La falta de información oficial reaviva tensiones en la Cuenca Carbonífera. Alberto Barroso, vecino de 28 de Noviembre, solicitó a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, datos precisos sobre la venta de carbón y la situación del yacimiento.
El pedido se dirigió al Interventor Pablo Gordillo y también al gobernador Claudio Vidal. Barroso reclama la copia del contrato de comercialización, los detalles de los montos y la calidad del carbón apilado, según publicó LA17.
En caso de no obtener respuestas, el ciudadano adelantó que presentará reclamos ante la Agencia Nacional de Información Pública, la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación. Incluso, planteó la posibilidad de un amparo judicial y la solicitud de destitución del interventor.
El reclamo refleja un clima de creciente desconfianza. Desde la conformación de Carboeléctrica SA, los recibos de los trabajadores siguen con el logo de YCRT intervenida. Tampoco existe información clara sobre la generación de energía ni sobre los ingresos obtenidos.
El informe de OPI Santa Cruz denunció que los diputados provinciales impulsan una declaración de Emergencia Carbonífera. La medida podría habilitar un manejo discrecional de fondos públicos.
Sobre la venta de energía, tampoco se conocen datos oficiales. Aunque se anunciaba que la Usina de 21 Mw de YCRT abastecía a SPSE, no existen registros públicos de los megavatios vendidos ni de los montos cobrados.
El panorama genera preocupación en los sindicatos, especialmente en ATE. El gremio teme perder poder frente a la nueva estructura de la Carboeléctrica con participación privada.
ATE enfrenta amenazas concretas: despidos programados, reformulación de convenios colectivos y el posible ingreso de AOMA al yacimiento. La reconversión empresarial pone en jaque la estabilidad laboral y sindical de cientos de trabajadores.
La falta de información agrava la incertidumbre. La comunidad espera respuestas claras, mientras el futuro del carbón en Santa Cruz se llena de interrogantes.