En Comodoro Py se reactiva la investigación sobre el perjuicio al Estado nacional ¿Cuál sería la mejor estrategia para proteger el control mayoritario de la compañía energética?
La Procuración del Tesoro de la Nación está trabajando en la presentación del martes 22 de julio, que intentará convencer a la Justicia de los Estados Unidos de frenar la ejecución de la sentencia que ordena a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado nacional a Burford Capital y a Eton Park. De acuerdo con A24.
Junto con los abogados del bufete Sullivan and Cromwell, el subprocurador Juan Ignacio Stampalija y el equipo de Controversias y Asuntos Internacionales de la Procuración están elaborando el escrito soporte argumental que llevarán a la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito. Este Tribunal es uno de los 13 de apelación federal en los Estados Unidos, que incluye varias divisiones del distrito de Nueva York.
Si acepta el reclamo argentino, la suspensión del fallo estará vigente hasta que se fije nueva audiencia, lo que podría demorar hasta el año próximo. Pero si lo rechaza, todavía queda una instancia ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Según pudo saber A24.com, los letrados mantuvieron el contacto todo el fin de semana no solo para establecer la mejor defensa posible, sino que se dispusieron a imaginar estrategias alternativas sobre la hipótesis de todos los escenarios que podrían presentarse de aquí en adelante.
La Procuración ve el caso YPF como el mayor desafío y celebra apoyo de EE.UU.
En la Procuración del Tesoro consideran el caso de YPF como el mayor desafío que enfrenta nuestro país, más allá de las responsabilidades políticas o penales que pudieran atribuirse fronteras adentro. Fuentes consultadas remarcaron que la parte demandada es la República Argentina, independientemente de la administración de Gobierno que haya llevado adelante las conductas que derivaron en este litigio.
Hace 20 días la jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, dictaminó que nuestro país debía entregar las acciones de la petrolera en manos del Estado a los beneficiarios del fallo por la expropiación y a los bonistas de la deuda en default que no ingresaron a la reestructuración del 2016.
La defensa logró que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos suspenda transitoriamente la ejecución del fallo, sin riesgo de desacato. Si lo hubiese rechazado, el daño para las finanzas argentinas hubiese sido irreparable, aunque ese riesgo todavía existe.
Otro dato que alivió a los abogados argentinos fue que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó el respaldo a nuestro país al solicitar que lo acepten como amicus curiae en la causa YPF.
En ese planteo señaló que suspender la ejecución “no perjudicará a los demandantes». Destacó que “Argentina ha señalado que conserva sus acciones en YPF y no puede venderlas sin autorización legislativa”.
El Gobierno presentó el apoyo de Donald Trump como un logro de la gestión de Javier Milei porque en 2019 la Corte Suprema Estadounidense había pedido a su gobierno que brinde opinión sobre la inmunidad de jurisdicción invocada por Argentina, y en aquella ocasión emitió un dictamen contrario a nuestro país.
No obstante, el grupo Burford se opuso a la suspensión del fallo Preska, e informó que su intención no es retener las acciones de YPF. Como contrapartida propuso que el Estado argentino deposite una garantía equivalente a la demanda por 16 mil millones de dólares.
¿Cuál podría ser la estrategia argentina?
Ninguno de los integrantes del equipo defensor del Estado nacional quiso anticipar la estrategia con la que intentarán revertir un proceso que parece difícil de remontar. Tampoco aceptaron las versiones de un supuesto “soplón” dentro de la Procuración del Tesoro, que habría filtrado información reservada al grupo Burford.
De hecho esa versión atribuía despidos en el área a una limpieza de empleados infieles, pero fueron fuentes del mismo gobierno las que hicieron saber que la Procuración achicó su estructura “para contribuir a la reducción del gasto público, en el marco del proceso de transformación y racionalización del Estado”.
Detallaron que “este recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas, busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”.
Lo cierto es que cuando el martes presenten la apelación ante la justicia de Nueva York, el soporte argumental tendrá como punto de partida algunas ideas fuerza que se anticiparon al solicitar esta audiencia.
Los abogados que representan a nuestro país sostienen que la orden de entrega de las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y los principios de cortesía internacional. Además, obliga a Argentina a violar la ley que prohíbe la transferencia de las acciones sin una mayoría calificada del Congreso.
