Para el gobierno chubutense, el último censo de empleados públicos que se realizó a lo largo de todo septiembre y buena parte de octubre fue un éxito de participación, ya que un 83 % de los trabajadores respondió el cuestionario. En total, 38.310 agentes (correspondientes a 40.874 cargos) se censaron, y aún resta que lo hagan unas 5 mil personas, en la etapa que viene, que será mucho más agresiva.
El relevamiento sirvió para conocer dónde viven los trabajadores, qué estudios tienen y cuáles son sus edades, lo que dará pie a programas educativos concretos y planes de retiro. También sirvió para detectar casos “irregulares” de empleados que nadie puede ubicar y hasta se desconoce de quiénes se trata y por supuesto, el alto número de adscriptos a otros organismos, una figura que suele contar con protección política y poco control.
El repaso área por área, marca que hubo sectores donde el porcentaje de censados fue más bajo, como Servicios Públicos -apenas 57 %- y las áreas de Educación, ISSyS y Jefatura de Policía, donde se llegó a un 83%: mientras que organismos como Hidrocarburos, Asesoría General, Contaduría llegaron al 100 % y otras como Rentas, Economía, IPV, Fiscalía de Estado, superaron el 95 % de personal que completó el cuestionario.
Del universo de empleados, se estima que hay casi el doble de empleadas mujeres (31.605) que de hombres (17.728), y contestaron las preguntas 14.682 masculinos y 26.192 femeninos, sin discriminar otro tipo de categoría.
Aquellos casos que ya superan la edad para jubilarse -844 agentes que tienen más de 66 años- son los que menos se censaron, un 65 %. Un dato muy interesante del censo es que hay un gran número de empleados provinciales que está próximo a la edad de retiro, unos 1.828 agentes de entre 61 y 65 años, y 4.039 de entre 56 y 60 años.
Esto significa que unos 6.500 agentes, casi el 15 % del total de empleados públicos, está próximo a jubilarse, lo que se convierte en un dato clave si se toma en cuenta la ley que el gobierno impulsa en la Legislatura del 3×1: deberá haber tres bajas en el estado antes de habilitar un ingreso, hasta fin de 2027.
Ocurre que las nuevas medidas que toman el cálculo para las jubilaciones no las vuelven atractivas, según cuentan los mismos empleados , que en muchos casos ya podrían haber avanzado con su retiro, pero permanecen activos para no sufrir el recorte de ingresos que implicaría una jubilación. Un tema que el gobierno junto al ISSyS deberán rever, y generar algún tipo de modificación en el haber inicial jubilatorio, si pretende bajar el número de agentes en la administración pública.
Nivel educativo y pertenencia geográfica
Según pública ADNSur, si se compara el lugar de residencia de los empleados públicos provinciales, la ciudad que encabeza el ránking es Trelew, con 9.645 (21,7 %), seguida por Comodoro Rivadavia con 8.441 (19,4 %) y Rawson, que sumando a Playa Unión -se computaron de manera separada- tiene 6.065 empleados (13,4 %).
Le siguen Puerto Madryn con 5.396 (12,3 %), Esquel con 4.078 (9,1 %) y Trevelin con 1.207 (2,7 %). Completan los primeros puestos Lago Puelo (1.146 agentes), Gaiman (964), Sarmiento (956), El Maitén (817) y Rada Tilly (713).
Uno de los datos más interesantes que arrojó el censo, es el nivel educativo de los empleados públicos. Partiendo desde la mayor preparación, unos 1.468 (3,6 %) dijeron tener estudios de posgrado, mientras que 8.453 (20,7 %) respondieron que cuentan con título universitario.
Hay 14.309 agentes (35 %) que cuentan con estudios terciarios, siendo el nivel educativo más difundido en el estado. Luego hay 13.368 agentes (32,7 %) que tienen el secundario completo y finalmente hay 3.276 casos, que equivalen a un 8 % del total, que sólo terminaron el nivel primario.
De este último número seguramente saldrá una política concreta desde el gobierno, ya que se analiza lanzar un plan junto con el Ministerio de Educación, para que estos más de 3 mil empleados puedan terminar el nivel secundario, ya que no contar con ese título se convierte en una traba ante los requisitos para ascender en la carrera administrativa.
Modo de contratación
También es un dato interesante para analizar el que puntualiza en el modo de contratación que tiene cada persona con el Estado Provincial, una de las áreas que más información da para evaluar toma de decisiones concretas: cuántos y quiénes están ya en planta permanente, cuántos están contratados o becados, y cuántos todavía en estado transitorio.
