguramente algunos minutos compartiremos”, indicó el jefe comunal de la ciudad. Además, asegurando que, en estos años de gobierno, su gestión buscará “marcar un posicionamiento más fuerte, con respecto a aquellas industrias que ha afectado y muchísimo este tipo de medidas”.

No obstante, según explicó, él se encuentra abierto a escuchar y de ser necesario acompañar las medidas que considere sean positivas para los vecinos de Puerto Madryn, asegurando que “soy respetuoso de lo que elige el pueblo y de la posibilidad que le han dado a un nuevo gobierno”, sobre lo antes mencionado Sastre comento que intentará “acompañar todas aquellas medidas que sean beneficiosas para la población, por más que no comparta los colores políticos”.

De esta forma, Sastre se posiciona de cara a lo que promete ser una convulsa jornada de movilizaciones sindicales y también deja margen de convivencia, diálogo y hasta apoyo a las acciones que tome el gobierno nacional en el futuro.

Cientos de toneladas de mariscos no se pudieron descargar y quedaron bloqueadas en los barcos. El gremio solicitó una actualización salarial del 160%. “El reclamo es delirante”, dijo el secretario de Pesca chubutense, Andrés Arbeletche.

El 74% de las descargas de langostinos del país se realizan en Chubut, donde se producen 90 mil toneladas de ese marisco por año. El 95% de esa producción se exporta, mientras que el 5% restante es para consumo interno. 

En plena temporada a fines de diciembre del 2023, en medio de una fuerte discusión por un aumento salarial para los trabajadores con el sector empresario de la estiba y con el gobierno provincial, el Sindicato Unidos Portuarios (SUPA) paralizó la industria en Chubut.

La medida de fuerza implicó que cientos de toneladas de mariscos no se pudieran descargar y quedaran bloqueadas en los barcos, sin posibilidad de salir hacia las plantas procesadoras. Como iban camino a no estar aptos para el consumo, se decidió regalar a la gente que se acercó a buscar hasta el puerto.

Por estos días, el conflicto se mantiene y hay preocupación ya que la industria pesquera, junto con la petrolera, es la que genera mayor actividad económica en Chubut y además, sostiene a 16.000 trabajadores en forma directa, según publica Infobae.

El conflicto se inició cuando el gremio solicitó una actualización del 160% a las empresas nucleadas en Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh).

Los estibadores perciben una remuneración mensual de $9.000.000 durante los cuatro meses por año, que es lo que dura la temporada de pesca.

Sin embargo, los empresarios de la CAFACh manifestaron su desacuerdo ante el requerimiento del gremio, al sostener que pueden afrontar la remuneración exigida.

En el gobierno provincial calculan que los paros del gremio generaron pérdidas por 125 millones de dólares y por 5 millones de dólares por los langostinos que se pudrieron en los barcos de carga. Andrés Arbeletche, secretario de Pesca de Chubut, reconoció a Infobae que “es normal que paren, porque tienen el derecho constitucional para hacerlo, pero no es normal la extorsión de no descargar los barcos y dejar que se pudra la carga”, sostuvo.

“No le encontramos ninguna vinculación política. Son tan ridículos los planteos que es gente que no tiene ningún tipo de consciencia”, agregó el funcionario.

El Ministerio de Trabajo de Chubut emitió una conciliación obligatoria el pasado 3 de enero hasta el 31 del mismo y que obliga a los estibadores a retomar con sus actividades.

Actualmente, el conflicto gremial está judicializado, con una serie de demandas cruzadas. “En principio fue un reclamo por seguridad e higiene, luego por un reclamo salarial y después hubo denuncias de los empresarios al SUPA por extorsión y coimas, por el daño que se ocasionó a la carga de langostinos”, explicó finalmente Arbeletche sobre las denuncias realizadas desde el Estado Provincial.

El Gobierno del Chubut, a través de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), mantuvo una reunión con representantes de gremios relacionados con la actividad portuaria, con el fin de garantizar la operatividad en los muelles de Puerto Madryn el próximo miércoles 24 de enero, ante la movilización convocada por la CGT. Para ese día, se espera el amarre de dos grandes cruceros.

En la oportunidad, el titular de la APPM, Diego Pérez, recibió a los representantes de la Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante (AAEMM), el Sindicato Único de Serenos de Buques (SUSB) y el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo.

El administrador portuario, Diego Pérez, recibió a los representantes gremiales. “Ante todo quiero destacar la excelente predisposición de todo el arco sindical para poder trabajar con normalidad ese día, es una gran demostración de madurez democrática”, señaló el funcionario, al término de la reunión.

El objetivo del encuentro fue el de poder organizar la operativa portuaria ante la movilización que se realizará en nuestra ciudad con la convocatoria planteada por la CGT a nivel nacional. Sobre este tema, el administrador portuario planteó: “Ante todo quiero destacar la excelente predisposición de todo el arco sindical para poder trabajar con normalidad ese día, es una gran demostración de madurez democrática”.

“Tanto el gobernador ‘Nacho’ Torres, como yo, respetamos el reclamo sindical, pero somos conscientes de que el sector turístico no atraviesa un buen momento, por eso queremos defender su derecho al trabajo, al igual que los sindicatos portuarios que trabajan por jornales”, expresó Pérez.
En las próximas horas, la APPM informará a las compañías de cruceros la situación planteada en esta mesa para que, en base a esto, ellos tomen una decisión al respecto.

Por último, Pérez remarcó: “Desde la APPM estamos trabajando para que la experiencia del crucerista no se vea afectada por la movilización, debemos mantener el prestigio que hemos logrado como destino”.

El titular de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut, Gustavo González, dialogó con FM EL CHUBUT sobre la reunión que se realizó el pasado jueves entre el Sindicato Unidos Pescadores Argentinos y las empresas de estibaje: «No hubo resultados».

A pesar de que el empresario presentara una nueva propuesta con cinco puntos a favor del gremio, el mismo mantuvo su posición de 163% de incremento de la temporada anterior para esta y uno más del 50% para el mes de febrero.

«Lo más grave de estos porcentajes son los ítems fijos que piden, o sea costos de movimiento de cajones, anotadores y gente que ponen dentro que suman un 30% extra. Son servicios que no hacen falta y que inventan para poner a más personas».

González declaró que desde el sindicato «están esperando para día 20 se libere la Conciliación Obligatoria para que haya un nuevo paro. El horizonte es de conflicto».

El mismo destalló que habrá una nueva reunión antes del 20, entre el 15 o el 16, y que «las empresas presentan alternativas, pero el gremio está cerrado a lo que pide»

Esperan que, más allá de que el 21 de enero pueda haber paro, que los barcos puedan estar descargados para no tirar grandes cantidades de pescado como la última vez.

El titular de la Cafach concluyó que se presentaron seis denuncias a raíz de la última medida de fuerza que hizo el SUPA y que la Fiscalía está avanzando en el caso.