Asimismo, consideran que sería un daño irreparable para el Estado nacional perder el control mayoritario sobre su principal empresa energética, al tiempo que quedarían desprotegidos sus accionistas minoritarios, empleados, provincias productoras de hidrocarburos y la economía local en general.
Como carta a nuestro favor tienen el apoyo del Departamento de Justicia estadounidense que advierte que el fallo Preska viola principios fundamentales de inmunidad soberana y puede afectar relaciones exteriores e intereses diplomáticos.
A todo esto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que acudirá a la Corte de Apelaciones de Nueva York con el objetivo de preservar su participación en YPF. Explicó que el 49 por ciento de las acciones de YPF fueron distribuidas entre las provincias petroleras nucleadas en la OFEPHI, por lo que no pertenecen al Estado Nacional, que sería el único demandado en este juicio.
¿Cómo llegamos a este litigio?
La causa YPF llegó a los tribunales de Nueva York en 2012, después de que Argentina reestatizó la compañía y se quedó con el 51% de las acciones que pertenecían al grupo español Repsol.
Esa decisión perjudicó a dos empresas del Grupo Petersen, que controlaba el 25 por ciento de las acciones, hasta que el fondo Burford Capital compró los derechos de litigio.
El motivo de la demanda fue que presuntamente Argentina violó el Estatuto de YPF, que prevé que si alguien compra más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas, algo que en este caso no ocurrió.
En septiembre de 2023, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF a los fondos buitre.
Argentina apeló la sentencia, mientras que los demandantes avanzaron en su reclamo, hasta que el 30 de junio pasado, Preska ordenó la ejecución de las acciones en manos del Estado nacional.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió esa orden por tiempo indeterminado y ahora nuestro país está presentando sus argumentos para evitar la ejecución del fallo hasta tanto el tribunal de alzada complete su revisión.
La causa YPF en Comodoro Py
Cuando los fondos buitres que compraron las acciones de privados de YPF demandaron en Estados Unidos a nuestro país, en Buenos Aires se inició una investigación por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y defraudación al Estado.
La pesquisa puso foco en la ex presidenta Cristina Kirchner, el exsecretario legal y técnico y exprocurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, el exviceministro de Economía, Axel Kicillof, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y exsubsecretario de control de gestión, Roberto Baratta.
Según la denuncia, el grupo Petersen había vendido a Burford Capital los derechos litigiosos sobre las acciones de YPF a las que había accedido sin capital propio, es decir con un acuerdo que le permitía pagarlos sobre la base de dividendos futuros. El caso recayó en el juzgado de Ariel Lijo, sin que hasta el momento se hayan registrado grandes avances.
Sin embargo, en los últimos días el expediente se reactivó con un pedido del fiscal Ramiro González, que solicitó una serie de medidas probatorias. El viernes, Lijo admitió los requerimientos y dispuso enviar un oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación para que remita una copia traducida y el fallo dictado por la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska.
Por otro lado, ordenó reclamar a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, la realización de un informe técnico normativo, que deberá detallar la valuación de YPF realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación entre diciembre de 2013 y febrero de 2014.
También solicitó -mediante oficio- al Ministerio de Relaciones Exteriores un informe sobre el estado de trámite del exhorto librado al Reino de España el 12 de febrero de 2019, en relación a los alcances del acuerdo con Repsol.
En medio de este episodio, Elisa Carrió se presentó en el juzgado de Lijo para pedir que se profundice «la investigación sobre la naturaleza y el contenido del contrato celebrado entre Burford Capital y Petersen, así como uno de los beneficiarios finales del reclamo indemnizatorio que hoy amenaza con dañar aún más el patrimonio nacional».
Del mismo modo, enfatizó que «no puede descartarse que la maniobra litigiosa haya sido parte del mismo entramado político empresarial que facilitó el ingreso irregular de los Eskenazi a YPF con la anuencia de Néstor y Cristina Kirchner, Julio De Vido, Carlos Zannini, Roberto Baratta, y Axel Kicillof, y en beneficio directo de Repsol», y reclamo que se llame a todos los responsables a indagatoria.