El mayor número de agentes del estado que respondieron el cuestionario del censo, es el que incluye a aquellos que tienen cargo docente, que son 14.173, un 34,7 % de la planta total. Mientras que, por otro lado, son 13.336 los agentes de Planta Permanente, lo que implica un 32,6 % del total.
Quitando estos dos grupos mayoritarios que reúnen a los dos tercios del total de empleados provinciales, el tercio restante tiene como grupo más numeroso a los contratados, que son 7.667, un alto número que implica el 18,8 % de quienes tienen algún tipo de relación laboral con la Provincia.
Finalmente, el repaso da 894 personas en Planta Temporaria, 819 en Planta Transitoria (juntas son el 4,2 %), 454 personas becadas (1,1 %), con 54 médicos residentes (0,1 %) y 51 pasantes (0,1 %). El cómputo indica que hay 3.426 personas con otro tipo de vínculo.
Respecto a los adscriptos, hay un número cercano a los 200, que es bastante alto. Por ejemplo, 79 empleados de la provincia trabajan en municipios (por caso Puerto Madryn, Trelew, Rawson o Paso de Indios), y 71 en otras instituciones como clubes o museos. Hay 18 adscriptos del Ejecutivo que prestan funciones en la Legislatura y 8 en otros organismos del Estado Nacional.
Se trata de una figura “polémica” que el gobierno promete evaluar caso por caso, ya que en general obedecen a acuerdos políticos que vienen heredados de larga data. La pregunta es por qué el Ejecutivo Provincial debe pagar el sueldo a alguien que no trabaja bajo su órbita, a quien en muchos casos no tiene la posibilidad de controlar si quiera si efectivamente ejerce alguna función o si cumple algún horario laboral.
Los irregulares
Dentro de este universo general del relevamiento, se llegó al fin de la primera etapa, pero aún queda un trabajo pendiente, quizás el más arduo, ya que al menos 5 mil personas no han contestado el cuestionario. Hay que recordar que hay un decreto del gobernador que expresamente aclara que el trámite es obligatorio y quien no cumpla, incurre en una falta administrativa.
Por esa razón, desde la Secretaría General de Gobierno que conduce Guillermo Aranda y que tiene como funcionaria clave en este tema a la subsecretaria de relaciones Institucionales, Macarena Acuipil, se debe determinar si los que no han respondido ha sido por falta de acceso a la herramienta digital, por falta de información, por desinterés o si puede estar escondiéndose alguna cuestión irregular.
Por ello comenzará ahora un proceso de notificaciones a través de cartas documento a quienes no hayan contestado, a la dirección que figura en su legajo. Si ese agente sigue sin responder, el paso siguiente es suspender el pago de sus haberes, previo a una cesantía.
Si a un empleado se le deja de depositar el sueldo, seguramente dará lugar en la mayoría de los casos a algún tipo de respuesta: habrá casos que se acercarán o llamarán a sus superiores para aclarar el tema, y otros que probablemente nunca lo hagan, lo que determinará una causal de despido.
De hecho, hay un número cercano a las 386 personas que figuraban como empleados que ya tienen renuncias pendientes de jubilación, contratos dados de baja y fallecimientos. Sin embargo, se detectaron algunas situaciones increíbles, que muestran la falta de control de parte del Estado de su propio personal.
Ya hay al menos 15 casos, y probablemente haya más, de agentes que se califican como “desconocidos”, lo que significa que los jefes de sus áreas no saben quiénes son, y jamás les vieron la cara. Nunca fueron a su lugar de trabajo, no se reportan y nadie se hace cargo de ellos, pero todos los meses cobran su sueldo. De algunos incluso se desconoce su paradero.
Hay por ejemplo 6 casos en Desarrollo Humano y Familia, otros dos en Impresiones Oficiales, 2 en Relaciones Institucionales, y un caso en Reconocimientos Médicos y en Innovación de Procesos. Según el chequeo de esta agencia, en todos estos casos, habrá notificaciones inmediatas, luego la cesantía y posteriormente el despido.
Pero en los casos más graves, es muy probable que haya denuncias penales. Los asesores legales del gobierno creen que se podía llegar a la figura del peculado de servicios, que consiste en “emplear en beneficio personal o de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública”.
Concretamente miran el artículo 261 del Código Penal de la Nación, que establece que «será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.
En resumen, el censo será una muestra de lo mucho que hay para trabajar por delante para administrar el estado, para detectar puntos flojos en formación educativa, deudas pendientes en jubilaciones y en formas de contratación, y muy probablemente, ejemplos de sanciones legales contra las “avivadas” que, lamentablemente, suelen ser materia común y estar arraigadas hace mucho tiempo.
Por: Pablo Vernazza – ADNSur