Este jueves 11 de septiembre se llevó a cabo una audiencia por la causa Vialidad.
El fiscal Mario Villar pidió ante la Cámara de Casación Penal ratificar el decomiso millonario de 685.000 millones de pesos contra Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa que investiga el redireccionamiento de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
Un fiscal pidió ratificar el decomiso de $685.000 millones contra Cristina Kirchner
De acuerdo con adnsur. Esta medida representa una de las sanciones económicas más elevadas dictadas en un caso de corrupción en el país.
La solicitud no solo alcanza a la expresidenta, sino que también incluye a los demás condenados vinculados en la causa, consolidando así un duro castigo económico por el perjuicio causado al Estado. La controversia gira en torno al monto del decomiso, que fue actualizado aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y que la defensa busca impugnar alegando irregularidades.
Ahora serán los jueces de la Cámara de Casación quienes deberán decidir si avalan el pedido del fiscal o si aceptan los recursos presentados por las defensas. La resolución de este tribunal será clave para definir el futuro inmediato del caso, que sigue generando gran repercusión política y judicial en Argentina.
QUÉ DIJO LA DEFENSA DE CRISTINA KIRCHNER
Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, impugnaron la decisión del Tribunal Oral Federal N°2, argumentando:
- Violaciones al derecho de defensa
- Arbitrariedad en el índice de actualización aplicado
- Trato desigual respecto de otros casos
- También cuestionaron que una estimación provisoria se convirtiera en un monto definitivo sin posibilidad de revisión, lo que, según los letrados, lesiona el derecho de defensa.
Cabe recordar que cuando se dictó la condena original en diciembre de 2022, el decomiso era de $84.835 millones. Luego fue actualizado por peritos oficiales aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Pero el perito contable de la defensa, José Lucas Gaincerain, estimó que la cifra real debía ser de $42.494 millones, es decir, apenas un 6% de lo que calcularon los especialistas oficiales.
LA RESPUESTA DEL FISCAL
Para Villar, el decomiso no es una pena en sí misma, sino una consecuencia jurídica destinada a eliminar las ventajas patrimoniales del delito.
En su dictamen destacó: «La comisión de hechos punibles no debe ser rentable para nadie». Y agregó que la decisión ya fue confirmada en todas las instancias, incluida la Corte Suprema, por lo que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. También defendió el uso del IPC y aseguró que la metodología fue clara, fundamentada y no impugnada por peritos de parte.
Además, rechazó los recursos de Lázaro Báez, José López y Mauricio Collareda, y desestimó el pedido para que las apelaciones tengan efecto suspensivo, lo que frenaría la ejecución del decomiso.
Finalmente, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, de la Cámara de Casación Penal, tienen tiempo hasta mediados de la próxima semana para definir si avalan la postura del fiscal o dan lugar a los recursos de las defensas.
En caso de un fallo adverso, los abogados de Cristina Kirchner ya anticiparon que recurrirán a la Corte Suprema y a organismos internacionales de derechos humanos.